Editorial
!Qué Ineficiente y Corrupto es el Ministerio Público!
Siempre se ha dicho que nunca se debe generalizar, pero no hay otra manera de calificar el Ministerio Público en la República Dominicana, que no sea de ineficiente y corrupto.
Es como si el fiscal estuviera entrenado para ser tolerante con lo mal hecho.
Está en una franca confabulación con la delincuencia, con el crimen y con el delito.
Esa es la percepción generalizada que hay entre todos los actores del sistema de justicia y del ciudadano en sentido general.
Esta realidad es muy palpable por lo menos en el Distrito Judicial de Santiago, donde los fiscales defienden los delincuentes abiertamente y sin sonrojo.
Es muy significativa la cantidad de querellas y denuncias que se quedan engavetadas en los archivos del Ministerio Público.
En la realidad el Ministerio Público es una especie de aliado estratégico del violador de la ley penal.
Esa, sin lugar a dudas, es la causa de que la República Dominicana esté copada de todo tipo de violencia y delincuencia.
La falta de un régimen de consecuencia genera tanta violencia que la sociedad ya ve el fenómeno como propio de su entorno, de su diario vivir.
Lo ocurrido en Villa Vásquez fue porque las acciones delincuenciales de esa fiscal y los policías involucrados fue tan evidente y común que no resistía ya más tolerancia.
Hasta un ciego podía ver sus inconductas y entonces llegó la hora de develar un comportamiento que es generalizado en el Ministerio Público.
El país anda manga por hombro y las consecuencias de esa conducta corrompida del Ministerio Públic0 la tiene que pagar el ciudadano de a pie.
El que menos puede pagar las tarifas que tienen los fiscales y policías para darle seguimiento a un caso o para por lo menos simular una eficiencia que no tienen.
Lo malo de esta triste realidad es que con ese comportamiento del Ministerio Público todos estamos en peligro.
No importa su lugar en la pirámide social, lo cierto es que la vida de todos corre serios peligros porque murió el estado de derecho.
Sólo habría que verse en el espejo de lo ocurrido en Villa Vásquez para deducir que nuestras vidas es una especie de pedazo de carne que puede ir a la boca de cualquier perro realengo, desesperado por saciar su salvaje hambre.
Así es el delincuente, que no tiene miramiento a la hora de atacar y la mejor comparación que se puede hacer de manera figurada es precisamente con el perro de la calle, el que no tiene dueño ni domicilio.
El que no tiene que ser fiel ni sentir amor por su dueno, porque no lo tiene y solo sabe atacar cuando siente la necesidad de la sobrevivencia.
En pocas palabras, somos nada, absolutamente nada, porque estamos a marced del delincuente insensible y sin conciencia.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.