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Conozca de qué se les acusa y quiénes son los imputados en Operación Pandora.
Santo Domingo, R.D.-Fue aplazada la solicitud de medida de coerción por la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional en contra de los 10 agentes de la Policía Nacional por estar supuestamente involucrados en la Operación Pandora, que sustrajeron más de 900 mil proyectiles de la institución.
En el expediente de 213 páginas, el Ministerio Público señala la participación de cada uno de los acusados, incluyendo la empresa Tactical Accesories RH, la cual es vinculada a uno de los agentes policiales.
Uno de los principales acusados es el coronel Narciso Antonio Feliz Romero, quien era encargado del Departamento II de Intendencia de Armas de la Policía Nacional, cargo que ocupó desde noviembre de 2023 hasta el 25 de octubre de este año.
“El Coronel Narciso Antonio Feliz Romero, fue el creador de la organización criminal desmantelada mediante la presente operación, integrada principalmente por miembros activos de la Policía Nacional que desviaron sus mandatos institucionales y legales para establecer un mercado ilegal del material bélico bajo su custodia, para lo cual sustraían y comercializaban dolosamente los bienes bajo su guarda, para lo cual utilizaron a terceras personas en sus operaciones ilícitas e incurrieron en lavado de activos. Por estos hechos, en fecha 16 de noviembre de 2024 fue arrestado en virtud de orden judicial”, establece el documento.
De acuerdo al expediente, Feliz Romero, utilizó esta posición para sustraer, vender y comercializar municiones y accesorios que se encontraban bajo su control y custodia, con la ayuda del capitán Nelson Váldez; el cabo Jorge Luis Zorrilla Marte y los rasos Héctor José Acevedo Liriano y Morelbin Medina Pérez.
“El Coronel Narciso Antonio Feliz Romero, P.N., a sabiendas de los resultados de la relación de existencia de municiones en los depósitos de la Intendencias de Armas, realizado en el mes de octubre de 2024, se encargó conjuntamente con el Capitán Valdez, P.N., de que no se hiciera el reporte de las municiones faltantes. El Coronel Feliz Romero, P.N., y el Capitán Víctor Manuel Santos, P.N., instruyeron al Cabo Jorge Luís Zorrilla Marte, P.N., junto a todo el personal masculino, a trasladar cápsulas para hacer una auditoría, decidiendo el Coronel Feliz Romero, P.N., hacer unos activos falsos con las cajas de cartuchos camuflados dentro de las cajas para municiones 5.56 mm., accionar que constituyó parte del ocultamiento y fraude contable cometido por los imputados”, establece el expediente.
El Ministerio Público, explica además que para que no fuera descubierta la ausencia de las municiones tanto Feliz Romero como Manuel Santos, coordinaron que se confeccionaran cajas falsas para cubrir las municiones faltantes, “lo cual no impidió que se verificara la ausencia de estas municiones que fueron sustraídas para su venta ilegal por estos agentes policiales”.
Según declaraciones, Feliz Romero recibía dinero de la venta de municiones a través del Raso Medina Pérez, quien era el armero.
El Ministerio Público establece que el 27 de abril de este año, aproximadamente las 8:20 p. m., en una reunión de compra entre el raso Héctor José Acevedo Liriano y el cabo Melvin Manuel Sierra Gil; el primero le entregó al segundo municiones y materiales relacionados, por un monto de RD$240,000.00, haciendo alusión de que las mismas procedían de una armería que tenía su jefe, el Coronel Feliz Romero, procediendo el comprador, Sierra Gil, a transferirle en esa misma fecha la indicada suma, a favor de la cuenta bancaria a nombre del imputado Héctor J. Acevedo.
“Aprovechando su condición como custodios de armas, municiones y materiales relacionados, el cabo Zorrilla Marte, colocó en el vehículo del capitán Juan Miguel Soler Pérez, una bolsa de supermercado que contenía aproximadamente 10 cajas de municiones calibre 5.56 para fusiles”, sumando un total aproximado de 10,000 unidades, que tenían como destinarlo al Coronel Narciso Antonio Feliz Romero.
El expediente establece que producto de estas actividades, el Coronel Narciso Antonio Feliz Romero, adquirió un jeep marca Kia Sorento, e inició una construcción inmobiliaria en Bonao, provincia Monseñor Nouel. Además, llegó a recibir dinero en efectivo en el interior de una mochila entregada por el Cabo Rosario, “quien vendía municiones a través de un contacto en el vecino país de Haití, además era visitante frecuente de la intendencia”.
Asimismo, el Ministerio Público asegura que el 28 de octubre de 2024, iniciada la investigación por la sustracción de las municiones el coronel Feliz Romero envió un mensaje al Cabo Zorilla Marte y al Raso Acevedo, a través del raso Medina Pérez, alías El Armero, diciéndoles que quería hablar con ellos, a lo que estos se negaron, evidenciando su capacidad de “intimidar subalternos y obstruir la investigación iniciada por el Ministerio Público”.
De igual forma, establecen que Feliz Romero, sustrajo el fusil marca Colt M-16 Cal. 5.56MM, con el propósito de venderlo, ya que lo publicó a través de grupos de What’s App donde también se comercializaban las municiones. Esta arma pretendía venderse por RD$195,000.00.
Armas devueltas
El 10 de noviembre de 2024, Narciso Antonio Feliz Romero, devolvió a la Intendencia de Armas de la Policía Nacional varias armas de fuego que tenía en su poder, entre ellas un fusil marca Colt M-16 Cal. 5.56MM, serie 5339948, sin cargador; una ametralladora semiautomática, marca Sg. Sauer, Cal. 9mm, Belgic, Serie núm. 62B005803, con su cargador, y un revolver marca Ruger Cal. 38mm, Serie núm. 540-40914.
También, el cuatro de noviembre del año 2024, el capitán Nelson Valdez, envío a la Intendencia de armas una partida de 300 cápsulas, calibre 5.56 mm., las cuales les fueron entregadas por el cabo José Ariel Beato, “por instrucciones del imputado Coronel Narciso Antonio Feliz Romero, cápsulas que forman parte de las municiones sustraídas del depósito de la intendencia de armas”.
Participación otros imputados
De acuerdo al expediente acusatorio, desde el mes de noviembre de 2023, Soler Pérez, desempeñó funciones como sub-encargado (Sub-Intendente) del Departamento II de Intendencia de Armas de la Policía Nacional, posición esta que utilizó para “sustraer, suministrar a otros miembros de la estructura criminal municiones, además guardó y transportó las municiones sustraídas con el fin de ocultarlas para luego comercializarlas y beneficiarse económicamente junto al imputado coronel Narciso Feliz Romero”
Asimismo, instruía al personal bajo su cargo, como Nelson Valdez, Jorge Luis Zorrilla Marte y Héctor José Acevedo Liriano, el mecanismo para extraer las municiones del depósito de la Intendencia de Armas de la policía Nacional.
“El imputado Juan Miguel Soler Pérez instruía a Héctor José Acevedo Liriano, para que les sacara municiones del depósito de Intendencia de Armas, como se pudo constar en conversaciones de WhatsApp, entre Juan Miguel Soler Pérez y Héctor José Acevedo Liriano”, indica el expediente.
Nelson Valdez es señalado como uno de los miembros principales de la estructura criminal. Desde abril de 2023, desempeñó funciones como encargado de la división administrativa, división de depósito de armas de fuego, municiones, pertrechos policiales, del Departamento II de Intendencia de Armas de la Policía Nacional, posición que utilizó para sustraer y suministrar a otros miembros de la estructura criminal las municiones bajo su custodia para que fueran comercializadas y vendidas de forma ilegal a diferentes personas civiles y de los cuerpos castrenses, recibiendo con estos beneficios económicos.
Asimismo, era quien instruía al cabo Jorge Luis Zorrilla Marte, al raso Héctor José Acevedo Liriano y a Morelbin Medina Pérez a los fines de enseñarles diferentes técnicas para sustraer las municiones del depósito de la Intendencia de Armas de la policía Nacional.
“El imputado Nelson Valdez tenía la función de encargado de los depósitos que se encuentran dentro del Departamento de Intendencia de Armas, así como también del otro depósito ubicado en el polígono de tiro, teniendo como ayudante al raso Héctor José Acevedo Liriano y bajo la supervisión del imputado coronel Narciso Antonio Feliz Romero como encargado del Departamento II Intendencia de Armas”, dice el expediente.
En este caso denominado Pandora el Ministerio Público presentó medida de coerción en contra de Narciso Antonio Feliz Romero, Juan Miguel Soler Pérez, Nelson Valdez Nayrobis, Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Miguel Ángel Gómez Espaillat, Morelbin Medina Pérez, Marino Antonio Rodríguez Toribio, Miguelina Bello Segura y la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L.
La embadora de los Estados Unidos en el país ha dado un giro inesperado en su discurso que redefinen el enfoque de la potencia del norte hacia la Republica Dominicana de la administracion Trump.
La intervención, marcada por un tono personal, abiertamente religioso y políticamente directo, envió varios mensajes clave con implicaciones en seguridad, comercio, presiones políticas y relación bilateral. Algunos de esos mensajes representan rupturas explícitas con la postura estadounidense reciente en temas sensibles como Haití y el escrutinio a grandes empresas con operaciones en el país.
Haití y las fronteras
Fiel a su estilo no convencional, la embajadora reveló que la administración Biden presionó a República Dominicana para mantener abierta la frontera con Haití en momentos de crisis, una postura que ella relacionó con la política de «fronteras abiertas» de Washington y que calificó como desacertada.
Debió ser reabierta al comercio bilateral, aunque se mantienen restricciones al tráfico de personas. El tema de la seguridad advino con el rápido desplome del orden en el vecino país.
El contraste ahora es marcado. EE. UU. está «100% alineado» con el gobierno del presidente Abinader en su política de seguridad fronteriza y en la valoración de la soberanía territorial como prioridad.
Es, en términos diplomáticos, una admisión de que el ciclo de fricciones bilaterales por la frontera, incluidas advertencias de agencias y comunicados de derechos humanos, queda clausurado por decisión política del nuevo gobierno estadounidense.
Durante el año precedente, informes, declaraciones de funcionarios de EE. UU. y coordinaciones con organismos multilaterales habían colocado a República Dominicana bajo presión por sus controles migratorios, particularmente en lo relativo a detenciones, deportaciones y trato a migrantes haitianos. En el discurso, ese capítulo desaparece.
Campos no mencionó ninguna preocupación humanitaria ni de derechos humanos ligada a Haití, ni al manejo interno dominicano de la movilidad fronteriza. Por el contrario, su énfasis fue exclusivamente de seguridad: reforzar vigilancia, contener amenazas transfronterizas, enfrentar redes delictivas y evitar desestabilización regional.
La embajadora incluso enmarcó la inestabilidad haitiana como una preocupación de seguridad tanto para RD como para EE. UU., no como un problema humanitario.
El énfasis deja ver un cambio de prioridades: la diplomacia norteamericana ya no condicionará su relación con Santo Domingo al tratamiento de población migrante y deja de lado un discurso que en administraciones anteriores era habitual.
Ese silencio no se limita al tema haitiano. Durante todo el discurso, Campos evitó referirse a asuntos de derechos humanos en sentido amplio. Lo más cercano fue la mención del regreso del país al nivel dos en el último informe del Departamento de Estado sobre trata de personas.
No es una novedad histórica, sino un retorno a una posición que el país ha ocupado varias veces en la última década. En el discurso de Campos, la mención aparece estratégicamente vinculada a los «valores compartidos» y a los otros pilares de la relación bilateral, no como un análisis técnico de la situación.
La pieza, centrada en seguridad, prosperidad económica, comercio y valores religiosos compartidos, se aparta del estilo tradicional del Departamento de Estado, que suele incluir al menos menciones formales a derechos fundamentales.
Se acabaron las sanciones
La omisión es significativa no tanto por lo que dice, sino por lo que ya no se dice. Bajo la nueva administración estadounidense, la agenda de derechos humanos pierde peso visible en la relación bilateral.
Eso se enlaza con otro mensaje directo del discurso: el aviso de que la embajada no permitirá la «politización de asuntos comerciales» ni «insinuaciones o acusaciones falsas» promovidas por «sectores activistas» dentro de Estados Unidos.
La frase, inusual en boca de un embajador, apunta claramente a grupos de presión, organizaciones sindicales y ONG que tradicionalmente han influido en la política comercial y laboral de EE. UU., sobre todo en relación con productos agrícolas y manufactura en países socios.
Bajo esa advertencia se lee una toma de distancia de la diplomacia estadounidense respecto a esos grupos, a los que identifica como actores que no deben interferir en la relación económica con República Dominicana.
Demostración del nuevo enfoque es el anuncio de su «primera visita oficial» como embajadora al Central Romana, principal proveedor de azúcar dominicano bajo cuota preferencial de EE. UU. y compañía que estuvo bajo sanciones laborales durante casi dos años.
El Departamento de Trabajo y el CBP de EE. UU. suspendieron las importaciones del azúcar producido por esa empresa por señalamientos de trabajo forzoso y violaciones a estándares laborales. Su inclusión en la llamada «lista de entidades» restringidas, desaprobada ampliamente en los círculos empresariales dominicanos, fue un caso emblemático del activismo laboral estadounidense.
Que la embajadora anuncie esa visita como su primer acto, y que la justifique como un gesto de transparencia y amistad, es un mensaje explícito al mercado y a los grupos de presión.
La nueva administración quiere dar por superado ese episodio y reposicionar a la empresa como un socio legítimo e importante del comercio bilateral.
La señal es doble. Para Washington, implica un viraje desde el escrutinio laboral hacia el apoyo económico a una empresa clave dentro de una cadena comercial estratégica. Para Santo Domingo, supone una validación política de que el conflicto comercial quedó atrás y que el principal comprador del azúcar dominicano respalda al productor local.
Es también un mensaje interno: Campos subraya que la Embajada trabajará para proteger intereses comerciales estadounidenses, pero lo hará «sin activismo» y sin ceder a presiones internas en su país.
Declaración de prioridades
En suma, el discurso de la embajadora Campos fue una declaración de prioridades, y esas prioridades redefinen el marco de la relación bilateral:
- Primero, cierre de tensiones por Haití y alineamiento total en seguridad fronteriza.
- Segundo, un desplazamiento explícito de la agenda de derechos humanos y del escrutinio migratorio.
- Tercero, un respaldo político al sector empresarial, incluyendo a empresas previamente cuestionadas, y una advertencia a grupos de presión estadounidenses.
- Cuarto, un énfasis sostenido en comercio, nearshoring, ciberseguridad y cadenas de suministro como ejes de la cooperación.
La nueva diplomacia estadounidense en Santo Domingo se presenta así más cercana, más política, más alineada con el Gobierno dominicano y menos condicionada por las agendas tradicionales de derechos humanos y activismo laboral.
Un mensaje claro de hacia dónde se mueve Washington en el Caribe y de qué espera de República Dominicana en este nuevo ciclo.
SANTO DOMINGO.- Fueron reelectos este martes por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tres miembros del Tribunal Superior Electoral, incluyendo a su presidente, y eligió a dos nuevos integrantes de esa alta corte.
En la reunión fueron seleccionados cinco jueces titulares y sus respectivos suplentes, para un total de 10, quienes serán juramentados, por un período de cuatro años, este jueves 4 de diciembre a las 6:00 de la tarde en el Palacio Nacional.
En cuanto a los cinco jueces que deben ser escogidos como titulares de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Nancy Salcedo, jueza de ese organismo, miembro y secretaria del CNM, indicó que, para estos fines, será convocada una nueva reunión en los próximos días.
Los jueces titulares del Tribunal Superior Electoral son su presidente Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, escogido a unanimidad; así como a Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz, quienes se mantienen como juez titutlares.
Los nuevos jueces son Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García. Los suplentes son Lourdes Teresa Salazar, Juan Cuevas, Juan Manuel Martín Garrido, Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur.
Estos fueron elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura tras agotar la etapa de evaluación de los 41 postulantes preseleccionados para integrar el Tribunal Superior Electoral, en virtud de las funciones que le confieren los artículos 179 y 215 de la Constitución y el artículo 3 de la ley número 138-11, que rige el Consejo.
Santo Domingo.- La seguridad de las festividades navideñas quedó formalmente activada este miércoles con el despliegue de 27,794 efectivos policiales y militares, tras el lanzamiento del operativo “Garantía de Paz en Navidad 2.0”, encabezado por el presidente Luis Abinader, quien exhortó a las tropas a actuar con firmeza, profesionalidad y respeto a los derechos humanos.
El despliegue incluye 22,794 policías y más de 5,000 militares, que reforzarán calles, zonas comerciales, terminales, áreas residenciales y puntos turísticos en todo el territorio nacional. El acto se realizó en la explanada del Palacio de la Policía Nacional con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta.
Abinader, al dirigirse a los agentes, pidió actuar con compromiso y cercanía con la ciudadanía.
“Trabajen en favor de la población dominicana, respetando los derechos humanos y protegiendo la paz. Confiamos en ustedes”, expresó el mandatario al despedir las brigadas.
Raful destacó que este operativo incorpora la promoción más numerosa hasta la fecha y aseguró que el enfoque principal será preventivo, con inteligencia territorial para anticiparse al delito.
“No esperamos a que ocurra el delito para reaccionar. El objetivo es disuadir, vigilar y proteger”, afirmó.
La funcionaria insistió en que la seguridad no recae solo en las autoridades, sino también en la responsabilidad ciudadana.
“Si cada quien no asume su parte, el esfuerzo se queda corto. La paz no se decreta, se construye entre todos”, dijo, llamando al respeto de horarios comerciales, a evitar conducir bajo los efectos del alcohol y a reducir ruidos en las comunidades.
El director de la Policía, Guzmán Peralta, aseguró que los miembros de las fuerzas del orden reforzarán la vigilancia en espacios públicos y privados durante la temporada.
“Estaremos donde se nos necesite. Que estas sean unas fiestas de paz y unión familiar”, manifestó.
El operativo se mantendrá activo durante toda la temporada navideña con el objetivo de prevenir delitos, accidentes y garantizar la sana convivencia, mientras el Gobierno apuesta por un cierre de año seguro y en orden para las familias dominicanas.