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Partidos podrán responder penalmente si incurren en delito establece proyecto de ley
Santo Domingo, R.D.-Un proyecto de ley sometido en el Senado de la República el pasado fin de semana modifica el nuevo Código Penal, para quitar a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas como entes exentos de responsabilidad penal.
Si ambas cámaras congresuales aprueban la legislación y esta es promulgada por el Poder Ejecutivo, los partidos, movimientos y agrupaciones políticas podrán ser procesados como personas jurídicas, con el mismo régimen que las empresas, las ONG y demás entidades.
La modificación a la Ley 74-25, orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, promulgado el 3 de agosto de 2025, hará posible que los partidos, como institución, sean acusados penalmente por delitos cometidos en su beneficio, tales como lavado de activos, financiamiento ilícito, corrupción, malversación o desvío de fondos, fraude electoral, sobornos, entre otros actos.
El proyecto de ley fue sometido en la Cámara Alta el pasado 5 de diciembre por el senador Antonio Taveras (PRM-Santo Domingo).
La norma legislativa modifica el artículo 13 del nuevo Código Penal, para establecer que el Estado dominicano, el Distrito Nacional, los municipios, las alcaldías, distritos municipales, las juntas de los distritos municipales, los órganos autónomos descentralizados provistos de personalidad jurídica y de derecho público con competencias y prerrogativas públicas y los órganos administrativos habilitados a ejercer potestades públicas, “no estarán regidos por las disposiciones que preceden relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas”. Al sacar a los partidos en dicha disposición, el senador perremeísta los incluye dentro del régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
El legislador considera que el excluir a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas del régimen general de responsabilidad penal de las personas jurídicas crearía una brecha normativa “injustificada” y contraria a los principios de igualdad, legalidad y seguridad jurídica, que permitiría que organizaciones con incidencia directa en la conducción de los asuntos públicos puedan evadir responsabilidad penal frente a delitos graves que afectan la integridad democrática y el interés general.
Con esta son dos las iniciativas que buscan modificar la Ley 74-25, la cual entrará en vigencia el 3 de agosto de 2026. La primera propuesta es del diputado Ramón Raposo, del PRD
Antonio Taveras explica que debido a la naturaleza jurídica, estructura organizativa, capacidad de movilización social y el acceso que tienen las organizaciones políticas a recursos públicos y privados pueden ser utilizadas, de forma deliberada por falta de controles internos, “como vehículos para la comisión de delitos que trascienden la actividad electoral”, por lo que exige a esas entidades prevención, vigilancia y responsabilidad penal.
Santo domingo, R.D.-La Red de Abogados Inmobiliarios (ABPGAN) con el objetivo de poner coto a la ola de delitos que afecta la seguridad jurídica en el país, solicitó formalmente a la Jurisdicción Inmobiliaria la implementación de un Sistema de Alertas Tempranas.
Esta herramienta busca proteger a propietarios e inversionistas frente a los constantes intentos de fraude y falsificación.
El vocero de la institución, José Antonio Thomas, y el asesor legal, el doctor Wendy José Alcántara Ramírez, explicaron que el sistema funcionaría como una «alarma digital».
El titular del inmueble recibiría notificaciones inmediatas vía correo electrónico o SMS ante cualquier movimiento sospechoso, como intentos de suplantación de identidad para duplicar títulos de viviendas, condominios o fincas.
Para garantizar la sostenibilidad del servicio, ABOGAIN propone que el mantenimiento de este sistema sea financiado mediante una cuota mínima integrada al Impuesto a la Propiedad Inmobiliaria (IPI).
Además, plantean que esta plataforma debe estar interconectada con la Junta Central Electoral (JCE), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Esta integración permitiría un monitoreo riguroso y en tiempo real de cualquier persona que deposite documentos o solicite información sobre traspasos.
Finalmente, instaron a que el sistema incluya una actualización automática del estado jurídico de los inmuebles, al menos dos veces al año, garantizando que el propietario siempre tenga certeza sobre la situación legal de su patrimonio.
Para fortalecer su iniciativa, ABOGAIN sugiere que el sistema de alertas utilice registros inmutables, que nadie puede cambiar, ni modificar ni alterar.
Esto no solo avisaría al dueño, sino que dejaría una huella digital imborrable de quién intentó acceder al expediente, dificultando la complicidad interna en los fraudes.
Al implementar este sistema, la República Dominicana escalaría posiciones en los índices de seguridad jurídica internacional, convirtiéndose en un destino mucho más seguro y atractivo para el capital extranjero y la diáspora dominicana, quienes suelen ser las principales víctimas al estar fuera del país.
Santo Domingo, R.D.-El partido de gobierno, el PRM, rechazó ayer cualquier intento de vincular a esa organización con el uso de fondos provenientes de actos ilícitos.
El PRM fijó su posición en una comunicación dirigida al director de Listín Diario, Miguel Franjul, cuyo texto íntegro es el siguiente:
En atención a las facultades que nos otorga la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) puntualiza su postura oficial ante las informaciones publicadas este 19 de enero de 2026 sobre el denominado «Caso Cobra«:
2. El Gobierno como acusador, no como cómplice: Es imperativo recordar que el actual gobierno del PRM, por instrucción directa del presidente Luis Abinader, ordenó que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) se constituyera como actor civil en este proceso. A través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), el Estado ha formalizado una querella para asegurar que los responsables no solo enfrenten sanciones penales, sino que devuelvan cada centavo sustraído. Es el Gobierno quien identifica, persigue y demanda el resarcimiento de estos fondos; esto es una señal inequívoca de estar totalmente alejado de estas prácticas.
3. Compromiso real contra la corrupción: Nuestro compromiso con la lucha anticorrupción no es retórico. No toleramos ni toleraremos «desbordamientos éticos«. Quien haya fallado a la confianza pública debe enfrentar las consecuencias de sus actos individuales, sin escudarse en banderas políticas que no amparan el delito.
5. Reiteramos nuestra total disposición de colaborar con el Ministerio Público en todo lo que requiera para profundizar sus investigaciones. La independencia del Ministerio Público es un logro innegociable de este gobierno; hoy la justicia habla a través de pruebas, no de conveniencias políticas, y confiamos plenamente en que el proceso llegará hasta las últimas consecuencias.
Atentamente,
Dirección Ejecutiva Partido Revolucionario Moderno (PRM)
Santo Domingo, R.D.-El dirigente deportivo, Amparo Betances, recibió una medida de coerción acusado de delitos de abusos contra algunos de sus estudiantes.
La decisión, adoptada por la Oficina Judicial de Duarte, se produce en medio de un proceso que cobro fuerzas tras haber aparecido múltiples testimonios que señalan al imputado por presuntos actos de abuso y agresión sexual contra menores pertenecientes a su liga. Según fuentes cercanas al caso, la medida cautelar busca garantizar la presencia del imputado en el desarrollo de las investigaciones y evitar posibles obstrucciones al proceso.
Betances deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle. Durante este periodo, el Ministerio Público espera profundizar en las evidencias y determinar si existen más víctimas dispuestas a formalizar sus denuncias para fortalecer el expediente acusatorio.