A la derecha, en el marco vertical, Ramón E. Ciriaco Núñez. Mientras que en la parte superior izquierda, Alejandro Dipré Sierra. En la parte inferior izquierda, Víctor Antonio Campusano Jiménez. Fotos a la izquierda:
Santo Domingo, RD.-Luego de ascenderlos a mayor general, el presidente Luis Abinader mediante el decreto 444-21, colocó en honrosa situación de retiro, con disfrute de la pensión correspondiente, a cinco generales,
Además de José A. Acosta Castellanos, en la lista están Ramón Alcántara, Ramón E. Ciriaco Núñez, Víctor Antonio Campusano Jiménez y Alejandro Dipré Sierra.
En febrero de este año fue descargado de una acusación por abuso sexual a una menor de edad.
El alto oficial estuvo detenido por un supuesto vínculo con una menor de edad.
Según informes, Acosta Castellanos era investigado a raíz de unas fotografías donde se observa con una joven que presuntamente pertenece a la Policía Juvenil Comunitaria.
Los hechos se reportan ocurridos en junio de 2019 cuando la joven tenía 17 años y vivía en Santiago, donde el general era el comandante regional.
Ramón Alcántara, fue ascendido al rango de mayor general de la Policía Nacional y puesto en retiro por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 422-21, emitido este lunes.
Mediante el decreto 155-09, Alcántara fue ascendido a general de brigada por el expresidente Leonel Fernández en marzo de 2009. Ese mismo documento oficial lo designó como jefe de la escolta del vicepresidente de la República, para ese momento Rafael Alburquerque.
En agosto de 2011, el alto mando de la Policía Nacional quedó designado coordinador de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Reforma Policial, luego de un mandato presidencial expedido por el entonces mandatario Fernández.
En septiembre de 2014, Alcántara fue sustituido luego de ejercer como director del Museo Policial.
En 2013 fue designado por el expresidente Danilo Medina como subjefe de la Policía Nacional.
A principios de este año, se escuchó de este general luego de que denunciara que se vio envuelto en una campaña difamatoria en las redes.
Dipré aseguró entonces que su madre fue estafada en la venta de un terreno y que se buscaba involucrarlo en el escándalo para hacerle daño a su carrera policial, por lo que envió una misiva al presidente de la República, Luis Abinader, y a la alta dirigencia de la Policía Nacional, para que exima de cualquier vinculación en la pugna legal que se encontraba su madre.
Ramón E. Ciriaco Núñez, fue otro de los cinco generales que el presidente Abinader ascendió al rango de mayor general, P.N., además de haberlo colocado en honrosa situación de retiro.
Según registros periodísticos, Ciriaco Núñez nació el 12 de Julio del 1961 en Santo Domingo. Ingresó a las filas de la institución policial el 1 de Enero del 1984 como Aspirante a Cadete, en la Academia para Cadetes “2 de Marzo”, de la Policía.
En el año 2014, fue juramentado como jefe de la Dirección Regional Sur de la Policía Nacional, con sede en Barahona.
El general Ramón Ciriaco Núñez se desempeñó durante sus últimos días de servicio como director Central de Prevención.
Víctor Antonio Campusano Jiménez, se desempeñó como subjefe de la Policía Nacional hasta junio de 2013.
Mientras que en 2008, mediante el decreto 302-08, Leonel Fernández lo designó como subdirector del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.
