Economía
Proyecto inmigratorio transformaría economía de Estados Unidos
Aportaría la fuerza de trabajo de numerosos inmigrantes a la economía
La carencia de mano de obra debido a la controversia sobre la inmigración le está dificultando a él y a otros agricultores de Michigan cosechar sus cultivos.
WASHINGTON, EE.UU, (AP). El histórico proyecto de ley aprobado por el Senado reconfiguraría la fuerza laboral de Estados Unidos en todos sus niveles al aportar más inmigrantes a numerosos sectores de la economía, desde compañías tecnológicas de punta hasta restaurantes y empresas agrícolas.
En lugar de los trabajadores no autorizados que se encuentran ahora comúnmente en empleos que no requieren especialización en la agricultura o el sector de los servicios, muchos de estos trabajadores estarían en el país de manera legal, algunos de ellos con residencia permanente y aún la ciudadanía.
La inmigración no autorizada a través de la frontera con México disminuiría, a la vez que aumentaría fuertemente la inmigración legal.
Este es el panorama que surge de análisis recientes sobre el proyecto inmigratorio de gran alcance aprobado el mes pasado por el Senado con el respaldo de la Casa Blanca.
Aunque el proyecto se propone asegurar las fronteras, rastrear a quienes excedan el período de tiempo autorizado por sus visas y negar a los empleadores la capacidad de contratar a trabajadores sin documentación legal, de ningún modo se propone cortar la inmigración. Por el contrario, en las próximas dos décadas aumentaría la población nacional en 15 millones de personas en comparación con la ley vigente, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.
Aun después de décadas de crecimiento en la población de nacidos en el exterior, el aumento podría sentirse de muchas maneras a lo largo y lo ancho del país, desde las grandes ciudades que absorberían aún más diversidad, hasta los pueblos pequeños que todavía podrían estar adaptándose a la llegada de inmigrantes.
«Eso está respaldado en la premisa básica del proyecto», observó Doris Meissner, miembro del Instituto de Política Migratoria, «que es que es necesario suministrar vías legales para que la gente venga al país, tanto en las categorías de visas temporales de largo plazo o permanentes para satisfacer las necesidades del futuro y evitar los incentivos a la inmigración ilegal».
El nivel de inmigración dispuesto por el proyecto ha tenido una repercusión política en el debate y probablemente seguirá siendo un tema discutido y disputado en las próximas semanas, cuando la mayoría republicana en la Cámara de Representantes se esfuerce en determinar cómo responder al proyecto de la cámara alta.
Es una cuestión compleja porque el proyecto expande varias categorías de visas temporales y permanentes, cancela otras y crea nuevas. Algunos programas de visas tienen topes y otros no, y algunos se expandirían o contraerían en respuesta a la demanda.
Los oponentes, encabezados por el senador republicano Jeff Sessions, han pronosticado notables aumentos en la inmigración bajo el amparo del proyecto. Sesions advirtió que 57 millones de residentes permanentes y temporales e inmigrantes recién legalizados inundarían el país dentro de una década y privarían de empleos a los estadounidenses.
Por otra parte los partidarios, incluido el senador republicano Marco Rubio, han desestimado el impacto del proyecto. En respuesta a Sessions, la oficina de Rubio argumenta que dicho plan del Senado «no aumenta significativamente la inmigración anual de largo plazo a Estados Unidos».
Según la ley actual, aproximadamente un millón de personas reciben la tarjeta de residencia permanente cada año. Esa cifra probablemente aumentaría de 1,5 a 1,7 millón anual, según el proyecto de la cámara alta, en el término de un lustro a partir de su implementación, calcula el Instituto de Política Migratoria.
Pero esas cifras no incluyen a quienes lleguen con visas temporales de trabajo, que podrían aumentar en cientos de miles por año bajo el proyecto del Senado, según el mismo instituto. Esta cifra incluye más del doble de visas para trabajadores sumamente especializados, una nueva visa para trabajadores no especializados que podría subir hasta 220.000 por año, y más visas para trabajadores agrícolas.
Hay también decenas de nuevas visas de trabajo para personas procedentes de Irlanda, Corea del Sur y países africanos y caribeños, y en otros sitios que reciben trato especial en el proyecto. Algunos de estos trabajadores podrían acceder a la residencia permanente y a la larga a la ciudadanía.
Por otra parte, el flujo de la inmigración no autorizada decrecería en una tercera parte o incluso a la mitad en comparación con la ley actual, dijo la Oficina Presupuestaria del Congreso. La inmigración no permitida ya ha disminuido desde el 2000 debido a varios factores, incluidas la depresión económica y las medidas de seguridad más estrictas después de los ataques terroristas del 2001.
El proyecto ofrece una vía de 13 años hacia la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes que están ahora en situación ilegal, el elemento más controversial del proyecto, ya que muchos conservadores en la cámara baja no quieren concederles la ciudadanía.
Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.
El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.
En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.
Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE
Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.
El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.
Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.
Los nuevos precios
Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.
Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.
«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.
El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».
Precios del petróleo
En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.
Disminuyen las remesas
En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.
Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.
“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.
La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.
Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.
La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.
El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.
“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones. Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.
Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.
Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.
De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.
En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.
Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.