Santo Domingo.- El 2017 fue un año de pocas luces para el sector eléctrico nacional. El Pacto Eléctrico y la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina se posicionaron como los temas más controversiales en las páginas de la prensa nacional.Nacionales
Punta Catalina y Pacto Eléctrico temas calientes del 2017
Santo Domingo.- El 2017 fue un año de pocas luces para el sector eléctrico nacional. El Pacto Eléctrico y la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina se posicionaron como los temas más controversiales en las páginas de la prensa nacional.En enero, el Gobierno anunció la reanudación de las discusiones para el pacto, y a su vez nombró una comisión para investigar el proceso de licitación y adjudicación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
Fue en mayo cuando efectivamente el Consejo Económico y Social (CES) logró reanudar la fase VI del programa metodológico para la firma del pacto, sin embargo, en los meses siguientes los actores participantes no lograban avanzar en temas vitales como la tarifa técnica, las inversiones para enfrentar los problemas técnicos, la gerencia de las distribuidoras, si mantener o no el programa de usuarios no regulados, entre otros temas.
En agosto, el sector social manifestó su desacuerdo con lo que calificó “interés del Gobierno” de acelerar la firma del pacto sin lograr acuerdo sobre Punta Catalina, y ni sobre la garantía de los derechos de los consumidores.
A pesar de persistir los desacuerdos, desde julio se empezó a decir que la firma del pacto estaba al doblar de la esquina, sin embargo, llegó diciembre sin pacto. Aunque el CES anunció la conclusión de las discusiones y sometió al Poder Ejecutivo el documento final, aún no se ha convocado a la tan esperada firma del Pacto Eléctrico por la Reforma del Sector Eléctrico, que debió realizarse en julio del 2015.
Punta Catalina
En el caso del proyecto de construcción de Punta Catalina, el 2017 no pudo se más conflictivo. Mientras el Gobierno hacía malabares para alcanzar los recursos y no detener la ejecución de la obra, el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Estrella exigía el pago de US$708 millones por sobrecostos y la presión social para detener la obra no cesaba.
En enero, fruto del escándalo de corrupción de Odebrecht y por la presión de la sociedad, el presidente Danilo Medina designó una comisión para investigar el proceso de licitación y adjudicación de las plantas a carbón, por ser Odebrecht parte del consorcio que construye la obra.
Esta comisión determinó que el proceso se realizó con apego a las leyes locales, y que el rango de precios con el que se construyó la obra estuvo en consonancia con el valor de otras similares en la región.
Asimismo, en octubre la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó suspender el contrato de ejecución de la planta a carbón de Punta Catalina.
A mediados de agosto, el consorcio que construye Punta Catalina exigió al Gobierno el pago de US$708 millones, argumentando sobrecostos en la obra, a lo que el Estado, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estados (CDEEE) se negó a admitir, alegando apego al contrato.
Desde ese momento el consorcio y el Gobierno intentan llegar a un acuerdo y no se descarta que lleguen a arbitraje internacional. Para esto, se informó que el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, contactó en noviembre firmas de abogados en Estados Unidos.
Recursos
Para garantizar la finalización de Punta Catalina, el Gobierno sometió en noviembre un proyecto de modificación de la Ley General de Presupuesto, para aumentar las fuentes de financiamiento del proyecto en RD$29,514.7 basado en la colocación de US$500 millones en bonos.
Resultado
A pesar de los esfuerzos, siguen siendo altas las pérdidas eléctricas, la población sigue sufriendo apagones, las industrias se siguen quejando del alto costo de la electricidad, cómo esto afecta la competitividad, y muchos desconfían de que el pacto pueda resolver el problema eléctrico. La sociedad espera que el 2018 traiga las luces y la voluntad política que necesita el sector.
Renovables
Logros. Todos los actores que integran el sector eléctrico reconocen que el país ha avanzado en materia de energía renovable. La matriz de generación se ha diversificado. A abril de 2017, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica indicó que la matriz de generación estaba dividida en gas natural 33%, hidráulica 15.4%, derivados del petróleo con una participación de un 31.2%, carbón 14.9%, biomasa 1.2%, eólico 4.1% y finalmente solar con 0.2%, según datos suministrados por el Organismo Coordinador del sistema eléctrico. Este año se inauguró el Parque Eólico Larimar 2, dos nuevos parques eólicos en Puerto Plata, se logró la inauguración del ciclo combinado de la Central Termoeléctrica DPP de AES Dominicana y la terminación de 30 microcentrales hidroeléctricas. Mediante el plan de apoyo a las iniciativas privadas de energías renovables de la CDEEE, se logró la concreción de 10 proyectos de inversión que aportarán 440.7 megavatios, 277.8 eólicos y 162.9 solar.
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Nacionales
Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Mientras que la joven Caroline Milagros Pérez, de 22 años, novia del fallecido, fue encontrada con signos vitales.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
“Hasta el momento no tenemos mayores detalles que ofrecer. Estas tres personas fueron encontradas en el lugar y, preliminarmente, no se observaron signos de violencia”, declaró el portavoz policial.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
La ministra informó que al menos nueve sectores han sido evaluados con la finalidad de ser incorporados al programa.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
- El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
- En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
- En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.