Santo Domingo.- El 2017 fue un año de pocas luces para el sector eléctrico nacional. El Pacto Eléctrico y la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina se posicionaron como los temas más controversiales en las páginas de la prensa nacional.Nacionales
Punta Catalina y Pacto Eléctrico temas calientes del 2017
Santo Domingo.- El 2017 fue un año de pocas luces para el sector eléctrico nacional. El Pacto Eléctrico y la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina se posicionaron como los temas más controversiales en las páginas de la prensa nacional.En enero, el Gobierno anunció la reanudación de las discusiones para el pacto, y a su vez nombró una comisión para investigar el proceso de licitación y adjudicación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
Fue en mayo cuando efectivamente el Consejo Económico y Social (CES) logró reanudar la fase VI del programa metodológico para la firma del pacto, sin embargo, en los meses siguientes los actores participantes no lograban avanzar en temas vitales como la tarifa técnica, las inversiones para enfrentar los problemas técnicos, la gerencia de las distribuidoras, si mantener o no el programa de usuarios no regulados, entre otros temas.
En agosto, el sector social manifestó su desacuerdo con lo que calificó “interés del Gobierno” de acelerar la firma del pacto sin lograr acuerdo sobre Punta Catalina, y ni sobre la garantía de los derechos de los consumidores.
A pesar de persistir los desacuerdos, desde julio se empezó a decir que la firma del pacto estaba al doblar de la esquina, sin embargo, llegó diciembre sin pacto. Aunque el CES anunció la conclusión de las discusiones y sometió al Poder Ejecutivo el documento final, aún no se ha convocado a la tan esperada firma del Pacto Eléctrico por la Reforma del Sector Eléctrico, que debió realizarse en julio del 2015.
Punta Catalina
En el caso del proyecto de construcción de Punta Catalina, el 2017 no pudo se más conflictivo. Mientras el Gobierno hacía malabares para alcanzar los recursos y no detener la ejecución de la obra, el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella exigía el pago de US$708 millones por sobrecostos y la presión social para detener la obra no cesaba.
En enero, fruto del escándalo de corrupción de Odebrecht y por la presión de la sociedad, el presidente Danilo Medina designó una comisión para investigar el proceso de licitación y adjudicación de las plantas a carbón, por ser Odebrecht parte del consorcio que construye la obra.
Esta comisión determinó que el proceso se realizó con apego a las leyes locales, y que el rango de precios con el que se construyó la obra estuvo en consonancia con el valor de otras similares en la región.
Asimismo, en octubre la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó suspender el contrato de ejecución de la planta a carbón de Punta Catalina.
A mediados de agosto, el consorcio que construye Punta Catalina exigió al Gobierno el pago de US$708 millones, argumentando sobrecostos en la obra, a lo que el Estado, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estados (CDEEE) se negó a admitir, alegando apego al contrato.
Desde ese momento el consorcio y el Gobierno intentan llegar a un acuerdo y no se descarta que lleguen a arbitraje internacional. Para esto, se informó que el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, contactó en noviembre firmas de abogados en Estados Unidos.
Recursos
Para garantizar la finalización de Punta Catalina, el Gobierno sometió en noviembre un proyecto de modificación de la Ley General de Presupuesto, para aumentar las fuentes de financiamiento del proyecto en RD$29,514.7 basado en la colocación de US$500 millones en bonos.
Resultado
A pesar de los esfuerzos, siguen siendo altas las pérdidas eléctricas, la población sigue sufriendo apagones, las industrias se siguen quejando del alto costo de la electricidad, cómo esto afecta la competitividad, y muchos desconfían de que el pacto pueda resolver el problema eléctrico. La sociedad espera que el 2018 traiga las luces y la voluntad política que necesita el sector.
Renovables
Logros. Todos los actores que integran el sector eléctrico reconocen que el país ha avanzado en materia de energía renovable. La matriz de generación se ha diversificado. A abril de 2017, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica indicó que la matriz de generación estaba dividida en gas natural 33%, hidráulica 15.4%, derivados del petróleo con una participación de un 31.2%, carbón 14.9%, biomasa 1.2%, eólico 4.1% y finalmente solar con 0.2%, según datos suministrados por el Organismo Coordinador del sistema eléctrico. Este año se inauguró el Parque Eólico Larimar 2, dos nuevos parques eólicos en Puerto Plata, se logró la inauguración del ciclo combinado de la Central Termoeléctrica DPP de AES Dominicana y la terminación de 30 microcentrales hidroeléctricas. Mediante el plan de apoyo a las iniciativas privadas de energías renovables de la CDEEE, se logró la concreción de 10 proyectos de inversión que aportarán 440.7 megavatios, 277.8 eólicos y 162.9 solar.
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Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.