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Trastorno psicótico agudo y esquizofrénico con delirio padece mujer que mató su hija de seis años, según psiquiatra.
Santo Domingo,- Pareciera que la médico militar Ana García, quien decapitó a su hija de seis anos, sufre un trastorno psicótico a tal punto que padece que llega a lo esquizofrénico, según el secretario general de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría.
El médico psiquiatra Víctor Figueroa dijo que, si se confirma esa versión, es probable que la filicidio no se estuviera medicando, a lo que se agrega un componente religioso importante.
Figueroa agregó que otra hipótesis que se puede plantear es que la señora Ana García también padece de algún delirio religioso que ante un mandato, es decir una alucinación auditiva, cometió el hecho que ha consternado a la sociedad dominicana.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el profesional de la salud mental dijo que ese es un caso, que por suerte, no es lo más común, y por eso acapara tanto la principalía en los medios de comunicación y, en tal sentido, llamó a no incurrir en el amarillismo a la hora de difundir hechos de esa naturaleza.
El facultativo dijo que caso como ese han sucedido en otras partes del mundo, como en Estados Unidos donde en el 2001 Andrea yate de Texas tuvo un delirio, parecido al de la doctora Ana García, ahogó a sus cinco hijos en una bañera, y otra señora en el 2004 degolló a su hijo de diez años y cuando revisaron su historial padecía de un trastorno bipolar, y había salido recientemente de un episodio psicótico que es una desconexión de la realidad, que anteriormente se le llamaba locura.
“Y cuando vemos los videos de esta doctora, estamos viendo una conducta muy desorganizada, que se ve hasta apática ante el hecho sucedido y, evidentemente, hasta que se demuestre lo contrario, yo considero que es un trastorno esquizofrénico, o un trastorno psicótico agudo evidente, pero son los psiquiatras forenses bajo las directrices de la Procuraduría General de la República que tienen a su cargo ese trabajo, los que nos darán luces verdaderamente de qué está presentando esta señora en materia de salud mental”, explicó el galeno.
Agregó que, “pudiera ser que esta persona estaba teniendo un trastorno delirante, y los pacientes que tienen esta característica, que son falsas ideas de lo que está ocurriendo en el entorno, puede aparentar como una persona funcional”.
“Fíjese que el delirio de esta persona aparentemente iba más por el tema religioso, fuera de allí pareciera que estaba más funcional, claro, habría que entrevistar a familiares y colegas militares cercanos para determinar si vieron o notaron algún cambio que llamara la atención, y que conllevara una atención a tiempo para esa señora”, sostuvo el doctor Figueroa.
Indicó que, también, pudo haber pasado un estresor agudo muy fuerte que provocara ese quiebre total con la realidad y la llevara a cometer el hecho.
“No solamente es que se geste en el tiempo, también necesitamos en algunas ocasiones algo que impacte, que nos termine de desconectar totalmente de la realidad, que cuando ella vuelve dice, y qué ocurrió aquí. Vuelvo y repito son inferencias, ya la experticia psiquiátrico-forense nos pudiera explicar mucho mejor lo que ocurrió en ese cerebro”, insistió.
Sugirió que esa persona, independientemente de que esté en prisión, ya debe tener la ayuda de profesionales de la salud mental, porque si se demostró que es una paciente, hay que seguirla medicando, y si no está medicada hay que evaluarla para medicarla.
“Independientemente de que siga todo su proceso legal, que al final los jueces dictarán si en verdad es una persona que tiene una discapacidad mental ,o no la tiene”, aclaró.
Secretario general Sociedad Dominicana Psiquiatría dice quien se suicida no quiere morir sino dejar de sufrir.
El doctor Víctor Figueroa quien es secretario general de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría dijo que el caso de la señora Génesis Lugo, quien se lanzó con su niña del cuarto piso de un edificio en Santo Domingo Norte, hecho en el cual las dos perdieron la vida, padecía de una depresión mayor.
Figueroa precisó que muchas personas que se suicidan no quieren morir sino finalizar el sufrimiento, a la vez que aclaró que de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se suicida una persona cada 40 segundo.
“En el caso de la joven Génesis que se lanza tristemente con su hija al vacío, pareciera que allí había un trastorno depresivo mayor, por todo el comportamiento que se describe previo, más el hecho final, es lo que pareciera ser”, insistió el profesional de la salud mental.
“Y el suicidio es la conclusión, lamentable, de una situación mental en el cual, la persona, muchas veces, no quiere morir, sino dejar de sufrir, quizás ante la culpa de esta niña haber sido abusada, pudiera haber sido un factor predisponente a este lamentable suceso”, aclaró el facultativo.
El doctor Figueroa insistió que lo que está haciendo son inferencias porque se necesita una evaluación y un expertiz de un médico, y psicólogos que evalúen la paciente y den un diagnóstico definitivo.
Con respecto al caso de Lourdes Penélope Pérez la madre que le cortó el cuero cabelludo a su hija de 7 años, el psiquiatra explicó que ahí parece haber un tema relacionado con el control de los impulsos, y es un caso más sociocultural, relacionado con el castigo que aplican los padres a los hijos para “corregirlos”, porque la señora dijo que “se le fue las manos”.
No obstante, dijo que se requiere hacerle una evaluación a la señora Lourdes en lo atinente al control de los impulsos o si hay algún trastorno o rasgos de personalidad que la hagan vulnerable a cometer este tipo de hecho.
Dice el país necesita 800 psiquiatras y en la Sociedad de Psiquiatría solo cuenta con 286 médicos de esa especialidad.
La República Dominicana tiene un déficit de alrededor de 500 profesionales de la salud mental, ya que para una población que super los diez millones de habitantes requiere entre 700 a 800 psiquiatras, y la sociedad que los agrupas solo cuenta con 286 miembros, dijo el doctor Víctor Figueroa.
“En la actualidad somo 286 psiquiatras en la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, y ya desde administraciones pasadas ha habido cambio en cómo se aborda la salud mental en el país, pero todavía hay un trecho largo por recorrer, fíjese que somos aproximadamente diez millones de personas, y estamos hablando que ante una población así necesitaríamos entre 700 a 800 médicos de esa especialidad”, detalló el galeno.
Aclaró que no es solamente tener es el número que se necesita, sino saber cómo se van a distribuir esos profesionales, porque muchos médicos de cualquier especialidad tienen resistencia a ir a pueblos lejanos o fronterizos, no solo por un tema económico, pues también se requiere saber qué le ofrece esas comunidad en su crecimiento como familia.
“Es una realidad que no solo la vive la República Dominicana, sino también muchos países del continente, en el país contamos con 17 unidades de intervención en crisis, en las cuales cuando se detecta un paciente con trastorno mental agudo se hospitaliza, se estabiliza y se da de alta, pero a esas redes todavía les falta las viviendas tuteladas y ampliar aún más hasta que se llegue a las comunidades ese recibimiento y compasión de cómo trabajar con el paciente de salud mental desde dicha comunidad”, puntualizó.
El doctor Figueroa Justificó el cierre del hospital conocido como el 28 o manicomio, para expandir la psiquiatría y la salud mental a los hospitales y que la gente no tenga el estigma que se tenía antes.
“hay personas que están en desacuerdo en que se haya cerrado el 28, pero definitivamente es un gran avance ya que quitamos un almacén de pacientes con trastornos mentales, porque se planteaba que primero había que ampliar la red y luego cerrarlo, pero el hecho es que tenerlo no daba ningún tipo de garantía”, explicó.
Definió al 28 o manicomio como un modelo trujillista de salud mental, que apenas tiene ocho años que cambió, pero falta mayor inversión y seguir trabajando para que el tema de salud mental no sean tendencias cuando haya desgracias como las que ha vivido en país en las últimas semanas, sino que sea algo constante.
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RD tiene 14 fallas sísmicas activas, advierte la Defensa Civil y llama a la poblacion a estar alerta.
Santo Domingo.- Las alarmas se han encendido en la República Dominicana a propósito del movimiento telúrico de magnitud 5.0 registrado al sur de La Romana, sumado a los recientes fuertes terremotos en Venezuela.
El director de la Defensa Civil, Juan Salas, reiteró este viernes que el país “vive en una zona sísmicamente activa” y recordó que existen al menos 14 fallas sísmicas que pueden activarse en cualquier momento, por lo que la preparación ciudadana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Salas insistió en que la población debe mantenerse informada, organizada y lista para responder ante un evento súbito, al tiempo que anunció que el organismo cuenta con una nueva herramienta técnica para ofrecer respuestas más rápidas ante emergencias.
En medio del contexto regional, el titular de la Defensa Civil advirtió sobre la vulnerabilidad del país.
“Una brigada de técnicos dominicanos está trabajando en esta dirección… lo ocurrido en Venezuela, país con una placa tectónica similar a la nuestra, nos llama a mantenernos atentos. Somos un país con 14 fallas que pudieran activarse en cualquier momento”, expresó Juan Salas.
Además, explicó que el equipo técnico realiza demostraciones constantes sobre qué hacer antes, durante y después de un sismo, destacando tres acciones esenciales:
- Mantener la calma
- Identificar salidas seguras
- Seguir un comportamiento correcto en medio de la emergencia.
Durante la jornada informativa también intervino el subdirector de la Defensa Civil, Delfín Rodríguez, quien detalló los protocolos básicos que debe seguir la población en caso de un sismo.
“Antes de un sismo hay que capacitarse, hacer un plan familiar y comunitario de emergencia para saber qué hacer antes, durante y después”, explicó.
Rodríguez enfatizó el uso del silbato como herramienta de rescate, especialmente en casos de colapso estructural.
“El silbato sirve para que, si quedamos atrapados, podamos emitir sonido y los equipos de rescate nos localicen. Si no hay silbato, se puede golpear metal o piedras para ser ubicados”, señaló.
También indicó que las unidades de rescate cuentan con equipos especializados como cámaras telescópicas con alcance de hasta 12 metros entre escombros, además de tecnología de ultrasonido para la localización de personas atrapadas.
En cuanto a la respuesta inmediata, fue enfático en la técnica básica que toda la población debe memorizar:
“Agáchate, cúbrete y protégete”, reiteró, explicando que durante el sismo las personas deben proteger la cabeza, adoptar posición segura y evitar correr de manera descontrolada.
Rodríguez explicó que el país comparte una compleja estructura tectónica en la isla, incluyendo fallas como la trinchera de los Muertos, ubicada al sur del territorio nacional, la cual ha sido históricamente responsable de eventos sísmicos en la región.
Recordó además el terremoto de Haití como un punto de reflexión para fortalecer la descentralización de los equipos de emergencia.
“Hoy contamos con equipos distribuidos en las nueve regiones del país. Si una región colapsa, otra puede brindar apoyo inmediato mientras llegan ayudas internacionales”, afirmó.
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) volvió a pronunciarse sobre un problema recurrente: la negativa de autoridades e instituciones a devolver bienes o recursos cuya retención ya no tiene sustento legal.
En una nueva sentencia, la alta corte ordenó al Banco Agrícola devolver ocho millones de pesos que permanecían retenidos pese a que habían cesado las medidas de coerción que dieron origen a la garantía económica.
La decisión se suma a otros fallos recientes del TC relacionados con la devolución de bienes y recursos vinculados a procesos judiciales, en los que el tribunal ha advertido que las autoridades no pueden mantener bajo su control dinero o propiedades cuando desaparece la causa legal que justificó la medida.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2017, el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana dictó un auto de no ha lugar y dispuso el cese de todas las medidas de coerción impuestas en ese proceso.
La entidad financiera alegó que la garantía estaba respaldada por un certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría Fiscal de La Romana y no a nombre de Michel, por lo que entendía que los fondos no podían ser entregados al reclamante. También sostuvo que este carecía de interés directo sobre esos valores y que la devolución podía afectar el patrimonio de la institución.
Ante la negativa, Michel presentó una acción de amparo alegando una vulneración de su derecho de propiedad. El Tribunal Superior Administrativo (TSA) acogió el recurso y, mediante una sentencia emitida en agosto de 2019, ordenó al Banco Agrícola devolver los fondos.
Los jueces verificaron que el dinero había sido aportado originalmente por Michel mediante un cheque de administración emitido por el Banco de Reservas y que esos recursos nunca fueron transferidos ni cedidos al imputado ni al Estado como propietarios de los fondos.
El TC concluyó que el certificado financiero emitido a nombre de la Procuraduría respondía al mecanismo utilizado para instrumentar la garantía judicial, pero no modificaba la titularidad del dinero.
«Resultaba jurídicamente improcedente la retención de los montos depositados», sostuvo el tribunal al confirmar la devolución de los 8 millones de pesos.
La alta corte recordó que el artículo 237 del Código Procesal Penal dispone que las garantías económicas deben cancelarse y los bienes afectados devolverse cuando cesa la medida que les dio origen.
Asimismo, reiteró un criterio fijado recientemente según el cual las personas que enfrenten la negativa de una autoridad a devolver bienes o valores cuya restitución sea obligatoria pueden recurrir al amparo de cumplimiento para exigir la ejecución de esa obligación legal.
Con esta decisión, el TC confirmó la devolución de los fondos reclamados por Michel y reafirmó que la retención de bienes o recursos no puede mantenerse cuando desaparece la causa legal que la justificaba.
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Los hermanos Espaillat van a juicio de fondo a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
Santo Domingo, R.D.-Fue apoderada para conocer el juicio de fondo contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de su presunta responsabilidad en el colapso del techo del referido establecimiento, tragedia que dejó como resultado la muerte de 236 personas y más de 180 heridos, la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional.
El expediente fue asignado al tribunal, presidido por la magistrada Clara Luz Almonte, mediante el sistema de sorteo aleatorio computarizado de la presidencia de la Cámara Penal del Distrito Nacional, luego de que un juez determinara que debía seguir el proceso en un juicio de fondo.
Con este paso, la magistrada procederá próximamente a emitir el auto de fijación de audiencia para citar formalmente al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a las partes querellantes.
Tras un análisis exhaustivo del expediente, el magistrado tipificó los hechos como homicidio culposo o imprudente, rechazando la solicitud de un sector de las víctimas que buscaba que el caso fuera juzgado bajo la figura de homicidio voluntario.
Uno de los puntos relevantes de la decisión del juez Mejía es la exclusión del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones estatales del proceso penal.
El juez argumentó que, ante la conducta procesal demostrada por los imputados, quienes han mostrado arraigo y disposición de asistir voluntariamente a las audiencias, la prisión preventiva no resulta procedente, recordando que en el sistema constitucional dominicano la libertad es la regla y la prisión la excepción.
No obstante, en el ámbito civil, el tribunal dictó medidas de coerción reales contra los imputados, consistentes en la inmovilización de bienes y medidas conservatorias para garantizar la reparación del daño a las víctimas.
El tribunal confirmó que las evidencias, tanto documentales como materiales, fueron recabadas respetando los derechos fundamentales y ajustándose a los artículos 140, 173, 174 y 197 del Código Procesal Penal, así como a la Resolución 38-69 de la Suprema Corte de Justicia.