Opinión
Que nos perdonen la vida
Por Juan Bolívar Díaz
Los gritos necrófilos que se han escuchado en el país en los últimos días traen a la memoria uno de los discursos más impresionantes y valientes de la historia, el pronunciado por el ilustre rector de la Universidad de Salamanca, don Miguel de Unamuno ante el general Millán de Astray, la esposa de Francisco Franco y sus legionarios, cuando apenas comenzaba el baño de sangre española que conmovió el mundo a partir de 1939.
El historiador británico Hugh Thomas recoge el incidente y el discurso en su excelente Historia de la Guerra Civil Española, una de las mejores crónicas interpretativas de ese capítulo de la historia contemporánea.
Los gritos de viva la muerte y muerte a los intelectuales que caracterizaban la legión franquista retumbaron en el acto solemne con que Salamanca conmemoraba el llamado Día de la Raza, el 12 de octubre. El ejército nacionalista rebelado contra la República ya había ocupado parte del territorio y tenía su cuartel general allí en Salamanca. Nadie podía esperar lo que ocurrió a continuación.
Unamuno se paró lívido y ocupó el podio para rechazar firmemente aquella profanación del templo de la inteligencia que para él era la universidad. Y mirando de frente al agitado Astray le recordó que él era un mutilado de la guerra, había perdido un ojo, pero que no debería esperarse que convirtieran el país en un campo de mutilados. Ante el atrevimiento, poco faltó para que el rector fuera descuartizado allí mismo y cuentan que lo impidió Carmen Polo de Franco.
El intelectual vasco pronunció palabras que quedaron esculpidas para siempre. “venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis, porque para convencer hay que persuadir. Y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha”.
Aquello ocurrió en medio de una guerra de enorme dimensión, cuando la fuerza y la brutalidad campeaban en todos los sectores y el ultranacionalismo preparaba en Europa el más grande derrame de sangre de la historia. No creo que aquí estemos ni remotamente cerca de una situación parecida. Razón suficiente para que nos resulte más grotesco e inaceptable que intelectuales y personas que acceden a medios de comunicación utilicen el altar de la patria para pedir muerte a quienes ellos consideran traidores a su concepción de patria.
Con el agravante de que una de las oradoras identificó con nombres y apellidos a esos traidores, y un pasquín distribuido allí traía las fotografías de varios de ellos. Me otorgaron la distinción de encabezar el “Album de la Traición”, como “jefe mediático de la trama contra la patria”. Y me sentí bien acompañado en esas páginas del horror, con las fotos de abogados como Cristóbal Rodríguez y Guillermo Moreno, del sociólogo y economista Javier Cabreja, de la diputada Guadalupe Valdez y de colegas de la categoría de Fausto Rosario y Ramón Colombo. El ilustre director de HOY, Bienvenido Alvarez Vega, fue incluido por el verbo incendiario de una de las supremas sacerdotisas de la secta convocante.
La ocurrencia es más grave porque ha sido silenciada por la gran mayoría de los medios que han perdido la capacidad para rechazar semejante profanación del Altar de la Patria, expresión del odio y del fanatismo de quienes carecen de razón y derecho en la lucha de la ideas.
No pretendo compararme con el rector de Salamanca, pero no puedo aceptar en silencio ese último recurso de grupos que hace tiempo descalifican y quieren silenciar a quienes defienden públicamente principios fundamentales de la convivencia social sin pretender excluir ni aplastar ni uniformar.
La razón por la que se produce esta última ofensiva es el rechazo casi universal, a la sentencia del Tribunal Constitucional que dispone la desnacionalización de miles de personas. Por eso las dos juezas que tuvieron el valor de disentir de la sentencia, las doctoras Katia Miguelina Jiménez e Isabel Bonilla, fueron incluidas en la lista de los traidores merecedores de la muerte.
Cosas preocupantes están ocurriendo cuando el presidente del Tribunal Constitucional, doctor Milton Ray Guevara, tiene que salir él solo a “precisar” una sentencia colectiva para concluir con esta cita de Juan Pablo Duarte totalmente fuera de contexto y de razonamiento jurídico: “Los enemigos de la Patria, por consiguiente nuestros, están todos muy acordes en estas ideas: destruir la nacionalidad aunque para ello sea preciso aniquilar a la nación entera”.
Espero que mi viejo amigo Ray Guevara tenga piedad y pida públicamente que nos perdonen la vida.-
Por Rommel Santos Díaz
La Corte Penal Internacional se cerciorará de ser competente en todas las causas que le sean sometidas. La CPI podrá determinar de oficio la admisibilidad de una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma.
De acuerdo con el Estatuto de Roma podrán impugnar la admisibilidad de la causa, por uno de los motivos mencionados en el artículo 17, o impugnar la competencia de la Corte Penal Internacional:
- a)El acusado o la persona contra la cual se haya dictado una orden de detención o una orden de comparecencia con arreglo al artículo 58;
- b)Un Estado que tenga jurisdicción en la causa porque esta investigando o enjuiciando o lo ha hecho antes; o
- c)Un Estado cuya aceptación se requiera de conformidad con el artículo 12.
El Fiscal podrá pedir a la Corte Penal Internacional que se pronuncie sobre una cuestión de competencia o de admisibilidad. En las actuaciones relativas a la competencia o la admisibilidad, podrán presentar asimismo observaciones a la Corte quienes hayan remitido la situación de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma y las víctimas
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La admisibilidad de una causa o la competencia de la CPI sólo podrán ser impugnadas una sola vez por cualquiera de las personas o los Estados a que se hace referencia en el párrafo 2. La impugnación se hará antes del juicio o a su inicio.
En circunstancias excepcionales la Corte Penal Internacional podrá autorizar que la impugnación se haga más de una vez o en una fase ulterior del juicio. Las impugnaciones a la admisibilidad de una causa hechas al inicio del juicio, o posteriormente con la autorización de la Corte, sólo podrán fundarse en el párrafo 1 c) del artículo 17 del Estatuto de Roma.
Antes de la confirmación de los cargos, la impugnación de la admisibilidad de una causa o de la competencia de la CPI será asignada a la Sala de Cuestiones Preliminares. Después de confirmados los cargos, será asignada a la Sala de Primera Instancia. Las decisiones relativas a la competencia o la admisibilidad podrán ser recurridas ante la Sala de Apelaciones de conformidad con el artículo 82 del Estatuto de Roma.
Hasta antes de que la Corte Penal Internacional se pronuncie, el Fiscal podrá pedirle autorización para:
- a)Practicar las indagaciones necesarias de la índole mencionadas en el párrafo 6 del articulo 18 del Estatuto de Roma;
- b)Tomar declaración a un testigo o recibir su testimonio, o completar la recolección y el examen de las pruebas que hubiere iniciado antes de la impugnación; y
- c)Impedir, en cooperación con los Estados que corresponda, que eludan la acción de la justicia personas respecto de las cuales el Fiscal haya pedido ya una orden de detención en virtud del artículo 58 del Estatuto de la Corte.
La impugnación no afectará a la validez de ningún acto realizado por el Fiscal, ni de ninguna orden o mandamiento dictado por la CPI, antes de ella.
Si la CPI hubiere declarado inadmisible una causa de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma, el Fiscal podrá pedir que se revise esa decisión cuando se haya cerciorado cabalmente de que han aparecido nuevos hechos que invalidan los motivos por los cuales la causa había sido considerada inadmisible de conformidad con dicho artículo.
Finalmente, el Fiscal, si habida cuenta de las cuestiones a que se refiere el artículo 17 del Estatuto de Roma suspende una investigación, podrá pedir que el Estado de que se trate ponga a su disposición información sobre las actuaciones. A petición de ese Estado, dicha información será confidencial. El Fiscal, si decide posteriormente abrir una investigación, notificará su decisión al Estado cuyas actuaciones hayan dado origen a la suspensión.
Rommelsantosdiaz@gmailcom
Por Nelson Encarnación
Son muchos los dominicanos que no se reponen del shock que les provocaron las diversas manipulaciones y mentiras vertidas por el expresidente Danilo Medina durante su comparecencia de la semana pasada en un importante medio radial de nuestro país.
Cuando se anunció días antes que el líder del Partido de la Liberación Dominicana aparecería en un medio público, hubo la apreciación generalizada de que aprovecharía el alcance de este para al menos desvestir su alma y bajar al terreno de la humildad para pedir algún tipo de perdón—aun fuese en voz baja—por las muchas culpas que necesitan urgentemente su expiación.
Sin embargo, es evidente que Danilo está convencido de que todas sus actuaciones en el Gobierno estuvieron ajustadas a la decencia más absoluta, cuando la realidad apunta precisamente en otra dirección.
Para él, los expedientes que involucran a familiares y entorno político más estrecho, son simples majaderías urdidas para molestarle, o una manifestación de la llamada judicialización de la política o politización de la justicia, mediante la cual han sido quitados del camino potenciales competidores de la corriente predominante.
Con ese convencimiento resulta improbable que el expresidente se humanice y entienda que admitir los errores hace grandes a las personas, y que, por el contrario, encerrarse en una convicción pueril las reduce.
Hay más de una evidencia que Danilo fue advertido por cercanos acerca del comportamiento depredador de algunos de sus íntimos, pero obvió tomar las medidas aconsejables, para dejar campo abierto a la continuación de los desmanes, muchos de los cuales se han reflejado en los casos que actualmente se ventilan en justicia, y que él los atribuye a “persecución política”.
En el campo de la lucha propiamente política, Medina trata de convencernos de que su laborantismo encaminado a propiciar el escenario para una segunda reelección en 2020 es un espejismo o un invento de sus adversarios.
Eso de que no tenía votos para modificar la Constitución es un ardid y una expresión fehaciente de su condición de simulador, pues todos vivimos aquel trance que mantuvo en vilo a la nación hasta que la administración Trump—en una intromisión inaceptable, eso sí—le apeó del carro reeleccionista que pudo haberse descarrilado hacia una situación de manejo muy complejo.
Danilo podrá decir lo que quiera, pero la historia no se puede borrar.
Por Narciso Isa Conde
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.
La que debe ser emplazada NO ES MIRIAM, es Yeni Berenice, acompañada de Camacho, el del PEPCA y ahora ascendido, ambos con fuertes vínculos con la Embajada, FBI, DEA…Leonel, Abinader…Ahora la PGR cae bajo control absoluto de esa tríada, vía los ascensos de Berenice y Camacho.
Miriam German ha sido víctima de su entorno, de un acorralamiento programado en medio de una gran soledad y de su propio institucionalismo (excesivo respeto a la separación de funciones dentro de la PGR). Además, la amenaza del cártel del Cibao y del tal J, fue manipulada para amarrarla más. Hicieron un gran bulto desde la DNCD y dejaron todo igual: el cartel sigue impune. Abinader, Cabrera-DNCD y la DEA dirigieron esa operación.
Berenice y el PEPCA han bloqueado muchos expedientes, incluso los presentados por nosotros. El caso de ANTENA LATINA es emblemático y yo lo entregué personalmente, y muchas veces demandé respuesta y nada. A esos encargados de investigar y perseguir los delitos, se le entregaron numerosas denuncias del Archivo Abierto de Marcha Verde y no hicieron nada: siguen abundando las vacas sagradas oligárquicas y transnacionales denunciadas; y estas abundan junto a la impunidad del leonelismo, de políticos ladrones y generales asesinos.
Una PGR manipulada por la EMBAJADA-EU, Leonel y Abinader y un Poder Judicial maleado y muy influido por el PLD, están descalificados para ponerle fin a la impunidad.