A la derecha, en el marco vertical, Ramón E. Ciriaco Núñez. Mientras que en la parte superior izquierda, Alejandro Dipré Sierra. En la parte inferior izquierda, Víctor Antonio Campusano Jiménez. Fotos a la izquierda:
Santo Domingo, RD.-Luego de ascenderlos a mayor general, el presidente Luis Abinader mediante el decreto 444-21, colocó en honrosa situación de retiro, con disfrute de la pensión correspondiente, a cinco generales,
Además de José A. Acosta Castellanos, en la lista están Ramón Alcántara, Ramón E. Ciriaco Núñez, Víctor Antonio Campusano Jiménez y Alejandro Dipré Sierra.
En febrero de este año fue descargado de una acusación por abuso sexual a una menor de edad.
El alto oficial estuvo detenido por un supuesto vínculo con una menor de edad.
Según informes, Acosta Castellanos era investigado a raíz de unas fotografías donde se observa con una joven que presuntamente pertenece a la Policía Juvenil Comunitaria.
Los hechos se reportan ocurridos en junio de 2019 cuando la joven tenía 17 años y vivía en Santiago, donde el general era el comandante regional.
Ramón Alcántara, fue ascendido al rango de mayor general de la Policía Nacional y puesto en retiro por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 422-21, emitido este lunes.
Mediante el decreto 155-09, Alcántara fue ascendido a general de brigada por el expresidente Leonel Fernández en marzo de 2009. Ese mismo documento oficial lo designó como jefe de la escolta del vicepresidente de la República, para ese momento Rafael Alburquerque.
En agosto de 2011, el alto mando de la Policía Nacional quedó designado coordinador de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Reforma Policial, luego de un mandato presidencial expedido por el entonces mandatario Fernández.
En septiembre de 2014, Alcántara fue sustituido luego de ejercer como director del Museo Policial.
En 2013 fue designado por el expresidente Danilo Medina como subjefe de la Policía Nacional.
A principios de este año, se escuchó de este general luego de que denunciara que se vio envuelto en una campaña difamatoria en las redes.
Dipré aseguró entonces que su madre fue estafada en la venta de un terreno y que se buscaba involucrarlo en el escándalo para hacerle daño a su carrera policial, por lo que envió una misiva al presidente de la República, Luis Abinader, y a la alta dirigencia de la Policía Nacional, para que exima de cualquier vinculación en la pugna legal que se encontraba su madre.
Ramón E. Ciriaco Núñez, fue otro de los cinco generales que el presidente Abinader ascendió al rango de mayor general, P.N., además de haberlo colocado en honrosa situación de retiro.
Según registros periodísticos, Ciriaco Núñez nació el 12 de Julio del 1961 en Santo Domingo. Ingresó a las filas de la institución policial el 1 de Enero del 1984 como Aspirante a Cadete, en la Academia para Cadetes “2 de Marzo”, de la Policía.
En el año 2014, fue juramentado como jefe de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional, con sede en Barahona.
El general Ramón Ciriaco Núñez se desempeñó durante sus últimos días de servicio como director Central de Prevención.
Víctor Antonio Campusano Jiménez, se desempeñó como subjefe de la Policía Nacional hasta junio de 2013.
Mientras que en 2008, mediante el decreto 302-08, Leonel Fernández lo designó como subdirector del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional.
Santo Domingo. -En única lectura fue aprobado en el Senado de la República la resolución que solicita al director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison Ramírez, disponer la inspección técnica anual de los vehículos de motor, según dispone la Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana.
La iniciativa legislativa presentada por el senador Antonio Marte, en su considerando 5to solicita el retiro paulatino de las unidades de transporte terrestre, chatarras o vehículo en mal estado y la creación y el cumplimiento del cronograma de reemplazo de las unidades de transporte terrestre del servicio público de pasajeros, se debe ordenar con alta prioridad, la aplicación en todo el territorio nacional de la Inspección Técnica Vehicular, de manera inmediata y el cumplimiento de las normativas emitidas por el Intrant.
Además, establece que las reglas técnicas para comprobar el correcto funcionamiento de los vehículos de motor que transiten por las vías públicas en la República Dominicana, deben cumplir fielmente con las normas de seguridad vial y de protección ambiental.
También se aprobo un informe favorable, presentado por el presidente de la comisión de Hacienda del Senado, Pedro Catrain, sobre el Acuerdo del instrumento de suscripción de 5,927 acciones de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del grupo del Banco Mundial, en los términos y condiciones establecidos en las resoluciones de la Junta de Gobernadores, iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo.
Otra iniciativa aprobada fue la resolución que reconoce al educador Wellington Lewis Anderson, por su gran trayectoria y exitosa carrera profesional, académica, social y sus grandes aportes en beneficio de la educación, una propuesta del senador Alexis Victoria.
Santo Domingo.- El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, juramentó a los nuevos viceministros de esta institución. María del Pilar Cañas López asume como viceministra de Relaciones Institucionales; Alexis Isaac Jiménez González, como viceministro de Desarrollo Social; Edgar de Jesús Batista Carrasco, ocupará el Viceministerio de Agenda Digital y Roger Pujols, será viceministro de Proyectos Especiales, designados por el presidente Luis Abinader.
Con estas designaciones, mediante el Decreto 565-24 se dejan sin efecto los nombramientos anteriores. Asimismo, el citado decreto modifica el artículo 3 del Decreto 405-24 para nombrar a Luis Gregorio Madera Sued como viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental. De este modo se reajusta la visión y el propósito de este viceministerio para coordinar y dar seguimiento a la implementación de las políticas públicas en las distintas áreas del Gobierno. Por su parte, Camel Curi permanece a cargo del Viceministerio de Proyectos de Inversión.
Las nuevas autoridades apoyarán al ministro Paliza en la ejecución de la agenda gubernamental. Esta agenda tiene como objetivo fortalecer las políticas de desarrollo, impulsar la modernización digital y mejorar la coordinación entre las distintas instancias del Estado. “Con estas designaciones, el Ministerio de la Presidencia refuerza su equipo de trabajo, consolidando su capacidad para enfrentar los desafíos actuales y futuros del país”, afirmó el ministro.
María del Pilar Cañas López, viceministra de Relaciones Institucionales, profesionalmente ejerce la abogacia con maestrías en Economía Aplicada y Finanzas Corporativas. Cuenta con una vasta experiencia en el ámbito legal y en la gestión de políticas públicas, así como en la promoción de relaciones interinstitucionales efectivas.
Alexis Isaac Jiménez González, viceministro de Desarrollo Social, se graduó de abogado con maestría en Derecho Procesal Constitucional. Con más de una década como legislador en la Cámara de Diputados, se ha destacado por liderar iniciativas con enfoque en la inclusión y el desarrollo comunitario.
Edgar de Jesús Batista Carrasco, viceministro de Agenda Digital, tiene una trayectoria de más de 20 años de experiencia en la gestión de tecnologías de la información. Es ingeniero en Informática con una maestría en Relaciones Internacionales. Obtuvo el reconocimiento de Nortic de Oro 2022, otorgado por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic). Este merito se obtuvo por su gestión en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El Ministerio de la Presidencia es la institución responsable de auxiliar al primer mandatario en la ejecución de la agenda gubernamental. Esto se hace para lograr la ejecucion del programa de Gobierno y la implementación de las políticas públicas priorizadas. Esto se lleva a cabo mediante el ejercicio de la Secretaría Técnica del Consejo de Ministros y la coordinación con los distintos estamentos del Estado. En virtud de esto, esta practica garantiza el ejercicio transparente, eficaz y eficiente de la Administración pública, como fundamento del Estado Social y Democrático de Derecho.
SANTO DOMINGO.- Un bajo nivel de cumplimiento en la implementación de los componentes claves para la modernización y gestión de la red semafórica reveló una auditoría realizada al contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la empresa Transcore Latam S.R.L.
Los principales implicados en esta imputación enfrentan acusaciones de corrupción administrativa, desfalco, estafa al Estado, asociación de malhechores, y sabotaje a la red semafórica, entre otros delitos graves. Estos cargos están respaldados por diversas disposiciones legales, incluyendo la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, la Ley 53-07 de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
El contrato, que recientemente fue terminado por el INTRANT a través de la Resolución Núm. 12-2024, incluía una serie de especificaciones y requerimientos que, según el informe de la auditoría, no fueron completados o se realizaron con deficiencias significativas.
Principales Irregularidades Detectadas
Hardware de Hiperconvergencia: La auditoría señala que no se cuenta con el hardware adecuado en el Data Center del INTRANT para soportar el software de control de tráfico avanzado, lo cual representa un 0% de ejecución en esta área.
Fibra Óptica: Se alcanzó solo un 40% de cumplimiento en la instalación de fibra óptica. La mayoría de los reguladores no han sido reemplazados ni cuentan con el soporte adecuado para la integración con la fibra.
Reguladores Semafóricos: De los 335 reguladores contratados, solo se han instalado 80, y varios de ellos no cumplen con las especificaciones establecidas en el contrato.
Semáforos: De los 1,550 semáforos contratados, se han instalado solo 1,172. La auditoría también reporta que un 20% de los semáforos peatonales estaba apagado al momento de la inspección.
Software ATMS: La empresa no cuenta con un sistema de administración de tráfico avanzado certificado. En su lugar, Transcore emplea un software limitado que no cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
Cámaras de Recolección de Tráfico: Aunque se instalaron 1,245 de 1,340 cámaras, el 70% de estas no está adecuadamente conectada a la red, lo que limita su funcionalidad y efectividad.
UPS y Respaldo de Energía: De los sistemas de respaldo requeridos para soportar el funcionamiento continuo de los semáforos y cámaras, solo el 15% de los UPS cumplen con las especificaciones del contrato.
Recomendaciones de la Auditoría
Dada la falta de cumplimiento, la auditoría recomienda resolver el contrato y convocar una nueva licitación, priorizando la selección de consorcios que cumplan con altos estándares internacionales. Asimismo, se sugiere que la base de datos semafórica y de movilidad esté bajo el control exclusivo del INTRANT para garantizar la seguridad nacional.
Este informe de cumplimiento insuficiente y las numerosas irregularidades detectadas motivaron al INTRANT a terminar el contrato con Transcore Latam.
