Latinoamericanas
Puerto Rico, una isla en bancarrota, acude a un plebiscito para buscar su identidad
San Juan, Puerto Rico.- Los puertorriqueños acudirán hoy a un plebiscito para determinar si la isla se convierte en el estado 51 deEstados Unidos o si se despoja de los lazos que durante más de un siglo han unido el territorio caribeño con el gigante del norte.La consulta, que se realiza en medio de una profunda crisis financiera y con la isla en quiebra, también preguntará a los puertorriqueños si desean continuar con el estatus actual de Estado Libre Asociado.
El plebiscito, que no es vinculante, es el quinto que se celebra en busca de un destino para la llamada «isla del encanto» y todas las encuestas aseguran que la «estadidad» contará con el respaldo de la mayoría de los 2,3 millones de votantes habilitados.
Según el gobernador Ricardo Roselló, que convocó al plebiscito tras ser electo por el Partido Popular Democrático (PPD) a fines del año pasado, al ser Puerto Rico un estado de EEUU sus habitantes dejarán de ser ciudadanos de segunda categoría, podrán participar en sus elecciones y serán favorecidos con los programas federales.
Pero para quienes se oponen, la consulta es un ejercicio fútil que correrá la misma suerte de otras cuatro anteriores en que ganó la estadidad pero chocó con la indiferencia del Congreso de Estados Unidos que debe dar su aprobación final.
«Este plebiscito es una pérdida de tiempo. No tiene ninguna consecuencia y no tiene validez porque no se la ha dado el Departamento de Justicia», de EEUU, dijo a Efe, Héctor Ferrer, presidente del Partido Popular Democrático (PPD) que anunció que boicoteará la consulta.
«El gobernador dirá que son mayoría, pero nosotros diremos que hubo trampa, que este ha sido un proceso amañado», agregó Ferrer.
El político de oposición aludió también a la ley «Plan Tennessee», aprobada a pocos días del plebiscito, que establece el envío de una misión a Washington para presentar el resultado y gestionar su aprobación en el Congreso.
«Nosotros también iremos a Washington, pero será para denunciar esta consulta que no es otra cosa que un proyecto político que no significa empleo, producción desarrollo, ni avance económico», dijo.
Ferrer indicó que el plebiscito ha costado siete millones de dólares y se gastarán más millones en enviar a funcionarios en momentos en que el país sufre una profunda crisis.
El líder del principal partido de la oposición se refería así a una bancarrota declarada por el gobierno de la isla que no puede pagar una deuda que asciende a más de 70.000 millones de dólares.
Las consecuencias se han hecho evidentes en la caída de la economía en cortes a los presupuestos de la principal universidad del país, a los servicios policiales y, sobretodo, en un éxodo permanente de su población de unos tres millones de habitantes.
Según el Instituto de Estadísticas cada mes en 2015 una media de 7.000 puertorriqueños trasladaron su residencia a Estados Unidos, en tanto que el Instituto Pew de Investigaciones de EEUU indica que ya en ese país residen unos 5,1 millones de habitantes de la isla.
Por otra parte, economistas locales pronostican que la situación económica y financiera del país continuará declinando en los próximos años y que el crecimiento caerá un 4 por ciento entre 2018 y 2019.
Un 46 por ciento de la población de poco más de tres millones de habitantes vive bajo el nivel de pobreza y el desempleo es actualmente de un 11,5 por ciento.
A pocas horas de que se celebre la consulta, en la que la población podrá votar entre las 8:00 de la mañana y las tres de la tarde (12.00-19.00 GMT), el partido en el poder, el PNP, apuraba en Bayamón, cerca de San Juan, la campaña a favor de la estadidad.
Los carteles, son escasos en las calles de la isla, mientras que los anuncios de televisión son más profusos, la mayoría de ellos partidarios de un futuro estado de Estados Unidos.
Tal y como explica a Efe Margarita Tullón, de 52 años, «votaré porque ese es mi derecho».
«Lo haré por la estadidad ya que de esa manera podré votar por un presidente estadounidense. No entiendo por qué no lo he podido hacer nunca teniendo el pasaporte estadounidense! Es ridículo», dijo.
Sin embargo, Ricardo Madariaga, de 25, consideró que es «absurda la estadidad, ¿Qué nos va a aportar? Eso no va a suponer más puestos de trabajo, ni bajada de precios ni vivir mejor…».
Latinoamericanas
Haitianos no creen que la ONU logre una solución internacional a crisis de pandillas
AP
Puerto Príncipe, Haití.-En un momento en que lo mandatarios mundiales reunidos en Naciones Unidas esta semana discuten el futuro de los esfuerzos para frenar a las pandillas que controlan Haití, los haitianos expresan su desesperanza de que una respuesta internacional pueda sofocar la violencia.
Hasta ahora, una fuerza respaldada por la ONU de 400 policías de Kenia y alrededor de dos docenas de agentes jamaicanos ha hecho poco para detener a las pandillas en Haití, que han aterrorizado al país desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
Los mandatarios mundiales han estado discutiendo los próximos pasos en complicados esfuerzos para restaurar el orden en la nación caribeña.
Estados Unidos ha planteado la idea de una fuerza de paz de la ONU, pero la idea se consideró demasiado polémica dados los casos de cólera y abuso sexual que se registraron la última vez que las tropas de Naciones Unidas operaron en Haití.
El despliegue de fuerzas kenianas fue, en parte, para evitar tensiones que podrían desencadenarse con el envío de otra misión de paz de la ONU.
Pero en una visita a Haití del presidente de Kenia, William Ruto, durante el fin de semana —en camino a la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que comenzó el domingo— Ruto se dijo dispuesto a expandir las operaciones de Kenia hasta convertirlas en una misión de paz de la ONU más grande.
Si bien Ruto elogió los logros de las fuerzas kenianas el domingo, un informe reciente de un experto en derechos humanos de Naciones Unidas señaló que la violencia de las pandillas se está extendiendo por todo Haití y que la policía haitiana todavía carece de la “capacidad logística y técnica” para combatir a las pandillas.
La violencia actual ha dejado a haitianos como Mario Canteve, de 39 años, desilusionados por nuevos esfuerzos internacionales para sofocar a las pandillas, afirmando que ya no cree en las promesas de los mandatarios mundiales de que podrán cambiar la situación en la nación azotada por la crisis.
Canteve vende chips para teléfonos móviles y repara aparatos electrónicos en la capital, Puerto Príncipe, cuyo 80% se estima está controlado por pandillas.
Ante la brutal violencia de las pandillas, algunos haitianos han organizado grupos de vigilantes para defenderse.
Moise Jean-Pierre, un profesor de 50 años, recordó misiones pasadas de la ONU en Haití y consideró que tales esfuerzos eran una “pérdida de tiempo”.
“No sería la primera vez que tengamos misiones de la ONU en Haití”, dijo. “¿Qué diferencia habrá?”
Tales opiniones en el lugar hablan de la situación en que se encuentran los mandatarios mundiales que han pasado años buscando una solución más amplia a los problemas de Haití.
El gobierno de Kenia prometió 600 agentes adicionales y se espera que la misión actual de seguridad alcance un total de 2,500 efectivos, y las Bahamas, Bangladesh, Barbados, Benin y Chad también se comprometieron a enviar policías y soldados. Aunque aún no queda claro cuándo sucederá eso.
Agencia EFE
Caracas.- La Asamblea Nacional de Venezuela (AN), controlada por el chavismo, rechazó este jueves la decisión de la Eurocámara de reconocer a Edmundo González Urrutia, candidato de la mayor coalición opositora, como presidente electo en las elecciones del 28 de julio. El resultado oficial proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.
Durante una sesión transmitida por el canal estatal VTV, la AN condenó «la írrita e ilegítima práctica del Parlamento Europeo de reconocer gobiernos ficticios e ilusorios» y exhortó a respetar «la decisión del pueblo venezolano» que «eligió» a Maduro, un resultado que ha sido cuestionado tanto dentro como fuera del país.
Asimismo, instó a «los europarlamentarios fascistas» a abandonar «la fracasada estrategia neocolonialista» de «cambio de régimen» en Venezuela y pidió que se concentren en «las graves violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de sus fronteras».
Por su parte, la diputada Blanca Eekhout, quien presentó el acuerdo, manifestó que «el fascismo pretende desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano», en referencia al resultado oficial de los comicios, que fue calificado de fraudulento por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que respalda a González Urrutia.
El bloque antichavista sostiene que su candidato es el presidente electo, sustentando este reclamo con el «83,5%» de las actas electorales, publicadas en una página web y posteriormente descalificadas como falsas por el Gobierno y la Fiscalía.
Tras el reconocimiento de la Eurocámara, el líder de la PUD, exiliado en Madrid desde el 8 de septiembre, solicitó a la Unión Europea que actúe para que en Venezuela «se haga valer la soberanía expresada en las urnas».
La resolución del Parlamento Europeo, que no es vinculante, fue aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones. También reconoce a María Corina Machado, principal aliada de González Urrutia, como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela.
Maduro fue proclamado presidente por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que, a pesar de la insistencia de numerosos países, aún no publica los resultados desagregados por centro de votación, como establece su propia normativa.
Latinoamericanas
Venezuela solicita orden de captura contra Milei por «robo de avión»; situación similar a la de RD
Agencias
CARACAS.- La Fiscalía de Venezuela tramita la solicitud de una orden de captura contra el presidente de Argentina, Javier Milei -a quien abrió «una averiguación»-, por el «robo» del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero, informó este miércoles el fiscal general, Tarek William Saab.
La institución «anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes al caso y se encuentran tramitando la orden de aprehensión» también contra la secretaria general de Presidencia de Argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad del país austral, Patricia Bullrich.
En febrero de este año el Gobierno de Estados Unidos confiscó un avión de carga Boeing de la estatal venezolana Emtrasur, que había sido vendido por una aerolínea iraní sancionada en violación de las leyes federales de control de exportaciones.
El avión de carga, un Boeing 747-300M, partió desde Argentina, donde estaba retenido desde 2022, y aterrizó en un aeropuerto no revelado en la Florida.
Antes de su venta a la estatal venezolana, la aeronave era propiedad de Mahan Air, una compañía a la que Washington señala por su apoyo a las Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, designada por Estados Unidos como una organización terrorista.
Situación en RD
La situación es muy similar a la ocurrida el pasado 2 de septiembre en República Dominicana cuando la justicia dominicana decidió enviar la aeronave a Estados Unidos, a solicitud del Departamento de Justicia de ese país.
El Gobierno de República Dominicana ha negado cualquier responsabilidad directa en la incautación de un avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por orden de las autoridades de Estados Unidos, alegando que todo el proceso se desarrolló en el ámbito de los tribunales, sin intervención de autoridades políticas o de la Fiscalía dominicana.
Según Álvarez, en mayo de este año “el Ministerio Público recibió una solicitud formal de Estados Unidos para inmovilizar la aeronave como parte de una investigación criminal relacionada con actividades de fraude, contrabando y lavado de activos. La aeronave se encontraba en la República Dominicana para fines de mantenimiento debido a la alta calidad de los servicios disponibles en el país. Posteriormente, el 22 de mayo, el Ministerio Público obtuvo una orden judicial de un tribunal competente que autorizó la inmovilización del avión”.
La respuesta de Argentina al proceso de Maduro
El Gobierno de Argentina repudió este miércoles la decisión de la Fiscalía de Venezuela de tramitar la solicitud de una orden de captura contra el presidente, Javier Milei, por el caso del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires desde 2022 y enviado a Estados Unidos en febrero pasado.
«La República Argentina repudia las órdenes de aprehensión dictadas por el Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela contra el presidente de la Nación, Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz del incidente del avión de la empresa Emtrasur», dijo la Cancillería argentina en un comunicado.
Según el Gobierno de Milei, «el mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional».
«El Gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro», añade el comunicado.
En declaraciones transmitidas este miércoles por el canal estatal VTV, el fiscal general, de Venezuela Tarek William Saab, anunció que dos fiscales especializados «se encuentran tramitando la orden de aprehensión» contra Milei, su hermana Karina y Bullrich.
Explicó que, en el caso del avión, que fue «totalmente desmantelado» en Estados Unidos, se incurrió, según la legislación venezolana, en los delitos de «robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir».
Por otra parte, Saab informó de la designación de un «fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos para que adelante las investigaciones correspondientes» contra Milei y Bullrich por «las acciones cometidas contra el pueblo argentino» y aseveró que se podría «estar en presencia de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad».
El fiscal, quien llamó «fascista» y «neonazi» a Milei, dijo que en Argentina se aplica un «programa de violencia institucional premeditado» contra su población, por lo que señaló al mandatario argentino como «el violador de derechos humanos más feroz del continente» y como «un peligro brutal para todo el hemisferio».
Este mes, la Cancillería argentina instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a solicitar una orden de detención contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y «otros cabecillas del régimen», ante «el agravamiento de la situación» tras los comicios presidenciales en el país caribeño el 28 de julio.