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Opinión

Prospera exportación del modelo policial colombiano

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Por Narciso Isa Conde

No solo exporta unidades paramilitares, capitales sucios, asesores y entrenadores en trabajos perversos.

El modelo policial colombiano “Made in USA”, construido con  fuerte protagonismo de la CIA, el Mossad, USAID y el FBI,  es un producto de exportación  con auspicio de la Casa Blanca.

El mercado escogido es latino-caribeño, privilegiando los terrenos fértiles de las neo-colonias caribeñas y centroamericanas.

Sí, el Estado Narco-Terrorista Colombiano no solo exporta  mercenarios-sicarios para matar presidentes, secuestrar enemigos, hacer terrorismo.

No solo exporta unidades paramilitares, capitales sucios, asesores y entrenadores en trabajos perversos.

Exporta además mercancías de más alto  vuelo y mayor permanencia.

Exporta su modelo policial y ayuda a estructurar y a implantarlo.

  • EL CASO DOMINICANO.

Ahora le tocó el turno a nuestra República Dominicana con el beneplácito del Presidente Luis Abinader y de la oligarquía capitalista implantada en nuestro territorio, como ha pasado con los presidentes y empresarios santanderistas de Colombia.

Ese modelo policial,  en su casa matriz intervenida por EEUU y el Estado sionista de Israel, cohabita y ejerce complicidades con 10 bases militares norteamericana, numerosas bandas para-policiales y paramilitares, contingentes militares y policiales expertos en “falsos positivos”, masacres, moto-sierras, enterramientos de sus víctimas en  fosas comunes, prácticas de futbol con cabezas humanas, ametrallamientos de manifestaciones, asesinatos selectivos de ex guerrilleros,  líderes y activistas sociales , y escoltas de narco empresas  y narco políticos.

El mismo exhibe, como “gran virtud”, tecnologías de punta y sistemas policiales de última generación (propios de la postmodernidad digital importadas de EE.UU e Israel) como recurso para desplegar sus funciones y propósitos con más eficiencia y mejores coberturas; las cuales sirven también para reducir los abusos innecesarios y la corrupción  menuda y descontrolada en las bases y sectores medios de la institución, protegiendo siempre la de sus elites.

La propuesta de cambio en la vieja y putrefacta institución policial dominicana es anunciada como “transformación” o “reforma” policial progresista, sin  ser nada parecido; sino más bien una remodelación y modernización fascistoide de ese cuerpo desprestigiado y en descomposición, con una direccionalidad que apunta sobre todo contra la rebeldía social  y política, y reduce la acción anti-delincuencia a los delitos cometidos por sectores de base e intermedios de la pirámide social.

  • EL MODELO COLOMBIANO REFORZADO POR EL CHILENO, HONDUREÑO, GRINGO Y ESPAÑOL.

Además del modelo colombiano, que ya tiene raíces sembradas por asesores y entrenadores procedentes de ese “Israel de América”, que incluye proyectos paramilitares y parapoliciales para descargar culpas, los modelos que la cúpula gobernante dominicana privilegia, Presidente y Ministro del ramo incluidos, son la Guardia Civil de España, los Carabineros de Chile, la Policía de Honduras y la Policía de New York; esta última moldeada por asesores de Rudolf Giulliani, ex Alcalde de esa Mega-Ciudad, y a la vez asesor de Trump y del Presidente dominicano.

Esa mezcla -montada sobre una cultura despótica trujillista-balaguerista, patriarcal y racista anti-haitiana- más que suma de  la tradición fascista (española y chilena) y de prácticas policiales articuladas  a Estados narco-terroristas (hondureño y colombiano), converge hacia un nuevo engendro espoleado por la agresiva decadencia imperial; engendro muy armónico a los nefastos planes contrainsurgentes de EE.UU en la región.

  • DE LOS ANUNCIOS A LA EJECUCIÓN SIN SONROJOS DE UN PROYECTO NEOFASCISTA.

Esta amenaza no se reduce  a los desmedidos elogios presidenciales a esas policías y a sus asesores extranjeros, ya radicados en el país, todos en estrecha relación de “trabajo” con la estación de la USAID, sino además a decisiones y designaciones que responden a ese proyecto; destacándose, entre otras medidas, el nombramiento de un nuevo jefe policial de la “línea dura”, con una trayectoria de espanto y un perfil neo-fascista.

Esos pasos ominosos -precipitados por crímenes policiales aberrantes y niveles de inseguridad ciudadana angustiantes- expresiones de una descomposición y un descontrol que hay que contener para que la represión sirva mejor al sistema de dominación, son “justificados” argumentando la necesidad de enfrentar la delincuencia común desde un  Estado Delincuente que reproduce a otros niveles la degradación ética-moral.

La apelación al Modelo Colombiano y al referente policial chileno se hace sin el menor rubor, más bien con descaro, a pesar de las recientes y crueles represiones de manifestantes indefensos, con balances de centenares de muertos y heridos,  y  abundantes apresamientos ilegales en ambos países.

Las matanzas, genocidios y crímenes diversos, no conmueven a gobernantes prestos a chuparles las medias al Tío Sam y a hacer alianzas con sus  patrocinadores. Su singular y retorcida concepción de la democracia le ha extirpado la vergüenza

21-10-2021 // Santo Domingo, RD

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Opinión

La ultraderecha, el último cuplé

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Los gobiernos de ultraderecha podrán expulsar inmigrantes, quitar derechos y mandar las mujeres a cocinar y fregar, pero no ofrecerán solución a lo que realmente está causando malestar a muchas personas: la discrepancia entre el bienestar prometido y deseado, y las precariedades económicas existentes.

Por Rosario Espinal

A pesar del triunfo de Lula en Brasil, es evidente el avance de la ultraderecha en el mundo. Las causas son diversas, pero hay elementos en común: el hartazgo de muchas personas con lo existente y la búsqueda de chivos expiatorios para distraer la atención de los problemas de fondo.

Los chivos expiatorios permiten culpar a alguien (usualmente a un grupo vulnerable) de los males sentidos; males que muchos no comprenden y que unos pocos explican a su conveniencia para consumo masivo. De ahí que la ultraderecha se sustente en culpar a los inmigrantes, los gais, los trans, las mujeres, los ambientalistas, etc.

Ellos, según la agitación constante de la ultraderecha, son culpables del desempleo, del gasto en servicios públicos, de la delincuencia, de la pérdida de valores, del colapso de la familia tradicional, etc.

¿Qué hay realmente en el trasfondo? Sociedades que no han podido ofrecer el bienestar prometido a amplios segmentos de la ciudadanía.

En regímenes autoritarios no hay que inventar muchos cuentos porque las fuerzas represivas impiden o sofocan los brotes de insatisfacción. En sociedades con ciertas libertades públicas hay que identificar culpables para el desquite. De ahí que el auge de la ultraderecha se exprese actualmente en democracias longevas.

En el caso específico de las sociedades capitalistas hay un mal de fondo: la promesa de prosperidad que cundió por el mundo desde la década de 1980, bajo las premisas del neoliberalismo y la globalización, desencadenaron expectativas de bienestar para una gran parte de la población mundial que no se han concretado.

Tres factores claves lo han impedido:

Primero, el neoliberalismo con sus políticas de bajos impuestos al capital y la desregulación empresarial ha producido una gran desigualdad en la distribución de la riqueza: los que más tienen, tienen muchísimo más que los demás.

Segundo, la dificultad para desmontar servicios públicos establecidos después de la Gran Depresión. Si eliminan servicios hay más desigualdad y descontento. Si los mantienen, los gobiernos enfrentan mayores déficits fiscales porque han bajado los impuestos a los ricos o les perdonan la evasión.

Tercero, la inflación pospandémica, agravada por la guerra contra Ucrania y contra Irán aumenta los costos de la energía, devastador en el mundo.

Las protestas que proliferan actualmente, sea por la vivienda, el deterioro de la educación, el costo de la vida, o la corrupción reflejan el descontento. Ahí prolifera la ultraderecha con su recetario de chivos expiatorios (simples y claros) que mucha gente asume como explicación de sus males. El sistema en su último cuplé.

Los gobiernos de ultraderecha podrán expulsar inmigrantes, quitar derechos y mandar las mujeres a cocinar y fregar, pero no ofrecerán solución a lo que realmente está causando malestar a muchas personas: la discrepancia entre el bienestar prometido y deseado, y las precariedades económicas existentes. Esta discrepancia se presenta a través del mundo.

Cuando los gobiernos de ultraderecha arrasen con muchas de las conquistas de los últimos 70 años, dejarán detrás sociedades más desiguales y convulsas, sobre las que habrá que forjar valores de solidaridad y justicia, si es que la humanidad no ha sido vencida por los humanoides de la inteligencia artificial.

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El viacrucis eléctrico

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Por Miguel Guerrero

El problema eléctrico sólo se resuelve tomando al toro por los cuernos. Lo primero es reconocer que la presencia del Estado en el negocio es el principal escollo en la búsqueda de una solución a la crisis energética y su grave impacto en la economía nacional, el sosiego familiar, la estabilidad de los negocios, grandes, medianos y pequeños, y todo cuanto anhelamos con proyección al futuro.

Sin ánimo de enjuiciar la labor del actual gobierno, lo cierto es que la CDEEE es parte del problema. Para esta fecha se suponía que su papel habría dejado de ser determinante y que el Gobierno aceptaría su rol de regulador, fortaleciendo las instituciones públicas llamadas por ley a pautar las reglas del negocio. En lugar de afianzar esta irrenunciable y fundamental responsabilidad, la corporación estatal ha continuado asumiendo funciones propias de una rectoría del sector que no le corresponde.

En la medida en que ese papel se incrementa desciende el de la superintendencia y de la Comisión de Energía, supuesta esta última a pautar las políticas del sector. En un sistema bien estructurado, la CDEEE sería apenas otro agente del sector, no el ostentador de un liderazgo que no es suyo. Por esa distorsión, el sistema no funciona adecuadamente y la mejor demostración de ello son los apagones y el alza de las tarifas, que tienen al garete a la población y estrangulado a los sectores productivos.

Los gobiernos han evidenciado, además, su incapacidad para liderar el sector, se vieron obligados a recurrir a organismos internacionales en la búsqueda de una salida, después de interminables promesas de solución con plantas que nadie ha visto. Admito que es una decisión difícil para un Gobierno, pero a menos que no se delimiten claramente los roles, el sector eléctrico seguirá dando tumbos.

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Opinión

La Secretaria de la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Diaz

El Estatuto de Roma  establece que la Secretaría de la Corte Penal Internacional , sin perjuicio de las funciones y atribuciones del Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del estatuto de referencia, estará encargada  de los aspectos no judiciales de la administración de la Corte Penal Internacional  y de prestarle servicios.

De conformidad con el Estatuto de la Corte Penal Internacional la Secretaría será dirigida por el Secretario, que será el principal funcionario administrativo de la Corte. El Secretario ejercerá sus funciones bajo la autoridad del Presidente de la CPI.

El Estatuto de la Corte Penal Internacional señala, además, que el Secretario y el Secretario Adjunto deberán ser personas que gocen de consideración  moral y tener un alto nivel de competencia y un excelente  conocimiento  y dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo de la Corte.

El Estatuto de Roma  también  establece que los magistrados elegirán al Secretario de la Corte Penal Internacional  en votación secreta por mayoría  absoluta y teniendo en cuenta las recomendaciones de la Asamblea de los Estados Partes. De ser necesario elegirán por recomendación del Secretario y con arreglo al mismo procedimiento,  un Secretario Adjunto.

En cuanto al procedimiento de elección del Secretario de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma establece que el mismo será elegido por un periodo de cinco años en régimen de de dejación  exclusiva y podrá ser reelegido una sola vez. El Secretario  Adjunto será elegido por un periodo de cinco años, o por uno más breve, si así lo deciden los magistrados por mayoría absoluta en el entendimiento de que prestara sus servicios según será necesario.

Finalmente, el Secretario  establecerá  una Dependencia de Víctimas y Testigos dentro de la Secretaria. Esta Dependencia, en consulta con la Fiscalía, adoptará medidas de protección y dispositivos de seguridad y prestará asesoramiento  y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas  que comparezcan  ante la CPI, y a otras personas que estén peligro en razón del  testimonio prestado . La Dependencia contara con personal  especializado para atender a las víctimas de traumas, incluidos los relacionados  con delitos de violencia sexual.

Rommelsantosdiaz@gmailcom

 

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