Santo Domingo, R.D.-Desde este martes se produce el escalonamiento obligatorio de los horarios laborales en todas las instituciones públicas localizadas en el Gran Santo Domingo, según lo dispuso el Ministerio de Administración Pública (MAP).

La medida forma parte de un plan para reducir la congestión vehicular que afecta de forma persistente la movilidad, la productividad laboral y la calidad de vida en la capital.

La circular, firmada por el ministro del MAP, Sigmund Freund, y fechada el 17 de junio de 2025, establece que a partir del martes 1 de julio las instituciones deberán asignar el 70 % de su personal en uno de los siguientes bloques de horario laboral:

• Grupo A: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
• Grupo B: de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

El 30 % restante podrá mantener su horario actual, según lo decida cada entidad.

Asimismo, las instituciones que reciben más de 2,000 visitas mensuales de ciudadanos deberán implementar dos turnos de atención: el primero de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., y el segundo de 2:00 p.m. a 9:00 p.m.

Cada entidad deberá remitir al MAP, a más tardar el 30 de junio de 2025, la lista de asignación de su personal a los distintos horarios. La medida no implicará aumento de nómina ni de recursos, y se exigirá que los nuevos horarios respeten la jornada laboral establecida por ley y garanticen la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

Las instituciones que operan con turnos rotativos o 24/7 —como hospitales y centros de emergencia— podrán mantener su esquema habitual, adaptando solo sus áreas administrativas al escalonamiento cuando sea posible.

El MAP, en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), realizará un proceso de evaluación, supervisión y seguimiento constante para verificar el cumplimiento de la medida y su impacto en la mejora del tránsito en el Gran Santo Domingo.

El MAP recuerda que el escalonamiento de horarios laborales es una estrategia probada internacionalmente para distribuir de manera más eficiente la demanda del transporte y reducir el volumen de vehículos en momentos críticos. La coincidencia actual en las horas de entrada y salida del personal público ha sido identificada como un factor que agrava la congestión en las principales vías de la capital.

Santo Domingo, R.D.-La sentencia emitida por la jueza Fátima Veloz en el caso del Jet Set, mediante la cual impuso una medida de coerción a los propietarios del colapsado centro de diversión fue defendida por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), al considerar que la misma se dictó conforme a los principios del derecho penal y procesal penal dominicano.

En una comunicación de prensa, sostuvo que la imposición de una fianza y el impedimento de salida del país, como medida de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, la magistrada la dispuso «amparada en su facultad constitucional y legal.

Recordó que la medida «aun cuando es distinta a la prisión preventiva no equivale a una decisión impune, ni representa el cierre del proceso, sino que, por el contrario, forma parte del inicio del mismo en que se deberán determinar responsabilidades, correspondiendo en lo adelante al Ministerio Público y a los abogados de la víctima llevar el proceso hasta las últimas consecuencias».

En nombre del CARD, Trajano Potentini expresó su respaldo a la independencia y autonomía funcional con la que deben actuar los jueces del país, ante la ola de cuestionamientos y presiones que ha surgido en torno al accionar de la magistrada Fátima Veloz.

Este caso, que ha provocado una intensa conmoción social por tratarse de la trágica muerte de 235 personas, ha desatado una avalancha de reacciones mediáticas, reclamos ciudadanos y pronunciamientos del Ministerio Público y de los abogados de las víctimas, lo cual, según el CARD, ha desbordado los límites del respeto institucional y del debido proceso de ley.

En su intervención, Potentini calificó como jurídicamente desproporcionada la solicitud del Ministerio Público de imponer 18 meses de prisión preventiva a los imputados, en un caso en que, conforme a las normas actuales y salvo que se presenten agravantes probadas, la eventual pena podría oscilar entre tres meses y dos años.

El CARD alertó, además, sobre la tendencia creciente a convertir los procesos judiciales en espectáculos mediáticos donde se presiona a los jueces a fallar bajo el peso de la opinión pública y no bajo los dictados de la ley.

El CARD Exhortó al Congreso Nacional a emprender con urgencia una reforma estructural del Código Penal dominicano, de forma que el país cuente con un marco jurídico moderno y coherente con la realidad social actual.

«Casos como el de Jet Set demuestran que nuestra legislación está rezagada y no brinda respuestas adecuadas ante hechos graves que conmueven a la sociedad. Necesitamos un Código Penal que contemple agravantes claros, nuevas figuras penales y procedimientos expeditos sin sacrificar garantías», concluyó Potentini.

Santo Domingo, R.D.-Ángel Junior Rodríguez Núñez, un adolescente de 15 años, murió la mañana de este domingo luego de que fuese impactado por un disparo mientras recorrías las calles de Santiago de los Caballeros. 

El cuerpo de Núñez fue trasladado al Hospital Pediátrico Regional Universitario Doctor Arturo Grullón. No obstante, falleció a causa de la herida.

Los restos fueron enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en el cementerio del Ingenio, donde familiares y allegados se reunieron a esperarlo en medio del dolor y la indignación.

En el incidente los demás que acompañaban a Ángel Rodríguez, salieron ileso así lo confirmó propietario del lavadero, conocido como » El Pitbull», quien estaba presente durante el ataque.

«Lamentablemente pasó eso, esa tragedia con ese muchacho. Tenía 15 años apenas, en nombre de Ángel le digo, un niño que solo iba a trabajar…», expresó un testigo desde las afueras del Inacif.

La Policía Nacional aún no ha informado los datos oficiales sobre este caso.