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Posible pena de César «El Abusador» en Puerto Rico sería de 10 años a cadena perpetua.

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Santo Domingo, RD.-Cargos de narcotráfico serán presentados en el Distrito de Puerto Rico contra César Emilio Peralta, conocido también por el mote de Cesar el Abusador, según lo informo los Estados Unidos, país que confirmó la extradición del referido capo desde Colombia hacia la vecina isla.

“Este arresto y extradición subrayan la colaboración y cooperación entre nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, así como nuestro compromiso y resolución para combatir el crimen organizado transnacional”, dijo el fiscal federal W. Stephen Muldrow. 

En un comunicado de prensa, la Fiscalía General de Puerto Rico agregó que las autoridades estadounidenses continuarán maximizando sus esfuerzos para “llevar ante la justicia a aquellos que ignoran nuestras leyes y contrabandean drogas en Puerto Rico y los Estados Unidos continentales».

A finales de noviembre de 2018, un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico acusó a Peralta de de conspiración para importar heroína y cocaína a Estados Unidos y de distribución de cinco kilogramos o más de cocaína para fines de importación ilegal a ese país, y enfrenta una posible condena desde 10 años hasta cadena perpetua si se confirman los cargos. 

La acusación incluye un alegato de decomiso de narcóticos con respecto a cuatro propiedades y un negocio en la República Dominicana controlados por Peralta: Salón Flow Gallery, Club La Koura, Aqua Club, Al Panino y Peralta Investment, SA.

El Fiscal General designó a Peralta como Objetivo Organizacional Prioritario Consolidado en 2017, entre los líderes que ejercen «mando y control» del tráfico de drogas y lavado de dinero con mayor impacto en el suministro de drogas ilícitas a Estados Unidos, siendo de los más buscados por las autoridades.

Peralta, quien estaba siendo investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, fue identificado junto a su organización por esa institución como uno de los importantes narcotraficantes extranjeros de conformidad con la Ley de Designación de Capos de Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin).

El caso está siendo procesado por el fiscal federal Auxiliar Max J. Pérez-Bouret, jefe de la sección de Crimen Organizado Transnacional, y la fiscal federal Auxiliar Jawayria Z. Auchter.

Peralta era el líder de una organización criminal transnacional con sede en República Dominicana y coordinó, según las acusaciones de las autoridades, el envío de varias toneladas de cocaína de Colombia y Venezuela, que fueron posteriormente  transportadas a Puerto Rico y Estados Unidos.

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Banco agradece a autoridades por eficiencia en investigación del caso de acreditaciones irregulares

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Santo Domingo, R.D.-La celeridad y el profesionalismo del Ministerio Público y la Policia Nacional fue reconocido por el Banco BHD  en el proceso de investigación y persecución de los involucrados en el caso de acreditaciones irregulares por más de RD$ 200 millones en perjuicio de esa entidad y la entidad financiera  expresó que se mantendrá trabajando y colaborando con estas instituciones hasta cerrar el caso.

Desde marzo pasado, tras una investigación interna, el BHD desvinculó por despido y posteriormente sometió a la justicia a un empleado acusado de realizar acreditaciones irregulares en beneficio de terceros a cambio de una retribución económica para sí mismo, violando la confianza que fue depositada en él a través de su rol.

También sometió a la justicia a un grupo de personas externas al banco que recibió los fondos irregulares. La denuncia formal fue colocada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional.

El BHD informó que, tan pronto detectó el movimiento irregular de acreditaciones, inició un proceso de investigación en coordinación con el Ministerio Público y notificó el hecho a la Superintendencia de Bancos.

La entidad indicó que, más allá de las pérdidas financieras, que fueron absorbidas por el Banco y que representan una fracción mínima de sus utilidades anuales dado el tamaño de la institución, se trata de una conducta inadmisible en una empresa que se ha caracterizado por hacer siempre lo correcto. También aseguró que los depósitos de los clientes están intactos y que nunca fueron tocados.

BHD reiteró su posición de cero tolerancia a cualquier conducta que comprometa la confianza y los valores institucionales, y su compromiso absoluto con una cultura organizacional sustentada en la ética, la transparencia y la responsabilidad.

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Se repiten actos de violencia provenientes de motoconchistas.

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SANTO DOMINGO.- Fueron detenidos los responsables de atacar e intimadar al chofer de un autobús escolar en un incidente ocurrido en  el sector Cafe de Herrera de Santo Domingo Este, según lo anunció la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

“El comportamiento de turba iracunda tendrá su castigo”, expresó la funcionaria al confirmar que los implicados serán sometidos de inmediato ante el Ministerio Público.

El caso involucra al conductor Henrry González, quien fue agredido mientras trasladaba estudiantes hacia la escuela Rafaela Santaella, luego de un roce entre el autobús escolar y una motocicleta que presuntamente transitaba en vía contraria.

Según testigos, el motorista reaccionó de forma violenta y comenzó a golpear al conductor frente a varios menores que viajaban en el vehículo escolar. Posteriormente, otros motoconchistas se habrían sumado a la agresión, provocando escenas de pánico entre estudiantes y residentes de la zona.

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Mejoras laborales exigen Jueces y servidores de Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

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Santo Domingo, R.D.-Precariedades extremas denunciaron  jueces, juezas y servidores judiciales en el Placio de Justicia de Ciudad Nueva de la capital dominicana, la cual fue hecha con el lema «¡Que la dignidad comience por casa!», ya que dicen  que el Consejo  del Poder Judicial gasta millones de pesos en un  árbol navideno, pero que no hay fondos para mejorar las condiciones de trabajo de los actores del sistema de justicia.

A través del documento titulado «Manifiesto por la Dignidad de la Justicia«, leído por la jueza Suinda Brito, el colectivo declaró su profunda preocupación y el agotamiento acumulado ante las precarias condiciones materiales, humanas, salariales e institucionales en las que desempeñan sus delicadas funciones.

El documento enfatiza que la administración de justicia no puede sostenerse de forma exclusiva sobre la base de la vocación y el sacrificio personal de quienes operan el sistema.

Los firmantes desglosaron una alarmante lista de carencias diarias que entorpecen el correcto ejercicio de sus funciones y que debilitan al sistema de manera progresiva:

Sostienen que esto provoca que un solo servidor o magistrado termine asumiendo la carga laboral de dos, tres o hasta cuatro personas.

Los sueldos percibidos están completamente desactualizados frente al constante aumento del costo de la vida y no guardan coherencia con la alta responsabilidad de sus cargos.

Aducen que una fuga constante de personal administrativo debido al desgaste laboral crónico.

Abandono severo de las plantas físicas de múltiples tribunales a nivel nacional y desprotección en los palacios de justicia.

Uno de los puntos más álgidos y contundentes del manifiesto radica en la abierta denuncia a la disparidad económica existente dentro del Poder Judicial.

Los manifestantes contrastaron la realidad de los tribunales frente a las esferas de dirección interna, detallando que ciertos secretarios o empleados administrativos de la cúpula devengan salarios que superan con creces los de cualquier juez o jueza titular.

Asimismo, criticaron con severidad que mientras los juzgados operan con carencias básicas, las altas direcciones cuentan con presupuestos millonarios destinados a gastos de viajes, hospedajes, restaurantes, publicidad, eventos e influencers.

Como ejemplo de este desvío de prioridades, revelaron la indignante inversión de cerca de 11 millones de pesos en la instalación de un árbol navideño institucional, catalogado por los servidores como una ofensa frente a las urgencias operativas del sistema.

Los magistrados aclararon que esta protesta surge tras años de haber agotado todos los canales institucionales formales, solicitudes y llamados al diálogo por parte de las asociaciones judiciales, los cuales fueron históricamente recibidos con «silencio, indiferencia, irrespeto y desdén institucional».

De igual forma, expresaron su enérgico rechazo a las respuestas que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) emitió el pasado 19 de mayo, calificándolas de «imprecisas, condicionadas e ineficaces».

Detallaron que la propuesta de indexación salarial quedó sujeta de forma incierta a la aprobación de un presupuesto complementario por parte del Ministerio de Hacienda, sin plazos ni parámetros claros de ejecución.

Las medidas de movilidad judicial se redujeron a una indefinida «hoja de ruta» sujeta a futuros procesos participativos, careciendo de acciones específicas inmediatas.

Se omitieron temas trascendentales como la eliminación de la ilegal suplencia horizontal, la desigualdad generada por el actual manual de salarios y la movilidad de la carrera administrativa.

El manifiesto concluye con una advertencia contundente por parte del cuerpo judicial, afirmando que este movimiento es solo el inicio de una lucha firme y que no se dejarán amedrentar ni desmayarán hasta recibir soluciones ejecutables y hechos concretos.

«Porque no puede haber justicia verdadera donde quienes la sirven son tratados con indiferencia. No puede haber Estado de Derecho donde el derecho se aplica a todos menos a quienes lo custodian. No puede haber dignidad para el ciudadano si el juez que lo escucha, el alguacil que notifica, el secretario que certifica y el conserje que abre las puertas del tribunal cada mañana, no tienen dignidad propia», sentencia el enérgico cierre del documento.

Previo, a la lectura del manifiesto se entorno el himno nacional y el himno del Poder Judicial.

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