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Modificación de sistema electoral mejoraría democracia con fiscalización más eficiente.
Por Elba García
La propuesta de la Junta Central Electoral (JCE) de introducir al Congreso Nacional la modificación de las leyes 15-19 del régimen electoral y la 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas podría constituirse en un paso de un gran valor para la democracia dominicana.
El Pleno de la JCE luego de analizar una serie de aspectos que tienen que ver con el sistema electoral dominicano, ha estimado que los mismos requieren de un proceso de actualización y adecuación a las nuevas realidades.
Esta preocupación del órgano comicial fue planteado a través de su presidente, Román Jáquez Liranzo, quien considera que la modificación de ambas leyes permitirá que el país cuente con un proceso más democrático en el que los actores de la vida política nacional participen en las mismas condiciones de equidad e igualdad, cuya propuesta prometió entregar la JCE en versión digital para que sea analizada por todos los interesados para entonces depositarla en el Congreso Nacional.
La propuesta de la JCE impacta a más de cien artículos de ambas leyes, los cuales incluyen y excluyen algunos a partir de las fortalezas y las debilidades del sistema electoral dominicano, lo cual permitirá que el país cuenta con una mejor democracia.
Para las modificaciones planteadas por la JCE se tomaron en cuenta los informes emitidos por organismos internacionales sobre los procesos electorales en el país, como por ejemplo la OEA, IFES y Uniore, los cuales han permitido establecer un consenso sobre aquellas cosas que han de cambiar de las legislaciones electorales de la República Dominicana.
Los cambios que busca introducir la JCE son trece, mediante los cuales se crea una mayor garantía y dotación de garras del sistema, como muy bien lo define el órgano comicial, además de hacer mucho más viable y armónica la legislación electoral, adecuándola al contexto político electoral para el fortalecimiento institucional de todos los procesos.
La JCE dice textualmente que persigue dar la garantía de que principios constitucionales no suenen a silencio muerto, sino que su sonido, naturalmente vivo, permita una legislación actualizada, moderna e incluyente.
“Es un compromiso de este órgano, dotar de garras y hacer mucho más viable y armónica la legislación electoral, adecuada a su contexto político electoral; por ello, el Pleno ha apostado por el fortalecimiento institucional a nivel de todos los procesos”, sostuvo la JCE.
Los trece aspectos que se buscan ser modificados de las leyes 15-19 y 33-18 son garantizar la equidad e igualdad formal y material entre los ciudadanos y ciudadanas dominicanas, fortalecer el pluralismo político, someter las actuaciones de la administración al control de la legalidad y la juridicidad, contribuir al fortalecimiento del principio de democracia interna, propiciar certeza y seguridad jurídica a los actores del sistema, delinear el marco de atribuciones del órgano arbitral en los cuestiones de su competencia, hacer efectivo el principio constitucional de equidad en la contienda electoral, garantizar el ejercicio de un voto informado, así como variación de la cuota de proporción de género por el principio de paridad.
De igual modo, propone la JCE el fortalecimiento de la logística administrativa electoral de cara a la jornada electoral, evaluación y análisis de sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional en esta materia y crear un nuevo esquema conceptual de alianza o coalición y fortalecimiento del régimen sancionatorio, tanto administrativo como jurisdiccional.
El órgano comicial explica que en sus sugerencias abordadas en la propuesta de modificación a las leyes 15-19 y 33-18, hay propuestas de modificación que dada su relevancia y su impacto transforma la génesis de la norma vigente o se incorporan nuevas que varían sustancialmente aspectos que mejoran la funcionalidad del sistema electoral.
Las sugerencias se centran en los principios, género, topes de gasto, supresión de la obligación a cargo de la JCE de organizar, las listas cerradas y bloqueadas a nivel municipal, debates electorales, financiamiento político público, plazos electorales y la calendarización, mecanismos para suplir la vacancia en el Congreso, las reservas, alianzas o coaliciones, régimen sancionatorio de ambas leyes, entre otros.
En la propuesta se plantea la inclusión de un capítulo dedicado única y exclusivamente a normar el funcionamiento del órgano encargado de la persecución de los delitos y crímenes que se desprendan de las conductas penales tipificadas en la Ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral.
Las modificaciones a ambas leyes tienen sus motivaciones en versión digital, cuyo texto impreso de más de 300 páginas contiene las propuestas y la argumentación de cada artículo impactado.
La reforma, como refiere la doctrina, no es —no debe ser— un asunto visceral, sino una apuesta de gran alcance, resultado de diagnósticos y análisis ampliamente razonados y de una discusión seria e incluyente, limitada, condicionada y/o inherente al contexto histórico de cada país, la cual es una apuesta a la transformación del sistema electoral dominicano que garantice elecciones libres, transparentes, equitativas y objetivas”.
La Constitución de la República dominicana le reserva facultades especiales a ciertos poderes y órganos del Estado para incidir de forma activa en la formación de las leyes y uno de ellos es la Junta Central Electoral, tal y como lo establece el artículo 96 del Pacto Fundamental.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.