Opinión
¿Qué pasa y qué hacer en un periodo de tanta indignación popular y juvenil?
Por Narciso Isa Conde
La República Dominicana entró a partir de enero del 2017 en un periodo de conversión del descontento acumulado en movilizaciones y luchas sociales ascendentes.
A lo largo de estos tres años irrumpió primero el movimiento Marcha Verde como confluencia de una enorme diversidad político-social indignada por la dimensión insoportable de la corrupción estatal impune (convertida en sistema) y su contribución al deterioro de las condiciones de existencia de amplios sectores del pueblo llano y capas medias de la sociedad.
Diversas e intensas protestas ambientales, comunitarias, barriales, campesinas, femeninas…precedieron esa primera gran oleada verde y confluyeron con ella.
Luego, recientemente, se ha expresado la indignación callejera de la juventud vestida de negro frente al golpe electoral electrónico auspiciado por el gobierno corrupto contra unas votaciones municipales que le serían muy adversas. La rebeldía juvenil de mayor dimensión registrada en la historia reciente.
Una mezcla de espontaneidad, conciencia política y reacción contra el sistema tradicional de partidos y la institucionalidad corrompida y corruptora, acumulada en los últimos 55 años, se ha expresado en ambas irrupciones masivas.
Estas dos cadenas de protestas pacíficas no han estado libres de ciertas manipulaciones instrumentadas por corrientes conservadoras (oposición de derecha, USAID, ONGs e izquierdas derechizadas), en procura de contener su potencial radicalidad.
En ambos casos sectores de capas medias jugaron el rol detonante. Pero muy pronto concurrió hacia ellos la indignación propiamente popular.
Sin embargo, los déficits en los procesos de conformación de una coordinación con visión transformadora y proyección estratégica, y la gravitación en su seno de redes sociales y corrientes proclives a potenciar tendencias y ambiciones electoralistas, han procurado y procuran –en constante disputa con las posiciones avanzadas- aprovechar ambos fenómenos políticos sociales a favor de posiciones antigubernamentales conservadoras, logrando retardar o frenar su necesaria profundización.
- CRISIS MÁS CRISIS.
Hay que destacar, que el publicitado crecimiento de la economía (difundido profusamente a escala nacional e internacional) -exhibiendo a la vez desigualdades sociales ascendentes, penurias e inseguridades sociales estremecedoras, sobre-explotación, corrupción e impunidad in-contenidas- se ha tornado cada vez más cuestionable, frágil y riesgoso para quienes hoy detentan el poder.
Este modelo de crecimiento, -basado en endeudamiento externo, lavado de dinero y turismo- registra ya niveles astronómicos en deuda externa (54 % de PBI y pago de servicios que comprometen más del 40% del presupuesto anual de la Nación), un elevado déficit fiscal y una voluminosa y explosiva deuda social.
Igual podrían vaticinarse riesgos similares –y aun mayores- respecto a la inestabilidad política que asechará a quienes en breve meses podrían relevarlos sin impulsar cambios estructurales.
Son previsibles, en consecuencia, nuevas oleadas de protestas a no muy largo plazo, dado que sus causas y raíces habrán de trascender la presente coyuntura electoral, en tanto el cambio posible por esa vía sería solo de caras, no de modelo ni de sistema institucional.
Este proceso en oleadas es propio del impacto de dos crisis crónicas superpuestas:
- La del modelo de régimen político-institucional, colonizado y corrupto, impuesto por la invasión militar estadounidense de 1965, que derogó la Constitución de 1963 e impidió el restablecimiento del gobierno democrático-reformador (presidido por Juan Bosch), primero; y, luego, bloqueó el Gobierno del Pueblo en Armas, presidido por el coronel Caamaño
- La del modelo de recolonización neoliberal impuesto en la década de los 80, ahora en decadencia en todo el Continente; decadencia acelerada por la multi-crisis global del sistema capitalista.
Estas crisis combinadas y la emergencia de la indignación popular convertida en oleadas de protestas recurrentes, abren la posibilidad en nuestro país de ponerle fin a un ciclo político perverso que ha durado algo más de medio siglo, generando numerosas calamidades sociales.
Ese ciclo fue iniciado por el llamado régimen de los doce años de Balaguer en 1966, seguido por los gobiernos corruptos y entreguistas del PRD (1978-86), retomado por diez años mas por el propio Balaguer (1986-94) y continuado por 20 años de gestión peledeísta (Gobiernos de Leonel Fernandez y DaniloMedina) en contubernio con todo lo conservador, con un breve intervalo de 4 años bajo el gobierno de Hipólito-PRD (2000-2004).
El mismo fue degradado en mayor escala por el impacto de las restructuración neoliberal del capitalismo a escala mundial.
La tendencia al agotamiento de ambos productos contrarrevolucionarios, tutelado por EEUU, es más que evidente y explica la creciente insumisión popular-juvenil y de capas medias, como también el aferramiento de las derechas gubernamentales y opositoras a la institucionalidad derivada de la Constitución del 1966, renovada y modernizada por la 2010; como también explica el agresivo endurecimiento del intervencionismo gringo a cargo de Trump, Pompeo, Almagro, su OEA, Comando Sur, CÍA y USAID.
- AUN EN CRISIS E IMPUGNADO MASIVAMENTE, EL PODER CONSTITUIDO SE MANTIENE.
Es preciso tener muy presente:
-Que a pesar de estos tres años de luchas estelares y movilizaciones multitudinarias -centradas en procurar el fin de la impunidad, la corrupción, la trampa electoral, la antidemocracia y el abuso de poder- la dictadura constitucional controlada por mafias políticas, militares policiales y empresariales- ha logrado bloquear esas meta y reproducir sus prácticas, agravando los males que aquejan la Nación.
-Que al mismo tiempo revisten importancia los logros alcanzados por Marcha Verde y por la INDIGNACIÓN JUVENIL, en cuanto a conciencia, creatividad y capacidad combativa de una parte significativa de la sociedad.
-Que las denuncias y acciones de repudio al gobierno y al Estado han sido respondidas con farsas judiciales y simulacros investigación; mientras sigue creciendo el repudio popular, disminuye significativamente la capacidad de convocatoria de un sistema de partidos inmerso en el pantano de la corrupción y se dispara su ilegitimidad y la de las instituciones que controla.
Así las cosas, la corrupción que embarra gobierno e instituciones no cesa de manifestarse en forma ascendente y descarada: desangrando fondos estatales, depredando el patrimonio nacional y disponiendo de dinero en medio del curso forzado de la farsa electoral del 2020.
Sus principales protagonistas están montados sobre montañas de privilegios escandalosos, nuevas asignaciones ilegales, estafas y sobornos; y, para colmo, usando narco-conexiones para competir entre sí, como ha acontecido recientemente con el liderazgo político tradicional de los últimos 22 años.
En adición a ese cuadro degradante, impugnado por amplios sectores de la sociedad, las cúpulas del gobierno turno y de los partidos tradicionales, no solo siguen siendo protagonistas y beneficiarias de un poder corrupto y corruptor, sino también entes subordinados a los designios de EEUU, tanto en política exterior como en cuanto a su voracidad respecto al patrimonio natural de la isla.
El coloniaje ha tenido aquí en estos días una expresión grotesca, precisamente en un país como el nuestro, víctima de la intervención militar estadounidense en 1916 y 1965: ambos polos electorales, el oficialista y el opositor, se han alineado junto a Trump contra Venezuela soberana, en abierto respaldo a la formula Guaido-golpe-invasión y a las perversidades de la OEA.
Esta cada vez más claro que la institucionalidad vigente, especialmente sus detentadores desde el sistema de partidos y sus socios en el empresariado privado, no tiene de otra que aferrarse a la reproducción de unas elecciones excluyentes y estructuralmente fraudulentas que les garanticen continuidad a unos o el relevo en la administración del poder constituido a los otros; estos últimos cada vez más favorecidos por el voto castigo contra el PLD-Gobierno.
La reciente manipulación y los pactos espurios respecto a una ley de partidos y una ley electoral mostrencas, que además violan e interpretan a su manera, ha reforzado el oligopolio electoral, imponiéndole a la sociedad solo dos opciones de las derechas corruptas y subordinadas a EEUU; la opositora, por cierto ahora con mucho más probabilidades de acceso al gobierno y más contaminada con la división del PLD y el paso de la facción del ex–presidente Leonel Fernández a uno de los bloques enfrentados al gobierno en decadencia.
El racismo anti-haitiano de corte fascista, que no es igual a preocupación genuina por el tema migratorio ni al respeto mutuo de la línea fronteriza y las identidades nacionales dominicana y haitiana, está siendo febrilmente utilizado como arma de chantaje y recurso de derechización de esa espuria competencia electoral y, peor aún, como instrumento para conformar una corriente política, que si por inacción de la contrapartida logra convertirse en fuerza masiva, podría generar situaciones trágicas.
Así las cosas, nada sugiere que lo electoral en el 2020 será mejor que en el 2016 y procesos tramposos anteriores. Todo lo contrario: la situación, en cuanto a la esencia del poder constituido, ha cambiado para peor. Su prologo ya ha contado con dos episodios fraudulentos, primero en las primarias del PLD realizadas el 6 de octubre del 2019 y a continuación en las municipales del pasado 16 de febrero del 2020.
Los factores nuevos y esperanzadores siguen siendo el enorme poder de convocatoria, prestigio, fuerza atractiva y unificadora desplegadas sucesivamente por el movimiento verde y por la juventud indignada vestida de negro, y la emergencia concomitante de los movimientos sociales en lucha, con su capacidad para protestar y demandar, paralizar amplias áreas del país y aplicar diversas modalidades de presión y desobediencia civil.
- SUGERENCIAS PARA ESTE NUEVO PERIODO.
- Preservar la independencia y autonomía de los movimientos sociales y políticos-sociales respecto al Estado, partidos (oficialistas y opositores) y cúpulas empresariales, lo que garantiza su unidad en la diversidad y su crecimiento.
- Relanzar oportunamente su accionar con nuevos bríos y renovadas energías, activando todas sus potencialidades.
- Intensificar y coordinar las protestas sociales junto a la nueva rebeldía de la juventud combinándolas con paros de actividades y nuevas modalidades de desobediencia civil; incluida la determinación de hacerle la vida imposible a los corruptos aquí y en el exterior, acciones de exigencia de destitución de la JCE y sus suplentes, y dimisión del Presidente Medina como jefe actual de la corrupción estatal y los fraudes electorales en boga.
Todo esto poniendo énfasis en los reclamos del fin de la corrupción, la impunidad, las trampas electorales, la condena al golpe electoral reciente y la sanción de sus responsables (asumiendo todos los casos pendientes y en curso: ODEBRECHT, CEA, OISOE, TUCANOS, OMSA, TRES BRAZOS, DIANDINO, JCE… y haciendo suya todas las luchas justas y todas las demandas movilizadoras: rebaja de los combustibles, salarios dignos, defensa de las cordilleras del país y de las fuentes de agua frente a la minería destructiva y la depredación voraz; alto a los feminicidios y defensa de los derechos de la mujer (incluidas las tres causales en cuanto al aborto terapéutico); salud para todos/as y eliminación de las ARS y AFP privadas; seguridad ciudadana.
- Fortalecer las Izquierdas del Cambio Radical (IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR, MANDO y todas las corrientes y movimientos políticos y organizaciones sociales transformadores), que ha asumido y puedan asumir en lo adelante la necesidad de un PROCESO CONSTITUYENTE, mediante el cual el pueblo movilizado ejerza su soberanía, asuma el rol de Poder Constituyente, desmonte el Poder Constituido y sus instituciones y establezca un Gobierno Provisional que convoque una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA Y PARTICIPATIVA, que elabore una nueva Constitución y organice una elecciones libres y confiables.
- E) Comprometernos, en fin, a sostener estos propósitos y estas dinámicas más allá de esta coyuntura electoral, dotando la avalancha popular de una propuesta político-social que le de trascendencia y poder para romper el bloqueo institucional y para convertirse en fuerza unitaria alternativa.
Por Rommel Santos Diaz
A fin de garantizar el desarrollo de sus actividades, determinados funcionarios estatales gozan de una prerrogativa por medio de la cual no puede ser sometido a un proceso penal si previamente el Congreso, u otra instancia no otorga su autorización.
La inmunidad, como lo ha señalado la doctrina, es una institución que fue establecida con un objetivo concreto, cual es el de poner freno a las intenciones políticas de interrumpir el normal desarrollo de las actividades de una importante autoridad pública.
De acuerdo al Estatuto de Roma, esta prerrogativa de los altos funcionarios no constituye un impedimento para que pueda juzgarse a estas personas. Así lo establece el Art. 27 del Estatuto de Roma.
El artículo 27 del Estatuto de Roma establece que el mismo será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial.
En particular el cargo oficial, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno , miembro de un gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.
Las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleven el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstan para que la Corte Penal Internacional ejerza su competencia sobre ella.
La prerrogativa de la inmunidad se encuentra prevista en algunos casos en las normas constitucionales o en las leyes. En este último caso, cualquier posible contradicción con el Estatuto de Roma puede solucionarse con la reforma de la legislación respectiva.
Sin embargo, cuando la inmunidad se encuentra prevista en la constitución el asunto se complica, ya que por su naturaleza , es una norma que exige para su modificación un proceso más rígido.
Dr. Isaías Ramos
Durante casi treinta años, la República Dominicana ha recibido una advertencia tras otra sobre la calidad de su educación y la formación de sus ciudadanos.
Han cambiado gobiernos, programas, funcionarios y discursos.
Lo que demasiado poco ha cambiado son los resultados.
Cada vez que llega una nueva evaluación repetimos el mismo ritual: alarma, titulares, explicaciones, promesas. Después pasa la noticia y continuamos.
Así llevamos demasiado tiempo.
La Ley General de Educación 66-97 definió con extraordinaria claridad el ciudadano que debía formar la escuela dominicana.
Su artículo 5 ordena formar personas libres, críticas y creativas; ciudadanos amantes de su familia y de su patria, conscientes de sus deberes, derechos y libertades, con profundo sentido de responsabilidad y respeto a la dignidad humana. También manda fortalecer la identidad nacional y educar en valores morales y éticos, solidaridad, trabajo productivo y servicio comunitario.
Desde 2010, la Constitución reforzó ese mandato: formación social y cívica, enseñanza constitucional, valores patrios y ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes.
El mandato nunca faltó.
Después llegaron las advertencias.
El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, PISA, ha mostrado reiteradamente graves dificultades de nuestros jóvenes para comprender, razonar y aplicar conocimientos en lectura, matemáticas y ciencias.
El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana, ICCS, reveló profundas debilidades en conocimientos y competencias cívicas.
Nuestras propias Pruebas Nacionales también han mostrado desempeños modestos al concluir la secundaria.
Y la Encuesta de Cultura Democrática volvió a encender alarmas sobre dimensiones esenciales de nuestra cultura ciudadana.
No fueron hechos aislados.
Fueron advertencias acumuladas durante años.
Es justo reconocer avances. Entre PISA 2018 y 2022 el país mejoró significativamente en matemáticas, lectura y ciencias. Pero en 2025 esos avances no continuaron: los resultados fueron estadísticamente similares a los de 2022.
Después de mejorar, nos estancamos.
Y ahí surge la pregunta que la nación merece responder:
¿cómo es posible que, después de tantos diagnósticos, no hayamos tenido la voluntad política, la determinación institucional y la continuidad necesarias para implementar plenamente los fines educativos que nosotros mismos convertimos en ley y mandato constitucional?
No faltaron normas.
No faltaron pruebas.
No faltaron diagnósticos.
Faltaron voluntad política, determinación institucional y continuidad para convertir la educación y la formación ciudadana en una verdadera causa nacional.
Y eso tiene un costo humano.
Ya no hablamos solamente de porcentajes y rankings.
Hablamos de casi dos generaciones de dominicanos que atravesaron el sistema mientras sabíamos que no estábamos formando las competencias académicas y ciudadanas que necesitaban para dirigir sus vidas y, algún día, conducir la República.
¿Quién responde por ellos?
¿Dónde está el gran programa nacional para recuperar y fortalecer a quienes ya salieron de las aulas con brechas académicas y cívicas que el propio sistema había identificado?
En 2025, el Consejo Nacional de Educación aprobó la Ordenanza 02-2025 para incorporar explícitamente la Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana. Hoy vuelve a discutirse legislativamente la obligatoriedad de esa formación.
Bienvenidas sean esas iniciativas.
Pero debemos hacernos una pregunta más profunda:
¿cuántas veces tendremos que escribir la misma obligación antes de convertirla en conducta?
Porque el verdadero problema dominicano no parece ser la ausencia de normas, sino la distancia entre lo que proclamamos y lo que cumplimos.
Ahí la calle compite contra el aula.
Le enseñamos al niño a respetar la ley, pero observa que violarla puede no tener consecuencias.
Le hablamos de mérito mientras contempla favoritismo.
Le exigimos puntualidad mientras normalizamos la impuntualidad.
Le hablamos de responsabilidad mientras ve autoridades incumplir sus propias reglas.
Y debemos comprender algo esencial:
cada autoridad también educa.
Cuando quien ejerce poder incumple una norma sin consecuencias, está impartiendo una clase de educación cívica en sentido contrario.
Por eso no necesitamos simplemente otra asignatura.
Necesitamos una Revolución Cívica que abarque escuela, familia, iglesias, comunidad, empresa y Estado; que alcance también a quienes ya dejaron las aulas; que convierta el cumplimiento en hábito, el mérito en estímulo, el buen ejemplo en norma y la responsabilidad en valor nacional.
No se trata de buscar culpables eternos.
Se trata de asumir una responsabilidad histórica y corregir el rumbo.
Porque ninguna Constitución puede proteger una República cuyos ciudadanos aprenden a ignorarla.
Casi dos generaciones han atravesado ya este proceso.
Y serán esas mismas generaciones las que, tarde o temprano, recibirán la conducción del país.
Todavía estamos a tiempo de cambiar la enseñanza.
Pero el tiempo no es infinito.
La pregunta que debemos responder como nación es ésta:
¿seguiremos administrando el deterioro, o tendremos finalmente el carácter, la voluntad, la determinación y la fidelidad a nuestra Constitución necesarios para formar ciudadanos capaces de construir, respetar y defender la República que prometimos ser?
Por Oscar López Reyes
Demetrio, Higinio y Marcelo, exfuncionarios estatales imbuidos de un hinchado poder político, no prestaron oídos del precavido refrán: “A chica boca, chica sopa” y, cual volcán, cada uno por su lado se arrojó -como si tuvieran en misiones espaciales en diferentes temporadas y universos cósmicos- a hostigar y a perseguir a un periodista respetuoso y cumplidor. La maledicencia, agazapada en villanías, les hizo olvidar que para participar en foros había que tener los bozos limpios.
Ninguno de los tres judicializables estuvo en la mirilla del tranquilo Gael Otero, a quien jamás dejaron de incordiarlo inmisericordemente, sin motivo aparente. Empero, sin este reportero/articulista buscarlos, en sus manos se posaron -como si fueran enviados por un molesto extraterrestre- datos incriminatorios sobre sus acosadores, que lo dejaron perplejo. ¿Cuál fue su reacción?
Los hechos y personajes a ser descritos son reales, ocurridos en Santo Domingo, República Dominicana, en años recientes, aunque sus protagonistas pudieran llamarse Piernavieja (abogado), Pieldelobo (administrador de empresas) y Viejobueno (ingeniero). Sus verdaderos patronímicos son Demetrio Gabilondo, Higinio Quintana y Marcelo Mosquera, el trío diabólico que, visiblemente con el sistema límbico y el tronco encefálico dislocados, asediaron y se pusieron a la caza de Gael, como si fuera un ladrón. ”El cazador cazado”, ¡qué ironía!
Primero. Demetrio: en el examen de tesis de grado, un miembro del jurado al estudiante de periodismo Gael le asignó 98 y otro 95, que ponderaron la metodología en el abordaje, la capacidad investigativa y el pensamiento crítico. El tercer juez docente, Demetrio, emitió su veredicto sin consultar a sus dos colegas: un 40. Cuando el ya graduado aspiró a ser maestro, en un examen le colocó un 0 y en el año que presentó un proyecto para crear una unidad académica en la universidad estatal, lo boicoteó, a la clara. Posteriormente, este abogado lo importunaba en reuniones de las lides gremiales. ¿Y por qué…?, se preguntaba Gael.
Sorpresa: Un domingo en la mañana, mientras Gael chequeaba su agenda en la redacción del periódico Hoy, su director Virgilio Alcántara le entregó un documento que había recibido, con acusaciones comprometedoras contra Demetrio. Le instruyó enfáticamente para que profundizara en la investigación. Si no inquirí estos papeles, si este caballero me ha pisoteado insistentemente -reflexionó Gael- y ahora tengo esta encomienda del director del matutino, por qué no hacer mi trabajo y focalizar el tema con superficialidad.
La indagatoria duró más de una semana, y los hallazgos encontrados fueron demoledores. Escribió tres amplios reportajes y el director del rotativo los publicó en tres primeras páginas. El escándalo no pudo ser más vergonzoso, en el pico de la gravedad. El consejo directivo de la institución donde laboraba el jurista sesionó de emergencia, con el documento original y los reportajes en la mesa. La cancelación de Demetrio fue inevitable. ¡Vaya!
Marcelo: En los años 2018-19, a Gael pretendió trazarle pautas, sin ser su jefe; humillarlo e imponérsele, sin razón, en el organismo gubernamental en la cual ambos ofrecían sus servicios profesionales. Narcisista indecoroso y arrogante, Marcelo escudriñaba fallas en el accionar de Gael, para reportarlo ante la máxima autoridad. Cuando este difundía algún texto periodístico, lo separaba, subrayaba puntos específicos y lo llevaba al mando superior, su amigo de muchos años, con recomendaciones despiadadas. Jamás aceptó conciliación, aun comprobándose que incurría en irrefutables conflictos de intereses.
Asombro: Un colega y amigo del periodista Gael sintió estupor al enterarse del drama –a través de un tercero- y decidió rastrear las andanzas de Marcelo en la administración pública, así como sus actuales relaciones y comportamiento. Descubrió que como director administrativo-financiero hacía negocios con otras instituciones públicas. Siendo así, la única alternativa de la alta gerencia fue su despido. ¡Qué pena! ¿Acaso funge ahora con las mismas funciones en otra dependencia estatal?
Higinio: Después que, con el tráfico de influencia política, truculentamente este ingeniero se enriqueció con la adjudicación de contratos a sobreprecios –y con desvíos de fondos públicos desde un organismo público hacia una corporación en la cual era un testaferro- fuera del gobierno –¡Qué viva Odebrecht!- se dedica actualmente a querer socavar las imágenes de personas honradas, desde un digital en el cual se proclama, sin asearse los colmillos, “comunicador”. ¡Qué tupé!
Espanto: El legajo de documentos acumulados por indignados de organizaciones de interés social sirvió para instrumentar un expediente, depositado en la Procuraduría General de la República para que se añadiera a otro más grande divulgado públicamente, vinculada a la gestión 2012-1016. En una cama supercómoda, el imputado Higinio languidece, dando sus últimos suspiros, y pocos saben que fue por su doble osadía: sustraer, usurpar como “comunicador” y atacar para aparentar… ¡Desvergonzado!, ¿sí o no?
Demetrio, Higinio y Marcelo vituperaban a Gael sin conocer sus facultades divinas: cada vez que este emprendía un proyecto y otros hacían lo mismo, avanzaba con tanta prontitud que los paños y lienzos de sus competidores eran tirados en barrancos. Idénticamente, meses después de que un elocuente lo encaraba con alevosía, ese alevoso moría súbitamente, como aconteció con dos de los tres judicializables. El otro de similar estirpe quedó entrampado en la peor hoguera, porque sufre más que Juana de Arco.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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13 de septiembre de 2026