Internacionales
¿Qué revela la nueva investigación que acusa a Putin de cometer más crímenes de guerra?
La Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Ucrania también determinó que Rusia había cometido crímenes de guerra
Rusia ha cometido un crimen contra la humanidad al obligar a la gente a huir del territorio controlado por Ucrania mediante continuos ataques con drones contra civiles, según afirmó el lunes una investigación respaldada por las Naciones Unidas.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Ucrania también determinó que Rusia había cometido crímenes de guerra al deportar y trasladar a civiles de las zonas ocupadas de la región ucraniana de Zaporizhia.
«Las autoridades rusas han coordinado sistemáticamente acciones para expulsar a los civiles ucranianos de sus lugares de residencia mediante ataques con drones, así como deportaciones y traslados», afirma la investigación.
También ha cometido «los crímenes de guerra de dirigir intencionalmente ataques contra civiles y objetivos civiles y de infligir tratos inhumanos, así como las correspondientes violaciones de los derechos humanos», afirmó.
– Ataques con drones –
En mayo, la comisión determinó que los ataques con aviones no tripulados de corto alcance que Rusia llevó a cabo durante meses contra civiles a lo largo de un tramo de 100 kilómetros en la margen derecha del río Dniéper, en la región de Jersón, constituyeron un asesinato como crimen contra la humanidad.
Ahora también ha concluido que los ataques eran «parte de una política coordinada para expulsar a los civiles de esos territorios y constituyen un crimen contra la humanidad de traslado forzoso de población».
«Durante más de un año, las fuerzas armadas rusas han estado dirigiendo ataques con drones contra una amplia gama de objetivos civiles», dice el informe, incluidas personas, casas o edificios, puntos de distribución humanitaria e infraestructura energética crítica.
Operando bajo un comando centralizado, las tropas rusas «atacan intencionalmente a civiles y objetivos civiles y causan daños y destrucción», afirmó.
«Incluso alcanzaron a los equipos de emergencia», dijo la comisión, incluidos los equipos de ambulancias y bomberos, a veces en repetidas ocasiones, a pesar de las claras marcas en los vehículos.
– Deportaciones y traslados –
El informe, que la comisión debía presentar el lunes en la ONU en Nueva York, también determinó que la decisión de Rusia de expulsar a los civiles de las áreas que ocupa en la región de Zaporizhia «equivale a crímenes de guerra de deportaciones y traslados».
«Arrestos, detenciones, diversas formas de violencia -a veces incluida la tortura-, registros, confiscaciones de documentos y bienes, precedieron a los traslados o deportaciones», indicó.
El informe analizó el traslado por parte de las autoridades rusas en 2022 y 2023 de adultos civiles a territorio controlado por Ucrania, «como medida punitiva por presuntas actividades contra la Federación Rusa».
Se vieron obligados a caminar entre 10 y 15 kilómetros a través de una «zona operativa altamente peligrosa» para llegar a las líneas ucranianas, afirmó.
Desde 2024, también se ha deportado a adultos civiles a Georgia, a través de Rusia, y se les han dictado «órdenes de deportación» que les prohíben la entrada a Rusia durante un período que suele ser de 20 a 40 años, indicó.
Para el informe, la comisión independiente afirmó que había entrevistado a 226 víctimas, testigos y otros, examinado más de 500 videos disponibles públicamente de los crímenes documentados en el informe y geolocalizado a casi la mitad de ellos.
La comisión ha dicho anteriormente que el traslado forzoso y la deportación de niños ucranianos por parte de Rusia a zonas bajo su control equivalían a crímenes de guerra y posibles crímenes contra la humanidad.
Moscú no reconoce la comisión y no responde a sus solicitudes de acceso, información y reuniones.
Por Robin MILLARD AFP
Internacionales
Las muertes por ahogamiento en Francia aumentaron un 14 % durante las tres olas de calor
Agencia EFE
PARÍS.- Un total de 925 personas sufrieron un episodio de ahogamiento en Francia entre el 1 de mayo y el 15 de julio de 2026, de las que 274 fallecieron, un aumento del 14 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó este viernes Salud Pública Francia (SpF).
La mayoría de los ahogamientos, mortales o no, se registraron coincidiendo con las tres olas de calor que han afectado al país hasta la fecha.
Los adultos representaron la mayor parte de las víctimas mortales, con 237 fallecidos, mientras que 37 menores perdieron la vida, una cifra, en este último caso, similar a la registrada en el mismo periodo de 2025.
Entre los menores, la mayoría de los ahogamientos mortales se produjeron en ríos y lagos, especialmente en zonas de baño no habilitadas, durante los episodios de calor extremo.
Las regiones del sur y las zonas costeras concentraron el mayor número de ahogamientos, aunque Salud Pública Francia destacó un fuerte incremento de las muertes en regiones del interior, especialmente en Auvernia-Ródano-Alpes, Borgoña-Franco Condado e Isla de Francia (donde está París).
Los fallecimientos en piscinas y otras zonas de baño artificial casi se duplicaron al pasar de 31 a 60.
PEKIN.- Las Fuerzas Armadas de China han iniciado este jueves una serie de maniobras militares con fuego real en el estrecho de Taiwán poco después de que las autoridades del gigante asiático tildaran de «temerario» el discurso dado recientemente por el presidente taiwanés, Lai Ching Te, que ha afirmado que la isla «no va a actuar como una subordinada» de Pekín.
Está previsto que estas maniobras se lleven a cabo hasta las 18.00 horas (hora local) de este jueves, antes de reanudarse este viernes frente a las costas de Zhangzou, en la provincia de Fujian, en el este del país, según ha informado el Ejército.
En este sentido, ha confirmado que las áreas afectadas permanecerán cerradas de forma temporal a la navegación hasta que finalicen las actividades, aunque no han ofrecido más detalles sobre el asunto.
Los comentarios de Lai, a los que se han sumado declaraciones de representantes del gubernamental Partido Democrático Progresista (PDP), que han dicho que jamás permitirán un «retroceso» hacia un «Taiwán chino», han suscitado críticas en Pekín.
Las relaciones entre Pekín y Taipéi quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai Shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a la isla de Taiwán.
Miami, Florida, Estados Unidos.- Una jueza federal sentenció este jueves a 20 años de cárcel a un financiero de Florida por armar un fraude en el que obtuvo fondos federales durante la pandemia de la covid-19 para financiar el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, informó la Fiscalía de Estados Unidos.
La Corte del Distrito Sur de Florida condenó a Keegan Harricharan, de 42 años y quien se había declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero con préstamos emitidos durante la pandemia bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES, en inglés).
Harricharan, residente en Florida, y sus cómplices «obtuvieron de manera fraudulenta» más de 840,000 dólares en préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP), para «promover, financiar y apoyar la conspiración» destinada a derrocar al Gobierno de Haití, en la que fue asesinado el presidente, según el Departamento de Justicia (DOJ).
El caso «es un recordatorio» de que los delitos financieros suelen ser «el motor detrás de conductas mucho más peligrosas», declaró Jason A. Reding Quiñones, fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.
explotó programas de ayuda
«Este acusado no se limitó a cometer fraude. Explotó programas de ayuda por la pandemia destinados a mantener con vida a las pequeñas empresas durante una crisis nacional y lavó esos fondos robados a los contribuyentes para ayudar a promover una conspiración que culminó en el magnicidio del presidente haitiano», apuntó.
Con ello, suman nueve implicados condenados en Estados Unidos por el asesinato, a manos de un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos, además de más de 50 personas acusadas en Haití por el magnicidio, incluyendo la viuda de Moïse, aunque el proceso judicial en ese país permanece estancado por la crisis.
El asesinato del mandatario desató una crisis en Haití, lo que ha impulsado una ola migratoria hacia Estados Unidos, donde unos 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación, aunque el gobierno del presidente Donald Trump revocó esa medida, que expira la próxima semana.