Nacionales
Protestas en la UASD y pueblos del Cibao dejan dos muertos
Consejo universitario autoriza que la Policía entre al campus a investigar y esclarecer la muerte de un coronel
Las manifestaciones violentas obligaron a cerrar los negocios en San Francisco de Macorís.
Investigadores policiales examinan la escena donde cayó abatido el coronel.
La UASD autoriza a la PN y al Ministerio Público requisar el campus; disturbios paralizan pueblos del Cibao.
Las protestas registradas en las últimas horas, con la utilización de armas de alto calibre, en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y varios pueblos del Cibao, dejaron ayer un saldo de dos muertos y diez heridos, incluyendo un coronel de la Policía Nacional abatido de un tiro en la cabeza. El coronel Julián Suárez Cordero recibió un impacto de bala mientras dispersaba a los estudiantes que protestaban en el campus de la UASD.
En tanto que en San Francisco de Macorís resultó muerto Félix Hernández Valentín, de 24 años, residente en el sector Vista al Valle. Según la versión policial, el fallecido, junto a otros encapuchados, enfrentó a los agentes, en los alrededores de la cancha de la Máximo Gómez, en el inicio de la protesta por 48 horas convocada por el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) en demanda de obras y otras reivindicaciones.
La Policía Nacional se declaró en luto por la muerte del coronel. El jefe de la institución, mayor general José Armando Polanco Gómez, acusó a algunas autoridades y políticos de permitir que estudiantes penetren a la UASD con armas de alto calibre. “Cinco o seis delincuentes en el interior de la UASD, con complicidad con algunas autoridades y algunos funcionarios, y hay políticos también que son cómplices de esto, permiten que delincuentes terroristas armados con fusiles entren al campus de la UASD”, sostuvo Polanco Gómez.
“Los que cometieron ese hecho los vamos a buscar, no importa a quien tengan de sombrilla. Les vamos a dar una respuesta que va a ser tal para cual”, advirtió Polanco Gómez.
Justo en los momentos en que el jefe de la Policía hacía estos pronunciamientos, a los hijos de Suárez Cordero se les veía turbados. Caminaban de un lado a otro en el patio del Centro Médico UCE. Juan Ramón Suárez, de 20 años, hijo menor del malogrado coronel, solo pide que la Policía atrape y someta a la Justicia a las personas que mataron a su papá.
Por su lado, el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, calificó como un acto criminal la muerte del oficial. A propósito, el Consejo Universitario autorizó a las autoridades policiales, acompañados de la prensa y el Ministerio Público, revisar el campus de la institución para la investigación en torno a los sucesos.
En los disturbios de la UASD también resultó herido el coronel Julio Justino Rodríguez, subdirector de Operaciones Policiales, quien recibió un impacto de bala en una pierna, el raso Rafael Batista Pérez, herido en una mano, y Juan de Jesús Pérez, quien pasaba por los predios de la UASD y fue alcanzado por un disparo en un costado.
El fuero
La ministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo, favoreció la eliminación del fuero universitario para incrementar la vigilancia dentro de la UASD, para evitar que extraños entren y alteren el orden. “Yo creo que ya se necesita que eso se quite y que haya una vigilancia permanente dentro de la institución, que evite que entren los que van a alterar el orden, porque esas cosas ocurren no con los estudiantes que están ahí adentro, sino con los infiltrados”, manifestó.
Heridos en el Cibao
En el Cibao, el primer día del paro por 48 horas dejó un saldo de un manifestante muerto, siete heridos de balas y perdigones. Hechos violentos se registraron en San Francisco de Macorís, Bonao, Salcedo, Esperanza, Mao y otras comunidades. El comercio cerró sus puertas debido a la explosión de artefactos casero.
El segundo teniente Luis Manuel López Luciano, comandante del destacamento policial del distrito municipal de Jicomé, tuvo que ser internado en un centro de salud privado de Mao, debido a herida de arma de fuego en el tobillo derecho. l
Grupos exigen mejoría de servicios básicos
Las comunidades en paro demandan nacionalizar la minera Barrick Gold, rechazo a las pretensiones de explotar a Loma de Miranda entre La Vega y Bonao. También piden mejoría del servicio eléctrico, agua potable y arreglo de vías. Además reclaman la entrega de 140 millones que supuestamente fueron desviados en la construcción de los edificios de la universidad CURCE-UASD de Monseñor Nouel.
El Caribe
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.