Nacionales
¿Qué respondió Miguel Vargas frente a acusación de haber obtenido préstamo irregular en Banreservas?
SANTO DOMINGO. A raíz de la denuncia hecha por varios dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), integrantes de la facción que encabeza el expresidente Hipólito Mejía, que indica que el presidente de esa organización fue beneficiado con un préstamo irregular de 15 millones de dólares, Miguel Vargas ofreció una rueda de prensa en la que desmintió los alegatos.
A continuación la respuesta íntegra de Vargas:
Mentira, la declaración del PPH de que la empresa General de Galerías Comerciales Mundo Mall, S.A., obtuvo el préstamo “sin calidad para recibirlo”, cuando está constituida de conformidad con las leyes, según registro mercantil Núm. 40961SD de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, siendo constituida con todas todas las de la ley en fecha 28 de marzo de 2006.
Mentira, la declaración del PPH de que el préstamo “fue aprobado en apenas una semana”, cuando conforme diferentes comunicaciones y documentos quedó mostrado que el empréstito fue solicitado en julio de 2011 y se hizo efectivo en febrero de 2012, es decir, 7 meses después y no en 7 días, como dijo y repitió el PPH, televisado y grabado está.
Mentira que la empresa “no está en el sector generador de divisas”, siendo que el objeto principal de la empresa es la planificación, diseño, construcción promoción y comercialización de proyectos inmobiliarios que son cotizados y transados en dólares americanos o su equivalencia en moneda nacional, como es de estilo en la comercialización este tipo de proyectos, desde hace años.
Mentira que Mundo Mall “no tenía solvencia para el monto recibido”, cuando presenta un capital social suscrito y pagado superior a los 600 (seiscientos) millones de pesos y activos por más de cuarenta y cuatro (4) mil millones de pesos.
Mentira que el préstamo presentara “riesgo cambiario para el Banco de Reservas”, como declaró el PPH, ya que el párrafo 1 del artículo primero del contrato de préstamo, establece la obligación de la empresa de reembolsar el préstamo en dólares de los Estados Unidos de América.
Mentira la declaración del PPH de que el préstamo fue aprobado “sin garantías”, ya que en su artículo duodécimo el contrato de préstamo establece que la empresa otorgó garantía en primer rango sobre inmuebles tasados por una suma superior a 44 millones de dólares, tres veces más que el monto del préstamo recibido.
Mentira la declaración del PPH de que “los inmuebles presentados como garantías no tenían la mensura catastral correspondiente” , pues cada uno tiene sus certificados de títulos debidamente emitidos por el Registro de Títulos del Distrito Nacional, a nombre de la Empresa, copias de las tasaciones, de los certificados de títulos y del cheque de 13 millones de pesos por pago de impuestos para el registro de las hipotecas.
Mentira la declaración del PPH, de que “el préstamo fue aprobado con un período de gracia de 24 meses durante el cual el Banco de Reservas no recibiría “un solo centavo”, cuando desde el mismo momento del desembolso, empezaron a generarse los intereses correspondientes a una tasa de un 9% en dólares, habiendo pagado a la fecha al Banco de Reservas la suma de 1 millón, 706 mil 364 dólares con 36 centavos.
Miguel coronó su presentación a la prensa, con copia del facsímil de un contrato suscrito en fecha 19 de mayo de 2011, entre Mundo Mall y la firma financiera internacional JP Morgan, justo por 15 millones de dólares, otorgado en 2 meses (no en siete, como el del Reservas) y una tasa de 7.3% de interés anual, es decir, condiciones más ventajosas que las contratadas por Mundo Mall con el banco criollo.
Ante cada documento que ojeaban y observaban en la pantalla gigante, los periodistas asentían, y hasta algunos legaron a comentar en voz baja que “estas pruebas son demoledoras”.
Miguel cerró su discurso con palabras como las siguientes:
“El pueblo dominicano me conoce, sabe que durante toda mi vida pública y privada he actuado con absoluta transparencia, apegado siempre a la fe en el trabajo y a los principios morales y enseñanzas cristianas inculcadas en el seno de mi familia.
“Dios, la sociedad dominicana y mi partido saben que durante más de 35 años he trabajado intensamente en actividades productivas que han generado riquezas y desarrollo al país, además de decenas de miles de empleos directos e indirectos en todo el territorio nacional.
“Podemos destacar nuestra participación en el desarrollo de los tres principales y más modernos centros comerciales que hoy exhibe la República Dominicana, generando más de 7 mil empleos en los últimos cinco años.
“Como resultado de esas labores productivas, sólo en los últimos diez años mis empresas han pagado alrededor de 600 millones de pesos en impuestos al Estado Dominicano.
“Soy un empresario que de manera transparente puedo explicar lo que hago y demostrar la procedencia de mi patrimonio, y durante todo este tiempo de ejercicio profesional y empresarial he recibido el apoyo y la confianza de entidades financieras nacionales e internacionales, con las cuales mantengo operaciones comerciales en la actualidad.
“Gracias a mis denodados esfuerzos, en los que siempre me han respaldado mi familia y apreciados colaboradores, he construido exitosas empresas que han contribuido al desarrollo y la modernización del país, al tiempo de generar bienestar para muchas familias.
“Inspirado en extender nuestro éxito en la vida profesional a toda la sociedad dominicana, a través de políticas públicas de buen gobierno, por muchos años hemos compartido el trabajo productivo con la actividad política.
“El pueblo dominicano y la familia perredeísta pueden tener la plena seguridad que el PRD continuará desarrollando su agenda institucional, con miras al proceso de convención para renovar los cuadros directivos a nivel nacional, provincial y municipal, y de las seccionales del exterior, como antesala de una gran victoria en las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del 2016”.
Cerró invocando la determinación de vencer de su padre, el destacado empresario y politico vegano, ya fallecido, don Pedro A. Rivera, mientras los dirigentes celebraban que su presidente y líder fuera tan contundente y categórico frente a la ruindad de adversarios que han perdido todo sentido del honor y el decoro, y que pretendiendo distorsionar LA VERDAD de los hechos apelan sin ningún recato a la estrategia propagandística nazi de “¡MENTID, MENTID, MENTID, QUE ALGO QUEDA!”.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.