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Psiquiatra explica el perfil del impostor del caso del Yet Set.
Santo Domingo.– Rafael Rosario Mota Foster, el individuo con rasgos propios de un trastorno de personalidad antisocial según lo considera la psiquiatra Francis Báez, ya que este hombre se hizo pasar por rescatista en la tragedia en la discoteca Jet Set, donde murieron 231 personas y otras 189 resultaron heridas.
“Es mentiroso, manipulador, se involucra en conductas de riesgo, no respeta límites ni leyes, y no tiene sensibilidad por el dolor humano. Solo se preocupa por sí mismo y es capaz de aprovecharse del sufrimiento ajeno para beneficiarse”, explicó Báez al ser consultada por El Día sobre el caso.
Rosario Mota fue arrestado por la Policía Nacional luego de ofrecer múltiples entrevistas en medios de comunicación y plataformas digitales, en las que aseguraba haber salvado a una docena de personas durante la tragedia, incluida una reconocida presentadora de noticias Elianta Quintero.
Su discurso falso fue desmontado tras una investigación que culminó con su detención al salir de una nueva entrevista en la que repetía sus declaraciones manipuladas.
La psiquiatra Francis Báez.
La psiquiatra no solo condenó la conducta del imputado, sino que también cuestionó las motivaciones de quienes, según ella, lo utilizaron para sembrar desinformación.
“Ese muchacho, simple y llanamente, es un antisocial que fue utilizado por personas que buscaban hacer daño. Es lamentable que en lugar de colaborar, de tender una mano solidaria, se haya optado por pagarle a alguien para desacreditar a nuestros héroes y al trabajo que se hizo en ese momento”, expresó.
A su juicio, este caso no puede cerrarse solo con el arresto de Rosario Mota, sino que debe profundizarse en la investigación para identificar a los autores intelectuales detrás de la farsa.
“El cuerpo de investigación debe determinar quién fue que le pagó. Solo así sabremos qué corazones dañados andan por ahí, buscando sus propios intereses y afectando a quienes sí están haciendo el bien por el país”, añadió.
El Rol de los medios de comunicación
Sobre el papel de los medios de comunicación en la difusión de las declaraciones falsas, Báez fue enfática en advertir la necesidad de una verificación rigurosa.
“No todo el que hable frente a una cámara merece ser escuchado. Hay que asegurarse de que quienes opinan tengan autoridad, experiencia o hayan estado realmente en los hechos. La credibilidad está en juego”, advirtió.
También lamentó el impacto emocional que el engaño tuvo en una de las víctimas reales de la tragedia, quien creyó en las palabras del falso rescatista.
“Esa persona ahora vive un doble trauma: el del evento en sí y el de haber sido manipulada por alguien en quien confió. Detrás de ese mentiroso hubo un autor intelectual, y eso es lo más grave”, sostuvo.
Báez destacó que este tipo de actos deben tener consecuencias sociales además de legales.
“La mentira es apenas lo mínimo que puede hacer un antisocial. El daño moral y humano que provocan es profundo y, muchas veces, irreparable”.
Nunca estuvo en el Jet Set
Durante el proceso investigativo, las autoridades confirmaron que Rafael Rosario Mota nunca estuvo presente en la discoteca Jet Set el día del colapso. Tampoco participó en ninguna acción de rescate, como afirmó públicamente.
Asimismo, se determinó que la venda que exhibía en su mano izquierda, utilizada para reforzar su supuesto papel de héroe, no tenía relación alguna con la tragedia.
La herida fue producto de un disparo accidental con un arma de fogueo, mientras trabajaba en una empresa de seguridad privada el pasado 24 de febrero.
Antecedentes penales
El detenido posee antecedentes delictivos. En mayo de 2022 fue arrestado por amenazar de muerte a una mujer, en violación de los artículos 309-1 y 309-2 del Código Penal Dominicano.
Santo Domingo, R.D.-Un procedimiento administrativo sancionador en contra la firma encuestadora ACD Media, SRL, ha iniciado la Junta Central Electoral (JCE) al formular un pliego inicial de cargos por la presunta publicación y difusión de encuestas con fines electorales fuera del período legalmente habilitado, en aplicación del reglamento aprobado por el organismo en mayo pasado, cuya medida abre un proceso contradictorio, pero no implica una declaración definitiva de responsabilidad.
La actuación fue dispuesta por la Unidad de Sanciones Administrativas Electorales y Medidas Cautelares, luego de que el Pleno de la JCE la apoderara para investigar dos estudios de opinión atribuidos a ACD Media: una encuesta divulgada el 1 de junio y otra el 13 de julio de este año, ambas publicadas por Diario Libre.
Según el órgano electoral, los sondeos incluían mediciones sobre simpatía partidaria, intención de voto y preferencias presidenciales de cara a 2028, por lo que, de manera preliminar, poseen contenido político-electoral.
Los críticos del reglamento de la JCE, entre ellos la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), sostienen que el organismo fue más allá de ese marco legal al extender la prohibición hasta impedir la publicación de encuestas desde antes del inicio de la precampaña, una limitación que -afirman- no fue establecida por el Congreso en las leyes electorales. Esa es la cuestión que ahora deberá dilucidarse en la jurisdicción constitucional, luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) declinara conocer el fondo del caso y lo remitiera al Tribunal Constitucional.
La JCE sostiene que ambas publicaciones se realizaron después de la entrada en vigor del Reglamento sobre Encuestas, vigente desde el 22 de mayo de 2026, pero antes del inicio del período oficial de precampaña, durante el cual sí estaría permitida la difusión de este tipo de estudios. El artículo 13 de la normativa prohíbe expresamente la publicación de encuestas con fines electorales fuera de esos plazos y contempla como sanción principal la suspensión temporal del registro de la firma entre seis meses y un año; la cancelación definitiva solo procedería en caso de reincidencia.
El expediente enfatiza, sin embargo, que la imputación tiene carácter provisional. La JCE deberá determinar durante la instrucción el grado de participación de ACD Media en la elaboración, autorización y difusión de las encuestas, mientras la empresa dispondrá de 10 días calendario para presentar su defensa, pruebas y argumentos jurídicos.
La decisión se produce en medio de un intenso debate jurídico sobre la validez del reglamento. La Finjus sostuvo desde su aprobación que la JCE excedió las facultades que le confieren las leyes electorales al prohibir la publicación de encuestas antes de la precampaña. La entidad argumentó que la restricción carece de respaldo legal expreso y podría vulnerar derechos constitucionales como la libertad de empresa, la libertad de información y el acceso de la ciudadanía a datos de interés público.
Las objeciones no provinieron únicamente de ACD Media. También Participación Ciudadana presentó un recurso de reconsideración solicitando la revocación del artículo que establece la prohibición, al entender que contradice la legislación electoral vigente. Incluso la miembro titular de la JCE, Hirayda Marcella Fernández Guzmán, remitió una opinión sobre la constitucionalidad del reglamento.
Ante esos cuestionamientos, el Pleno de la JCE decidió sobreseer el conocimiento de los recursos de reconsideración hasta que el Tribunal Superior Electoral se pronunciara sobre las acciones de las que había sido apoderado, aunque el presidente del organismo, Román Jáquez Liranzo, aclaró posteriormente que esa decisión no suspendía la vigencia del reglamento.
El TSE, sin embargo, no conoció el fondo de la controversia. La mayoría del tribunal se declaró incompetente para decidir la impugnación y remitió el caso al Tribunal Constitucional, al entender que corresponde al control concentrado de constitucionalidad. Esa decisión también generó críticas de juristas y de Finjus, que sostuvieron que el TSE sí tenía competencia para examinar la legalidad del reglamento y advirtieron que trasladar automáticamente este tipo de controversias al Tribunal Constitucional altera el diseño institucional previsto por la Constitución.
Nacionales
Más de cien mil dólares deben tener de fianza dominicanos solicitantes de residencia a EU.
Santo Domingo, R.D.-Los dominicanos considerados como una carga pública por el cónsul que evalúe su caso tendrán que tener una fianza de más de 100 mil dólares, según un plan piloto anunciado por el Departamento de Estado (DOS por sus siglas en inglés), siendo la República Dominicana el primer pais escogido para aplicar la medida.
Los montos de las fianzas serán de seis cifras, una información que fue publicada por el medio Washington Free Beacon y que luego fue compartida por el Departamento de Estado junto a una imagen de Marco Rubio.
Las fianzas se están estimando entre los 100,000 y los 250,000 dólares, según el citado medio.
Diario Libre conversó con Natalia Molano, vocera en español del DOS, quien dijo que no hay un monto establecido, indicó que el mismo será determinado individualmente por el oficial consular tras evaluar las circunstancias particulares de cada caso, con base en la legislación migratoria vigente.
- Molano también explicó las razones por las cuales el país fue escogido para el inicio de este plan piloto que más adelante se extenderá a otros países.
«República Dominicana se escogió por el gran volumen y la escala de solicitudes de visa que maneja nuestra embajada en Santo Domingo. Es un programa piloto que se irá evaluando para determinar si se suman otros países o si se realizan modificaciones», explicó la funcionaria.
La portavoz explicó que el análisis sobre una posible carga pública comienza incluso antes de la entrevista consular.
Una vez que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aprueba la petición de residencia, el expediente es remitido al consulado con la información financiera presentada por el patrocinador mediante el affidavit de apoyo económico, documento obligatorio en este tipo de solicitudes.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia económica de 10 mil pesos umpuso el Juzgado de Atencion Permanente del Distrito Nacional a un hombre captado en video mientras conducia en via contraria por la avenida John F Kennedy luego de presudentamente robarse el vehiculo que manejaba en un dealer ubicado en el sector de Villas Agriocolas.
El magistrado Rigoberto Sena, dispuso además impedimento de salida del país y presentación periódica para el imputado, Eugenio Mauricio Álvarez, y ordenó su inmediata puesta en libertad.
La medida fue cuestionada por Juan Carlos de Jesús Rosario, propietario del vehículo, quien denunció la impunidad y el desamparo que sienten los ciudadanos trabajadores frente al sistema de justicia. El comerciante manifestó su indignación y frustración, ya que el hecho estuvo a punto de costarle la vida a uno de sus hijos.
«Ese negocio me ha costado sacrificio y humillación para tenerlo ahí, gracias a Dios y a mis hijos que me han ayudado. Por poco aplasta a mi hijo y al conductor vienen y lo sueltan con una medida de 10,000 pesos. ¿Quién me paga a mí los daños y mi dinero?», expresó con impotencia.
Según el expediente, el imputado sustrajo una guagua Nissan NV350 Rider del establecimiento Cristal de Jesús Autoimport y emprendió la huida conduciendo de manera temeraria por varias vías del Distrito Nacional.
Los videos del recorrido del vehículo, transitando en sentido contrario por la avenida John F. Kennedy, se viralizaron en redes sociales y generaron preocupación entre conductores y peatones.