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Conozca de qué se les acusa y quiénes son los imputados en Operación Pandora.
Santo Domingo, R.D.-Fue aplazada la solicitud de medida de coerción por la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional en contra de los 10 agentes de la Policía Nacional por estar supuestamente involucrados en la Operación Pandora, que sustrajeron más de 900 mil proyectiles de la institución.
En el expediente de 213 páginas, el Ministerio Público señala la participación de cada uno de los acusados, incluyendo la empresa Tactical Accesories RH, la cual es vinculada a uno de los agentes policiales.
Uno de los principales acusados es el coronel Narciso Antonio Feliz Romero, quien era encargado del Departamento II de Intendencia de Armas de la Policía Nacional, cargo que ocupó desde noviembre de 2023 hasta el 25 de octubre de este año.
“El Coronel Narciso Antonio Feliz Romero, fue el creador de la organización criminal desmantelada mediante la presente operación, integrada principalmente por miembros activos de la Policía Nacional que desviaron sus mandatos institucionales y legales para establecer un mercado ilegal del material bélico bajo su custodia, para lo cual sustraían y comercializaban dolosamente los bienes bajo su guarda, para lo cual utilizaron a terceras personas en sus operaciones ilícitas e incurrieron en lavado de activos. Por estos hechos, en fecha 16 de noviembre de 2024 fue arrestado en virtud de orden judicial”, establece el documento.
De acuerdo al expediente, Feliz Romero, utilizó esta posición para sustraer, vender y comercializar municiones y accesorios que se encontraban bajo su control y custodia, con la ayuda del capitán Nelson Váldez; el cabo Jorge Luis Zorrilla Marte y los rasos Héctor José Acevedo Liriano y Morelbin Medina Pérez.
“El Coronel Narciso Antonio Feliz Romero, P.N., a sabiendas de los resultados de la relación de existencia de municiones en los depósitos de la Intendencias de Armas, realizado en el mes de octubre de 2024, se encargó conjuntamente con el Capitán Valdez, P.N., de que no se hiciera el reporte de las municiones faltantes. El Coronel Feliz Romero, P.N., y el Capitán Víctor Manuel Santos, P.N., instruyeron al Cabo Jorge Luís Zorrilla Marte, P.N., junto a todo el personal masculino, a trasladar cápsulas para hacer una auditoría, decidiendo el Coronel Feliz Romero, P.N., hacer unos activos falsos con las cajas de cartuchos camuflados dentro de las cajas para municiones 5.56 mm., accionar que constituyó parte del ocultamiento y fraude contable cometido por los imputados”, establece el expediente.
El Ministerio Público, explica además que para que no fuera descubierta la ausencia de las municiones tanto Feliz Romero como Manuel Santos, coordinaron que se confeccionaran cajas falsas para cubrir las municiones faltantes, “lo cual no impidió que se verificara la ausencia de estas municiones que fueron sustraídas para su venta ilegal por estos agentes policiales”.
Según declaraciones, Feliz Romero recibía dinero de la venta de municiones a través del Raso Medina Pérez, quien era el armero.
El Ministerio Público establece que el 27 de abril de este año, aproximadamente las 8:20 p. m., en una reunión de compra entre el raso Héctor José Acevedo Liriano y el cabo Melvin Manuel Sierra Gil; el primero le entregó al segundo municiones y materiales relacionados, por un monto de RD$240,000.00, haciendo alusión de que las mismas procedían de una armería que tenía su jefe, el Coronel Feliz Romero, procediendo el comprador, Sierra Gil, a transferirle en esa misma fecha la indicada suma, a favor de la cuenta bancaria a nombre del imputado Héctor J. Acevedo.
“Aprovechando su condición como custodios de armas, municiones y materiales relacionados, el cabo Zorrilla Marte, colocó en el vehículo del capitán Juan Miguel Soler Pérez, una bolsa de supermercado que contenía aproximadamente 10 cajas de municiones calibre 5.56 para fusiles”, sumando un total aproximado de 10,000 unidades, que tenían como destinarlo al Coronel Narciso Antonio Feliz Romero.
El expediente establece que producto de estas actividades, el Coronel Narciso Antonio Feliz Romero, adquirió un jeep marca Kia Sorento, e inició una construcción inmobiliaria en Bonao, provincia Monseñor Nouel. Además, llegó a recibir dinero en efectivo en el interior de una mochila entregada por el Cabo Rosario, “quien vendía municiones a través de un contacto en el vecino país de Haití, además era visitante frecuente de la intendencia”.
Asimismo, el Ministerio Público asegura que el 28 de octubre de 2024, iniciada la investigación por la sustracción de las municiones el coronel Feliz Romero envió un mensaje al Cabo Zorilla Marte y al Raso Acevedo, a través del raso Medina Pérez, alías El Armero, diciéndoles que quería hablar con ellos, a lo que estos se negaron, evidenciando su capacidad de “intimidar subalternos y obstruir la investigación iniciada por el Ministerio Público”.
De igual forma, establecen que Feliz Romero, sustrajo el fusil marca Colt M-16 Cal. 5.56MM, con el propósito de venderlo, ya que lo publicó a través de grupos de What’s App donde también se comercializaban las municiones. Esta arma pretendía venderse por RD$195,000.00.
Armas devueltas
El 10 de noviembre de 2024, Narciso Antonio Feliz Romero, devolvió a la Intendencia de Armas de la Policía Nacional varias armas de fuego que tenía en su poder, entre ellas un fusil marca Colt M-16 Cal. 5.56MM, serie 5339948, sin cargador; una ametralladora semiautomática, marca Sg. Sauer, Cal. 9mm, Belgic, Serie núm. 62B005803, con su cargador, y un revolver marca Ruger Cal. 38mm, Serie núm. 540-40914.
También, el cuatro de noviembre del año 2024, el capitán Nelson Valdez, envío a la Intendencia de armas una partida de 300 cápsulas, calibre 5.56 mm., las cuales les fueron entregadas por el cabo José Ariel Beato, “por instrucciones del imputado Coronel Narciso Antonio Feliz Romero, cápsulas que forman parte de las municiones sustraídas del depósito de la intendencia de armas”.
Participación otros imputados
De acuerdo al expediente acusatorio, desde el mes de noviembre de 2023, Soler Pérez, desempeñó funciones como sub-encargado (Sub-Intendente) del Departamento II de Intendencia de Armas de la Policía Nacional, posición esta que utilizó para “sustraer, suministrar a otros miembros de la estructura criminal municiones, además guardó y transportó las municiones sustraídas con el fin de ocultarlas para luego comercializarlas y beneficiarse económicamente junto al imputado coronel Narciso Feliz Romero”
Asimismo, instruía al personal bajo su cargo, como Nelson Valdez, Jorge Luis Zorrilla Marte y Héctor José Acevedo Liriano, el mecanismo para extraer las municiones del depósito de la Intendencia de Armas de la policía Nacional.
“El imputado Juan Miguel Soler Pérez instruía a Héctor José Acevedo Liriano, para que les sacara municiones del depósito de Intendencia de Armas, como se pudo constar en conversaciones de WhatsApp, entre Juan Miguel Soler Pérez y Héctor José Acevedo Liriano”, indica el expediente.
Nelson Valdez es señalado como uno de los miembros principales de la estructura criminal. Desde abril de 2023, desempeñó funciones como encargado de la división administrativa, división de depósito de armas de fuego, municiones, pertrechos policiales, del Departamento II de Intendencia de Armas de la Policía Nacional, posición que utilizó para sustraer y suministrar a otros miembros de la estructura criminal las municiones bajo su custodia para que fueran comercializadas y vendidas de forma ilegal a diferentes personas civiles y de los cuerpos castrenses, recibiendo con estos beneficios económicos.
Asimismo, era quien instruía al cabo Jorge Luis Zorrilla Marte, al raso Héctor José Acevedo Liriano y a Morelbin Medina Pérez a los fines de enseñarles diferentes técnicas para sustraer las municiones del depósito de la Intendencia de Armas de la policía Nacional.
“El imputado Nelson Valdez tenía la función de encargado de los depósitos que se encuentran dentro del Departamento de Intendencia de Armas, así como también del otro depósito ubicado en el polígono de tiro, teniendo como ayudante al raso Héctor José Acevedo Liriano y bajo la supervisión del imputado coronel Narciso Antonio Feliz Romero como encargado del Departamento II Intendencia de Armas”, dice el expediente.
En este caso denominado Pandora el Ministerio Público presentó medida de coerción en contra de Narciso Antonio Feliz Romero, Juan Miguel Soler Pérez, Nelson Valdez Nayrobis, Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Miguel Ángel Gómez Espaillat, Morelbin Medina Pérez, Marino Antonio Rodríguez Toribio, Miguelina Bello Segura y la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.