Santo Domingo.- El 2017 fue un año de pocas luces para el sector eléctrico nacional. El Pacto Eléctrico y la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina se posicionaron como los temas más controversiales en las páginas de la prensa nacional.Nacionales
Punta Catalina y Pacto Eléctrico temas calientes del 2017
Santo Domingo.- El 2017 fue un año de pocas luces para el sector eléctrico nacional. El Pacto Eléctrico y la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina se posicionaron como los temas más controversiales en las páginas de la prensa nacional.En enero, el Gobierno anunció la reanudación de las discusiones para el pacto, y a su vez nombró una comisión para investigar el proceso de licitación y adjudicación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
Fue en mayo cuando efectivamente el Consejo Económico y Social (CES) logró reanudar la fase VI del programa metodológico para la firma del pacto, sin embargo, en los meses siguientes los actores participantes no lograban avanzar en temas vitales como la tarifa técnica, las inversiones para enfrentar los problemas técnicos, la gerencia de las distribuidoras, si mantener o no el programa de usuarios no regulados, entre otros temas.
En agosto, el sector social manifestó su desacuerdo con lo que calificó “interés del Gobierno” de acelerar la firma del pacto sin lograr acuerdo sobre Punta Catalina, y ni sobre la garantía de los derechos de los consumidores.
A pesar de persistir los desacuerdos, desde julio se empezó a decir que la firma del pacto estaba al doblar de la esquina, sin embargo, llegó diciembre sin pacto. Aunque el CES anunció la conclusión de las discusiones y sometió al Poder Ejecutivo el documento final, aún no se ha convocado a la tan esperada firma del Pacto Eléctrico por la Reforma del Sector Eléctrico, que debió realizarse en julio del 2015.
Punta Catalina
En el caso del proyecto de construcción de Punta Catalina, el 2017 no pudo se más conflictivo. Mientras el Gobierno hacía malabares para alcanzar los recursos y no detener la ejecución de la obra, el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella exigía el pago de US$708 millones por sobrecostos y la presión social para detener la obra no cesaba.
En enero, fruto del escándalo de corrupción de Odebrecht y por la presión de la sociedad, el presidente Danilo Medina designó una comisión para investigar el proceso de licitación y adjudicación de las plantas a carbón, por ser Odebrecht parte del consorcio que construye la obra.
Esta comisión determinó que el proceso se realizó con apego a las leyes locales, y que el rango de precios con el que se construyó la obra estuvo en consonancia con el valor de otras similares en la región.
Asimismo, en octubre la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó suspender el contrato de ejecución de la planta a carbón de Punta Catalina.
A mediados de agosto, el consorcio que construye Punta Catalina exigió al Gobierno el pago de US$708 millones, argumentando sobrecostos en la obra, a lo que el Estado, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estados (CDEEE) se negó a admitir, alegando apego al contrato.
Desde ese momento el consorcio y el Gobierno intentan llegar a un acuerdo y no se descarta que lleguen a arbitraje internacional. Para esto, se informó que el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, contactó en noviembre firmas de abogados en Estados Unidos.
Recursos
Para garantizar la finalización de Punta Catalina, el Gobierno sometió en noviembre un proyecto de modificación de la Ley General de Presupuesto, para aumentar las fuentes de financiamiento del proyecto en RD$29,514.7 basado en la colocación de US$500 millones en bonos.
Resultado
A pesar de los esfuerzos, siguen siendo altas las pérdidas eléctricas, la población sigue sufriendo apagones, las industrias se siguen quejando del alto costo de la electricidad, cómo esto afecta la competitividad, y muchos desconfían de que el pacto pueda resolver el problema eléctrico. La sociedad espera que el 2018 traiga las luces y la voluntad política que necesita el sector.
Renovables
Logros. Todos los actores que integran el sector eléctrico reconocen que el país ha avanzado en materia de energía renovable. La matriz de generación se ha diversificado. A abril de 2017, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica indicó que la matriz de generación estaba dividida en gas natural 33%, hidráulica 15.4%, derivados del petróleo con una participación de un 31.2%, carbón 14.9%, biomasa 1.2%, eólico 4.1% y finalmente solar con 0.2%, según datos suministrados por el Organismo Coordinador del sistema eléctrico. Este año se inauguró el Parque Eólico Larimar 2, dos nuevos parques eólicos en Puerto Plata, se logró la inauguración del ciclo combinado de la Central Termoeléctrica DPP de AES Dominicana y la terminación de 30 microcentrales hidroeléctricas. Mediante el plan de apoyo a las iniciativas privadas de energías renovables de la CDEEE, se logró la concreción de 10 proyectos de inversión que aportarán 440.7 megavatios, 277.8 eólicos y 162.9 solar.
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Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
En la audiencia, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habían solicitado al tribunal que se mantuviera la medida de coerción por riesgo de fuga y posible interferencia en la investigación, destacando la gravedad de los hechos.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 9 de abril de 2026.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.