Roberto Saladín expresó en una rueda de prensa que ya no renunciaría.
Nacionales
Renuncia y reconsideración en un espacio de treinta minutos de Roberto Saladín de la JCE.
Primero, a las 11:00 de la mañana, Roberto Saladín se dirigió a periodistas que cubren la fuente de la Junta Central Electoral (JCE), a pesar de que un miembro de su equipo de seguridad quería impedir que hablara.
En ese momento el miembro del pleno de la institución electoral anunció su renuncia irrevocable. No dio explicaciones ni respondió preguntas. Anunció que su dimisión iba dirigida al Senado de la República.
“Me voy a reservar esas razonesÖ Pero si aquí en República Dominicana hay sectores que creen que invocando amistad, agradecimiento o cualquier otro argumento va a creer que quien les habla va a cambiar posición o va a aceptar sin seguir los procedimientos legales establecidos, porque es un derecho que tienen, lo repito, cada partido político fue a esas primarias a recurrir a todos los recursos que le tienen abiertos las leyes para someter los recursos legales que crean correspondientes”, dijo el miembro del pleno.
Veinticinco minutos después, a las 11:25, el presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, dijo que se había enterado de la renuncia de Saladín cuando iba de camino al organismo electoral y que desconocía las razones de la decisión.
Castaños Guzmán también reveló el recuento manual de votos pertenecientes a 821 mesas electorales para despejar dudas sobre los candidatos electos durante las primarias simultáneas celebradas el pasado domingo 6 de octubre.
Ante la renuncia de Saladín, la Junta necesitaba un suplente. Así que de inmediato Castaños Guzmán se comunicó con José Lino Martínez, quien iba de camino a las instalaciones para ejercer por el momento las funciones del recién dimitido.
A las 12:05 del mediodía un equipo médico y familiares de Roberto Saladín entraron al ascensor de la Junta Central Electoral, se desconocía cuál era la razón de la aparente visita.
Cinco minutos después, a las 12:10, la miembro titular de la JCE, Carmen Imbert Brugal, dijo que los motivos de la renuncia de Saladín solo él los podía comunicar. Además, dijo que quien se iba (Saladín) se perdería de formar parte de la historia.
Con relación a la llegada de doctores, declaró que “eso es parte de la rutina de mantenimiento de nosotros”.
A las 12:27 Saladín llegó a la sala de prensa de la JCE para dar una rueda de prensa en la que se dirigiría al público. El mensaje principal fue que ya no iba a renunciar, y lo que había hecho una hora y media antes fue una decisión precipitada y tomada en un ataque de ira.
Pidió excusas a los medios de comunicación y a la opinión pública.
“En primer lugar, tomar a los medios de comunicación que hoy en la mañana había tomado la decisión de retirarme, pero en un momento como este después de ese acto de ira, tengo que pedir excusas a la opinión pública y retirar la renuncia que presenté para seguir”.
La decisión de Saladín se produce cuando la JCE atraviesa por una situación de gran tensión, luego que el expresidente Leonel Fernández y su equipo político desconocieran los resultados de las primarias abiertas del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el pasado domingo, donde se da como ganador a Gonzalo Castillo.
Fernández critica que la JCE no realizara una auditoría forense a equipos del voto automatizado y que no dispusiera el conteo manual del 100% de los votos emitidos en el nivel presidencial.
La Junta Central Electoral organizó las primarias de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM), para elegir a sus candidatos presidenciales, congresionales y municipales, que participarán en las elecciones del próximo año.
La Junta Central Electoral está integrada por Julio César Castaños Guzmán, quien la preside, y los miembros Roberto Saladín, Rosario Graciano, Carmen Imbert Brugal y Henry Mejía.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.