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Dominicanos apresados por Migración durante operativo en Barrio Obrero de Santurce
En una tarde de domingo cualquiera, Neuri compartía con su hermano, quien vino a visitarlo desde la vecina República Dominicana. Juan, por su parte, había salido de su casa a comprar el aguacate que acompañaría el sancocho que su esposa preparaba en el hogar, y Fermín, mientras, hablaba con amigos frente a uno de los negocios ubicados en la avenida Borinquen en Barrio Obrero, cerca de la avenida Constitución, en San Juan.
Pero la tarde tomó un giro totalmente distinto para los tres inmigrantes dominicanos residentes en Puerto Rico cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) llegaron hasta la zona y los detuvieron como parte del primer operativo en la isla desde que entró en vigor la nueva política migratoria del presidente Donald Trump, que reforzó las restricciones y revirtió protecciones a los inmigrantes.
Operativo de ICE en SanturceICE
“Estoy desesperada. No sé a quién preguntarle, no sé a dónde ir, no sé qué hacer”, relató Iris Lázaro Rivera, esposa de Juan, mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. “Él salió para acá a comprar un aguacate”.
Operativo de ICE en Puerto RicoICE
Al confirmar el operativo en respuesta a la nueva política de Trump, el ICE defendió, en declaraciones escritas, que la agencia “desempeña un papel crucial en la identificación y detención de personas que representan una amenaza”. “La aplicación de las leyes de inmigración de nuestra nación tiene una importancia crítica para la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos”, indicó la agencia, que no tuvo disponible a ningún portavoz que ofreciera detalles sobre la intervención. No se ofreció tampoco una cifra oficial de detenidos.
La ofensiva, sin embargo, era injustificable para los familiares y amigos de los detenidos, de quienes, hasta el momento de la entrevista, no tenían ninguna información respecto a dónde exactamente los llevarían, cuáles serían los próximos pasos o cuándo podrían verlos.
El operativo ocurre apenas seis días después del regreso de Trump a la presidencia estadounidense y luego que la gobernadora Jenniffer González Colón expresara, en una entrevista con Telemundo, dirigiéndose particularmente a la comunidad dominicana en la isla, que podían “estar tranquilos”, puesto que, según ella, las políticas del mandatario republicano estaban enfocadas en la frontera de Estados Unidos con México y el cruce de inmigrantes en esa región, no en Puerto Rico.
No hay colaboración
El Nuevo Día solicitó comentarios de la gobernadora sobre el operativo que presenció este medio, pero la primera ejecutiva –que ha estado fuera del país desde el 17 de enero- no estuvo disponible. En su lugar, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, indicó que las autoridades locales fueron informadas por sus pares federales sobre la intervención, pero que no cooperaban con el proceso. De igual forma, alegó –sin ofrecer datos específicos- que las personas detenidas supuestamente tenían historial delictivo.
“Para los que no son personas con un historial criminal, la administración de la gobernadora Jenniffer González estará trabajando con la administración del presidente Trump en la búsqueda de medidas para facilitar la integración de personas con estatus migratorio no definido a la comunidad estadounidense, como son las visas de trabajo”, añadió.
En cambio, el testimonio de los allegados a los detenidos se distancia de la versión que dice haber recibido la administración de González.
Detalles de las detenciones
El hombre apenas pudo llamarla por teléfono para pedirle que le enviara fotos de documentos relacionados con su estatus migratorio, mientras era entrevistado por los agentes federales. Cinthia, quien se encontraba en la casa, apenas pudo reaccionar.
“Le envío los documentos. Él me llama y me dice ‘ven, porque esto está como algo raro’”, relató. Al llegar, Neuri ya había sido detenido. “Yo soy una paciente diabética, alta presión, hipotiroidismo, sufro un montón de condiciones, y quien me cuida es él. Ahora mismo, él tuvo un accidente, nosotros nos estamos cuidando mutuamente”, expresó.
De la misma manera, Fermín fue detenido antes que pudieran llevarle sus documentos migratorios. Con los papeles en mano, María Cristina Infante, comerciante y amiga del detenido, explicó luego que, para la comunidad, es común guardar este tipo de información en la casa por razones de seguridad.
“Ese señor ha trabajado aquí toda una vida. Ese señor tiene más de 30 años aquí, entonces, también se están llevando personas que tienen documentos, y eso es una injusticia”, subrayó, mientras sostenía en sus manos la evidencia que no pudo entregarle a tiempo a Fermín, antes de ser arrestado.
Ante lo ocurrido, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, se solidarizó con las familias afectadas y ordenó a la Oficina de Ayuda al Inmigrante disponer “de los recursos necesarios para maximizar nuestros esfuerzos” y enfatizó que “ni la Policía Municipal, ni ninguna entidad gubernamental bajo la jurisdicción del Municipio de San Juan están colaborando ni participando, ni apoyando en estos operativos de forma alguna”.
“Reitero nuestro compromiso de actuar con compasión, responsabilidad y firmeza en defensa de quienes enfrentan momentos de incertidumbre”, sostuvo Romero.
Mientras, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, recalcó que procurará, en su gestión oficial en la capital federal, que se respeten los derechos de la comunidad inmigrante en Puerto Rico.
“Todas las personas, incluyendo los inmigrantes indocumentados, tienen derechos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Aseguraré que estos derechos sean respetados, y utilizaré la autoridad dentro del Comité de Seguridad Interna, que supervisa a ICE, para garantizar que no se violen“, manifestó por escrito.
El Nuevo Día | GDA
Santo Domingo, R.D.-Este jueves el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió el nivel de alerta verde para 13 provincias ante el riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como de inundaciones repentinas o urbanas, debido a la incidencia de una vaguada y una onda tropical.
- Las provincias bajo alerta son: Santo Domingo y el Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago, San Juan, Montecristi, El Seibo, Puerto Plata, Espaillat, Valverde, Dajabón, Hato Mayor y San Cristóbal.
De acuerdo con el último boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), por la incidencia de estos fenómenos atmosféricos se presentarán aguaceros moderados a fuertes, posibles granizadas aisladas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata y Sánchez Ramírez.
Según el COE, las precipitaciones disminuirán gradualmente hasta las primeras horas de la noche.
Debido a las condiciones meteorológicas, los organismos recomendaron a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximos a ríos, arroyos y cañadas abstenerse de cruzar estos afluentes y no utilizar los balnearios ubicados en zonas bajo alerta.
- Asimismo, instó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas, la Cruz Roja, la Policía Nacional, los Cuerpos de Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencias a través de los teléfonos 809-472-0909, 9-1-1 y *462 de la OGTIC.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público identificó el municipio de Jacagua y el sector Los Cocos de Santiago como los centros operativos de una estructura de ciber-extorsión que tenía ribetes internacionales y que estafó más de 400 ciudadanos estadounidenses, cuyos datos han sido validados por el Homeland Security de Estados Unidos.
Los integrantes de la red diseñaban y publicaban anuncios publicitarios en portales de citas y encuentros íntimos, ofreciendo servicios sexuales ficticios de supuestas mujeres.
Para mantener el anonimato de los operadores en República Dominicana, los anuncios incluían números telefónicos virtuales estadounidenses contratados a proveedores en territorio americano, redirigiendo el tráfico de llamadas y mensajes de WhatsApp a los centros de operaciones en Santiago.
Una vez obtenido el número telefónico real del usuario, el tirador realizaba capturas de pantalla y las transfería a otros miembros de la red, quienes ejecutaban búsquedas exhaustivas en plataformas de recopilación de registros públicos de EE. UU.
De este modo, la red obtenía nombres de familiares, lugares de trabajo, direcciones residenciales exactas y edades de sus objetivos.
Bajo un guion agresivo, le reclamaba haberle hecho perder tiempo y dinero a la joven, alegando que supuestamente está rechazó otros clientes por su culpa y exigiéndole el pago inmediato de una multa o compensación económica. Si la víctima se resistía a pagar, la red ejecutaba su maniobra más violenta: la intimidación con fines de coacción.
“Los imputados enviaban mensajes de texto, audios y videos afirmando pertenecer a organizaciones criminales de extrema violencia como el Cártel de Sinaloa o las Maras Salvatruchas”.
Desesperadas por el terror, las víctimas cedían y realizaban los depósitos. La red facilitaba canales digitales de pago como Zelle, Cash App, Venmo, PayPal, Apple Pay, Chime o transferencias en Bitcoin.
Para burlar los controles antiblanqueo, las cuentas receptoras en EE. UU. pertenecían a intermediarios, identificados en la red como colectores, que movían el dinero de inmediato.
El Ministerio Público prueba el modus operandi a través de la incorporación de transcripciones de interceptaciones telefónicas, informes forenses y análisis periciales en el documento oficial, así como recibos de los envíos y otras evidencias de las transacciones.
El Ministerio Público incautó decenas de teléfonos móviles, máquinas de contar dinero, sellos de financieras falsas y barras de oro ocupados a los implicados.
El voluminoso expediente del caso detalla como un grupo de jóvenes de una zona suburbana de Santiago, utilizaron la tecnología de la información, combinada con la manipulación del terror psicológico, para crear una estafa transnacional altamente rentable y estructurado por la delincuencia organizada local.
Será el próximo lunes cuando la juez del juzgado de Atención Permanente evalúe las 365 páginas de la solicitud de medida de coerción de la llamada Operación XL 526 para quienes están solicitando prisión preventiva y declaratoria del caso complejo por la multiplicidad de imputados.
El órgano acusador también aportó los movimientos de cuentas bancarias por decenas de millones de pesos dominicanos, los reportes de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) que prueban que los imputados no tenían empleos lícitos, y los listados de terrenos e inmuebles adquiridos para el lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Fue variada por la Corte de Apelación de Santo Domingo la medida de coercion que pesaba en contra de la interprete de musica urbna Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida popularmente como «Masha«, quien se encuentra acusada de porte ilegal de armas de fuego.
El tribunal de alzada dispuso la libertad de la artista, tras imponerle el pago de una garantía económica de RD$5,000 pesos y la obligación de comparecer ante las autoridades mediante presentación periódica.
Con esta decisión, la corte revoca la medida dictada previamente por el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este, cuya magistrada, la jueza Karen Casado Minyety, había impuesto tres meses de prisión preventiva a cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Mujeres. En el mismo expediente también figuran los jóvenes Alexander Martínez Nolasco y Karla Julisa Rodríguez, de 18 y 19 años respectivamente, quienes fueron enviados a Najayo-Hombres y Najayo-Mujeres por el mismo período.
A la salida del tribunal ubicado en la Ciudad Judicial, el consejo de defensa de la imputada —integrado por los abogados Randy Banks, Jenrry Romero y Amaury Oviedo— expresó que este fallo confirma que el proceso continuará conforme a las garantías establecidas por la ley.
«A partir de este momento, nuestra representada deberá cumplir con las medidas impuestas mientras se desarrolla el curso de la investigación», manifestó el jurista Randy Banks.
Banks aprovechó la ocasión para agradecer a quienes mantuvieron la confianza en el sistema de justicia durante el proceso y reafirmó el compromiso del equipo legal de seguir defendiendo los derechos de su protegida dentro del marco legal correspondiente. Al concluir, recordó un principio fundamental del derecho penal dominicano: «La libertad es la regla; la prisión preventiva, la excepción».
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, «Masha» y los otros dos justiciables fueron arrestados durante una inspección vehicular en el municipio de Boca Chica. Las autoridades ocuparon dos pistolas calibre 9MM marca Glock sin documentación, las cuales se encontraban dentro de una yipeta marca Honda CRV, color blanco, conducida por Karla Julisa Rodríguez.
El informe detalla que: La primera arma contenía su cargador con 4 cápsulas. y la segunda arma no tenía cargador.
En medio de la palanca de cambios se halló un cargador extendido (tipo «cohete») con capacidad para 30 municiones, el cual contenía 10 cápsulas en su interior.
La fiscal Zayra Soto, del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Persona, formuló la acusación inicial provisional por el delito de porte ilegal de armas de fuego, ilícito penal tipificado y sancionado en los artículos 43-B, 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. En la audiencia inicial, la solicitud fue litigada por el fiscal Tito Osea González Ramírez.
Un historial rodeado de controversias y violencia
El entorno de la joven artista urbana ha estado marcado por constantes conflictos de carácter judicial y policial en los últimos meses:
Octubre de 2025: La Policía Nacional detuvo a «Masha» en el sector de Villa Francisca, Distrito Nacional, tras ocupársele dos paquetes de un vegetal que presumiblemente correspondía a marihuana.
Enero: Su pareja sentimental, Jhakomo Hernández de la Rosa, fue enviado a prisión preventiva por tres meses, acusado de la muerte de un joven en el referido sector de Villa Francisca.
Febrero: Desconocidos tirotearon el vehículo en el que se desplazaba la artista junto a su amiga Dominique Natalia Gómez Cabrera (22 años), quien lamentablemente resultó muerta a causa de las heridas de bala. Días más tarde, agentes de la Policía Nacional abatieron a dos hombres señalados como los presuntos responsables de dicho atentado.