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Dominicanos apresados por Migración durante operativo en Barrio Obrero de Santurce
En una tarde de domingo cualquiera, Neuri compartía con su hermano, quien vino a visitarlo desde la vecina República Dominicana. Juan, por su parte, había salido de su casa a comprar el aguacate que acompañaría el sancocho que su esposa preparaba en el hogar, y Fermín, mientras, hablaba con amigos frente a uno de los negocios ubicados en la avenida Borinquen en Barrio Obrero, cerca de la avenida Constitución, en San Juan.
Pero la tarde tomó un giro totalmente distinto para los tres inmigrantes dominicanos residentes en Puerto Rico cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) llegaron hasta la zona y los detuvieron como parte del primer operativo en la isla desde que entró en vigor la nueva política migratoria del presidente Donald Trump, que reforzó las restricciones y revirtió protecciones a los inmigrantes.
Operativo de ICE en SanturceICE
“Estoy desesperada. No sé a quién preguntarle, no sé a dónde ir, no sé qué hacer”, relató Iris Lázaro Rivera, esposa de Juan, mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. “Él salió para acá a comprar un aguacate”.
Operativo de ICE en Puerto RicoICE
Al confirmar el operativo en respuesta a la nueva política de Trump, el ICE defendió, en declaraciones escritas, que la agencia “desempeña un papel crucial en la identificación y detención de personas que representan una amenaza”. “La aplicación de las leyes de inmigración de nuestra nación tiene una importancia crítica para la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos”, indicó la agencia, que no tuvo disponible a ningún portavoz que ofreciera detalles sobre la intervención. No se ofreció tampoco una cifra oficial de detenidos.
La ofensiva, sin embargo, era injustificable para los familiares y amigos de los detenidos, de quienes, hasta el momento de la entrevista, no tenían ninguna información respecto a dónde exactamente los llevarían, cuáles serían los próximos pasos o cuándo podrían verlos.
El operativo ocurre apenas seis días después del regreso de Trump a la presidencia estadounidense y luego que la gobernadora Jenniffer González Colón expresara, en una entrevista con Telemundo, dirigiéndose particularmente a la comunidad dominicana en la isla, que podían “estar tranquilos”, puesto que, según ella, las políticas del mandatario republicano estaban enfocadas en la frontera de Estados Unidos con México y el cruce de inmigrantes en esa región, no en Puerto Rico.
No hay colaboración
El Nuevo Día solicitó comentarios de la gobernadora sobre el operativo que presenció este medio, pero la primera ejecutiva –que ha estado fuera del país desde el 17 de enero- no estuvo disponible. En su lugar, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, indicó que las autoridades locales fueron informadas por sus pares federales sobre la intervención, pero que no cooperaban con el proceso. De igual forma, alegó –sin ofrecer datos específicos- que las personas detenidas supuestamente tenían historial delictivo.
“Para los que no son personas con un historial criminal, la administración de la gobernadora Jenniffer González estará trabajando con la administración del presidente Trump en la búsqueda de medidas para facilitar la integración de personas con estatus migratorio no definido a la comunidad estadounidense, como son las visas de trabajo”, añadió.
En cambio, el testimonio de los allegados a los detenidos se distancia de la versión que dice haber recibido la administración de González.
Detalles de las detenciones
El hombre apenas pudo llamarla por teléfono para pedirle que le enviara fotos de documentos relacionados con su estatus migratorio, mientras era entrevistado por los agentes federales. Cinthia, quien se encontraba en la casa, apenas pudo reaccionar.
“Le envío los documentos. Él me llama y me dice ‘ven, porque esto está como algo raro’”, relató. Al llegar, Neuri ya había sido detenido. “Yo soy una paciente diabética, alta presión, hipotiroidismo, sufro un montón de condiciones, y quien me cuida es él. Ahora mismo, él tuvo un accidente, nosotros nos estamos cuidando mutuamente”, expresó.
De la misma manera, Fermín fue detenido antes que pudieran llevarle sus documentos migratorios. Con los papeles en mano, María Cristina Infante, comerciante y amiga del detenido, explicó luego que, para la comunidad, es común guardar este tipo de información en la casa por razones de seguridad.
“Ese señor ha trabajado aquí toda una vida. Ese señor tiene más de 30 años aquí, entonces, también se están llevando personas que tienen documentos, y eso es una injusticia”, subrayó, mientras sostenía en sus manos la evidencia que no pudo entregarle a tiempo a Fermín, antes de ser arrestado.
Ante lo ocurrido, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, se solidarizó con las familias afectadas y ordenó a la Oficina de Ayuda al Inmigrante disponer “de los recursos necesarios para maximizar nuestros esfuerzos” y enfatizó que “ni la Policía Municipal, ni ninguna entidad gubernamental bajo la jurisdicción del Municipio de San Juan están colaborando ni participando, ni apoyando en estos operativos de forma alguna”.
“Reitero nuestro compromiso de actuar con compasión, responsabilidad y firmeza en defensa de quienes enfrentan momentos de incertidumbre”, sostuvo Romero.
Mientras, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, recalcó que procurará, en su gestión oficial en la capital federal, que se respeten los derechos de la comunidad inmigrante en Puerto Rico.
“Todas las personas, incluyendo los inmigrantes indocumentados, tienen derechos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Aseguraré que estos derechos sean respetados, y utilizaré la autoridad dentro del Comité de Seguridad Interna, que supervisa a ICE, para garantizar que no se violen“, manifestó por escrito.
El Nuevo Día | GDA
Santo Domingo, R.D.-Una medida precautoria solicitada por la Direccion General de Informacion y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) fue acogida este lunes por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) a abstenerse de suspender los servicios de salud mientras se conoce el fondo de la acción de amparo colectivo.
La decisión fue adoptada durante una audiencia virtual celebrada la mañana de este lunes, al amparo del artículo 86 de la Ley 137-11, tras considerar que existía un riesgo de vulneración del derecho fundamental a la salud de los afiliados.
- De acuerdo con el dictamen, con esta disposición queda sin efecto, de manera provisional, la suspensión de servicios que Andeclip había anunciado para este 14 de julio.
El tribunal acogió el argumento central de la DIDA de que ningún conflicto económico entre actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social puede traducirse en la interrupción de los servicios de salud a los afiliados, quienes no forman parte de esa controversia.
Durante la audiencia, el Ministerio Público respaldó la solicitud presentada por la institución.
La acción judicial fue interpuesta por la DIDA luego de que Andeclip anunciara que suspendería los servicios electivos a los afiliados de Primera ARS y ARS Futuro, en reclamo de una revisión de las tarifas que reciben las clínicas privadas por parte de las administradoras de riesgos de salud.
Tras la decisión del tribunal, la DIDA reiteró su llamado a Andeclip y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a permanecer en la mesa de diálogo coordinada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
- La institución reconoció que el reclamo tarifario de las clínicas es legítimo y debe ser atendido, pero insistió en que las diferencias deben resolverse por las vías institucionales, sin afectar la atención de los afiliados.
El director general de la DIDA, Elías Báez, valoró la decisión como una garantía para las familias dominicanas.
«Lo que se ha protegido hoy no es a una institución, sino el derecho de más de un millón de personas a no ver interrumpida su atención en salud. Reiteramos nuestro llamado al diálogo: el camino para resolver las diferencias tarifarias son los mecanismos que la ley establece, no la interrupción de los servicios», expresó.
El Tribunal Superior Administrativo fijó la continuación de la audiencia para el miércoles 15 de julio, cuando continuará el conocimiento de la acción de amparo colectivo presentada por la DIDA.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades del tránsito intentan mover, encajar y redistribuir cada pieza antes de que la pantalla quede completamente ocupada en el Gran Santo Domingo, las cuales son contraflujos, conos, restricciones de giros, agentes y rutas alternas que cambian según el volumen vehicular.
En el juego, la partida terminaba cuando los bloques se acumulaban hasta llenar la pantalla. En las calles, el equivalente es el colapso de la circulación: avenidas saturadas, vehículos detenidos y conductores atrapados durante largos períodos. Para evitar que el tránsito llegue a ese punto, la Digesett aplica al menos 12 tramos de contraflujo y siete canalizaciones con conos, dentro de una estrategia que se reajusta diariamente según los tapones, accidentes y obstáculos que aparecen en las vías.
Cada día, miles de conductores se enfrentan a largos tapones en las principales avenidas del Gran Santo Domingo, para intentar reducir el congestionamiento vehicular, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aplica distintas medidas que se modifican de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presentan en las vías.
La principal medida es la habilitación de contraflujos durante las horas pico. Según explicó la institución a Diario Libre, esta estrategia consiste en utilizar uno o dos carriles de la vía opuesta para aumentar temporalmente la cantidad de carriles disponibles en el sentido donde se concentra el mayor flujo de vehículos.
Actualmente existen al menos 12 carriles de contraflujo. Los contraflujos se aplican en la avenida Padre Castellanos (antigua 17), George Washington, Abraham Lincoln, la autopista Duarte —desde el kilómetro 14 hasta el 9 y del kilómetro 32 al 25—, la avenida República de Colombia —desde PriceSmart hasta el Paseo de los Reyes Católicos—, Los Próceres —desde la República de Argentina hasta Erick Leona—, Santo Domingo Norte —desde la estación Hermanas Mirabal hasta la avenida John F. Kennedy por la Máximo Gómez—, el puente Duarte —desde el Farolito hasta la rampa del elevado de la avenida 27 de Febrero—, la avenida 25 de Febrero —desde el puente de la avenida España hasta la José Martí—, el Puente Flotante y la avenida México —desde la calle Altagracia hasta el puente de la avenida España—.
Otra de las estrategias implementadas por la institución es la canalización con conos, utilizada para reorganizar la circulación y mantener la continuidad del flujo vehicular en corredores de alta demanda. Mediante esta medida se redistribuyen los carriles durante las horas de mayor congestión para facilitar el desplazamiento de los vehículos.
La canalización con conos se aplica en al menos siete tramos. En la avenida John F. Kennedy —Lincoln-Ortega y Gasset, Tiradentes-Ortega y Gasset y Ortega y Gasset-Máximo Gómez—; en la avenida 27 de Febrero —Leopoldo Navarro-Máximo Gómez, Máximo Gómez-Tiradentes y Defilló-Churchill—, así como en la avenida Ortega y Gasset, entre Gustavo Mejía Ricart y Fantino Falco.
Durante el último año también se introdujeron nuevas medidas mediante el plan «RD Se Mueve», impulsado por el Gabinete de Transporte y el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant), que comenzó a implementarse en julio de 2025 con la primera fase de restricciones de giros a la izquierda en la avenida Lope de Vega.
Posteriormente, el programa fue ampliándose a otras intersecciones del Distrito Nacional.
La Digesett explicó que las medidas no son permanentes, sino que se ajustan de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presenten cada día.
Accidentes, vehículos averiados y otras eventualidades pueden provocar cambios en los contraflujos, las canalizaciones con conos o las rutas alternas para mantener la movilidad.
La institución indicó que mantiene un monitoreo continuo para evaluar la efectividad de estas acciones y realizar los ajustes que sean necesarios cuando las condiciones del tránsito así lo requieran.
Aunque la Digesett sostiene que las medidas implementadas han contribuido a agilizar la circulación, reducir obstrucciones y mejorar la continuidad del flujo vehicular, indicó que uno de los principales desafíos continúa siendo lograr que los conductores respeten las disposiciones establecidas.
La institución informó que continuará evaluando nuevas alternativas y trabajando de manera coordinada con otras entidades para realizar estudios de factibilidad que permitan implementar nuevas acciones orientadas a mejorar la movilidad y la seguridad vial.
Santo Domingo.- La meta es aprobar el Codigo Penal antes de que la ley entre en vigor, cuya declaración fue ofrecida por el Presidente Luis Abinader, quien agregó que el Gobierno impulsa correcciones al nuevo Código Penal.
“Se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia”, declaró en una entrevista con José Monegro y Edith Febles, del Grupo de Medios Corripio.
Definió el proyecto aprobado como un “punto de partida”. Recordó que el Código fue sancionado tras quince años en el Congreso Nacional y, al promulgarse, se le fijó una «vacatio legis» de un año precisamente para hacer ajustes. “Ese plazo es el que ahora corre”, dijo y sobre esa base el Poder Ejecutivo depositó en las càmaras legislativas un texto consensuado y los legisladores dieron plazo hasta el miércoles para recibir sugerencias de otros sectores.
Entre los puntos a modificar, Abinader destacó los artículos sobre expresión y difusión del pensamiento, los que más ruido generaron. Aclaró que no son los únicos: hay cambios “de forma y algunas también de fondo” que la consultoría jurídica ya había advertido hace meses.
El presidente hizo autocrítica por los tiempos. “En eso hacemos mea culpa”, admitió, y repartió la responsabilidad entre Gobierno y sociedad civil por no revisar la norma apenas fue aprobada. Aun así, defendió que el proceso no fue improvisado: los contactos con sectores llevan dos meses, las discusiones sobre modificaciones unas cinco semanas, y hace dos semanas conversa directo con comunicadores. “En esas modificaciones todos estamos de acuerdo”, aseguró.
Sobre la llamada “ley mordaza”, Abinader rechazó que el Ejecutivo busque limitar la libertad de expresión. Recordó que un proyecto anterior sobre difusión del pensamiento fue entregado a la Sociedad Dominicana de Diarios y a especialistas, y el consenso salió de ellos “sin que yo le pusiera ni una coma”.
“Si hay algo que yo estoy preocupado es por la democracia de mi país”, sostuvo, y citó como prueba la reforma constitucional para impedir reelecciones indefinidas.
Reveló que él y su familia reciben calumnias a diario en redes, pero prefiere “poner una piel de cocodrilo” antes que prohibir. “Lo que más a mí me ayuda son las críticas”, dijo, sobre todo las que exponen problemas o corrupción. La fórmula que se discute busca proteger tanto la libre expresión como el honor de las personas. Afirmó que le interesa poder expresarse libremente cuando salga del gobierno en 2028.
Abinader señaló que la controversia actual no se vio cuando se votó el Código. “Ese código es de hace 15 años, ahí había muchos artículos que nadie los criticó”, recordó. Los “puntos calientes” de entonces eran otros, como las tres causales. Destacó que la pieza aumentó penas contra el crimen organizado y la corrupción, y llenó “muchísimos vacíos” del viejo código, por eso tuvo respaldo amplio.
En lo económico, defendió el plan anticrisis como “progresivo”: elimina el anticipo mensual para pymes desde enero, quitó el impuesto a nuevas empresas, bajó el sucesoral de 27% a 3% y retiró el gravamen a seguros de vida en el exterior. Los aumentos, dijo, recaen en empresas que venden más de mil millones y salarios sobre 400 mil pesos, mientras que los sueldos menores tendrán indexación.
Descartó una reforma fiscal integral: “Aquí no hay condiciones”. Gobernó con pandemia, guerra en Ucrania y la crisis haitiana, y aun así el país crece más de 4%, solo detrás de Guyana.
Sobre combustibles, negó alzas fuertes: se movieron 16% cuando el crudo subió 80%. El subsidio anual “se agotó en mayo” porque el país importa 70% de los líquidos. Anunció que se publicará “la fórmula” para transparentar el cálculo y reiteró que hace dos semanas bajan gasolina, gasoil y GLP.
sp-am