Editorial
Qué Gran Descubrimiento!
En los últimos días el Colegio Dominicano de Notarios ha hecho lo que piensa que es un gran descubrimiento, denunciar que muchos de sus miembros están involucrados en fraudes y falsificaciones en contra de aquellos que se ven envueltos en conflictos por embargos y por otros procedimientos legales convertidos en grandes estafas.
Los notarios en la República Dominicana se han pasado la vida notarizando actos de compraventas de bienes muebles e inmuebles, embargos y otras legalizaciones sin la presencia de las partes, lo cual siempre ha tenido el propósito de engañar a uno de los involucrados en cualquier negociación.
Porque precisamente los notarios se ponen al servicio del mejor postor, pese a que la ley se lo prohíbe, por tratarse de un auxiliar de la justicia que busca darle validez a las escrituras públicas y privadas.
No son muy pocos los que saben que la mayoría de las notarizaciones son hechas por los notarios sin la presencia de las partes y de testigos, para cuyo fin se inventan algunos nombres de personas que no conocen los detalles de la transacción realizada, lo cual al final termina como un gran fraude.
Los conocidos pagareses notariales son generalmente preparados por prestamistas que cuentan con las generales del notario, quien casi siempre trabaja como igualado o asalariado de éste, que se dedica a prestar dinero, pese a que ésto constituye una grave violación a ley sobre la materia.
Lo peor de este procedimiento irregular llega cuando el prestamista decide proceder con un embargo en contra del deudor, lo cual casi siempre está marcado por una serie de invenciones que parten incluso de la utilización de bandas de tigueres que no tienen nada que ver con la fuerza pública y que posteriormente, aunque se produzca una salida negociada, la víctima termina con la perdida de todo lo embargado.
Lo otro es que los embargos nunca terminan ahí, ya que luego del deudor ser despojado de sus propiedades siempre queda en deuda con el acreedor, en razón de que es parte del fraude continuar con un cobro que no termina nunca, a menos de que el objeto embargado sea un bien inmueble, porque en este caso, aunque el mismo tenga un valor veinte veces por encima de lo adeudado, el mismo queda en poder del acreedor.
Son innumerables los casos en que el notario participa en fraudes en contra de la ciudadanía, sin que los mecanismos que se supone ha creado el Estado para que ésto no ocurra no se dan ni por enterado y peor cuando se consulta un abogado sobre el particular.
Lo que pasa con el notario no está lejos de lo que ocurre en todo el sistema de justicia, donde los alguaciles, los fiscales y una buena parte de los jueces son cómplices de este mal que ha dejado miles y miles de víctimas en todo el territorio nacional.
Sin embargo, lo nuevo y bueno que tiene la presente denuncia es que la actual directiva y la nueva ley sobre la materia tienen la disposición y el espíritu de combatir el mal, a fin de que los procedimientos de ley no queden en manos de un tigueraje, de unos delincuentes, que desnaturalizan la misión y el deber del notario público, el cual hoy está tan dañado como toda la sociedad, porque éste es una expresión de la descomposición, la falta de ética y de moral que salpican todas las actividades sociales de la República Dominicana.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.