Santo Domingo.- El 2017 fue un año de pocas luces para el sector eléctrico nacional. El Pacto Eléctrico y la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina se posicionaron como los temas más controversiales en las páginas de la prensa nacional.Nacionales
Punta Catalina y Pacto Eléctrico temas calientes del 2017
Santo Domingo.- El 2017 fue un año de pocas luces para el sector eléctrico nacional. El Pacto Eléctrico y la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina se posicionaron como los temas más controversiales en las páginas de la prensa nacional.En enero, el Gobierno anunció la reanudación de las discusiones para el pacto, y a su vez nombró una comisión para investigar el proceso de licitación y adjudicación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
Fue en mayo cuando efectivamente el Consejo Económico y Social (CES) logró reanudar la fase VI del programa metodológico para la firma del pacto, sin embargo, en los meses siguientes los actores participantes no lograban avanzar en temas vitales como la tarifa técnica, las inversiones para enfrentar los problemas técnicos, la gerencia de las distribuidoras, si mantener o no el programa de usuarios no regulados, entre otros temas.
En agosto, el sector social manifestó su desacuerdo con lo que calificó “interés del Gobierno” de acelerar la firma del pacto sin lograr acuerdo sobre Punta Catalina, y ni sobre la garantía de los derechos de los consumidores.
A pesar de persistir los desacuerdos, desde julio se empezó a decir que la firma del pacto estaba al doblar de la esquina, sin embargo, llegó diciembre sin pacto. Aunque el CES anunció la conclusión de las discusiones y sometió al Poder Ejecutivo el documento final, aún no se ha convocado a la tan esperada firma del Pacto Eléctrico por la Reforma del Sector Eléctrico, que debió realizarse en julio del 2015.
Punta Catalina
En el caso del proyecto de construcción de Punta Catalina, el 2017 no pudo se más conflictivo. Mientras el Gobierno hacía malabares para alcanzar los recursos y no detener la ejecución de la obra, el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella exigía el pago de US$708 millones por sobrecostos y la presión social para detener la obra no cesaba.
En enero, fruto del escándalo de corrupción de Odebrecht y por la presión de la sociedad, el presidente Danilo Medina designó una comisión para investigar el proceso de licitación y adjudicación de las plantas a carbón, por ser Odebrecht parte del consorcio que construye la obra.
Esta comisión determinó que el proceso se realizó con apego a las leyes locales, y que el rango de precios con el que se construyó la obra estuvo en consonancia con el valor de otras similares en la región.
Asimismo, en octubre la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó suspender el contrato de ejecución de la planta a carbón de Punta Catalina.
A mediados de agosto, el consorcio que construye Punta Catalina exigió al Gobierno el pago de US$708 millones, argumentando sobrecostos en la obra, a lo que el Estado, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estados (CDEEE) se negó a admitir, alegando apego al contrato.
Desde ese momento el consorcio y el Gobierno intentan llegar a un acuerdo y no se descarta que lleguen a arbitraje internacional. Para esto, se informó que el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, contactó en noviembre firmas de abogados en Estados Unidos.
Recursos
Para garantizar la finalización de Punta Catalina, el Gobierno sometió en noviembre un proyecto de modificación de la Ley General de Presupuesto, para aumentar las fuentes de financiamiento del proyecto en RD$29,514.7 basado en la colocación de US$500 millones en bonos.
Resultado
A pesar de los esfuerzos, siguen siendo altas las pérdidas eléctricas, la población sigue sufriendo apagones, las industrias se siguen quejando del alto costo de la electricidad, cómo esto afecta la competitividad, y muchos desconfían de que el pacto pueda resolver el problema eléctrico. La sociedad espera que el 2018 traiga las luces y la voluntad política que necesita el sector.
Renovables
Logros. Todos los actores que integran el sector eléctrico reconocen que el país ha avanzado en materia de energía renovable. La matriz de generación se ha diversificado. A abril de 2017, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica indicó que la matriz de generación estaba dividida en gas natural 33%, hidráulica 15.4%, derivados del petróleo con una participación de un 31.2%, carbón 14.9%, biomasa 1.2%, eólico 4.1% y finalmente solar con 0.2%, según datos suministrados por el Organismo Coordinador del sistema eléctrico. Este año se inauguró el Parque Eólico Larimar 2, dos nuevos parques eólicos en Puerto Plata, se logró la inauguración del ciclo combinado de la Central Termoeléctrica DPP de AES Dominicana y la terminación de 30 microcentrales hidroeléctricas. Mediante el plan de apoyo a las iniciativas privadas de energías renovables de la CDEEE, se logró la concreción de 10 proyectos de inversión que aportarán 440.7 megavatios, 277.8 eólicos y 162.9 solar.
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Nacionales
Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
Hasta el momento, el magistrado de SCJ aún no ha informado si estas son sus pretensiones. Si no fuese confirmado en el puesto, deberá entregarlo cuando se desarrolle la toma de posesión de quien le sustituirá.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
Esta entidad considera que “la ausencia de una convocatoria formal genera incertidumbre institucional y afecta la confianza pública en el sistema de justicia”
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
“La noble petición se subsidia en atención a que soslayar el enunciado del mandato constitucional genera que la sociedad quede inscrita en un estado límbico ante la connatural incertidumbre que se genera en el seno de la propia alta instancia judicial”, dijo durante una rueda de prensa el jurista Carlos Balcácer, quien es representante del IDDP.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.