Latinoamericanas
Protestas en Chile bajan de intensidad tras dos meses pero sigue descontento
Agencia Efe
Santiago de Chile.- Chile cumple este miércoles dos meses de la mayor convulsión social de su democracia instalado en una especie de falsa calma: las marchas han ido perdiendo fuerza, pero el descontento se mantiene y existe la percepción en parte de la sociedad de que las medidas anunciadas son “insuficientes”.
Las manifestaciones contra el desigualdad modelo económico y la represión comenzaron siendo multitudinarias y prácticamente diarias -el récord lo marcó la marcha del 25 de octubre con más de 1,5 millones de asistentes-, pero se han ido espaciando y ya apenas logran juntar a unos miles.
La última gran concentración, tras varias semanas de relativa calma, tuvo lugar el pasado viernes en Plaza Italia, una plazoleta en el centro de Santiago convertida en epicentro del estallido, a donde acudieron miles de personas para escuchar a míticas bandas de canción protesta en el llamado “Concierto por la Dignidad”.
“El Gobierno sigue sin entender lo que demandan los manifestantes, nos da bonos y migajas para amortiguar las protestas”, aseguró entonces a Efe Francisca Videla, una universitaria de 21 años.
También han perdido fuerza los saqueos, los incendios o las barricadas, que acongojaron durante días a gran parte de la sociedad provocando enormes pérdidas económicas, y los violentos choques entre los manifestantes “de primera línea” y los agentes policiales.
EL VAIVÉN DE LAS MARCHAS
“Las movilizaciones por definición tienen subidas y caídas y obviamente es muy difícil mantener la presión continuamente, pero estamos muy lejos de encontrar una salida a la crisis porque es muy difícil dimensionar la profundidad del descontento”, explicó a Efe Sofía Donoso, investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES).
“Es natural que después de dos meses, con las vacaciones de Navidad y las altas temperaturas del verano las marchas bajen de intensidad, pero eso no significa que se haya vuelto a la supuesta normalidad de antes del 18 de octubre”, cuando estalló la crisis, agregó Octavio Avendaño, sociólogo de la Universidad de Chile.
Para el experto, el descontento “se está expresando en formas distintas a las grandes marchas de hace unas semanas, como cabildos o la consulta ciudadana del domingo”.
Más de dos millones de personas de 225 de las 346 comunas del país participaron el domingo en un inédito plebiscito ciudadano no vinculante, que arrojó como resultados que el 92,4 % está de acuerdo con una nueva constitución y que las pensiones, la salud y la educación son los temas más prioritarios.
“PARCHES” SOCIALES
El Gobierno del presidente Sebastián Piñera ha anunciado un paquete de medidas sociales para tratar de desactivar la crisis, que incluye el aumento gradual de las pensiones más bajas en hasta un 50 % o el incremento del salario mínimo hasta los 350.000 pesos chilenos (cerca de 435 dólares), pero una parte de la sociedad las considera “parches”.
“La agenda social que se ha presentado se basa en pequeños paliativos. El Ejecutivo no ha mostrado intención de hacer reformas profundas del modelo”, afirmó Avendaño.
“La solución es complicada porque hay múltiples cabezas y múltiples demandas. Conseguir una salida que deje contentos a todos va a ser muy difícil”, indicó por su parte a Efe Cristian Parker, sociólogo de la Universidad de Santiago.
Las fuerzas parlamentarias alcanzaron así mismo un histórico acuerdo para preguntarle a la ciudadanía el próximo abril en un referéndum si quiere cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y qué mecanismo debería redactar el nuevo texto.
“CRISIS DE LOS DERECHOS HUMANOS”
La crisis, que se detonó por la subida del precio del billete de metro, ya se ha cobrado la vida de al menos 24 personas -cinco de ellas supuestamente a manos de agentes del Estado- y ha provocado miles de heridos, además de graves denuncias por parte de organismos internacionales contra las fuerzas de seguridad por supuestas violaciones de los derechos humanos.
El presidente chileno, el conservador, Sebatián Piñera -que no consigue remontar y solo cuenta con un 13 % de aprobación en las encuestas-, ha reconocido abusos puntuales pero ha negado una política sistematizada para atacar a los manifestantes y ha mostrado desde el inicio su respaldo a los altos mandos de Carabineros (Policía chilena).
“Las señales que ha mandado el presidente parecen una provocación más que una solución. Hasta que no se solucione la crisis de derechos humanos, va a haber agitación en la calle”, concluyó Donoso.
Agencia AFP
Perú.-El resultado de la elección presidencial de Perú era aún incierto este lunes, con la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez en empate técnico para convertirse en el noveno mandatario del país en una década.
Con más del 93% de las actas escrutadas, Fujimori reunía el 50,02% de los votos, frente a un 49,98% de Sánchez.
Esa ventaja de menos de medio punto corre el riesgo de evaporarse a medida que sigan llegando los votos de las zonas rurales, donde Sánchez ha dominado. Para declarar un ganador deberán además ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 400.000 votos, lo que puede llevar días.
«Tenemos que esperar hasta el final. Lo que corresponde en estos momentos es paciencia y serenidad. Vamos a respetar el resultado sea cual sea», dijo Fujimori a la prensa este lunes al salir de su vivienda.
Entre cantos de «¡Sí se pudo!», Sánchez dijo reconocer que hay un «empate». «Que prosiga el conteo en los estándares de una elección transparente», expresó la noche del domingo en una plaza ante cientos de seguidores.
Muchos dijeron esperar que las elecciones pongan fin a la criminalidad que azota al país y la turbulencia política que dejó al Perú con ocho presidentes desde 2016.
«Es un empate técnico, está para cualquiera. Es un resultado que se puede revertir en las siguientes horas, no se está hablando todavía de ganador o ganadora», aseguró este lunes a la AFP el especialista en temas electorales José Tello.
– Festejos en los dos bandos –
Administradora de 51 años, Fujimori apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía y derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
«Estoy alegre porque sé que va a hacer un buen gobierno. ¿Por qué? Porque ella quiere limpiar la imagen de su padre», aseguró Gladys Silva, ama de casa de 56 años, en la concentración en Lima.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó al expresidente Castillo. Como lealtad, lleva el sombrero campesino que le regaló, prometió indultarlo, y lo visitó el domingo en la cárcel.
«Queremos un cambio porque estamos cansados de la corrupción, del fujimorismo que maneja al país como su chacra (hacienda)», dijo Marlene Veramendi, de 46 años, en el otro festejo.
La votación, a la que estuvieron llamados 27 millones de electores, transcurrió sin incidentes a diferencia de la caótica primera ronda de abril.
– «Débil legitimidad» –
Keiko, como la llaman, prometió «orden» y prosperidad, y advirtió del peligro del «comunismo».
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso -donde ella tiene influencia- que derriba presidentes.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana tendría inmunidad, pero quedaría vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
«El ganador tendrá a la mitad del país en contra y una débil legitimidad» por lo que, sin mayoría legislativa, deberá «construir una coalición para gobernar», dijo a la AFP el politólogo Paulo Vilca.
El vencedor sustituirá, a partir del 28 de julio, al presidente interino José María Balcázar por un mandato de cinco años.
– Delincuencia imparable –
Pese al hartazgo político, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad. Han proliferado las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentaron nueve veces en cinco años.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar con la criminalidad con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propuso encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de las élites políticas con los criminales.
Su base social está en el campo empobrecido, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, donde la tasa de homicidios se triplicó entre 2020 y 2025, hasta los 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4%. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori aboga por el neoliberalismo y la atracción de inversiones, y Sánchez ofreció alzas salariales y una economía más estatal.
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.