Economía
Proyecto inmigratorio transformaría economía de Estados Unidos
Aportaría la fuerza de trabajo de numerosos inmigrantes a la economía
La carencia de mano de obra debido a la controversia sobre la inmigración le está dificultando a él y a otros agricultores de Michigan cosechar sus cultivos.
WASHINGTON, EE.UU, (AP). El histórico proyecto de ley aprobado por el Senado reconfiguraría la fuerza laboral de Estados Unidos en todos sus niveles al aportar más inmigrantes a numerosos sectores de la economía, desde compañías tecnológicas de punta hasta restaurantes y empresas agrícolas.
En lugar de los trabajadores no autorizados que se encuentran ahora comúnmente en empleos que no requieren especialización en la agricultura o el sector de los servicios, muchos de estos trabajadores estarían en el país de manera legal, algunos de ellos con residencia permanente y aún la ciudadanía.
La inmigración no autorizada a través de la frontera con México disminuiría, a la vez que aumentaría fuertemente la inmigración legal.
Este es el panorama que surge de análisis recientes sobre el proyecto inmigratorio de gran alcance aprobado el mes pasado por el Senado con el respaldo de la Casa Blanca.
Aunque el proyecto se propone asegurar las fronteras, rastrear a quienes excedan el período de tiempo autorizado por sus visas y negar a los empleadores la capacidad de contratar a trabajadores sin documentación legal, de ningún modo se propone cortar la inmigración. Por el contrario, en las próximas dos décadas aumentaría la población nacional en 15 millones de personas en comparación con la ley vigente, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.
Aun después de décadas de crecimiento en la población de nacidos en el exterior, el aumento podría sentirse de muchas maneras a lo largo y lo ancho del país, desde las grandes ciudades que absorberían aún más diversidad, hasta los pueblos pequeños que todavía podrían estar adaptándose a la llegada de inmigrantes.
«Eso está respaldado en la premisa básica del proyecto», observó Doris Meissner, miembro del Instituto de Política Migratoria, «que es que es necesario suministrar vías legales para que la gente venga al país, tanto en las categorías de visas temporales de largo plazo o permanentes para satisfacer las necesidades del futuro y evitar los incentivos a la inmigración ilegal».
El nivel de inmigración dispuesto por el proyecto ha tenido una repercusión política en el debate y probablemente seguirá siendo un tema discutido y disputado en las próximas semanas, cuando la mayoría republicana en la Cámara de Representantes se esfuerce en determinar cómo responder al proyecto de la cámara alta.
Es una cuestión compleja porque el proyecto expande varias categorías de visas temporales y permanentes, cancela otras y crea nuevas. Algunos programas de visas tienen topes y otros no, y algunos se expandirían o contraerían en respuesta a la demanda.
Los oponentes, encabezados por el senador republicano Jeff Sessions, han pronosticado notables aumentos en la inmigración bajo el amparo del proyecto. Sesions advirtió que 57 millones de residentes permanentes y temporales e inmigrantes recién legalizados inundarían el país dentro de una década y privarían de empleos a los estadounidenses.
Por otra parte los partidarios, incluido el senador republicano Marco Rubio, han desestimado el impacto del proyecto. En respuesta a Sessions, la oficina de Rubio argumenta que dicho plan del Senado «no aumenta significativamente la inmigración anual de largo plazo a Estados Unidos».
Según la ley actual, aproximadamente un millón de personas reciben la tarjeta de residencia permanente cada año. Esa cifra probablemente aumentaría de 1,5 a 1,7 millón anual, según el proyecto de la cámara alta, en el término de un lustro a partir de su implementación, calcula el Instituto de Política Migratoria.
Pero esas cifras no incluyen a quienes lleguen con visas temporales de trabajo, que podrían aumentar en cientos de miles por año bajo el proyecto del Senado, según el mismo instituto. Esta cifra incluye más del doble de visas para trabajadores sumamente especializados, una nueva visa para trabajadores no especializados que podría subir hasta 220.000 por año, y más visas para trabajadores agrícolas.
Hay también decenas de nuevas visas de trabajo para personas procedentes de Irlanda, Corea del Sur y países africanos y caribeños, y en otros sitios que reciben trato especial en el proyecto. Algunos de estos trabajadores podrían acceder a la residencia permanente y a la larga a la ciudadanía.
Por otra parte, el flujo de la inmigración no autorizada decrecería en una tercera parte o incluso a la mitad en comparación con la ley actual, dijo la Oficina Presupuestaria del Congreso. La inmigración no permitida ya ha disminuido desde el 2000 debido a varios factores, incluidas la depresión económica y las medidas de seguridad más estrictas después de los ataques terroristas del 2001.
El proyecto ofrece una vía de 13 años hacia la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes que están ahora en situación ilegal, el elemento más controversial del proyecto, ya que muchos conservadores en la cámara baja no quieren concederles la ciudadanía.
Santo Domingo, R.D.- El dólar era vendido este jueves a 60.25 pesos en República Dominicana.
El Banco Central fijó el cambio para de la siguiente manera:
Compra: 60.05
Venta: 60.25.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Trabajo informó este jueves cuales serán los días feriados del calendario para este 2025 en el país, dando cumplimiento a la Ley 139-97, la cual establece el traslado de algunos días para que puedan ser disfrutados por la población, en especial, por la clase trabajadora.
A través de nota de prensa, la entidad recordó que la ley establece el traslado para los lunes de los días feriados que coincidan con los martes, miércoles, jueves o viernes.
«La ley fue publicada en la Gaceta Oficial 9957, de fecha 25 de junio de 1997, entró en vigor el 27 del mismo mes y año, por lo que, de conformidad con lo establecido por nuestra legislación, debe ser aplicada en todos los establecimientos del país», dice el documento.
En esta ocasión, el Ministerio de Trabajo resaltó solo dos fechas que deben ser trasladadas, los demás días se celebrarán en su fecha original.
Los días feriados del 2025 se aplicarán de la siguiente manera:
El miércoles 1 de enero, fecha de celebración de Año Nuevo, no se cambia.
El lunes 6 de enero, día de los Santos Reyes, no se cambia.
El martes 21 de enero, día de Nuestra Señora de la Altagracia, no se cambia.
El domingo 26 de enero, fecha en que se conmemora el natalicio de Juan Pablo Duarte, no se cambia.
El jueves 27 de febrero, día de la Independencia Naciónl es inamovible.
El viernes 18 de abril, Viernes Santo, festividad religiosa en que se conmemora la muerte de Jesucristo, inamovible.
El jueves 1 de mayo, día del Trabajo, se trabaja y se cambia para el lunes 05 de mayo.
El jueves 19 de junio, día en que se celebra la festividad religiosa Corpus Christi, no se cambia.
El sábado 16 de agosto, día de la Restauración de la República, no se cambia.
El miércoles 24 de septiembre, día de Nuestra Señora de las Mercedes, no se cambia.
En tanto que, el jueves 06 de noviembre, día de la Constitución, se trabaja y se cambia para el lunes 10 de noviembre.
El jueves 25 de diciembre, día de Navidad o nacimiento de Jesús, no se cambia.
Puntos para entender por qué algunos días se cambian, según la Ley 139-97:
Traslado de días feriados a lunes:
- Los días feriados que caen entre martes y viernes se trasladarán al lunes más cercano. Esto incluye feriados como:
- Día de Duarte (26 de enero)
- Día del Trabajo (1 de mayo)
- Día de la Constitución (6 de noviembre)
- Si el día feriado cae en sábado, domingo o lunes, se mantiene en esa fecha.
Excepciones: algunos días festivos se celebran siempre en su fecha original, sin traslado. Estos son:
- Día de la Independencia Nacional (27 de febrero)
- Viernes Santo (fecha variable)
- Día de la Restauración (16 de agosto)
- Día de la Virgen de la Altagracia (21 de enero)
- Día de Navidad (25 de diciembre)
Economía
Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings mantienen sin cambios su evaluación riesgo país RD
Las firmas calificadoras Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings mantuvieron sin cambios su evaluación sobre la economía dominicana, según el último informe trimestral de riesgo-país, publicado por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (Secmca).
Según la publicación del Informe de Riesgo País, tercer trimestre 2024, cortado a septiembre, su evaluación al alza está condicionada a la implementación de medidas de política que fortalezcan la flexibilidad fiscal y mejoren la composición, por moneda, de la deuda gubernamental, para futuras revisiones.
También, el retorno a alto crecimiento (en el contexto de estabilidad externa y macroeconómica) que conlleven a una convergencia del PIB per cápita con países con mejores calificaciones.
A la baja, no obstante, señalan que es necesario considerar “si hubiese un fuerte deterioro de las razones de deuda gubernamental a PIB y de intereses a ingresos; por ejemplo, a través de un relajamiento de la política fiscal, menor crecimiento al esperado o pérdidas financieras de las empresas de electricidad estatales”.
Deuda
La deuda pública se situó en US$73,419.2 millones a abril de 2024, con una tasa de crecimiento de 1.46%.
• Historial de robusto crecimiento económico.
• Matriz exportadora diversificada.
• Altos indicadores sociales y PIB per cápita.
Centroamérica
Para el cierre del tercer trimestre del año 2024, la agencia calificadora de riesgo Moody’s realizó revisiones y actualizaciones en las calificaciones de deuda soberana y perspectivas de riesgo país para Costa Rica y Guatemala, señala la publicación.
En Costa Rica, la revisión fue al alza en su calificación de riesgo, mientras que, para Guatemala, la revisión consistió en una reafirmación tanto de su calificación de deuda como de perspectiva de riesgo país.
No obstante, en octubre, Standard & Poor’s elevó la calificación de Nicaragua, pasando de ‘B’ a ‘B+’ con perspectiva estable.
Las revisiones se realizaron tomando en cuenta el desempeño de indicadores como la evolución de la actividad económica, déficit fiscal, necesidades de financiamiento (local y externo), análisis de ratios deuda pública/PIB, de intereses de deuda/ingresos fiscales, e indicadores del sector externo, entre otras.