Internacionales
Propuesta de Biden para dar ciudadanía a indocumentados aterriza en Congreso
Estados Unidos.-El proyecto de ley con el que el presidente de EE.UU., Joe Biden, busca promover una ambiciosa reforma migratoria que otorgue una vía a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados llegó este jueves al Congreso, con el respaldo del senador de origen cubano Bob Menéndez y la legisladora Linda Sánchez, de raíces mexicanas.Menéndez, el latino de más alto rango en el Legislativo estadounidense, y Sánchez son los patrocinadores de la Ley de Ciudadanía Estadounidense de 2021, la propuesta bandera con la que el Gobierno de Biden busca remodelar el sistema de migración del país, que desde hace más de 30 años no aprueba una reforma de este tipo.
La amplia iniciativa busca garantizar una solución a largo plazo para los «soñadores», como se conoce a los inmigrantes llegados al país siendo niños y amparados por el programa DACA; y a los beneficiados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) -que en su mayoría proceden de Centroamérica- y los trabajadores agrícolas inmigrantes.
Amplía además los visados de diversidad de 55.000 a 80.000, promueve cambios en el sistema de inmigración basado en el empleo y tiene entre sus prioridades mantener a las familias inmigrantes unidas.
Un esfuerzo similar fue liderado en 2013 por el entonces presidente Barack Obama -quien tuvo como vicepresidente a Biden-, pero naufragó en la Cámara de Representantes pese a haber conseguido la aprobación del Senado.
Para convertirse en realidad, la propuesta de Biden deberá contar con la totalidad de los votos demócratas en el Senado, 50, y asegurarse diez republicanos.
De lo contrario, estará condenada a fracasar como ha sucedido con los intentos de regularización en los años anteriores.
«Arreglarr» el sistema migratorio, tras Tump
«Estamos aquí porque el pasado noviembre 80 millones de estadounidenses votaron contra Donald Trump y contra todo lo que representaba. Votaron para restaurar el sentido común, la compasión y la confianza en nuestro Gobierno», dijo Menéndez en una conferencia de prensa virtual.
«Y parte de ese mandato -agregó- es arreglar nuestro sistema de migración, que es la piedra angular del odioso espectáculo de horror de Trump».
Como uno de los más veteranos en el Congreso, Menéndez señaló que la razón por la que no se ha conseguido una reforma migratoria es porque una y otra vez han «capitulado demasiado rápido a las voces marginales que se han negado a aceptar la humanidad y las contribuciones de los inmigrantes».
Al dirigirse a sus colegas republicanos, aseguró que el voto latino no es propiedad de ningún partido y destacó que los hispanos son «la mayor minoría racial y étnica del país».
En su intervención, Sánchez recordó que es hija de inmigrantes mexicanos -un mecánico industrial y una maestra de escuela primaria-, y afirmó que por ello se ha dedicado a construir un sistema de inmigración «que permita a la gente vivir sin miedo».
«Vinieron (sus padres) a este país y trabajaron duro y se sacrificaron cada día para mantenernos a mí y a mis hermanos», relató la legisladora, cuya hermana, Loretta Sanchez, fue también congresista en el pasado.
Ambos políticos estuvieron acompañados por los legisladores de la Cámara Baja Zoe Lofgren, Lucille Roybal-Allard, Nydia Velázquez, Judy Chu, Raúl Ruiz, Yvette Clarke y Yvette Clarke, así como por los senadores Amy Klobuchar, Alex Padilla y Ben Ray Luján, que prometieron su respaldo a la iniciativa.
Ocho años para lograr la ciudadanía
El proyecto prevé un proceso de ocho años para que los indocumentados puedan alcanzar la ciudadanía. Previamente, quedarán amparados por un estatus temporal y, después de cinco años, podrán optar por una tarjeta de residencia permanente (conocida por su nombre en inglés «green card»).
Para los «soñadores», los beneficiarios del TPS y los trabajadores agrícolas inmigrantes, la iniciativa propone una residencia legal de «inmediato» y tres años más tarde la ciudadanía.
Será un requisito fundamental para estas personas «haber estado en el país antes del 1 de enero de 2021».
El proyecto de ley deroga además la prohibición de reingreso para quienes hayan permanecido de forma irregular en territorio estadounidense, elimina los topes por país para los visados basados en el empleo y aumenta de 10.000 a 30.000 los cupos para los visados U (que se otorgan a víctimas de abuso físico o mental).
Asimismo, elimina el plazo mínimo de un año para que quienes se encuentren en el país puedan solicitar asilo, reemplaza el término «extranjero» por «no ciudadano» y promueve la reunificación de familias, en especial de los grupos familiares LGBTQ+.
Por otro lado, aborda las causas de la migración al financiar un plan de la Administración de Biden para aumentar la asistencia a El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde procede la mayoría de inmigrantes que buscan cruzar a EE.UU. desde México.
También crea opciones para que las personas que buscan protección puedan solicitar un estatus legal en Centroamérica; restablece el programa de menores centroamericanos que permite reunir a los pequeños con sus padres que residen en EE.UU.; y destina recursos para el uso de la tecnología en las fronteras.
La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, destacó este jueves en una llamada con periodistas que espera que más conservadores se sumen a los patrocinadores de este proyecto, al indicar que «históricamente este ha sido un tema con el que los demócratas y republicanos están comprometidos».
En ese sentido, adelantó que será necesario que haya negociaciones al respecto.
Y zanjó: Biden «cree que la modernización de nuestro sistema de inmigración es una prioridad absoluta para el país».
Internacionales
Dominicano enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto fraude de más de US$166 mil en ayudas sociales
Rodolfo Armando Fernández Guzmán es señalado de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para acceder a programas de alimentación, servicios médicos y asistencia de vivienda en Massachusetts.
MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS. – Las autoridades federales estadounidenses presentaron cargos contra el dominicano Rodolfo Armando Fernández Guzmán, acusado de apropiarse de la identidad de un ciudadano norteamericano para obtener presuntamente beneficios gubernamentales valorados en US$166,479.25.
De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado habría utilizado información personal ajena para acceder a distintos programas de asistencia social destinados a familias y personas que cumplen determinados requisitos económicos.
Las investigaciones señalan que Fernández Guzmán obtuvo presuntamente beneficios de alimentación, cobertura médica y subsidios de vivienda mediante el uso fraudulento de una identidad estadounidense.
Más de 166 mil dólares en beneficios bajo investigación
Según la acusación federal, los recursos supuestamente obtenidos por el dominicano corresponden a tres programas de asistencia pública:
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US$22,402 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a facilitar la adquisición de alimentos.
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US$98,481.25 en beneficios de MassHealth, el sistema de cobertura médica de Massachusetts.
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US$45,596 mediante el programa de asistencia habitacional conocido como Sección 8, que ayuda a familias de bajos ingresos con el pago de alquileres.
El monto total de los beneficios cuestionados asciende a US$166,479.25, según las cantidades detalladas por las autoridades federales.
También habría conseguido documentos oficiales con identidad ajena
La investigación establece que Fernández Guzmán presuntamente empleó los datos personales de la víctima para tramitar documentos de identificación en dos estados norteamericanos.
Entre los documentos mencionados figuran dos tarjetas estatales de identificación, un permiso provisional para conducir y tres licencias de conducir emitidas en Massachusetts y Arizona.
Las autoridades consideran que estas actuaciones formarían parte de un esquema de suplantación de identidad que permitió al acusado realizar diversos trámites utilizando información personal que no le pertenecía.
El expediente también recoge que Fernández Guzmán habría sido condenado anteriormente por dos delitos graves en Arizona y que las sentencias de prisión fueron registradas bajo la identidad del ciudadano afectado.
Este último señalamiento también forma parte de las alegaciones presentadas por las autoridades y deberá ser valorado conforme a las pruebas correspondientes.
Caso forma parte de ofensiva federal contra fraudes sociales
El proceso contra el dominicano está incluido en una operación de alcance nacional desarrollada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) y su Oficina del Inspector General.
La iniciativa busca identificar y perseguir presuntos esquemas de fraude relacionados con programas de asistencia económica financiados con fondos públicos.
Según las informaciones oficiales, las actuaciones iniciadas desde septiembre involucran a más de 40 acusados y abarcan posibles pérdidas cercanas a los US$45 millones.
De esa cantidad, aproximadamente US$42 millones corresponden a presuntas irregularidades vinculadas con el programa de asistencia alimentaria SNAP.
Las investigaciones han identificado diferentes modalidades delictivas, entre ellas la utilización de identidades sustraídas, dispositivos destinados a obtener información de tarjetas electrónicas y establecimientos comerciales presuntamente utilizados para desviar fondos públicos.
Autoridades intensifican investigaciones
En el operativo participan distintas dependencias federales encargadas de investigar delitos económicos y proteger los recursos destinados a programas de asistencia social.
Las actuaciones incluyen la colaboración de 13 fiscalías federales y otras autoridades estadounidenses.
El expediente contra Fernández Guzmán se tramita en el Distrito de Massachusetts, donde las autoridades deberán presentar los elementos probatorios que sustenten las imputaciones.
El caso pone de relieve la preocupación de las instituciones estadounidenses por los mecanismos de fraude que pueden afectar programas creados para atender necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.
Acusado conserva presunción de inocencia
Aunque las autoridades federales han presentado señalamientos sobre el supuesto uso de documentos ajenos y la obtención irregular de beneficios públicos, estas imputaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.
La presentación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.
Fernández Guzmán mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos y Diario Libre USA, 26 de octubre de 2026.
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.