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Trastorno psicótico agudo y esquizofrénico con delirio padece mujer que mató su hija de seis años, según psiquiatra.
Santo Domingo,- Pareciera que la médico militar Ana García, quien decapitó a su hija de seis anos, sufre un trastorno psicótico a tal punto que padece que llega a lo esquizofrénico, según el secretario general de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría.
El médico psiquiatra Víctor Figueroa dijo que, si se confirma esa versión, es probable que la filicidio no se estuviera medicando, a lo que se agrega un componente religioso importante.
Figueroa agregó que otra hipótesis que se puede plantear es que la señora Ana García también padece de algún delirio religioso que ante un mandato, es decir una alucinación auditiva, cometió el hecho que ha consternado a la sociedad dominicana.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el profesional de la salud mental dijo que ese es un caso, que por suerte, no es lo más común, y por eso acapara tanto la principalía en los medios de comunicación y, en tal sentido, llamó a no incurrir en el amarillismo a la hora de difundir hechos de esa naturaleza.
El facultativo dijo que caso como ese han sucedido en otras partes del mundo, como en Estados Unidos donde en el 2001 Andrea yate de Texas tuvo un delirio, parecido al de la doctora Ana García, ahogó a sus cinco hijos en una bañera, y otra señora en el 2004 degolló a su hijo de diez años y cuando revisaron su historial padecía de un trastorno bipolar, y había salido recientemente de un episodio psicótico que es una desconexión de la realidad, que anteriormente se le llamaba locura.
“Y cuando vemos los videos de esta doctora, estamos viendo una conducta muy desorganizada, que se ve hasta apática ante el hecho sucedido y, evidentemente, hasta que se demuestre lo contrario, yo considero que es un trastorno esquizofrénico, o un trastorno psicótico agudo evidente, pero son los psiquiatras forenses bajo las directrices de la Procuraduría General de la República que tienen a su cargo ese trabajo, los que nos darán luces verdaderamente de qué está presentando esta señora en materia de salud mental”, explicó el galeno.
Agregó que, “pudiera ser que esta persona estaba teniendo un trastorno delirante, y los pacientes que tienen esta característica, que son falsas ideas de lo que está ocurriendo en el entorno, puede aparentar como una persona funcional”.
“Fíjese que el delirio de esta persona aparentemente iba más por el tema religioso, fuera de allí pareciera que estaba más funcional, claro, habría que entrevistar a familiares y colegas militares cercanos para determinar si vieron o notaron algún cambio que llamara la atención, y que conllevara una atención a tiempo para esa señora”, sostuvo el doctor Figueroa.
Indicó que, también, pudo haber pasado un estresor agudo muy fuerte que provocara ese quiebre total con la realidad y la llevara a cometer el hecho.
“No solamente es que se geste en el tiempo, también necesitamos en algunas ocasiones algo que impacte, que nos termine de desconectar totalmente de la realidad, que cuando ella vuelve dice, y qué ocurrió aquí. Vuelvo y repito son inferencias, ya la experticia psiquiátrico-forense nos pudiera explicar mucho mejor lo que ocurrió en ese cerebro”, insistió.
Sugirió que esa persona, independientemente de que esté en prisión, ya debe tener la ayuda de profesionales de la salud mental, porque si se demostró que es una paciente, hay que seguirla medicando, y si no está medicada hay que evaluarla para medicarla.
“Independientemente de que siga todo su proceso legal, que al final los jueces dictarán si en verdad es una persona que tiene una discapacidad mental ,o no la tiene”, aclaró.
Secretario general Sociedad Dominicana Psiquiatría dice quien se suicida no quiere morir sino dejar de sufrir.
El doctor Víctor Figueroa quien es secretario general de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría dijo que el caso de la señora Génesis Lugo, quien se lanzó con su niña del cuarto piso de un edificio en Santo Domingo Norte, hecho en el cual las dos perdieron la vida, padecía de una depresión mayor.
Figueroa precisó que muchas personas que se suicidan no quieren morir sino finalizar el sufrimiento, a la vez que aclaró que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se suicida una persona cada 40 segundo.
“En el caso de la joven Génesis que se lanza tristemente con su hija al vacío, pareciera que allí había un trastorno depresivo mayor, por todo el comportamiento que se describe previo, más el hecho final, es lo que pareciera ser”, insistió el profesional de la salud mental.
“Y el suicidio es la conclusión, lamentable, de una situación mental en el cual, la persona, muchas veces, no quiere morir, sino dejar de sufrir, quizás ante la culpa de esta niña haber sido abusada, pudiera haber sido un factor predisponente a este lamentable suceso”, aclaró el facultativo.
El doctor Figueroa insistió que lo que está haciendo son inferencias porque se necesita una evaluación y un expertiz de un médico, y psicólogos que evalúen la paciente y den un diagnóstico definitivo.
Con respecto al caso de Lourdes Penélope Pérez la madre que le cortó el cuero cabelludo a su hija de 7 años, el psiquiatra explicó que ahí parece haber un tema relacionado con el control de los impulsos, y es un caso más sociocultural, relacionado con el castigo que aplican los padres a los hijos para “corregirlos”, porque la señora dijo que “se le fue las manos”.
No obstante, dijo que se requiere hacerle una evaluación a la señora Lourdes en lo atinente al control de los impulsos o si hay algún trastorno o rasgos de personalidad que la hagan vulnerable a cometer este tipo de hecho.
Dice el país necesita 800 psiquiatras y en la Sociedad de Psiquiatría solo cuenta con 286 médicos de esa especialidad.
La República Dominicana tiene un déficit de alrededor de 500 profesionales de la salud mental, ya que para una población que super los diez millones de habitantes requiere entre 700 a 800 psiquiatras, y la sociedad que los agrupas solo cuenta con 286 miembros, dijo el doctor Víctor Figueroa.
“En la actualidad somo 286 psiquiatras en la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, y ya desde administraciones pasadas ha habido cambio en cómo se aborda la salud mental en el país, pero todavía hay un trecho largo por recorrer, fíjese que somos aproximadamente diez millones de personas, y estamos hablando que ante una población así necesitaríamos entre 700 a 800 médicos de esa especialidad”, detalló el galeno.
Aclaró que no es solamente tener es el número que se necesita, sino saber cómo se van a distribuir esos profesionales, porque muchos médicos de cualquier especialidad tienen resistencia a ir a pueblos lejanos o fronterizos, no solo por un tema económico, pues también se requiere saber qué le ofrece esas comunidad en su crecimiento como familia.
“Es una realidad que no solo la vive la República Dominicana, sino también muchos países del continente, en el país contamos con 17 unidades de intervención en crisis, en las cuales cuando se detecta un paciente con trastorno mental agudo se hospitaliza, se estabiliza y se da de alta, pero a esas redes todavía les falta las viviendas tuteladas y ampliar aún más hasta que se llegue a las comunidades ese recibimiento y compasión de cómo trabajar con el paciente de salud mental desde dicha comunidad”, puntualizó.
El doctor Figueroa Justificó el cierre del hospital conocido como el 28 o manicomio, para expandir la psiquiatría y la salud mental a los hospitales y que la gente no tenga el estigma que se tenía antes.
“hay personas que están en desacuerdo en que se haya cerrado el 28, pero definitivamente es un gran avance ya que quitamos un almacén de pacientes con trastornos mentales, porque se planteaba que primero había que ampliar la red y luego cerrarlo, pero el hecho es que tenerlo no daba ningún tipo de garantía”, explicó.
Definió al 28 o manicomio como un modelo trujillista de salud mental, que apenas tiene ocho años que cambió, pero falta mayor inversión y seguir trabajando para que el tema de salud mental no sean tendencias cuando haya desgracias como las que ha vivido en país en las últimas semanas, sino que sea algo constante.
Santo Domingo, R.D.-Un decomiso maritimo de drogas, uno de los mayores que se producen en el pais, logró la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) la madrugada del pasado contra el narcotráfico en la República Dominicana, producido al sur de Baní en colaboración con Estados Unidos.
El cargamento, que se estima podría superar las dos toneladas, era transportado en una lancha rápida procedente de zona de la Guajira, Colombia. Tras la interdicción, la droga fue trasladada a la base militar de Caldera, en Baní, donde quedó bajo custodia de los organismos de seguridad para los análisis y el proceso judicial correspondiente.
En la operación fueron detenidos seis tripulantes, todos de nacionalidad dominicana.
Su geografía (costas extensas, escasa presencia estatal en amplias áreas y cercanía relativa a rutas marítimas internacionales) ha sido aprovechada por organizaciones criminales para enviar cargamentos hacia Centroamérica y el Caribe, desde donde posteriormente se dirigen al mercado norteamericano.
Autoridades antinarcóticos sostienen que el uso de lanchas rápidas es una modalidad frecuente: embarcaciones livianas, de gran potencia y difícil detección que intentan atravesar el Caribe en pocas horas, para evadir los sistemas de vigilancia.
Según informes la detención fue posible gracias al intercambio de información entre agencias, especialmente datos suministrados por Estados Unidos a los organismos dominicanos, lo que permitió ubicar la embarcación antes de su llegada a nuestro territorio.
Destacan que la cooperación bilateral continúa activa, pese a la suspensión temporal anunciada la semana pasada por la embajada estadounidense respecto a la oficina local de la DEA. Esa medida, según se explicó, no implicó el cese de operaciones conjuntas, sino la separación provisional de agentes bajo investigación por un presunto fraude vinculado al programa de visas.
O sea, los mecanismos de asistencia técnica, intercambio de datos e interdicción marítima permanecen en funcionamiento.
El pasado sábado las autoridades del Ministerio Público y de la DNCD también informaron que persiguen a tres hombres, incluyendo a dos haitianos, en relación a un gran cultivo de marihuana desmantelado en un amplio operativo de seguimiento y vigilancia en un área montañosa de Baní, provincia Peravia.
El operativo se desarrolló con un equipo de fiscales y agentes de la DNCD que contaron con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y helicópteros de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).
Las labores de inteligencia llevaron a determinar que varios individuos se dedicaban al cultivo y venta del vegetal, lo cual llevó a poner en marcha un amplio operativo aéreo y terrestre en la zona montañosa de la sección Montería, Baní.
Santo Domingo, R.D.-Un nuevo reglamento emitió la Junta Central Electoral (JCE) mediante el cual busca regular las afiliaciones y desafiliaciones de los partidos.
Las disposiciones generales señalan que el plazo anual establecido para la entrega de duplicados de los registros de afiliados actualizados de los miembros de los partidos, agrupaciones o movimientos políticos será cada día uno de agosto o el siguiente día hábil, a partir del año 2026.
El reglamento señala que los partidos tendrán la potestad de decidir el procedimiento de registro de sus afiliados, a través de una plataforma digital desarrollada por estos (la cual deberá ser compatible con la JCE y cuya utilización deberá ser notificada por escrito) o de utilizar la plataforma digital desarrollada por el órgano electoral.
El mismo, aprobado por el pleno encabezado por su presidente Román Jáquez Liranzo, la JCE, de común acuerdo con las organizaciones políticas, podrá incorporar las medidas que considere oportunas o necesarias para implementar las iniciativas que faciliten el proceso de afiliación y la comprobación del mismo, incluyendo pruebas de vida técnicamente disponibles en la institución.
La Junta Central Electoral, una vez reciba los registros de afiliados, realizará los cruces pertinentes, para determinar que los mismos cumplen con lo establecido en este artículo y comunicarlo a las respectivas organizaciones.
“La JCE entregará a más tardar cinco días laborables las observaciones detalladas de los casos con los/las ciudadanos/as que no reunieron los requisitos para pertenecer a una organización política”, reseña el documento.
La JCE establece que para afiliarse a un partido, agrupación o movimiento político se requiere ser ciudadano inscrito y habilitado en el Padrón Electoral.
Mientras que no podrán afiliarse a partidos, agrupaciones o movimientos políticos los militares o miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los jueces del Poder Judicial, Tribunal Superior Electoral (TSE) y Tribunal Constitucional. Tampoco podrán afiliarse los representantes del Ministerio Público, miembros, funcionarios y colaboradores de JCE, juntas electorales, miembros de la Cámara de Cuentas, el Defensor del Pueblo y adjuntos.
Cuando los aspirantes ingresen a esos órganos previamente señalados, deberán presentar una declaración jurada sobre el hecho de estar o no afiliados a un partido, agrupación o movimiento político, con cuya declaración, la institución o el organismo correspondiente, comunicará por escrito tal circunstancia a la JCE y esta al partido, agrupación o movimiento político que corresponda, el cual procederá a cancelar la afiliación de la persona a la organización política.
La afiliación a otro partido, agrupación o movimiento político, el apoyo a otra candidatura contraria, la participación en actividades o la aceptación de candidaturas por otras organizaciones implicarán la renuncia automática a toda afiliación anterior.
“Hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido, no producirán la renuncia automática de los militantes que procedieren y que, en caso de que la entidad política en que militan pretendiere sancionarlos, la sanción impuesta solo será válida si fuere dictada con ocasión de un juicio disciplinario llevado a cabo con observancia de las garantías del debido proceso”, indica el documento.
El documento señala que todo afiliado a un partido, agrupación o movimiento político podrá renunciar a él, en cualquier momento, sin expresión de causa.
“La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por la Junta Central Electoral dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción”, dice la propuesta.
Por igual se indica los afiliados podrá renunciar, en cualquier momento, sin expresión de causa.
La renuncia producirá la desafiliación por el solo hecho de ser presentada al presidente del partido, agrupación o movimiento político, de la cual remitirá copia a través de la Plataforma Digital dispuesta por JCE dentro de los 30 días calendarios a la fecha de su recepción o ante el órgano electoral, quien remitirá copia y el debido reporte con los datos personales de los renunciantes cada 30 días calendario a los partidos, agrupaciones o movimientos políticos correspondientes.
El reglamento realizado por el órgano electoral indica que los partidos, agrupaciones o movimientos políticos realizarán el procedimiento de registro a través de la Plataforma Digital habilitada en la página web de la JCE.
La Dirección de Partidos Políticos otorgará un acceso a cada organización política que haya decidido utilizar la plataforma de la JCE, la cual operará a través y bajo la responsabilidad de un/a Administrador/a, quien tendrá a su cargo crear el/los usuarios/s necesarios para sus registros.
“Los partidos, agrupaciones o movimientos políticos usuarios de la referida plataforma, mediante instancia firmada por su presidente o secretario general, designarán un Administrador/a que será la persona autorizada y responsable de crear el/los usuario/s necesarios para realizar sus registros a través de la Plataforma Digital. El/La Delegado/a Político/a será el/la encargado/a de tramitar dicha designación ante la Junta Central Electoral”, señala el nuevo reglamento.
La plataforma de la JCE operará de forma permanente. En el caso de que la Junta Central Electoral requiera suspender temporalmente dicha Plataforma, se informará por los medios correspondientes a los partidos.
El formato establecido para la entrega del Registro de Afiliaciones, en cumplimiento con lo indicado en la Ley núm. 33-18, contendrá el logo y nombre del Partido, Agrupación o Movimiento Político; el Nombre del/ de la afiliado/a o desafiliado/a; la Cédula de Identidad y Electoral; el municipio /Distrito Municipal que corresponda; el código de circunscripción; la fecha de afiliación y la documentación soporte de las afiliaciones o desafiliaciones.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes la Fuerza de Tarea Conjunta descartó hablar sobre el caso del exsupervisor dominicano de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Santo Domingo durante la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
Raful respondió a una pregunta de uno de los periodistas durante la conferencia de prensa celebrada después de la reunión en el Palacio de la Policía Nacional. La funcionaria no amplió sus comentarios sobre este caso.
También asesoraba a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses.
“Cordero se reunió con un ciudadano extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero”, reveló la fiscalía.
Cordero “presuntamente recibió miles de dólares a cambio de ayudar a ciudadanos extranjeros a obtener un visado de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos por un período temporal”, indicó la fiscalía federal.
Cordero, de 47 años, estuvo asignado durante seis años a la embajada estadounidense en el país.
“Es una violación repugnante y deshonrada de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”, añadió.
En 2024, el presidente Abinader otorgó la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el Grado de Caballero a Cordero, según el decreto 520-24 archivado en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.