Santo Domingo.- El 2017 fue un año de pocas luces para el sector eléctrico nacional. El Pacto Eléctrico y la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina se posicionaron como los temas más controversiales en las páginas de la prensa nacional.Nacionales
Punta Catalina y Pacto Eléctrico temas calientes del 2017
Santo Domingo.- El 2017 fue un año de pocas luces para el sector eléctrico nacional. El Pacto Eléctrico y la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina se posicionaron como los temas más controversiales en las páginas de la prensa nacional.En enero, el Gobierno anunció la reanudación de las discusiones para el pacto, y a su vez nombró una comisión para investigar el proceso de licitación y adjudicación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
Fue en mayo cuando efectivamente el Consejo Económico y Social (CES) logró reanudar la fase VI del programa metodológico para la firma del pacto, sin embargo, en los meses siguientes los actores participantes no lograban avanzar en temas vitales como la tarifa técnica, las inversiones para enfrentar los problemas técnicos, la gerencia de las distribuidoras, si mantener o no el programa de usuarios no regulados, entre otros temas.
En agosto, el sector social manifestó su desacuerdo con lo que calificó “interés del Gobierno” de acelerar la firma del pacto sin lograr acuerdo sobre Punta Catalina, y ni sobre la garantía de los derechos de los consumidores.
A pesar de persistir los desacuerdos, desde julio se empezó a decir que la firma del pacto estaba al doblar de la esquina, sin embargo, llegó diciembre sin pacto. Aunque el CES anunció la conclusión de las discusiones y sometió al Poder Ejecutivo el documento final, aún no se ha convocado a la tan esperada firma del Pacto Eléctrico por la Reforma del Sector Eléctrico, que debió realizarse en julio del 2015.
Punta Catalina
En el caso del proyecto de construcción de Punta Catalina, el 2017 no pudo se más conflictivo. Mientras el Gobierno hacía malabares para alcanzar los recursos y no detener la ejecución de la obra, el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella exigía el pago de US$708 millones por sobrecostos y la presión social para detener la obra no cesaba.
En enero, fruto del escándalo de corrupción de Odebrecht y por la presión de la sociedad, el presidente Danilo Medina designó una comisión para investigar el proceso de licitación y adjudicación de las plantas a carbón, por ser Odebrecht parte del consorcio que construye la obra.
Esta comisión determinó que el proceso se realizó con apego a las leyes locales, y que el rango de precios con el que se construyó la obra estuvo en consonancia con el valor de otras similares en la región.
Asimismo, en octubre la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó suspender el contrato de ejecución de la planta a carbón de Punta Catalina.
A mediados de agosto, el consorcio que construye Punta Catalina exigió al Gobierno el pago de US$708 millones, argumentando sobrecostos en la obra, a lo que el Estado, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estados (CDEEE) se negó a admitir, alegando apego al contrato.
Desde ese momento el consorcio y el Gobierno intentan llegar a un acuerdo y no se descarta que lleguen a arbitraje internacional. Para esto, se informó que el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, contactó en noviembre firmas de abogados en Estados Unidos.
Recursos
Para garantizar la finalización de Punta Catalina, el Gobierno sometió en noviembre un proyecto de modificación de la Ley General de Presupuesto, para aumentar las fuentes de financiamiento del proyecto en RD$29,514.7 basado en la colocación de US$500 millones en bonos.
Resultado
A pesar de los esfuerzos, siguen siendo altas las pérdidas eléctricas, la población sigue sufriendo apagones, las industrias se siguen quejando del alto costo de la electricidad, cómo esto afecta la competitividad, y muchos desconfían de que el pacto pueda resolver el problema eléctrico. La sociedad espera que el 2018 traiga las luces y la voluntad política que necesita el sector.
Renovables
Logros. Todos los actores que integran el sector eléctrico reconocen que el país ha avanzado en materia de energía renovable. La matriz de generación se ha diversificado. A abril de 2017, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica indicó que la matriz de generación estaba dividida en gas natural 33%, hidráulica 15.4%, derivados del petróleo con una participación de un 31.2%, carbón 14.9%, biomasa 1.2%, eólico 4.1% y finalmente solar con 0.2%, según datos suministrados por el Organismo Coordinador del sistema eléctrico. Este año se inauguró el Parque Eólico Larimar 2, dos nuevos parques eólicos en Puerto Plata, se logró la inauguración del ciclo combinado de la Central Termoeléctrica DPP de AES Dominicana y la terminación de 30 microcentrales hidroeléctricas. Mediante el plan de apoyo a las iniciativas privadas de energías renovables de la CDEEE, se logró la concreción de 10 proyectos de inversión que aportarán 440.7 megavatios, 277.8 eólicos y 162.9 solar.
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Nacionales
La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
En ese orden, el ingeniero explicó que el objetivo actual es acelerar la ejecución de los trabajos. Para tales fines, se habilitarán tres frentes de construcción: uno desde Santiago hacia Puerto Plata, otro desde Puerto Plata hacia Santiago y un tercero desde el tramo central de la vía.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
La funcionaria también agradeció el respaldo del sector empresarial al proyecto y aseguró que el Gobierno impulsa soluciones orientadas a acompañar ese crecimiento de la región mediante la construcción y ampliación de carreteras, puentes y otras obras estratégicas.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Sin embargo, no pudieron impedir que los legisladores oficialistas le permitieran a la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader acudir a las entidades financieras internacionales.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
“Intervendrán puntos críticos en corredores troncales, infraestructuras para entornos escolares seguros e implementará acciones prioritarias para la siniestralidad”, versa el texto del documento que presentó Paulino en la sesión.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
El decreto también reafirma que todo importador deberá declarar en el formulario electrónico de Declaración Única Aduanera (DUA), si tiene conocimiento o información razonable de que las mercancías, productos y bienes que importa han sido producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Además, se tomará en cuenta los informes, alertas, investigaciones o evaluaciones emitidos por organismos internacionales competentes, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras fuentes de información que arrojen algún indicio.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
En caso de que se concluya que sí existió el trabajo forzoso durante el proceso de elaboración del producto importado, se dispondrá la prohibición de importación de las mercancías, productos o bienes comprendidos en la determinación y específicamente vinculadas al productor, fabricante, suplidor o cadena de suministro respecto de los cuales se haya determinado la utilización de trabajo forzoso.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.