Latinoamericanas
Puerto Rico, ante el reto de la destrucción de 50.000 viviendas por huracán María
El secretario de ese Departamento, Fernando Gil, dijo hoy en entrevista con Efe que a pesar de la magnitud de los daños se trabaja desde el día después del paso del ciclón, el 20 de septiembre, para ayudar a quienes perdieron sus viviendas en el país.
San Juan, (EFE).- El Departamento de la Vivienda de Puerto Rico se enfrenta al monumental reto de dar respuesta al problema creado por la destrucción de cerca de 50.000 viviendas en la isla tras el paso del huracán María.
El secretario de ese Departamento, Fernando Gil, dijo hoy en entrevista con Efe que a pesar de la magnitud de los daños se trabaja desde el día después del paso del ciclón, el 20 de septiembre, para ayudar a quienes perdieron sus viviendas en el país.
La cifra aproximada de 50.000 se refiere a casas destruidas, ya que el número de viviendas parcialmente afectadas se calcula que ronda las 250.000, lo que da idea de la magnitud del desastre.
El huracán María cruzó la isla caribeña ese día con vientos sostenidos superiores a 257 kilómetros por hora, una fuerza que resistieron los edificios de San Juan y de las principales ciudades de la isla, pero demasiado para la gran cantidad de casas desperdigadas por el interior y la montaña, muchas con débiles estructuras.
El contraste entre, principalmente, San Juan, una ciudad moderna y con viviendas con códigos de construcción para aguantar huracanes de gran magnitud, y el interior es muy alto y saca a relucir dos realidades muy diferentes.
En los municipios de la montaña abundan casas de madera y otras con endebles techos de zinc -que salieron volando al paso del huracán- que no están diseñadas para aguantar un embate como el que supuso el histórico huracán María.
Además, con independencia de la debilidad de la estructura y materiales de estas casas, gran cantidad de ellas se construyeron en cualquier lugar y sin pasar por ningún estudio que garantizara que no estaban expuestas a crecidas de ríos o inundaciones.
“Pude comprobar en visitas -aéreas- de inspección el estado de muchas áreas”, señaló el funcionario, para quien la población debe saber que las ayudas llegarán gracias a los fondos millonarios que va a destinar a los destrozos provocados por el huracán la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema) y el Departamento de la Vivienda de EE.UU.
La consultora Estudios Técnicos estimó en un estudio preliminar que las viviendas seriamente dañadas o destruidas podrían llegar a 90.000 en el peor de los escenarios, aunque la agencia de calificación de crédito Moody’s cifraba la cantidad en 100.000.
Gil dijo que la cifra de 50.000 que baraja su agencia es conservadora y que si se toma como referencia el huracán Georges que en 1998 arrasó Puerto Rico esa cantidad podría elevarse a más de 60.000.
El funcionario resaltó que las ayudas llegarán y que dentro de la desgracia que ha supuesto el paso del huracán puede tratarse de “un punto de partida para volver a evaluar los códigos de construcción de la isla”.
Gil reconoció que muchas de las viviendas afectadas se habían levantado “sin permisos de construcción y en áreas invadidas”, situación que a partir de ahora debe mejorarse para evitar daños como los provocados por el paso del huracán María.
El censo para la isla de 2010 -último disponible- mostró que en Puerto Rico había 1,6 millones de viviendas en cada una de las cuales vivía un promedio de 2,8 personas.
La situación no está totalmente restablecida, ya que a día de hoy todavía cientos de puertorriqueños permanecen en refugios debido a los graves destrozos registrados en sus viviendas.
Las ayudas de Fema para la reconstrucción de las viviendas están destinadas a quienes pueden demostrar un título de propiedad o que contaban con permisos del Gobierno, lo que hace temer que muchas personas que construyeron sin permisos no puedan beneficiarse.
No se trata de un problema menor, ya que la Asociación de Constructores de Puerto Rico estima que 55 % del total de las viviendas de la isla no tienen permiso de ningún tipo. EFE
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.