Opinión
¿Qué pasa y qué hacer en un periodo de tanta indignación popular y juvenil?
Por Narciso Isa Conde
La República Dominicana entró a partir de enero del 2017 en un periodo de conversión del descontento acumulado en movilizaciones y luchas sociales ascendentes.
A lo largo de estos tres años irrumpió primero el movimiento Marcha Verde como confluencia de una enorme diversidad político-social indignada por la dimensión insoportable de la corrupción estatal impune (convertida en sistema) y su contribución al deterioro de las condiciones de existencia de amplios sectores del pueblo llano y capas medias de la sociedad.
Diversas e intensas protestas ambientales, comunitarias, barriales, campesinas, femeninas…precedieron esa primera gran oleada verde y confluyeron con ella.
Luego, recientemente, se ha expresado la indignación callejera de la juventud vestida de negro frente al golpe electoral electrónico auspiciado por el gobierno corrupto contra unas votaciones municipales que le serían muy adversas. La rebeldía juvenil de mayor dimensión registrada en la historia reciente.
Una mezcla de espontaneidad, conciencia política y reacción contra el sistema tradicional de partidos y la institucionalidad corrompida y corruptora, acumulada en los últimos 55 años, se ha expresado en ambas irrupciones masivas.
Estas dos cadenas de protestas pacíficas no han estado libres de ciertas manipulaciones instrumentadas por corrientes conservadoras (oposición de derecha, USAID, ONGs e izquierdas derechizadas), en procura de contener su potencial radicalidad.
En ambos casos sectores de capas medias jugaron el rol detonante. Pero muy pronto concurrió hacia ellos la indignación propiamente popular.
Sin embargo, los déficits en los procesos de conformación de una coordinación con visión transformadora y proyección estratégica, y la gravitación en su seno de redes sociales y corrientes proclives a potenciar tendencias y ambiciones electoralistas, han procurado y procuran –en constante disputa con las posiciones avanzadas- aprovechar ambos fenómenos políticos sociales a favor de posiciones antigubernamentales conservadoras, logrando retardar o frenar su necesaria profundización.
- CRISIS MÁS CRISIS.
Hay que destacar, que el publicitado crecimiento de la economía (difundido profusamente a escala nacional e internacional) -exhibiendo a la vez desigualdades sociales ascendentes, penurias e inseguridades sociales estremecedoras, sobre-explotación, corrupción e impunidad in-contenidas- se ha tornado cada vez más cuestionable, frágil y riesgoso para quienes hoy detentan el poder.
Este modelo de crecimiento, -basado en endeudamiento externo, lavado de dinero y turismo- registra ya niveles astronómicos en deuda externa (54 % de PBI y pago de servicios que comprometen más del 40% del presupuesto anual de la Nación), un elevado déficit fiscal y una voluminosa y explosiva deuda social.
Igual podrían vaticinarse riesgos similares –y aun mayores- respecto a la inestabilidad política que asechará a quienes en breve meses podrían relevarlos sin impulsar cambios estructurales.
Son previsibles, en consecuencia, nuevas oleadas de protestas a no muy largo plazo, dado que sus causas y raíces habrán de trascender la presente coyuntura electoral, en tanto el cambio posible por esa vía sería solo de caras, no de modelo ni de sistema institucional.
Este proceso en oleadas es propio del impacto de dos crisis crónicas superpuestas:
- La del modelo de régimen político-institucional, colonizado y corrupto, impuesto por la invasión militar estadounidense de 1965, que derogó la Constitución de 1963 e impidió el restablecimiento del gobierno democrático-reformador (presidido por Juan Bosch), primero; y, luego, bloqueó el Gobierno del Pueblo en Armas, presidido por el coronel Caamaño
- La del modelo de recolonización neoliberal impuesto en la década de los 80, ahora en decadencia en todo el Continente; decadencia acelerada por la multi-crisis global del sistema capitalista.
Estas crisis combinadas y la emergencia de la indignación popular convertida en oleadas de protestas recurrentes, abren la posibilidad en nuestro país de ponerle fin a un ciclo político perverso que ha durado algo más de medio siglo, generando numerosas calamidades sociales.
Ese ciclo fue iniciado por el llamado régimen de los doce años de Balaguer en 1966, seguido por los gobiernos corruptos y entreguistas del PRD (1978-86), retomado por diez años mas por el propio Balaguer (1986-94) y continuado por 20 años de gestión peledeísta (Gobiernos de Leonel Fernandez y DaniloMedina) en contubernio con todo lo conservador, con un breve intervalo de 4 años bajo el gobierno de Hipólito-PRD (2000-2004).
El mismo fue degradado en mayor escala por el impacto de las restructuración neoliberal del capitalismo a escala mundial.
La tendencia al agotamiento de ambos productos contrarrevolucionarios, tutelado por EEUU, es más que evidente y explica la creciente insumisión popular-juvenil y de capas medias, como también el aferramiento de las derechas gubernamentales y opositoras a la institucionalidad derivada de la Constitución del 1966, renovada y modernizada por la 2010; como también explica el agresivo endurecimiento del intervencionismo gringo a cargo de Trump, Pompeo, Almagro, su OEA, Comando Sur, CÍA y USAID.
- AUN EN CRISIS E IMPUGNADO MASIVAMENTE, EL PODER CONSTITUIDO SE MANTIENE.
Es preciso tener muy presente:
-Que a pesar de estos tres años de luchas estelares y movilizaciones multitudinarias -centradas en procurar el fin de la impunidad, la corrupción, la trampa electoral, la antidemocracia y el abuso de poder- la dictadura constitucional controlada por mafias políticas, militares policiales y empresariales- ha logrado bloquear esas meta y reproducir sus prácticas, agravando los males que aquejan la Nación.
-Que al mismo tiempo revisten importancia los logros alcanzados por Marcha Verde y por la INDIGNACIÓN JUVENIL, en cuanto a conciencia, creatividad y capacidad combativa de una parte significativa de la sociedad.
-Que las denuncias y acciones de repudio al gobierno y al Estado han sido respondidas con farsas judiciales y simulacros investigación; mientras sigue creciendo el repudio popular, disminuye significativamente la capacidad de convocatoria de un sistema de partidos inmerso en el pantano de la corrupción y se dispara su ilegitimidad y la de las instituciones que controla.
Así las cosas, la corrupción que embarra gobierno e instituciones no cesa de manifestarse en forma ascendente y descarada: desangrando fondos estatales, depredando el patrimonio nacional y disponiendo de dinero en medio del curso forzado de la farsa electoral del 2020.
Sus principales protagonistas están montados sobre montañas de privilegios escandalosos, nuevas asignaciones ilegales, estafas y sobornos; y, para colmo, usando narco-conexiones para competir entre sí, como ha acontecido recientemente con el liderazgo político tradicional de los últimos 22 años.
En adición a ese cuadro degradante, impugnado por amplios sectores de la sociedad, las cúpulas del gobierno turno y de los partidos tradicionales, no solo siguen siendo protagonistas y beneficiarias de un poder corrupto y corruptor, sino también entes subordinados a los designios de EEUU, tanto en política exterior como en cuanto a su voracidad respecto al patrimonio natural de la isla.
El coloniaje ha tenido aquí en estos días una expresión grotesca, precisamente en un país como el nuestro, víctima de la intervención militar estadounidense en 1916 y 1965: ambos polos electorales, el oficialista y el opositor, se han alineado junto a Trump contra Venezuela soberana, en abierto respaldo a la formula Guaido-golpe-invasión y a las perversidades de la OEA.
Esta cada vez más claro que la institucionalidad vigente, especialmente sus detentadores desde el sistema de partidos y sus socios en el empresariado privado, no tiene de otra que aferrarse a la reproducción de unas elecciones excluyentes y estructuralmente fraudulentas que les garanticen continuidad a unos o el relevo en la administración del poder constituido a los otros; estos últimos cada vez más favorecidos por el voto castigo contra el PLD-Gobierno.
La reciente manipulación y los pactos espurios respecto a una ley de partidos y una ley electoral mostrencas, que además violan e interpretan a su manera, ha reforzado el oligopolio electoral, imponiéndole a la sociedad solo dos opciones de las derechas corruptas y subordinadas a EEUU; la opositora, por cierto ahora con mucho más probabilidades de acceso al gobierno y más contaminada con la división del PLD y el paso de la facción del ex–presidente Leonel Fernández a uno de los bloques enfrentados al gobierno en decadencia.
El racismo anti-haitiano de corte fascista, que no es igual a preocupación genuina por el tema migratorio ni al respeto mutuo de la línea fronteriza y las identidades nacionales dominicana y haitiana, está siendo febrilmente utilizado como arma de chantaje y recurso de derechización de esa espuria competencia electoral y, peor aún, como instrumento para conformar una corriente política, que si por inacción de la contrapartida logra convertirse en fuerza masiva, podría generar situaciones trágicas.
Así las cosas, nada sugiere que lo electoral en el 2020 será mejor que en el 2016 y procesos tramposos anteriores. Todo lo contrario: la situación, en cuanto a la esencia del poder constituido, ha cambiado para peor. Su prologo ya ha contado con dos episodios fraudulentos, primero en las primarias del PLD realizadas el 6 de octubre del 2019 y a continuación en las municipales del pasado 16 de febrero del 2020.
Los factores nuevos y esperanzadores siguen siendo el enorme poder de convocatoria, prestigio, fuerza atractiva y unificadora desplegadas sucesivamente por el movimiento verde y por la juventud indignada vestida de negro, y la emergencia concomitante de los movimientos sociales en lucha, con su capacidad para protestar y demandar, paralizar amplias áreas del país y aplicar diversas modalidades de presión y desobediencia civil.
- SUGERENCIAS PARA ESTE NUEVO PERIODO.
- Preservar la independencia y autonomía de los movimientos sociales y políticos-sociales respecto al Estado, partidos (oficialistas y opositores) y cúpulas empresariales, lo que garantiza su unidad en la diversidad y su crecimiento.
- Relanzar oportunamente su accionar con nuevos bríos y renovadas energías, activando todas sus potencialidades.
- Intensificar y coordinar las protestas sociales junto a la nueva rebeldía de la juventud combinándolas con paros de actividades y nuevas modalidades de desobediencia civil; incluida la determinación de hacerle la vida imposible a los corruptos aquí y en el exterior, acciones de exigencia de destitución de la JCE y sus suplentes, y dimisión del Presidente Medina como jefe actual de la corrupción estatal y los fraudes electorales en boga.
Todo esto poniendo énfasis en los reclamos del fin de la corrupción, la impunidad, las trampas electorales, la condena al golpe electoral reciente y la sanción de sus responsables (asumiendo todos los casos pendientes y en curso: ODEBRECHT, CEA, OISOE, TUCANOS, OMSA, TRES BRAZOS, DIANDINO, JCE… y haciendo suya todas las luchas justas y todas las demandas movilizadoras: rebaja de los combustibles, salarios dignos, defensa de las cordilleras del país y de las fuentes de agua frente a la minería destructiva y la depredación voraz; alto a los feminicidios y defensa de los derechos de la mujer (incluidas las tres causales en cuanto al aborto terapéutico); salud para todos/as y eliminación de las ARS y AFP privadas; seguridad ciudadana.
- Fortalecer las Izquierdas del Cambio Radical (IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR, MANDO y todas las corrientes y movimientos políticos y organizaciones sociales transformadores), que ha asumido y puedan asumir en lo adelante la necesidad de un PROCESO CONSTITUYENTE, mediante el cual el pueblo movilizado ejerza su soberanía, asuma el rol de Poder Constituyente, desmonte el Poder Constituido y sus instituciones y establezca un Gobierno Provisional que convoque una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA Y PARTICIPATIVA, que elabore una nueva Constitución y organice una elecciones libres y confiables.
- E) Comprometernos, en fin, a sostener estos propósitos y estas dinámicas más allá de esta coyuntura electoral, dotando la avalancha popular de una propuesta político-social que le de trascendencia y poder para romper el bloqueo institucional y para convertirse en fuerza unitaria alternativa.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.