En los últimos días el Colegio Dominicano de Notarios ha hecho lo que piensa que es un gran descubrimiento, denunciar que muchos de sus miembros están involucrados en fraudes y falsificaciones en contra de aquellos que se ven envueltos en conflictos por embargos y por otros procedimientos legales convertidos en grandes estafas.
Los notarios en la República Dominicana se han pasado la vida notarizando actos de compraventas de bienes muebles e inmuebles, embargos y otras legalizaciones sin la presencia de las partes, lo cual siempre ha tenido el propósito de engañar a uno de los involucrados en cualquier negociación.
Porque precisamente los notarios se ponen al servicio del mejor postor, pese a que la ley se lo prohíbe, por tratarse de un auxiliar de la justicia que busca darle validez a las escrituras públicas y privadas.
No son muy pocos los que saben que la mayoría de las notarizaciones son hechas por los notarios sin la presencia de las partes y de testigos, para cuyo fin se inventan algunos nombres de personas que no conocen los detalles de la transacción realizada, lo cual al final termina como un gran fraude.
Los conocidos pagareses notariales son generalmente preparados por prestamistas que cuentan con las generales del notario, quien casi siempre trabaja como igualado o asalariado de éste, que se dedica a prestar dinero, pese a que ésto constituye una grave violación a ley sobre la materia.
Lo peor de este procedimiento irregular llega cuando el prestamista decide proceder con un embargo en contra del deudor, lo cual casi siempre está marcado por una serie de invenciones que parten incluso de la utilización de bandas de tigueres que no tienen nada que ver con la fuerza pública y que posteriormente, aunque se produzca una salida negociada, la víctima termina con la perdida de todo lo embargado.
Lo otro es que los embargos nunca terminan ahí, ya que luego del deudor ser despojado de sus propiedades siempre queda en deuda con el acreedor, en razón de que es parte del fraude continuar con un cobro que no termina nunca, a menos de que el objeto embargado sea un bien inmueble, porque en este caso, aunque el mismo tenga un valor veinte veces por encima de lo adeudado, el mismo queda en poder del acreedor.
Son innumerables los casos en que el notario participa en fraudes en contra de la ciudadanía, sin que los mecanismos que se supone ha creado el Estado para que ésto no ocurra no se dan ni por enterado y peor cuando se consulta un abogado sobre el particular.
Lo que pasa con el notario no está lejos de lo que ocurre en todo el sistema de justicia, donde los alguaciles, los fiscales y una buena parte de los jueces son cómplices de este mal que ha dejado miles y miles de víctimas en todo el territorio nacional.
Sin embargo, lo nuevo y bueno que tiene la presente denuncia es que la actual directiva y la nueva ley sobre la materia tienen la disposición y el espíritu de combatir el mal, a fin de que los procedimientos de ley no queden en manos de un tigueraje, de unos delincuentes, que desnaturalizan la misión y el deber del notario público, el cual hoy está tan dañado como toda la sociedad, porque éste es una expresión de la descomposición, la falta de ética y de moral que salpican todas las actividades sociales de la República Dominicana.