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¿Qué deben hacer las autoridades según la sentencia del Tribunal Constitucional?

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haitiano2A final del mes pasado el Tribunal Constitucional (TC) emitió la sentencia 168-13 que establece, entre otras cosas, que “No son dominicanos los hijos de extranjeros en tránsito”.

El fallo a medida que ha sido divulgado ha generado posiciones a favor y contra, no solo en las personas afectadas por el dictamen, sino incluso entre juristas de larga data en el país.

Han sido muchos los cuestionamientos a la sentencia del Tribunal Constitucional  que además de afectar a más de 200 mil personas, por ser emitida por el TC tiene un efecto vinculante.

No obstante, voces como las del presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, y del jurista y especialista constitucional Juan Manuel Castillo Pantaleón, por citar dos casos, han pedido que se respete la institucionalidad dominicana y que se cumpla la sentencia. Además han denunciado que las reacciones en contra son parte de una campaña internacional que busca desacreditar este país.

Finalmente, luego de varias semanas de reclamos y dimes y diretes en torno a la decisión judicial, hoy el presidente de la República, Danilo Medina se reunirá con el Consejo Nacional de Migración para tratar el tema.

Pero ¿Qué deben hacer las autoridades, según el controversial fallo?

De acuerdo a la sentencia, “Por las razones de hecho y de derecho” expuestas en el documento el TC dispuso que la Junta Central Electoral (JCE) restituya en un plazo de diez días laborables, contados a partir de la notificación de esta sentencia, el original de su certificado de declaración de nacimiento a la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre.

Además, proceder a someter el acta al tribunal competente, tan pronto como sea posible, para que este determine su validez o nulidad, lo que indica que el TC emitió su fallo al tiempo que reconoce que no pudo determinar si el documento de identidad de la demandante es falso o no.

También ordena a la JCE proceder de la misma manera respecto a todos los casos similares al de la especie, con el debido respeto a las particularidades de cada uno de ellos, ampliando el aludido plazo de diez días cuando las circunstancias así lo requieran.

En adición, le indicó efectuar una auditoría minuciosa de los libros-registros de nacimientos del Registro Civil de la República Dominicana desde el veintiuno 21 de junio de 1929 hasta la fecha, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia.

Es decir la Junta tiene hasta finales del mes de septiembre del próximo año para hacer este inventario, aunque la sentencia agrega que puede extender este plazo por año más.

Precisa que esta orden fue emitida para lograr  identificar e integrar en una lista documental y/o digital a todos los extranjeros inscritos en los libros-registros de nacimientos del Registro Civil de la República Dominicana.

A la Junta le corresponde también consignar en una segunda lista los extranjeros que se encuentran irregularmente inscritos por carecer de las condiciones requeridas por la Constitución de la República para la atribución de la nacionalidad dominicana por ius soli, la cual se denominará Lista de extranjeros irregularmente inscritos en el Registro Civil de la República Dominicana.

También tendrá que crear libros-registro especial anuales de nacimientos de extranjeros desde el 21 de junio de 1929 hasta el 18 de abril de 2007, fecha en que la Junta Central Electoral puso en vigencia el Libro Registro del Nacimiento de Niño (a) de Madre Extranjera No Residente en la República Dominicana.

Luego de realizar este procedimiento la institución tiene que  transferir administrativamente los nacimientos que figuran en la Lista de extranjeros irregularmente inscritos en el Registro Civil de la República Dominicana a los nuevos libros-registros de nacimientos de extranjeros, según el año que corresponda a cada uno de ellos.

Tras hacer este proceso deberá notificar todos los nacimientos transferidos de conformidad con el párrafo anterior al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que este, a su vez, realice las notificaciones que correspondan, tanto a las personas que conciernan dichos nacimientos, como a los consulados y/o embajadas o legaciones diplomáticas, según el caso, para los fines legales pertinentes. 

Asimismo, la JCE debe remitir la Lista de extranjeros irregularmente inscritos en el Registro Civil de la República Dominicana al Ministro de Estado de Interior y Policía que preside el Consejo Nacional de Migración, para que esta última entidad elabore, dentro de los 90 días posteriores a la notificación de la presente sentencia, el Plan nacional de regularización de extranjeros ilegales radicados en el país para luego rendir un informe general sobre el indicado Plan nacional de regularización de extranjeros ilegales radicados en el país  al Poder Ejecutivo con sus recomendaciones.

En cuanto a la Dirección General de Migración, la sentencia establece que esta dependencia estatal debe otorgar un permiso especial de estadía temporal en el país a Juliana Dequis Pierre, joven que emitió el recurso de revisión de amparo que originó el fallo.

Esta disposición agrega que el permiso debe ser entregado a Juliana en un plazo de 10 días, hasta que el Plan nacional de regularización de los extranjeros ilegales radicados en el paísdetermine las condiciones de regularización de este género de casos.

Mientras que en su séptima disposición el tribunal exhortó al Poder Ejecutivo proceder a implementar el Plan nacional de regularización de extranjeros ilegales radicados en el país, razón por la que esta mañana se reunirá el Consejo Nacional de Migración para tratar el tema.

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Liberan a Donald Guerrero del impedimento de salida de país.

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Santo Domingo, R.D.- El exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz fue liberado este jueves del impedimento de salida del pais, medida de coerción que pesaba sobre él desde octubre del 2023.

El abogado del exfuncionario Manuel Rodríguez dijo que la decisión está «adecuada» al comportamiento a la conducta «impecable» que ha exhibido Guerrero de «nunca» sustraerse del proceso, mediante el cual el Ministerio Público lo acusa de ser uno de los supuestos cabecillas de una red que estafó al Estado con más de 19,000 millones de pesos.

La decisión de la jueza Altagracia Ramírez establece que Guerrero se limitará a presentarse cada mes ante el Ministerio Público.

El letrado anunció que el próximo pasó que dará como defensor del exministro será el de lograr que también sea liberado de la presentación periódica.

«El ciudadano Donald Guerrero Ortiz tendrá plena libertad de salir del país, pero sin sustraerse del proceso», dijo su abogado.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, reveló en abril pasado que los acusados de la llamada operación Calamar son 46, entre personas físicas y jurídicas.

«Hay más de dos mil medios de prueba, que servirán para que se produzca una apertura a juicio y cuando se de ese juicio, nosotros vayamos a procurar las sanciones correspondientes», dijo Camacho en esa oportunidad.

En el expediente también figuran como acusados los exministros Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y de Obras Públicas Gonzalo Castillo.

El alegado fraude contra el Estado también involucra al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo; a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda, y el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa.

Asimismo, se cita en el expediente al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías.

Los imputados son señalados por, supuestamente, sustraer más de 19,000 millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.EFE

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Regresa a R.D. el presidente abinader tras participar en Asamblea General de la ONU

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Santo Domingo, R.D.-Regresó al país este jueves el presidente Luis Abinader tras haber participado en el 79º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York, donde agotó una agenda de trabajo de cinco días.

El arribo del mandatario se produjo por la Base Aérea de San Isidro, donde fue recibido por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre y los comandantes, de la Fuerza Aérea, mayor general Floreal Suárez Martínez; de la Guardia Presidencial, general Guillermo Caro Cruz; y del Regimiento de la Guardia de Honor, coronel Luis R. Herrera Almonte.

Junto a Abinader viajaron el general Jimmy Arias, jefe del CUSEP; coronel Rafael Ramírez, subjefe del CUSEP; Eilyn Beltrán, jefe de Gabinete; Noelia Shephard, directora del Despacho; y Mercedes Pichardo, su asistente personal.

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Se retiran de comisión partidos de oposición que estudian modificación a la Constitución.

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Santo Domingo, R.D.-Los dos principales partidos de la oposición, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo se retiraron de la reunión que realiza la comisión bicameral del Congreso Nacional que estudia las modificaciones enviadas por el Poder Ejecutivo a la modificación de la Constitución.

De acuerdo a los representantes de ambas cámaras no existe consenso respecto a las discusiones que ha presentado el Partido Revolucionario Moderno, porque “cada uno tiene una propuesta diferente, quieren que para ser presidente de la República no haya sido funcionario nunca, no haya sido presidente de una cámara, que no haya sido senador, que no haya sido diputado”.

Gustavo Sánchez, diputado del PLD, dijo que el partido oficial está “embriagado de poder” y no quiere escuchar las propuestas de la oposición.

Mientras que Danilo Díaz, expresó que a esa organización política le fue impedido incluir que instituciones de la sociedad puedan participar en los debates.

“Nosotros propusimos que se hagan vistas públicas y fueron rechazadas, incluso se hizo en un momento donde había hasta un quórum precario”, dijo Díaz al agregar que en el conocimiento de la pieza ha habido “prisa y un carácter imperativo que se ha reflejado entre las discusiones entre los mismos perremeístas que han tenido que reclamar sensatez, prudencia y sobre todo que nos permitan ser escuchados”.

Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, dijo que los propios perremeístas no están de acuerdo “en nada”.

“Tenemos dos horas ahí discutiendo y es porque los propios perremeístas no se ponen de acuerdo. La oposición está unida, lo que está divido es el propio gobierno y el PRM”, dijo Crespo al indicar que se rechazaron propuestas de sus propios legisladores.

La oposición dijo que presentarán informes disidentes respecto a lo propuesto por el Poder Ejecutivo.

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