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Dominicanos apresados por Migración durante operativo en Barrio Obrero de Santurce
En una tarde de domingo cualquiera, Neuri compartía con su hermano, quien vino a visitarlo desde la vecina República Dominicana. Juan, por su parte, había salido de su casa a comprar el aguacate que acompañaría el sancocho que su esposa preparaba en el hogar, y Fermín, mientras, hablaba con amigos frente a uno de los negocios ubicados en la avenida Borinquen en Barrio Obrero, cerca de la avenida Constitución, en San Juan.
Pero la tarde tomó un giro totalmente distinto para los tres inmigrantes dominicanos residentes en Puerto Rico cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) llegaron hasta la zona y los detuvieron como parte del primer operativo en la isla desde que entró en vigor la nueva política migratoria del presidente Donald Trump, que reforzó las restricciones y revirtió protecciones a los inmigrantes.
Operativo de ICE en SanturceICE
“Estoy desesperada. No sé a quién preguntarle, no sé a dónde ir, no sé qué hacer”, relató Iris Lázaro Rivera, esposa de Juan, mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. “Él salió para acá a comprar un aguacate”.
Operativo de ICE en Puerto RicoICE
Al confirmar el operativo en respuesta a la nueva política de Trump, el ICE defendió, en declaraciones escritas, que la agencia “desempeña un papel crucial en la identificación y detención de personas que representan una amenaza”. “La aplicación de las leyes de inmigración de nuestra nación tiene una importancia crítica para la seguridad nacional y la seguridad pública de los Estados Unidos”, indicó la agencia, que no tuvo disponible a ningún portavoz que ofreciera detalles sobre la intervención. No se ofreció tampoco una cifra oficial de detenidos.
La ofensiva, sin embargo, era injustificable para los familiares y amigos de los detenidos, de quienes, hasta el momento de la entrevista, no tenían ninguna información respecto a dónde exactamente los llevarían, cuáles serían los próximos pasos o cuándo podrían verlos.
El operativo ocurre apenas seis días después del regreso de Trump a la presidencia estadounidense y luego que la gobernadora Jenniffer González Colón expresara, en una entrevista con Telemundo, dirigiéndose particularmente a la comunidad dominicana en la isla, que podían “estar tranquilos”, puesto que, según ella, las políticas del mandatario republicano estaban enfocadas en la frontera de Estados Unidos con México y el cruce de inmigrantes en esa región, no en Puerto Rico.
No hay colaboración
El Nuevo Día solicitó comentarios de la gobernadora sobre el operativo que presenció este medio, pero la primera ejecutiva –que ha estado fuera del país desde el 17 de enero- no estuvo disponible. En su lugar, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, indicó que las autoridades locales fueron informadas por sus pares federales sobre la intervención, pero que no cooperaban con el proceso. De igual forma, alegó –sin ofrecer datos específicos- que las personas detenidas supuestamente tenían historial delictivo.
“Para los que no son personas con un historial criminal, la administración de la gobernadora Jenniffer González estará trabajando con la administración del presidente Trump en la búsqueda de medidas para facilitar la integración de personas con estatus migratorio no definido a la comunidad estadounidense, como son las visas de trabajo”, añadió.
En cambio, el testimonio de los allegados a los detenidos se distancia de la versión que dice haber recibido la administración de González.
Detalles de las detenciones
El hombre apenas pudo llamarla por teléfono para pedirle que le enviara fotos de documentos relacionados con su estatus migratorio, mientras era entrevistado por los agentes federales. Cinthia, quien se encontraba en la casa, apenas pudo reaccionar.
“Le envío los documentos. Él me llama y me dice ‘ven, porque esto está como algo raro’”, relató. Al llegar, Neuri ya había sido detenido. “Yo soy una paciente diabética, alta presión, hipotiroidismo, sufro un montón de condiciones, y quien me cuida es él. Ahora mismo, él tuvo un accidente, nosotros nos estamos cuidando mutuamente”, expresó.
De la misma manera, Fermín fue detenido antes que pudieran llevarle sus documentos migratorios. Con los papeles en mano, María Cristina Infante, comerciante y amiga del detenido, explicó luego que, para la comunidad, es común guardar este tipo de información en la casa por razones de seguridad.
“Ese señor ha trabajado aquí toda una vida. Ese señor tiene más de 30 años aquí, entonces, también se están llevando personas que tienen documentos, y eso es una injusticia”, subrayó, mientras sostenía en sus manos la evidencia que no pudo entregarle a tiempo a Fermín, antes de ser arrestado.
Ante lo ocurrido, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, se solidarizó con las familias afectadas y ordenó a la Oficina de Ayuda al Inmigrante disponer “de los recursos necesarios para maximizar nuestros esfuerzos” y enfatizó que “ni la Policía Municipal, ni ninguna entidad gubernamental bajo la jurisdicción del Municipio de San Juan están colaborando ni participando, ni apoyando en estos operativos de forma alguna”.
“Reitero nuestro compromiso de actuar con compasión, responsabilidad y firmeza en defensa de quienes enfrentan momentos de incertidumbre”, sostuvo Romero.
Mientras, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, recalcó que procurará, en su gestión oficial en la capital federal, que se respeten los derechos de la comunidad inmigrante en Puerto Rico.
“Todas las personas, incluyendo los inmigrantes indocumentados, tienen derechos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Aseguraré que estos derechos sean respetados, y utilizaré la autoridad dentro del Comité de Seguridad Interna, que supervisa a ICE, para garantizar que no se violen“, manifestó por escrito.
El Nuevo Día | GDA
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Exfiscal acusado de recibir US$10,000 en caso SeNaSa conocerá este miércoles si será enviado a juicio
El juez Raymundo Mejía también decidirá si mantiene la prisión preventiva contra Aurelio Valdez Alcántara, investigado por presunto soborno, lavado de activos y otras infracciones
Santo Domingo.— El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidirá este miércoles si dicta auto de apertura a juicio contra el exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de solicitar y recibir un presunto soborno de US$10,000 de una persona vinculada a la investigación por el supuesto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La decisión estará a cargo del juez Raymundo Mejía, quien se reservó el fallo luego de escuchar los argumentos de las partes y examinar las pruebas aportadas por el órgano acusador.
Además de determinar si existen elementos suficientes para enviar el expediente a juicio de fondo, el magistrado deberá pronunciarse sobre la revisión obligatoria de la medida de coerción que mantiene al imputado en prisión preventiva.
El Ministerio Público solicita que Valdez Alcántara continúe privado de libertad, mientras que su abogado, Valentín Medrano, reclama que la medida sea revocada y sustituida por otra menos gravosa.
Ministerio Público asegura contar con pruebas suficientes
El procurador adjunto Eduardo Velásquez, representante del Ministerio Público, solicitó formalmente que el exfiscal sea enviado a juicio.
Según sostuvo, las pruebas recopiladas son suficientes para sustentar las imputaciones relacionadas con presunto soborno, lavado de activos y otras infracciones.
La acusación vincula a Valdez Alcántara con Roberto Canaán, quien también figura bajo investigación por su presunta relación con el expediente de corrupción administrativa que involucra al SeNaSa.
La defensa, en cambio, mantiene que no existen razones para prolongar la prisión preventiva y espera que el tribunal aplique una medida distinta mientras continúa el proceso.
Así habría ocurrido la entrega del dinero
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el 27 de marzo de 2026, Valdez Alcántara habría contactado telefónicamente a Canaán para coordinar un encuentro en el estacionamiento del cuarto piso de Bella Vista Mall, en el Distrito Nacional.
Las autoridades aseguran que un equipo de seguimiento integrado por miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público se trasladó al lugar.
Durante el operativo, habrían observado una Honda CR-V color crema, placa G428129, presuntamente conducida por el entonces fiscal.
Canaán habría abordado el vehículo y permanecido en su interior durante aproximadamente cinco minutos, período en el que, según la acusación, se produjo la entrega de los US$10,000.
Posteriormente, el vehículo fue interceptado en las inmediaciones de Almacenes Unidos.
Valdez Alcántara fue trasladado a la Procuraduría General de la República, donde se realizó una inspección del vehículo en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte.
Investigación también lo vincula con expediente SeNaSa
El Ministerio Público sostiene que Valdez Alcántara participó en investigaciones relacionadas con la supuesta red de corrupción administrativa que habría provocado pérdidas de miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud.
Según el expediente, el imputado habría ejercido presión sobre una de las personas investigadas y le habría ofrecido supuesta ayuda a cambio de dinero.
La acusación indica que inicialmente habría solicitado US$200,000, cantidad que posteriormente habría reducido a US$150,000.
Las autoridades señalan además que durante las conversaciones habría mostrado interés en recibir otros bienes, entre ellos un reloj Rolex y un vehículo Mercedes-Benz.
Finalmente, se habría acordado una entrega inicial de US$10,000, operación tras la cual las autoridades ejecutaron el arresto.
Permanece recluido en Najayo
Aurelio Valdez Alcántara cumple actualmente prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La decisión que adopte este miércoles el tribunal será determinante para establecer si el expediente avanza hacia un juicio de fondo o si el proceso toma otra dirección en la etapa preliminar.
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Envían a Najayo a inspector de Migración investigado por facilitar salidas irregulares desde el AILA
La DGM asegura que el funcionario era vigilado desde hacía meses y que fue sorprendido cuando presuntamente ayudaba a pasajeros con impedimento de salida
Santo Domingo.— Un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) asignado al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado de facilitar de manera irregular la salida del país de personas sometidas a restricciones migratorias.
El imputado fue identificado como Esteban Nohassis Mogena González, contra quien la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva.
La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Habría facilitado la salida de pasajeros con impedimento
De acuerdo con la Dirección General de Migración, Mogena González fue detenido mientras presuntamente intervenía para permitir la salida del territorio nacional de dos ciudadanos dominicanos que tenían impedimento de salida.
La institución sostiene que el inspector utilizaba su posición dentro de los controles migratorios del aeropuerto para evitar determinados procedimientos obligatorios.
Según la investigación, cuando atendía a determinados pasajeros en el mostrador de Migración, presuntamente omitía el escaneo de las huellas dactilares y la certificación correspondiente en el sistema oficial de salida.
Mediante ese mecanismo, uno de los pasajeros habría logrado abordar un vuelo con destino a Las Bahamas, de acuerdo con la versión ofrecida por las autoridades.
Autoridades investigan supuesto pago de miles de dólares
Migración informó que las evidencias recopiladas incluyen documentación, testimonios y material audiovisual.
La institución sostiene que el funcionario presuntamente recibió miles de dólares a cambio de permitir que determinadas personas evadieran los controles migratorios establecidos en la terminal aérea.
Estas evidencias fueron remitidas al Ministerio Público para sustentar la investigación.
Era vigilado desde hacía meses
La DGM explicó que Mogena González se encontraba bajo seguimiento desde hacía varios meses, luego de que fueran detectadas inconsistencias relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
El proceso de investigación interna derivó posteriormente en un operativo que, según las autoridades, permitió detenerlo en flagrante delito.
La Dirección Jurídica de Migración remitió el expediente al Ministerio Público en coordinación con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Le atribuyen varios delitos
Al imputado se le atribuye la presunta violación de disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración 285-04.
Entre las infracciones señaladas por las autoridades figuran asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
La calificación jurídica definitiva deberá ser determinada durante el desarrollo del proceso penal.
Migración inicia proceso de desvinculación
La Dirección General de Migración informó además que inició los procedimientos administrativos para suspender al funcionario y avanzar hacia su desvinculación definitiva de la institución, de conformidad con las disposiciones que regulan la función pública.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, reiteró la posición institucional de mantener una política de cero tolerancia frente a posibles actos de corrupción.
La DGM aseguró que cualquier servidor que sea detectado incurriendo en prácticas contrarias a la ley será puesto a disposición de los organismos correspondientes.
La Policía informó que recuperó las pertenencias sustraídas a la víctima y recibió además un arma de fuego entregada durante el proceso
Santo Domingo.— Un hombre señalado como presunto autor de un asalto ocurrido en el sector Villa María, del Distrito Nacional, se entregó este martes a la Policía Nacional, luego de que el hecho fuera captado en video y difundido en redes sociales.
El detenido fue identificado como Bryan Ernesto Prensa, alias “Droga”, de 27 años, quien acudió al Palacio de la Policía Nacional para ponerse a disposición de las autoridades.
De acuerdo con la información ofrecida por la institución, durante el proceso también fue entregada un arma de fuego y se logró recuperar parte de los artículos que habían sido sustraídos a la víctima.
El asalto ocurrió luego de un seguimiento
Según la versión ofrecida por la víctima y las imágenes obtenidas del hecho, Prensa habría seguido a Luis Miguel Morillo desde un establecimiento comercial ubicado en la zona.
El asalto se produjo el pasado domingo, cuando Morillo se encontraba en la residencia de una amiga en Villa María.
Las autoridades señalan que el presunto agresor lo habría amenazado con una pistola y despojado de una cadena de oro de 14 quilates, dos guillos, un teléfono celular, dinero en efectivo, documentos personales, tarjetas bancarias y otros objetos.
Policía reporta recuperación de pertenencias
La Policía Nacional informó este martes que los artículos sustraídos fueron recuperados como parte de las diligencias realizadas tras la denuncia.
Morillo explicó que antes del hecho se encontraba en el Colmado La Ruta, donde compró una cerveza, y luego se dirigió junto a una amiga hacia una vivienda cercana.
Según su relato, no se percató del momento en que el hombre entró al lugar, pero reaccionó cuando escuchó que manipulaba un arma de fuego.
La víctima indicó que optó por no resistirse y entregó sus pertenencias.
Testigo afirma que el señalado salió detrás de la víctima
Un empleado del establecimiento, identificado como Yunior Minier, declaró que el hombre señalado permaneció en el negocio aproximadamente 30 minutos antes de que llegara Morillo.
De acuerdo con su testimonio, el sospechoso se encontraba jugando en máquinas recreativas y posteriormente salió detrás de la víctima.
Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para completar el proceso y establecer las responsabilidades correspondientes en torno al asalto.