Opinión
Publicidad, gobierno y paz social
(Primera entrega)
Por Oscar López Reyes
Más que una noticia fugaz sin costo sobre turbulencias sociales, la publicidad planificada estratégicamente espolea para empujar la venta de bienes y servicios e informar sobre la gestión gubernamental. Por la ausencia de esa disciplina híbrida (arte y ciencia) en el borde de un súbito aluvión inflacionario, en 1984 sorprendió una poblada espeluznante: más de 100 muertos, cerca de 500 heridos y unos 6 mil fueron apresados y, en contraposición, actualmente los informes semanales pagados del Banco Central sobre la economía mundial y nacional han edificado a los ciudadanos y apaciguado los ánimos en la banqueta de la comprensión.
La publicidad toca el andén comercial o mercantilista de la comunicación, en el árbol de afirmaciones y repeticiones. Se adentra en la producción estética y el expresionismo, con juegos de imágenes visuales y la interacción textual en los mass-media. Políticos saltimbanqui y titiriteros y otros controversiales demagogos y sin discernimiento que alegremente proponen su eliminación: ¿Acaso protegen así la democracia? ¿O, sin casualidad, laboralmente atentan o no contra los periodistas, productores, locutores, camarógrafos, fotógrafos, publicistas, diseñadores gráficos, gestores de redes sociales y otros trabajadores de la comunicación?
Sea empresarial o estatal, la tradicional (“El Fin de la Publicidad como la Conocemos”, Sergio Zyman) o digital (con fundamento en el marketing interactivo) procuran robustecer la imagen de marca, persuadir y conquistar a segmentos objetivos o blanco de público. Para operativizar, apremia que productores radiotelevisivos, digitales e impresos capten audiencias, imprescindibles para lograr anuncios, ingresos y la apreciada rentabilidad.
En ese pórtico, durante una conferencia sobre memorias y desafíos del periodismo en la Era Digital presentamos Los 10 Sinsines Genéticos de la Publicidad (los Sin o los Sinsín). El evento, auspiciado por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), tuvo como plató el hotel Costa Larimar de Barahona la noche del sábado 25 de abril de 2026, con la asistencia de más de 80 miembros del gremio y otros comunicadores de esa comunidad, Pedernales, Jimaní y Neyba.
1.- Sin publicidad existirán contados medios comunicativos.
Los avisos comerciales aseguran la supervivencia de la inmensa mayoría de los medios, por lo que su inexistencia acorta o impide el acceso a la información y la libertad de expresión. Sobreviven los subvencionados por el Estado o entidades privadas, o los que se encarrilan por el esquema de suscripción.
Advertising, Marketing, & Media: “El sector de la publicidad, el marketing y los medios de comunicación, que mueve miles de millones de dólares, es un mercado en rápida evolución. Ese crecimiento histórico es el resultado del fuerte crecimiento económico, mercados emergentes y tecnologías en desarrollo” (Informe 7 de agosto de 2025).
2.- Sin plataformas masivas no habrá democracia.
La falta mediática independiente priva a la sociedad de instrumentos para la democracia, la vigilancia y la fiscalización de la gestión pública; el cuestionamiento y la denuncia sobre el autoritarismo y el abuso de poder. Restringe la pluralidad de voces.
Springer Nature Link: “Desempeñan un papel indispensable en las sociedades democráticas: Informar al público, exigir responsabilidades al poder y proporcionar un foro para el debate público. El sistema de medios debe ser independiente, fiable, accesible y rendir cuentas de forma transparente al público” (Informe de uso Counter 2026).
3.-Sin publicidad habrá menos empleos directos e indirectos.
Como la publicidad actúa como el impulsor económico primario de la mayoría mediática, su extinción acarrea una merma notable de estos y de empleos en la comunicación y el marketing. Los ingresos publicitarios viabilizan la gratuidad de sus servicios.
Alec Benn: “La publicidad es parte esencial del sistema comercial. Le muestra a la gente cómo la vida puede ser mejor y fija metas y normas. Hace que la gente necesite más dinero y que se esfuerce más por conseguirlo” (Los 27 Errores más Comunes en Publicidad).
4.- Sin publicidad estatal habrá menos información y conocimientos sobre los servicios públicos.
La estatal posibilita la interacción entre el gobierno y la sociedad: informa sobre salud, educación, derechos y obligaciones ciudadanas, la transparencia y orienta y educa en torno a normas de convivencia y prevención de riesgos; a emergencias y gestión de crisis (terremotos, ciclones, disturbios sociales, etc.), y aminora malentendidos, incertidumbres, conflictos y tensiones sociales.
Otto Kleppr’s: “Está diseñada para convencer a una persona de que compre un producto, para apoyar una causa o incluso para alentar menor consumo (desmercadotecnia); puede usarse para elegir a un candidato, reunir fondos de caridad o para anunciar las posiciones del sindicato o de la administración durante una huelga” (Texto: Publicidad).
5.- Sin publicidad habrá menos comprensión y menos persuasión para la estabilidad social.
La gubernamental amplifica mensajes para generar confianza y proporcionar la comprensión ciudadana sobre los planes de desarrollo para el cambio social. Concientiza sobre deberes y derechos, así como los programas sociales.
Alfonso Durán: “El proceso publicitario, visto desde la teoría de la disonancia cognoscitiva, trata de transformar no compradores en compradores. En vez de estados de consonancia de una persona (equilibrio, orden, congruencia y consistencia interna), la mayoría de las decisiones provocan disonancia (desorden, incongruencia, etc.)” (Psicología de la Publicidad y de la Venta).
6.- Sin amplia o mediana difusión, la inversión en publicidad será un botarate.
La inversión monetaria con un texto comercial sin investigación, target o nicho específico de mercado, mensaje sin calidad ni impacto, con escaso reconocimiento de marca y bajísima difusión, eleva la factibilidad de que genere una venta pírrica. Por esas causales, será una fuga de capital o un desperdicio financiero.
Biblioteca de Manuales Prácticos de Marketing: “La publicidad no es un gasto, sino una inversión necesaria y su función eficaz: lograr el más alto rendimiento y potenciar la rentabilidad de la inversión” (Cómo Evaluar su Publicidad).
7.- Sin publicidad habrá menos consumo y menos dinámica económica.
No sólo concibe y engendra necesidades, sino que incentiva el acto de adquisición de bienes y servicios a gran escala, con lo cual acelera el crecimiento económico.
Oscar Malfitano Cayuela y otros: “Es el ser humano en su rol de cliente, sujeto del deseo, al que se intenta comprender y complacer. Cuando se conocen sus percepciones, inteligencias múltiples, modelos mentales y representacionales, es decir sus formas de pensar y actuar, es posible satisfacer mejor, en forma permanente y sostenible, esa relación de intercambio de valores” (Obra Neuromarketing. Celebrando negocios y servicios).
8.-Sin publicidad, los bienes y servicios tendrán menos transacciones.
Facilita que los usuarios perciban y sepan de la existencia de bienes y servicios, y contribuyan con el incremento de las ventas de esos productos y la libre competencia. Funciona como el componente central en la comercialización masiva, para el consiguiente aumento de la demanda y la producción.
Luciano M. Metzinger: “La publicidad procura vender, vender siempre más… se convierte en una formidable empresa para transformar los patrones de consumo a nivel mundial y crear un nuevo estilo de vida” (Libro Publicidad: La otra Cultura).
9.-Sin mensajes cautivadores y conectantes, la publicidad será nula.
Crea, con imágenes y palabras que impacten para la conexión retórica triangular: emoción, logos y credibilidad, narrativas creativas de los productos, a fin de cautivar a las audiencias para cambiar actitudes, recurriendo a sus necesidades, deseos y aspiraciones.
J.A.C. Brown: “Existe en el cerebro un mecanismo capaz de responder a cierto tipo de estímulos de posible importancia para el individuo, y aunque este no se dé cuenta de su naturaleza precisa, su sistema nervioso autónomo puede reaccionar ante ellos como ante una alarma o una amenaza emocional” (Libro Técnicas de Persuasión).
10.- Sin amarres ni castigo, la publicidad será más confiable y efectiva.
Un anuncio sin promesas exageradas ni engañosas, y sin presión ni coerción, es más confiable y efectivo. La autenticidad construye credibilidad y seguridad, potencializa la lealtad y esquiva el castigo de un consumidor contemporáneo cada vez más crítico y valorativo.
Reginald Watts: “El industrial o el comerciante compra publicidad cuando la necesita. Y nada más. Porque hablar del comportamiento del anunciante como si formase parte de nuestro mundo es tan absurdo como si los médicos organizasen congresos para decir cómo, cuándo y dónde deben enfermar los pacientes” (Libro La Nueva Publicidad).
El sector de la comunicación ha sido un catalizador de oportunidades de trabajo y del desarrollo de la economía nacional, con efecto multiplicador. ¿Perjudica o no a la democracia y a la paz social que se complazca a acróbatas y manipuladores que presionan para que se haga añicos a la publicidad, como la informativa y educativa, que aporte un valor útil, en audiencias reales?
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.
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Por Oscar López Reyes
Los cuerpos, objetos y dispositivos muy óptimos y virtuosos cobijan en sus entrañas, como ley del pensamiento lógico, sus bemoles. En ese prisma se entroniza, con su dualidad, la Inteligencia Artificial (IA), que parangona la filosófica tradición china del Yin (oscuridad/pasividad) y el Yang (luz/dinamismo).
Tocante a la IA, los planificadores del actual y el próximo gobierno jamás deben dejarse atrapar por el pregonado absolutismo y la saturación de un bombo que agobia. El poderío de las tecnológicas transnacionales apabulla en perspectiva del déficit de equilibrio y la subjetividad valorativa de los técnicos gubernamentales de naciones de las periferias, en la marginalidad filosófica.
El exceso de positividad y la aireada bondad coloca a la IA, inadvertidamente, en una pendiente enjabonada. Para robustecer este criterio, imperioso es estudiar la historia de la ética, fundado en las apreciaciones de filósofos de la estatura de Aristóteles (384-322 a.C), Sócrates (469-399 a.C.) y Friedrich Nietzsche (1844-1900), quienes advirtieron que la superabundancia perjudica y despoja valor, son insostenibles y procrean dependencia emocional.
Concerniente a los gobiernos y la IA, focalicemos apenas tres componentes, que voy a denominar las tres D: Deshumanización, desprotección y desplazamiento. Divisemos:
1.- Deshumanización de la administración pública.
La automatización de los servicios gubernamentales, la gestión de expedientes y la toma de decisiones administrativas mediante algoritmos inteligentes entraña riesgos para la transparencia, la equidad y la responsabilidad institucional. Derrumbaría tanto empeño y valentía por la penalidad de la conducción estatal 2020-2028.
En la República Dominicana, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), presentada el 12 de octubre de 2023, procura modernizar los servicios ciudadanos y transformar los modelos de trabajos productivos. Empero, delegar decisiones sensibles a sistemas automatizados, sin suficiente vigilancia humana, podría reproducir sesgos, vulnerar derechos y dificultar la identificación de los responsables de actuaciones perjudiciales.
¿Quién respondería ante una determinación o disposición algorítmica que niegue injustamente un servicio público o comprometa informaciones confidenciales?, y ¿cómo el Estado garantizaría derechos constitucionales y administrativos si estas son transferidas a la IA?
¿Debe aceptarse la sentencia de un software por encima del juicio humano? ¿Existe la presunción de la inocencia tecnológica, más cuando puede tomar decisiones devastadoras en microsegundos? En la primacía de las “cajas negras” (nadie sabe de dónde salen las informaciones de la IA), ¿quién explica y dónde se apelan los dictámenes?
El progreso tecnológico exige, terminantemente, controles éticos, auditorías independientes y mecanismos de rendición de cuentas que impidan sustituir el juicio humano por la opacidad de las máquinas.
2.- Desprotección ante el cibercrimen
El acelerado perfeccionamiento de la inteligencia artificial multiplica las posibilidades de sofisticación del fraude electrónico, la suplantación de identidades, la falsificación de voces y los ataques contra sistemas informáticos. Bancos, hospitales, instituciones públicas y empresas privadas quedan expuestos a modalidades delictivas capaces de comprometer informaciones confidenciales y perturbar servicios esenciales.
En la República Dominicana, el Decreto núm. 313-22 aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030, orientada a fortalecer la protección del ciberespacio y la resiliencia de los sistemas digitales. La amenaza se torna más inquietante ante algoritmos que pueden facilitar engaños personalizados y acelerar determinadas operaciones maliciosas.
¿Están las instituciones y los ciudadanos suficientemente preparados para reconocer y enfrentar ataques cada vez más difíciles de detectar? La seguridad tecnológica deja de ser una cuestión exclusivamente informática para convertirse en una exigencia de protección económica, institucional y nacional.
3.- Desplazamiento educativo y laboral
La irrupción de la IA en las aulas escolares y universitarias, dependencias gubernamentales y centros productivos amenaza con profundizar las desigualdades entre quienes dominan las nuevas herramientas tecnológicas y aquellos que permanecen rezagados. Un estudio conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial, publicado en julio de 2024, estima que entre el 26 % y el 38 % de los empleos de América Latina y el Caribe podrían verse expuestos a la inteligencia artificial generativa, mientras que entre el 2 % y el 5 % enfrentarían riesgos de automatización completa.
Estas proyecciones regionales plantean interrogantes para la República Dominicana, donde la formación docente, la actualización curricular y la capacitación de los trabajadores adquieren creciente relevancia.
El peligro no reside únicamente en la sustitución de determinadas tareas, sino también en la ampliación de la brecha entre los ciudadanos preparados para aprovechar la revolución tecnológica y quienes carecen de competencias y recursos digitales. ¿Podrán los sistemas educativos formar profesionales para ocupaciones que se transforman a una velocidad superior a la actualización de sus conocimientos?
Además de la ampliación de estas brechas, en la esfera profesional (periodistas, abogados, médicos, ingenieros, profesores, etc.) estos riesgos laborales y profesionales son conocidos como “opacidad laboral” y “atrofia cognitiva”. Dejan de pensar y actúan como robot humano. Sin trabajo, porque fueron desplazados por la IA, ¿habrá menos empleo remunerativo? ¿se reducirá el poder adquisitivo de obreros y profesionales? ¿bajará el cobro de impuestos?
A fin de cuentas y como la IA aporta y añade valor y, sin capacidad aún para testificar ante un juez, bajo la sutil persuasión está siendo impuesta por los poderes hegemónicos, la alfabetización digital, el pensamiento crítico y la reconversión laboral se encadenan como desafíos impostergables para evitar nuevas modalidades de exclusión económica y social.
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Fuentes utilizadas:
1. Deshumanización de la administración pública
Fuente 1. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA)
Institución: Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC). 2023.
Documento: Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial de la República Dominicana.
Utilidad: Sustenta los esfuerzos nacionales de incorporación de la IA, modernización del Estado y transformación digital de los servicios públicos.
Fuente 2. Ley núm. 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales
Institución: Congreso Nacional de la República Dominicana. 2013.
Documento: Ley núm. 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales.
Utilidad: Fundamenta la necesidad de proteger la información ciudadana frente al procesamiento automatizado de datos.
2. Desprotección ante el cibercrimen
Fuente 3. Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030.
Institución: Presidencia de la República Dominicana. 2022.
Documento: Decreto núm. 313-22, que establece la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2030.
Utilidad: Respalda el análisis sobre protección de infraestructuras críticas, prevención de ataques informáticos y fortalecimiento de la seguridad digital del país.
3. Desplazamiento educativo y laboral.
Fuente 4. La inteligencia artificial generativa y los empleos en América Latina y el Caribe
Instituciones: Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Banco Mundial. 2024.
Documento: La inteligencia artificial generativa y los empleos en América Latina y el Caribe: ¿La brecha digital es un amortiguador o un cuello de botella?
Utilidad: Fundamenta las estimaciones regionales sobre exposición laboral a la IA generativa, transformación de tareas y riesgos de automatización.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
Por Isaias Ramos
El ministro de Turismo afirmó, según las crónicas publicadas el 24 de octubre de 2026, que el turismo vive su mejor momento y sostiene cerca del 50 % del crecimiento económico nacional. También sostuvo que la riqueza debe llegar a las comunidades. Esa promesa merece una evaluación concreta: ¿cuánto bienestar recibe la población por el patrimonio que compromete el Estado?
El Gobierno debe demostrar cuánto llega a los trabajadores, cuánto recupera el Estado y qué derechos conserva la población. Cabo Rojo permite examinar esas preguntas con cifras y documentos. Sus cuentas no representan todo el turismo dominicano, pero sí permiten evaluar las condiciones de este proyecto y el beneficio público que se promete.
Los estados financieros no auditados de Pro-Pedernales al cierre de 2025 registran RD$40,167.5 millones en aportes acumulados: RD$35,900.9 millones en terrenos, RD$3,806.6 millones en efectivo y aproximadamente RD$460 millones en mejoras, informes, tasaciones y diseño. La construcción en proceso alcanza RD$19,869.8 millones, incluidos intereses capitalizados. Son categorías contables que no deben sumarse como inversiones independientes.
El fideicomiso adeudaba RD$14,000 millones de principal al Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas I y RD$1,808.9 millones de intereses. El préstamo contempla una tasa variable con mínimo anualizado del 16 % y pago al vencimiento, originalmente fijado para enero de 2027. La deuda corresponde al fideicomiso; su repercusión sobre el Gobierno central depende de las garantías y compromisos aplicables.
Aplicado a ese principal, el mínimo equivale a RD$2,240 millones anuales: RD$186.7 millones mensuales. No son pagos mensuales acreditados, sino una equivalencia que permite dimensionar la carga financiera.
Para visualizar la magnitud, planteemos un escenario: distribuir esa equivalencia mensual entre 6,750 puestos, cifra de referencia del anuncio de más de 6,750 empleos directos estimados. El resultado sería RD$27,654 por puesto, un 27 % más que el mínimo de RD$21,840 vigente desde junio de 2026 para la categoría superior de hoteles y casinos. Es una comparación ilustrativa, no el costo observado por empleo: deuda y meta laboral pueden abarcar actividades y plazos distintos. La conveniencia del proyecto requiere evaluar todos sus costos y beneficios.
La evaluación debe acreditar cuántos empleos permanentes se crean, con qué salarios y protección social, y qué ingresos generan para las familias. La falta de alternativas no justifica cualquier condición. Pedernales merece oportunidades para superar la pobreza.
En enero de 2026 se anunció que el consorcio liderado por Grupo Puntacana, AFI Reservas y AFI Popular asumiría la gestión del destino. El comunicado de Grupo Puntacana menciona una inversión privada futura de una “suma significativa”, sin desglosar capital pagado ni remuneraciones por administrar. Las fuentes aquí citadas no incluyen el contrato completo con sus anexos. Eso no prueba que no exista o no se haya divulgado por otra vía; obliga a exigir acceso sencillo y verificable.
Tampoco basta con exhibir marcas financieras. SIPEN registró en junio de 2025 RD$16,049.2 millones invertidos en Desarrollo Reservas I desde fondos previsionales. No todo ese monto financia Pro-Pedernales. Sí corresponde explicar la exposición de los beneficiarios: administrar dinero ajeno no convierte ese patrimonio en capital propio.
La participación estatal mínima del 51 % prevista en la Ley 36-24 es una salvaguarda cuyo resultado depende de los contratos y derechos efectivos del Estado. Deben conocerse los votos, vetos, honorarios, operaciones con vinculados y condiciones de salida. También debe verificarse la fiscalización aplicable. El fideicomiso y la corporación son entidades distintas: sus cuentas y transferencias requieren identificación precisa.
Hay además una prueba que ningún récord turístico sustituye: el acceso a nuestras playas. El artículo 15 constitucional reconoce su dominio público y libre acceso, respetando la propiedad privada en los términos legales. Ninguna promesa de empleo justifica desconocer ese derecho. Las comunidades deben participar del desarrollo sin convertirse en extrañas en su propio territorio.
Nuestra propuesta parte de los artículos 7 y 8 constitucionales: dignidad humana, trabajo y bienestar general. Queremos turistas en nuestras calles, campos, pueblos y ciudades, generando oportunidades para comerciantes, productores y comunidades. Un turismo democrático debe pagar salarios dignos, contribuir mediante tributos y respetar el patrimonio público. Proponemos metas verificables de compras locales, formación laboral y empleo permanente; evaluar los incentivos fiscales según sus resultados, y exigir una contraprestación justa por el aprovechamiento privado de bienes públicos. El crecimiento debe ampliar oportunidades y fortalecer el patrimonio colectivo.
Ningún cargo coloca a sus titulares por encima del juicio ciudadano. Construir una imagen de éxito no responde a las preguntas sobre quién aporta el patrimonio, quién asume la deuda y quién recoge los beneficios. Proponemos un informe trimestral público con contratos, aportes efectivos, garantías, remuneraciones, auditorías y resultados sociales y fiscales, acompañado de seguimiento con participación comunitaria. La propaganda no sustituye la rendición de cuentas; la prosperidad debe poder comprobarse.
La patria no se administra como una campaña publicitaria. Se gobierna con principios, cuentas claras y respeto a quienes sostienen el país con su trabajo. La ciudadanía tiene derecho a exigir responsabilidades y decidir un rumbo distinto. Servir al pueblo es un deber; tratar el patrimonio colectivo como propiedad personal jamás será un derecho.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma establece que una vez el Estado designado acepta ejecutar la condena de la Corte Penal Internacional, esta pena será inalterable. Salvo algunas condiciones previamente detalladas por el Estatuto, el Estado no puede modificar la condena ex oficio.
Sin embargo, en el caso de que surjan nuevas circunstancias que no existieren en el momento de aceptar la ejecución y que afectan sustancialmente los términos o duración de la pena, el Estado deberá notificar a la Corte para que esta revise la situación y, de ser necesario, transferir a la persona condenada a otro Estado.
También permite que la Corte Penal Internacional transfiera a la persona condenada a otro Estado en cualquier momento que lo considere necesario.
En resumen, se podría determinar que la ejecución de la pena de prisión es inalterable para el Estado Parte que acepta la persona condenada y esta sujeta a ser modificada solo por la Corte Penal Internacional, o consultando con la Corte de conformidad con el Estatuto de Roma.
Con relación a la fiscalización de la ejecución de las condenas y las condiciones de detención el Estatuto de Roma claramente establece que la CPI tiene primacía y es el ente con la autoridad para tomar decisiones significativas relacionadas con la ejecución de una condena.
El Estatuto también dispone que las condiciones de detención deberán regirse por el derecho interno del Estado que ejecute la condena y ¨deberá ser conforme con los estándares de los tratados internacionales sobre el tratamiento de los privados de liberta¨¨.Adicionalmente, las condiciones no podrán ni mas ni menos favorables que aquellas de los condenados nacionales.
El Estatuto de Roma confirma que la Corte Penal Internacional esta a cargo de supervisar los términos de detención, declarando inequívocamente que ¨las comunicaciones entre la persona condenada y la CPI deberán ser procuradas y confidenciales¨. El Estado deberá permitir la comunicación entre el condenado y la Corte con el fin de asegurar la implementación de esta obligación.