Latinoamericanas
Puerto Rico, una isla en bancarrota, acude a un plebiscito para buscar su identidad
San Juan, Puerto Rico.- Los puertorriqueños acudirán hoy a un plebiscito para determinar si la isla se convierte en el estado 51 deEstados Unidos o si se despoja de los lazos que durante más de un siglo han unido el territorio caribeño con el gigante del norte.La consulta, que se realiza en medio de una profunda crisis financiera y con la isla en quiebra, también preguntará a los puertorriqueños si desean continuar con el estatus actual de Estado Libre Asociado.
El plebiscito, que no es vinculante, es el quinto que se celebra en busca de un destino para la llamada «isla del encanto» y todas las encuestas aseguran que la «estadidad» contará con el respaldo de la mayoría de los 2,3 millones de votantes habilitados.
Según el gobernador Ricardo Roselló, que convocó al plebiscito tras ser electo por el Partido Popular Democrático (PPD) a fines del año pasado, al ser Puerto Rico un estado de EEUU sus habitantes dejarán de ser ciudadanos de segunda categoría, podrán participar en sus elecciones y serán favorecidos con los programas federales.
Pero para quienes se oponen, la consulta es un ejercicio fútil que correrá la misma suerte de otras cuatro anteriores en que ganó la estadidad pero chocó con la indiferencia del Congreso de Estados Unidos que debe dar su aprobación final.
«Este plebiscito es una pérdida de tiempo. No tiene ninguna consecuencia y no tiene validez porque no se la ha dado el Departamento de Justicia», de EEUU, dijo a Efe, Héctor Ferrer, presidente del Partido Popular Democrático (PPD) que anunció que boicoteará la consulta.
«El gobernador dirá que son mayoría, pero nosotros diremos que hubo trampa, que este ha sido un proceso amañado», agregó Ferrer.
El político de oposición aludió también a la ley «Plan Tennessee», aprobada a pocos días del plebiscito, que establece el envío de una misión a Washington para presentar el resultado y gestionar su aprobación en el Congreso.
«Nosotros también iremos a Washington, pero será para denunciar esta consulta que no es otra cosa que un proyecto político que no significa empleo, producción desarrollo, ni avance económico», dijo.
Ferrer indicó que el plebiscito ha costado siete millones de dólares y se gastarán más millones en enviar a funcionarios en momentos en que el país sufre una profunda crisis.
El líder del principal partido de la oposición se refería así a una bancarrota declarada por el gobierno de la isla que no puede pagar una deuda que asciende a más de 70.000 millones de dólares.
Las consecuencias se han hecho evidentes en la caída de la economía en cortes a los presupuestos de la principal universidad del país, a los servicios policiales y, sobretodo, en un éxodo permanente de su población de unos tres millones de habitantes.
Según el Instituto de Estadísticas cada mes en 2015 una media de 7.000 puertorriqueños trasladaron su residencia a Estados Unidos, en tanto que el Instituto Pew de Investigaciones de EEUU indica que ya en ese país residen unos 5,1 millones de habitantes de la isla.
Por otra parte, economistas locales pronostican que la situación económica y financiera del país continuará declinando en los próximos años y que el crecimiento caerá un 4 por ciento entre 2018 y 2019.
Un 46 por ciento de la población de poco más de tres millones de habitantes vive bajo el nivel de pobreza y el desempleo es actualmente de un 11,5 por ciento.
A pocas horas de que se celebre la consulta, en la que la población podrá votar entre las 8:00 de la mañana y las tres de la tarde (12.00-19.00 GMT), el partido en el poder, el PNP, apuraba en Bayamón, cerca de San Juan, la campaña a favor de la estadidad.
Los carteles, son escasos en las calles de la isla, mientras que los anuncios de televisión son más profusos, la mayoría de ellos partidarios de un futuro estado de Estados Unidos.
Tal y como explica a Efe Margarita Tullón, de 52 años, «votaré porque ese es mi derecho».
«Lo haré por la estadidad ya que de esa manera podré votar por un presidente estadounidense. No entiendo por qué no lo he podido hacer nunca teniendo el pasaporte estadounidense! Es ridículo», dijo.
Sin embargo, Ricardo Madariaga, de 25, consideró que es «absurda la estadidad, ¿Qué nos va a aportar? Eso no va a suponer más puestos de trabajo, ni bajada de precios ni vivir mejor…».
Agencia AFP
Perú.-La derechista Keiko Fujimori aventaja levemente al izquieridista Roberto Sánchez en los sondeos a boca de urna en un reñido balotaje presidencial (segundoa vuelta) este domingo en Perú, marcado por la inestabilidad política y la criminalidad.
Keiko Fujimori, hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000), se enfrentó en su cuarto intento de llegar a la presidencia a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso por el fallido autogolpe de Estado de 2022.
Fujimori obtiene 50,7% frente 49,3% de Sánchez, según la encuestadora privada Ipsos; y 50,5% contra 49,5%, de acuerdo con Datum, lo que muestra prácticamente un empate técnico.
Las mesas de votación cerraron a las 17H00 locales (22H00 GMT), tras una jornada sin mayores incidentes a diferencia de la caótica primera ronda plagada de fallos técnicos y denuncias de fraude.
Fujimori, administradora de 51 años, apeló al legado ambivalente de su padre, quien estabilizó la economía, derrotó a la insurgencia, pero fue acusado de crímenes de lesa humanidad.
Sánchez, congresista y exministro de 57 años, reivindicó la herencia campesina de Castillo. Como muestra de lealtad, esperó los resultados a boca de urna en la cárcel donde está recluido su mentor, a quien prometió indultar.
Los dos candidatos no superaron juntos el 30% en una primera vuelta, en abril, empañada por denuncias de fraude que aumentaron la desconfianza en las instituciones peruanas.
– «Comunismo» o «dictadura» –
«Voté por Keiko porque representa estabilidad. Lamentablemente, no le hemos dado oportunidad de gobernar», declaró Luis Bernaola, técnico electrónico de 44 años.
Sánchez moderó su discurso de «cambio radical», se distanció de los ultranacionalistas, y dijo a la AFP que quiere una relación «respetuosa» con Washington.
El izquierdista, que lleva siempre el sombrero que le regaló Castillo, acusa a Fujimori de ser parte de la «dictadura» del poderoso Congreso que derriba presidentes, donde ella tiene influencia.
Sin afectar el balotaje, un juez lo envió a juicio por presuntas anomalías financieras en su partido. Si gana la presidencia tendría inmunidad, aunque es vulnerable ante un parlamento inclinado a la derecha.
Ninguno tiene mayoría legislativa. El futuro presidente deberá tejer alianzas si quiere concluir su mandato, opinó el analista Jeffey Radzinsky.
El ganador sustituirá a partir del 28 de julio al mandatario interino José María Balcázar.
– Extorsiones, lo más crítico –
Pese a la desilusión política, la mayor preocupación de los peruanos es la inseguridad en un país donde proliferan las bandas criminales y las denuncias de extorsión aumentanon nueve veces en cinco años.
«Es lo más crítico. Espero que acaben con la delincuencia», aseguró a la AFP Carlos Altamirano, ingeniero de 49 años, tras votar en el norte de Lima.
Fujimori receta mano dura: militarizar cárceles y zonas conflictivas, y expulsar migrantes para acabar -dice- con la «lacra social» con la «misma fuerza» con que su padre venció a la insurgencia en los años 1990.
Sánchez propone encarar la corrupción en la policía y la justicia, ante lo que denuncia como una complicidad de élites políticas con la criminalidad.
Su base social está en el campo empobrecido y abandonado, donde la inseguridad es menor. Fujimori la tiene en Lima, que de 2020 a 2025 triplicó la tasa de homicidios, para llegar a un índice de 23 por cada 100.000 habitantes.
El ganador recibirá un Perú económicamente estable, con un crecimiento del PIB del 3,4% y baja inflación. Pero siete de cada diez trabajadores están en la economía informal.
Fujimori defiende las propuestas neoliberales, el respeto a la propiedad privada y la atracción de inversiones.
Sánchez ofreció alzas salariales y tratamiento de tranquilizar a los inversionistas al prometer que mantendrá la apertura económica e independencia del banco estratégico central.
Ciudad de Panamá, (EFE).- Una nueva respuesta humanitaria abarcará a más de 400.000 personas en Haití afectadas por la prolongada crisis de violencia en el país, donde más de la mitad de la población necesita asistencia alimentaria y sanitaria, informó este lunes la ONG global Plan International.
Esta iniciativa beneficiará a más de 400.000 personas en los departamentos de Ouest, Centre y Artibonite, y contempla la cobertura de sus necesidades más urgentes de alimentación, refugio y artículos esenciales.
«Lo que vemos cada día en Haití exige una respuesta a esta escala. Las familias desplazadas, y las comunidades que las acogen, están cargando con el peso de una crisis que no se detiene», afirmó el director de Plan International Haití, Prospery Raymond, en una comunicado de prensa.
Los servicios de nutrición ampliarán el acceso a prevención, detección y tratamiento de la desnutrición aguda severa en sitios de desplazados y comunidades de acogida, al tiempo que los servicios de protección de la niñez conectarán a niñas y niños afectados por la violencia, el desplazamiento y la separación familiar con servicios esenciales y con especial atención a las niñas y a otros grupos en mayor riesgo.
La ONG global recordó que Haití atraviesa una de las peores emergencias humanitarias de su historia reciente, impulsada por la violencia armada, el desplazamiento masivo, la inseguridad alimentaria severa y el colapso de los servicios esenciales que están dejando a millones de familias sin acceso a necesidades básicas.
«Más de 6,4 millones de personas -más de la mitad de la población- necesitan asistencia humanitaria en Haití. El hambre es una de las caras más severas de esta crisis: la actualización del IPC (Marco Integrado de Clasificación de la Seguridad Alimentaria) publicada en abril de 2026 identifica a 5,8 millones de personas en inseguridad alimentaria aguda y advierte que el 70 % de las personas que viven en sitios de desplazados en Puerto Príncipe enfrenta carencias alimentarias severas», indicó Plan.
La organización recalcó que en Puerto Príncipe y sus alrededores, grupos armados controlan amplias zonas y exponen a la niñez al reclutamiento, la explotación, la violencia sexual y la interrupción de su educación.
Agencia AFP
La Paz, Bolivia.-El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, advirtió el miércoles que la crisis «está llegando al límite», en una nueva jornada de manifestaciones que exigen su renuncia pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenar las protestas.
Paz enfrenta desde hace casi un mes una convulsión social, con bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas que pedían medidas contra la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora exigen su renuncia.
«El que quiera destruir la patria se las va a ver con este presidente y con toda la fuerza de la Constitución», advirtió, en alusión a los estados de excepción.
Pero las manifestaciones no paran. Con banderas indígenas, miles de campesinos indígenas, la mayoría mujeres, marcharon este miércoles, en el Día de la Madre, por el centro de La Paz.
La marcha de campesinas se unió en una sola protesta con choferes en huelga que han paralizado parcialmente el transporte público.
«La policía boliviana no puede reprimir contra su propio pueblo. Ellos vienen de las mismas comunidades. No pueden enfrentarse contra sus propios hermanos, contra su padre, contra su madre (…) que se repliegue», dijo a la AFP Froylan Choque, en la manifestación.
– «Peor que el covid» –
La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto, son el epicentro de las protestas y bloqueos, que han causado escasez de alimentos, medicinas y combustible. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor.
Grupos de cientos de vecinos en La Paz también han marchado en estos días en contra de los bloqueos de carreteras, constató la AFP.
Según el presidente, los efectos en la economía llegan a los 600 millones de dólares de pérdidas en un país en severa crisis desde 2023, que agotó sus reservas de dólares y su inflación ronda el 15%.
«Es peor que el covid», manifestó Paz, al hablar de la escasez y la subida de precios provocada por los bloqueos en La Paz y El Alto.
En un intento por bajar las tensiones, Paz, economista de 58 años, anunció esta semana que bajará a la mitad su salario, en una medida casi simbólica pues su ingreso mensual es equivalente a 3,448 dólares.
El anuncio no ha surtido ningún efecto entre los manifestantes.
«Estamos hartos con este presidente (…) Por culpa de él, está sufriendo toda la gente boliviana», expresó este miércoles Delta Salinas, otra de las manifestantes.
El gobierno de Paz denuncia un intento de «alterar el orden democrático» y señala al expresidente socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsar los disturbios en las protestas.
El líder cocalero, refugiado en la zona del Chapare, su bastión político, insta a Paz a que llame a nuevas elecciones en 90 días.