Opinión
¿Qué pasa y qué hacer en un periodo de tanta indignación popular y juvenil?
Por Narciso Isa Conde
La República Dominicana entró a partir de enero del 2017 en un periodo de conversión del descontento acumulado en movilizaciones y luchas sociales ascendentes.
A lo largo de estos tres años irrumpió primero el movimiento Marcha Verde como confluencia de una enorme diversidad político-social indignada por la dimensión insoportable de la corrupción estatal impune (convertida en sistema) y su contribución al deterioro de las condiciones de existencia de amplios sectores del pueblo llano y capas medias de la sociedad.
Diversas e intensas protestas ambientales, comunitarias, barriales, campesinas, femeninas…precedieron esa primera gran oleada verde y confluyeron con ella.
Luego, recientemente, se ha expresado la indignación callejera de la juventud vestida de negro frente al golpe electoral electrónico auspiciado por el gobierno corrupto contra unas votaciones municipales que le serían muy adversas. La rebeldía juvenil de mayor dimensión registrada en la historia reciente.
Una mezcla de espontaneidad, conciencia política y reacción contra el sistema tradicional de partidos y la institucionalidad corrompida y corruptora, acumulada en los últimos 55 años, se ha expresado en ambas irrupciones masivas.
Estas dos cadenas de protestas pacíficas no han estado libres de ciertas manipulaciones instrumentadas por corrientes conservadoras (oposición de derecha, USAID, ONGs e izquierdas derechizadas), en procura de contener su potencial radicalidad.
En ambos casos sectores de capas medias jugaron el rol detonante. Pero muy pronto concurrió hacia ellos la indignación propiamente popular.
Sin embargo, los déficits en los procesos de conformación de una coordinación con visión transformadora y proyección estratégica, y la gravitación en su seno de redes sociales y corrientes proclives a potenciar tendencias y ambiciones electoralistas, han procurado y procuran –en constante disputa con las posiciones avanzadas- aprovechar ambos fenómenos políticos sociales a favor de posiciones antigubernamentales conservadoras, logrando retardar o frenar su necesaria profundización.
- CRISIS MÁS CRISIS.
Hay que destacar, que el publicitado crecimiento de la economía (difundido profusamente a escala nacional e internacional) -exhibiendo a la vez desigualdades sociales ascendentes, penurias e inseguridades sociales estremecedoras, sobre-explotación, corrupción e impunidad in-contenidas- se ha tornado cada vez más cuestionable, frágil y riesgoso para quienes hoy detentan el poder.
Este modelo de crecimiento, -basado en endeudamiento externo, lavado de dinero y turismo- registra ya niveles astronómicos en deuda externa (54 % de PBI y pago de servicios que comprometen más del 40% del presupuesto anual de la Nación), un elevado déficit fiscal y una voluminosa y explosiva deuda social.
Igual podrían vaticinarse riesgos similares –y aun mayores- respecto a la inestabilidad política que asechará a quienes en breve meses podrían relevarlos sin impulsar cambios estructurales.
Son previsibles, en consecuencia, nuevas oleadas de protestas a no muy largo plazo, dado que sus causas y raíces habrán de trascender la presente coyuntura electoral, en tanto el cambio posible por esa vía sería solo de caras, no de modelo ni de sistema institucional.
Este proceso en oleadas es propio del impacto de dos crisis crónicas superpuestas:
- La del modelo de régimen político-institucional, colonizado y corrupto, impuesto por la invasión militar estadounidense de 1965, que derogó la Constitución de 1963 e impidió el restablecimiento del gobierno democrático-reformador (presidido por Juan Bosch), primero; y, luego, bloqueó el Gobierno del Pueblo en Armas, presidido por el coronel Caamaño
- La del modelo de recolonización neoliberal impuesto en la década de los 80, ahora en decadencia en todo el Continente; decadencia acelerada por la multi-crisis global del sistema capitalista.
Estas crisis combinadas y la emergencia de la indignación popular convertida en oleadas de protestas recurrentes, abren la posibilidad en nuestro país de ponerle fin a un ciclo político perverso que ha durado algo más de medio siglo, generando numerosas calamidades sociales.
Ese ciclo fue iniciado por el llamado régimen de los doce años de Balaguer en 1966, seguido por los gobiernos corruptos y entreguistas del PRD (1978-86), retomado por diez años mas por el propio Balaguer (1986-94) y continuado por 20 años de gestión peledeísta (Gobiernos de Leonel Fernandez y DaniloMedina) en contubernio con todo lo conservador, con un breve intervalo de 4 años bajo el gobierno de Hipólito-PRD (2000-2004).
El mismo fue degradado en mayor escala por el impacto de las restructuración neoliberal del capitalismo a escala mundial.
La tendencia al agotamiento de ambos productos contrarrevolucionarios, tutelado por EEUU, es más que evidente y explica la creciente insumisión popular-juvenil y de capas medias, como también el aferramiento de las derechas gubernamentales y opositoras a la institucionalidad derivada de la Constitución del 1966, renovada y modernizada por la 2010; como también explica el agresivo endurecimiento del intervencionismo gringo a cargo de Trump, Pompeo, Almagro, su OEA, Comando Sur, CÍA y USAID.
- AUN EN CRISIS E IMPUGNADO MASIVAMENTE, EL PODER CONSTITUIDO SE MANTIENE.
Es preciso tener muy presente:
-Que a pesar de estos tres años de luchas estelares y movilizaciones multitudinarias -centradas en procurar el fin de la impunidad, la corrupción, la trampa electoral, la antidemocracia y el abuso de poder- la dictadura constitucional controlada por mafias políticas, militares policiales y empresariales- ha logrado bloquear esas meta y reproducir sus prácticas, agravando los males que aquejan la Nación.
-Que al mismo tiempo revisten importancia los logros alcanzados por Marcha Verde y por la INDIGNACIÓN JUVENIL, en cuanto a conciencia, creatividad y capacidad combativa de una parte significativa de la sociedad.
-Que las denuncias y acciones de repudio al gobierno y al Estado han sido respondidas con farsas judiciales y simulacros investigación; mientras sigue creciendo el repudio popular, disminuye significativamente la capacidad de convocatoria de un sistema de partidos inmerso en el pantano de la corrupción y se dispara su ilegitimidad y la de las instituciones que controla.
Así las cosas, la corrupción que embarra gobierno e instituciones no cesa de manifestarse en forma ascendente y descarada: desangrando fondos estatales, depredando el patrimonio nacional y disponiendo de dinero en medio del curso forzado de la farsa electoral del 2020.
Sus principales protagonistas están montados sobre montañas de privilegios escandalosos, nuevas asignaciones ilegales, estafas y sobornos; y, para colmo, usando narco-conexiones para competir entre sí, como ha acontecido recientemente con el liderazgo político tradicional de los últimos 22 años.
En adición a ese cuadro degradante, impugnado por amplios sectores de la sociedad, las cúpulas del gobierno turno y de los partidos tradicionales, no solo siguen siendo protagonistas y beneficiarias de un poder corrupto y corruptor, sino también entes subordinados a los designios de EEUU, tanto en política exterior como en cuanto a su voracidad respecto al patrimonio natural de la isla.
El coloniaje ha tenido aquí en estos días una expresión grotesca, precisamente en un país como el nuestro, víctima de la intervención militar estadounidense en 1916 y 1965: ambos polos electorales, el oficialista y el opositor, se han alineado junto a Trump contra Venezuela soberana, en abierto respaldo a la formula Guaido-golpe-invasión y a las perversidades de la OEA.
Esta cada vez más claro que la institucionalidad vigente, especialmente sus detentadores desde el sistema de partidos y sus socios en el empresariado privado, no tiene de otra que aferrarse a la reproducción de unas elecciones excluyentes y estructuralmente fraudulentas que les garanticen continuidad a unos o el relevo en la administración del poder constituido a los otros; estos últimos cada vez más favorecidos por el voto castigo contra el PLD-Gobierno.
La reciente manipulación y los pactos espurios respecto a una ley de partidos y una ley electoral mostrencas, que además violan e interpretan a su manera, ha reforzado el oligopolio electoral, imponiéndole a la sociedad solo dos opciones de las derechas corruptas y subordinadas a EEUU; la opositora, por cierto ahora con mucho más probabilidades de acceso al gobierno y más contaminada con la división del PLD y el paso de la facción del ex–presidente Leonel Fernández a uno de los bloques enfrentados al gobierno en decadencia.
El racismo anti-haitiano de corte fascista, que no es igual a preocupación genuina por el tema migratorio ni al respeto mutuo de la línea fronteriza y las identidades nacionales dominicana y haitiana, está siendo febrilmente utilizado como arma de chantaje y recurso de derechización de esa espuria competencia electoral y, peor aún, como instrumento para conformar una corriente política, que si por inacción de la contrapartida logra convertirse en fuerza masiva, podría generar situaciones trágicas.
Así las cosas, nada sugiere que lo electoral en el 2020 será mejor que en el 2016 y procesos tramposos anteriores. Todo lo contrario: la situación, en cuanto a la esencia del poder constituido, ha cambiado para peor. Su prologo ya ha contado con dos episodios fraudulentos, primero en las primarias del PLD realizadas el 6 de octubre del 2019 y a continuación en las municipales del pasado 16 de febrero del 2020.
Los factores nuevos y esperanzadores siguen siendo el enorme poder de convocatoria, prestigio, fuerza atractiva y unificadora desplegadas sucesivamente por el movimiento verde y por la juventud indignada vestida de negro, y la emergencia concomitante de los movimientos sociales en lucha, con su capacidad para protestar y demandar, paralizar amplias áreas del país y aplicar diversas modalidades de presión y desobediencia civil.
- SUGERENCIAS PARA ESTE NUEVO PERIODO.
- Preservar la independencia y autonomía de los movimientos sociales y políticos-sociales respecto al Estado, partidos (oficialistas y opositores) y cúpulas empresariales, lo que garantiza su unidad en la diversidad y su crecimiento.
- Relanzar oportunamente su accionar con nuevos bríos y renovadas energías, activando todas sus potencialidades.
- Intensificar y coordinar las protestas sociales junto a la nueva rebeldía de la juventud combinándolas con paros de actividades y nuevas modalidades de desobediencia civil; incluida la determinación de hacerle la vida imposible a los corruptos aquí y en el exterior, acciones de exigencia de destitución de la JCE y sus suplentes, y dimisión del Presidente Medina como jefe actual de la corrupción estatal y los fraudes electorales en boga.
Todo esto poniendo énfasis en los reclamos del fin de la corrupción, la impunidad, las trampas electorales, la condena al golpe electoral reciente y la sanción de sus responsables (asumiendo todos los casos pendientes y en curso: ODEBRECHT, CEA, OISOE, TUCANOS, OMSA, TRES BRAZOS, DIANDINO, JCE… y haciendo suya todas las luchas justas y todas las demandas movilizadoras: rebaja de los combustibles, salarios dignos, defensa de las cordilleras del país y de las fuentes de agua frente a la minería destructiva y la depredación voraz; alto a los feminicidios y defensa de los derechos de la mujer (incluidas las tres causales en cuanto al aborto terapéutico); salud para todos/as y eliminación de las ARS y AFP privadas; seguridad ciudadana.
- Fortalecer las Izquierdas del Cambio Radical (IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-IR, MANDO y todas las corrientes y movimientos políticos y organizaciones sociales transformadores), que ha asumido y puedan asumir en lo adelante la necesidad de un PROCESO CONSTITUYENTE, mediante el cual el pueblo movilizado ejerza su soberanía, asuma el rol de Poder Constituyente, desmonte el Poder Constituido y sus instituciones y establezca un Gobierno Provisional que convoque una ASAMBLEA CONSTITUYENTE SOBERANA Y PARTICIPATIVA, que elabore una nueva Constitución y organice una elecciones libres y confiables.
- E) Comprometernos, en fin, a sostener estos propósitos y estas dinámicas más allá de esta coyuntura electoral, dotando la avalancha popular de una propuesta político-social que le de trascendencia y poder para romper el bloqueo institucional y para convertirse en fuerza unitaria alternativa.
Por José Cabral
Por doquier se escucha la misma queja de que la sociedad dominicana ha desarrollado una cultura del engaño y el fraude.
Este problema tiene necesariamente que generar mucha preocupación y angustia, porque lo que ocurre nadie se atreve a negar que es una amenaza latente en contra de todos y cada uno de los dominicanos.
El país está atrapado por los cuatro puntos cardinales, cuyas consecuencias impactan a los de abajo, los del medio y los de arriba social y económicamente hablando.
Y esto hay que traerlo a colación porque si vamos a los tribunales en busca de justicia es el mismo escenario de la negación de derechos y justificación y estimulación de lo mal hecho.
No importa el circulo en que uno se mueva, el lenguaje es el mismo, la justificación de lo injustificable.
Es una cultura que no es fácil de erradicar, ya que los principales promotores del robo, el fraude e incluso de los asesinatos porque estimulan la vía de hecho, son los tribunales penales.
Son escenarios con un nivel de solemnidad que engañan al más inteligente y bonito, como el debate presidencial, cuyos participantes y aspirantes a dirigir el país, quienes debían estar presos en vez de aparecer por televisión para justificar sus aspiraciones, son los mejores exponentes de la «decencia nacional».
Es “cogío# que estamos, no parece haber escapatorias porque esas conductas los primeros en legitimarlas y justificarlas son los propios ciudadanos, los votantes, los perjudicados con unas acciones que dañan toda la nación.
La verdad que no se ve clara la salida a esta situación que genera una gran incertidumbre, ya que es muy poco lo que sirve.
Haga una reflexión y escoja el escenario que le parezca y comprobará que cualquiera se llena de pesimismo si es que usted ama el aspecto humano de la vida, de lo contrario tal vez no se alarme.
Por Isaías Ramos
El 14 de enero de este año, nuestra nación fue víctima de una de las peores ignominias que puede sufrir nuestra frágil democracia: la ruptura de nuestra Carta Magna. Con la promulgación de la Ley 1-24, que pretende instaurar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se busca intimidar a la población y consolidar una tiranía que creíamos superada hace más de seis décadas.
Esta ley desafía abiertamente la Constitución que nos rige. Según el artículo 261, el sistema de inteligencia debe estar subordinado a instituciones independientes, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, asegurando así su supervisión y alineación con el interés nacional. No obstante, el artículo 8 de la Ley 1-24 coloca la DNI directamente bajo el presidente, otorgándole un poder ilimitado que es tanto peligroso como inestable.
La historia nos ofrece lecciones claras sobre los peligros de un poder sin restricciones. Tácito, el historiador romano, advirtió: «El poder nunca es estable cuando es ilimitado». Este poder concentrado en una sola figura no solo va en contra de nuestras leyes fundamentales, sino que es una receta para el abuso y la corrupción.
Esta ley se levanta como un monstruo de múltiples cabezas que, de no ser detenido, destruirá los cimientos de esta débil democracia, llevándose consigo nuestra libertad y nuestros derechos más preciados: nuestra dignidad.
La implementación de esta ley podría llevarnos por un camino oscuro, similar al sufrido por ciudadanos en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los servicios de inteligencia se han utilizado como herramientas para reprimir la disidencia y mantener a los líderes autoritarios en el poder.
La historia reciente de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, detenida arbitrariamente, y de algunos dirigentes de la líder opositora María Corina Machado en un país bajo un régimen con leyes similares, nos sirve como un presagio sombrío de lo que podría suceder aquí. Sus experiencias de miedo, represión y violencia son un claro recordatorio de lo que está en juego.
Es imperativo que reconsideremos esta legislación y evaluemos sus impactos potenciales no solo en nuestra seguridad, sino en nuestra libertad.
El Frente Cívico y Social (FCS) comprende profundamente estas consecuencias y, por eso, instamos a la población a tomar una postura firme. Si esta ley no es derogada o modificada para alinearse con nuestros principios constitucionales antes de las elecciones del 19 de mayo, llamamos a la ciudadanía a abstenerse de votar o emitir un voto nulo. Esta acción de desobediencia civil no es solo un derecho, sino un deber cívico.
El sistema actual nos desmoraliza, nos lleva a vivir en un estado de desestabilización y crisis, causando miedo y terror que nos quitan el poder de razonar y pensar en lo verdaderamente importante.
De continuar indiferentes ante este enorme desafío, visualizamos un futuro donde el miedo y la represión se convertirán en la norma, y donde las libertades que tanto costaron conquistar serán solo un recuerdo lejano. Frente a este escenario, debemos recordar que aún tenemos la oportunidad de redirigir el rumbo de nuestra nación.
Defender nuestra libertad es ahora. No podemos permitir que las sombras de un pasado autoritario oscurezcan nuestro presente y nuestro futuro. Alcémonos con valor y compromiso, preparados para actuar y proteger lo que más valoramos. Solo así podremos superar las adversidades y fortalecer los pilares de nuestra democracia.
En el FCS estamos muy claros de que el futuro está en nuestras manos, y el momento de actuar es ahora. No esperemos más para defender nuestro sistema democrático y asegurar un mañana más prometedor y justo para todos. ¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El artículo 77 del Estatuto de Roma faculta a la CPI para imponer la condena de cadena perpetua, pero solo en aquellos casos en que se justifique debido a la extrema gravedad del crimen y las circunstancias individuales del condenado.
De otra manera, la pena máxima para los delitos del Estatuto de Roma es de 30 años de prisión. Algunas constituciones prohíben la cadena perpetua o el término de 30 años de prisión por considerar que estas penas no prevén una oportunidad para la rehabilitación, o que no son proporcionales con la naturaleza del crimen.
Sería difícil argumentar que los largos periodos de prisión son desproporcionados respecto a la mayoría de los crímenes de la competencia de la CPI, particularmente cuando la cadena perpetua debe ser justificada por la ̈extrema gravedad del crimen ̈. Tal condena solo se impondrá a aquellos que tengan el más alto nivel de responsabilidad en la comisión de los mas graves crímenes, tales como el genocidio.
Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.
En el punto anterior la CPI considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.
La CPI también podrá tomar en consideración ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena¨
Por consiguiente una cadena perpetua podría reducirse a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.
No existe la oportunidad para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.
Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.
Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.
Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.
En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:
- a)Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque existan una restricción a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.
- b)La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.
Debería también mencionarse que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.
Finalmente, la ventaja de una reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.