Editorial
Qué Gran Descubrimiento!
En los últimos días el Colegio Dominicano de Notarios ha hecho lo que piensa que es un gran descubrimiento, denunciar que muchos de sus miembros están involucrados en fraudes y falsificaciones en contra de aquellos que se ven envueltos en conflictos por embargos y por otros procedimientos legales convertidos en grandes estafas.
Los notarios en la República Dominicana se han pasado la vida notarizando actos de compraventas de bienes muebles e inmuebles, embargos y otras legalizaciones sin la presencia de las partes, lo cual siempre ha tenido el propósito de engañar a uno de los involucrados en cualquier negociación.
Porque precisamente los notarios se ponen al servicio del mejor postor, pese a que la ley se lo prohíbe, por tratarse de un auxiliar de la justicia que busca darle validez a las escrituras públicas y privadas.
No son muy pocos los que saben que la mayoría de las notarizaciones son hechas por los notarios sin la presencia de las partes y de testigos, para cuyo fin se inventan algunos nombres de personas que no conocen los detalles de la transacción realizada, lo cual al final termina como un gran fraude.
Los conocidos pagareses notariales son generalmente preparados por prestamistas que cuentan con las generales del notario, quien casi siempre trabaja como igualado o asalariado de éste, que se dedica a prestar dinero, pese a que ésto constituye una grave violación a ley sobre la materia.
Lo peor de este procedimiento irregular llega cuando el prestamista decide proceder con un embargo en contra del deudor, lo cual casi siempre está marcado por una serie de invenciones que parten incluso de la utilización de bandas de tigueres que no tienen nada que ver con la fuerza pública y que posteriormente, aunque se produzca una salida negociada, la víctima termina con la perdida de todo lo embargado.
Lo otro es que los embargos nunca terminan ahí, ya que luego del deudor ser despojado de sus propiedades siempre queda en deuda con el acreedor, en razón de que es parte del fraude continuar con un cobro que no termina nunca, a menos de que el objeto embargado sea un bien inmueble, porque en este caso, aunque el mismo tenga un valor veinte veces por encima de lo adeudado, el mismo queda en poder del acreedor.
Son innumerables los casos en que el notario participa en fraudes en contra de la ciudadanía, sin que los mecanismos que se supone ha creado el Estado para que ésto no ocurra no se dan ni por enterado y peor cuando se consulta un abogado sobre el particular.
Lo que pasa con el notario no está lejos de lo que ocurre en todo el sistema de justicia, donde los alguaciles, los fiscales y una buena parte de los jueces son cómplices de este mal que ha dejado miles y miles de víctimas en todo el territorio nacional.
Sin embargo, lo nuevo y bueno que tiene la presente denuncia es que la actual directiva y la nueva ley sobre la materia tienen la disposición y el espíritu de combatir el mal, a fin de que los procedimientos de ley no queden en manos de un tigueraje, de unos delincuentes, que desnaturalizan la misión y el deber del notario público, el cual hoy está tan dañado como toda la sociedad, porque éste es una expresión de la descomposición, la falta de ética y de moral que salpican todas las actividades sociales de la República Dominicana.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, que no forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.