Editorial
Qué Gran Descubrimiento!
En los últimos días el Colegio Dominicano de Notarios ha hecho lo que piensa que es un gran descubrimiento, denunciar que muchos de sus miembros están involucrados en fraudes y falsificaciones en contra de aquellos que se ven envueltos en conflictos por embargos y por otros procedimientos legales convertidos en grandes estafas.
Los notarios en la República Dominicana se han pasado la vida notarizando actos de compraventas de bienes muebles e inmuebles, embargos y otras legalizaciones sin la presencia de las partes, lo cual siempre ha tenido el propósito de engañar a uno de los involucrados en cualquier negociación.
Porque precisamente los notarios se ponen al servicio del mejor postor, pese a que la ley se lo prohíbe, por tratarse de un auxiliar de la justicia que busca darle validez a las escrituras públicas y privadas.
No son muy pocos los que saben que la mayoría de las notarizaciones son hechas por los notarios sin la presencia de las partes y de testigos, para cuyo fin se inventan algunos nombres de personas que no conocen los detalles de la transacción realizada, lo cual al final termina como un gran fraude.
Los conocidos pagareses notariales son generalmente preparados por prestamistas que cuentan con las generales del notario, quien casi siempre trabaja como igualado o asalariado de éste, que se dedica a prestar dinero, pese a que ésto constituye una grave violación a ley sobre la materia.
Lo peor de este procedimiento irregular llega cuando el prestamista decide proceder con un embargo en contra del deudor, lo cual casi siempre está marcado por una serie de invenciones que parten incluso de la utilización de bandas de tigueres que no tienen nada que ver con la fuerza pública y que posteriormente, aunque se produzca una salida negociada, la víctima termina con la perdida de todo lo embargado.
Lo otro es que los embargos nunca terminan ahí, ya que luego del deudor ser despojado de sus propiedades siempre queda en deuda con el acreedor, en razón de que es parte del fraude continuar con un cobro que no termina nunca, a menos de que el objeto embargado sea un bien inmueble, porque en este caso, aunque el mismo tenga un valor veinte veces por encima de lo adeudado, el mismo queda en poder del acreedor.
Son innumerables los casos en que el notario participa en fraudes en contra de la ciudadanía, sin que los mecanismos que se supone ha creado el Estado para que ésto no ocurra no se dan ni por enterado y peor cuando se consulta un abogado sobre el particular.
Lo que pasa con el notario no está lejos de lo que ocurre en todo el sistema de justicia, donde los alguaciles, los fiscales y una buena parte de los jueces son cómplices de este mal que ha dejado miles y miles de víctimas en todo el territorio nacional.
Sin embargo, lo nuevo y bueno que tiene la presente denuncia es que la actual directiva y la nueva ley sobre la materia tienen la disposición y el espíritu de combatir el mal, a fin de que los procedimientos de ley no queden en manos de un tigueraje, de unos delincuentes, que desnaturalizan la misión y el deber del notario público, el cual hoy está tan dañado como toda la sociedad, porque éste es una expresión de la descomposición, la falta de ética y de moral que salpican todas las actividades sociales de la República Dominicana.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.