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Conozca de qué se les acusa y quiénes son los imputados en Operación Pandora.
Santo Domingo, R.D.-Fue aplazada la solicitud de medida de coerción por la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional en contra de los 10 agentes de la Policía Nacional por estar supuestamente involucrados en la Operación Pandora, que sustrajeron más de 900 mil proyectiles de la institución.
En el expediente de 213 páginas, el Ministerio Público señala la participación de cada uno de los acusados, incluyendo la empresa Tactical Accesories RH, la cual es vinculada a uno de los agentes policiales.
Uno de los principales acusados es el coronel Narciso Antonio Feliz Romero, quien era encargado del Departamento II de Intendencia de Armas de la Policía Nacional, cargo que ocupó desde noviembre de 2023 hasta el 25 de octubre de este año.
“El Coronel Narciso Antonio Feliz Romero, fue el creador de la organización criminal desmantelada mediante la presente operación, integrada principalmente por miembros activos de la Policía Nacional que desviaron sus mandatos institucionales y legales para establecer un mercado ilegal del material bélico bajo su custodia, para lo cual sustraían y comercializaban dolosamente los bienes bajo su guarda, para lo cual utilizaron a terceras personas en sus operaciones ilícitas e incurrieron en lavado de activos. Por estos hechos, en fecha 16 de noviembre de 2024 fue arrestado en virtud de orden judicial”, establece el documento.
De acuerdo al expediente, Feliz Romero, utilizó esta posición para sustraer, vender y comercializar municiones y accesorios que se encontraban bajo su control y custodia, con la ayuda del capitán Nelson Váldez; el cabo Jorge Luis Zorrilla Marte y los rasos Héctor José Acevedo Liriano y Morelbin Medina Pérez.
“El Coronel Narciso Antonio Feliz Romero, P.N., a sabiendas de los resultados de la relación de existencia de municiones en los depósitos de la Intendencias de Armas, realizado en el mes de octubre de 2024, se encargó conjuntamente con el Capitán Valdez, P.N., de que no se hiciera el reporte de las municiones faltantes. El Coronel Feliz Romero, P.N., y el Capitán Víctor Manuel Santos, P.N., instruyeron al Cabo Jorge Luís Zorrilla Marte, P.N., junto a todo el personal masculino, a trasladar cápsulas para hacer una auditoría, decidiendo el Coronel Feliz Romero, P.N., hacer unos activos falsos con las cajas de cartuchos camuflados dentro de las cajas para municiones 5.56 mm., accionar que constituyó parte del ocultamiento y fraude contable cometido por los imputados”, establece el expediente.
El Ministerio Público, explica además que para que no fuera descubierta la ausencia de las municiones tanto Feliz Romero como Manuel Santos, coordinaron que se confeccionaran cajas falsas para cubrir las municiones faltantes, “lo cual no impidió que se verificara la ausencia de estas municiones que fueron sustraídas para su venta ilegal por estos agentes policiales”.
Según declaraciones, Feliz Romero recibía dinero de la venta de municiones a través del Raso Medina Pérez, quien era el armero.
El Ministerio Público establece que el 27 de abril de este año, aproximadamente las 8:20 p. m., en una reunión de compra entre el raso Héctor José Acevedo Liriano y el cabo Melvin Manuel Sierra Gil; el primero le entregó al segundo municiones y materiales relacionados, por un monto de RD$240,000.00, haciendo alusión de que las mismas procedían de una armería que tenía su jefe, el Coronel Feliz Romero, procediendo el comprador, Sierra Gil, a transferirle en esa misma fecha la indicada suma, a favor de la cuenta bancaria a nombre del imputado Héctor J. Acevedo.
“Aprovechando su condición como custodios de armas, municiones y materiales relacionados, el cabo Zorrilla Marte, colocó en el vehículo del capitán Juan Miguel Soler Pérez, una bolsa de supermercado que contenía aproximadamente 10 cajas de municiones calibre 5.56 para fusiles”, sumando un total aproximado de 10,000 unidades, que tenían como destinarlo al Coronel Narciso Antonio Feliz Romero.
El expediente establece que producto de estas actividades, el Coronel Narciso Antonio Feliz Romero, adquirió un jeep marca Kia Sorento, e inició una construcción inmobiliaria en Bonao, provincia Monseñor Nouel. Además, llegó a recibir dinero en efectivo en el interior de una mochila entregada por el Cabo Rosario, “quien vendía municiones a través de un contacto en el vecino país de Haití, además era visitante frecuente de la intendencia”.
Asimismo, el Ministerio Público asegura que el 28 de octubre de 2024, iniciada la investigación por la sustracción de las municiones el coronel Feliz Romero envió un mensaje al Cabo Zorilla Marte y al Raso Acevedo, a través del raso Medina Pérez, alías El Armero, diciéndoles que quería hablar con ellos, a lo que estos se negaron, evidenciando su capacidad de “intimidar subalternos y obstruir la investigación iniciada por el Ministerio Público”.
De igual forma, establecen que Feliz Romero, sustrajo el fusil marca Colt M-16 Cal. 5.56MM, con el propósito de venderlo, ya que lo publicó a través de grupos de What’s App donde también se comercializaban las municiones. Esta arma pretendía venderse por RD$195,000.00.
Armas devueltas
El 10 de noviembre de 2024, Narciso Antonio Feliz Romero, devolvió a la Intendencia de Armas de la Policía Nacional varias armas de fuego que tenía en su poder, entre ellas un fusil marca Colt M-16 Cal. 5.56MM, serie 5339948, sin cargador; una ametralladora semiautomática, marca Sg. Sauer, Cal. 9mm, Belgic, Serie núm. 62B005803, con su cargador, y un revolver marca Ruger Cal. 38mm, Serie núm. 540-40914.
También, el cuatro de noviembre del año 2024, el capitán Nelson Valdez, envío a la Intendencia de armas una partida de 300 cápsulas, calibre 5.56 mm., las cuales les fueron entregadas por el cabo José Ariel Beato, “por instrucciones del imputado Coronel Narciso Antonio Feliz Romero, cápsulas que forman parte de las municiones sustraídas del depósito de la intendencia de armas”.
Participación otros imputados
De acuerdo al expediente acusatorio, desde el mes de noviembre de 2023, Soler Pérez, desempeñó funciones como sub-encargado (Sub-Intendente) del Departamento II de Intendencia de Armas de la Policía Nacional, posición esta que utilizó para “sustraer, suministrar a otros miembros de la estructura criminal municiones, además guardó y transportó las municiones sustraídas con el fin de ocultarlas para luego comercializarlas y beneficiarse económicamente junto al imputado coronel Narciso Feliz Romero”
Asimismo, instruía al personal bajo su cargo, como Nelson Valdez, Jorge Luis Zorrilla Marte y Héctor José Acevedo Liriano, el mecanismo para extraer las municiones del depósito de la Intendencia de Armas de la policía Nacional.
“El imputado Juan Miguel Soler Pérez instruía a Héctor José Acevedo Liriano, para que les sacara municiones del depósito de Intendencia de Armas, como se pudo constar en conversaciones de WhatsApp, entre Juan Miguel Soler Pérez y Héctor José Acevedo Liriano”, indica el expediente.
Nelson Valdez es señalado como uno de los miembros principales de la estructura criminal. Desde abril de 2023, desempeñó funciones como encargado de la división administrativa, división de depósito de armas de fuego, municiones, pertrechos policiales, del Departamento II de Intendencia de Armas de la Policía Nacional, posición que utilizó para sustraer y suministrar a otros miembros de la estructura criminal las municiones bajo su custodia para que fueran comercializadas y vendidas de forma ilegal a diferentes personas civiles y de los cuerpos castrenses, recibiendo con estos beneficios económicos.
Asimismo, era quien instruía al cabo Jorge Luis Zorrilla Marte, al raso Héctor José Acevedo Liriano y a Morelbin Medina Pérez a los fines de enseñarles diferentes técnicas para sustraer las municiones del depósito de la Intendencia de Armas de la policía Nacional.
“El imputado Nelson Valdez tenía la función de encargado de los depósitos que se encuentran dentro del Departamento de Intendencia de Armas, así como también del otro depósito ubicado en el polígono de tiro, teniendo como ayudante al raso Héctor José Acevedo Liriano y bajo la supervisión del imputado coronel Narciso Antonio Feliz Romero como encargado del Departamento II Intendencia de Armas”, dice el expediente.
En este caso denominado Pandora el Ministerio Público presentó medida de coerción en contra de Narciso Antonio Feliz Romero, Juan Miguel Soler Pérez, Nelson Valdez Nayrobis, Víctor Manuel Santos Rodríguez, Ángel Rubiel Martínez Bacilio, Juan Luis Díaz Medina, Miguel Ángel Gómez Espaillat, Morelbin Medina Pérez, Marino Antonio Rodríguez Toribio, Miguelina Bello Segura y la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L.
Nacionales
Operación Armum: tribunales imponen garantías económicas de hasta RD$4 millones a investigados
Propietarios y representantes de varias armerías deberán cumplir además presentación periódica e impedimento de salida; el Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en el manejo y comercialización de armas y municiones
SANTO DOMINGO.– Distintos tribunales del Distrito Nacional y Santo Domingo Este impusieron medidas de coerción contra propietarios y representantes de establecimientos vinculados a la Operación Armum, investigación mediante la cual el Ministerio Público procura establecer la existencia de presuntas operaciones irregulares relacionadas con armas de fuego, municiones y otros pertrechos.
Las decisiones judiciales contemplan garantías económicas que oscilan entre RD$500,000 y RD$4 millones, además de presentación periódica e impedimento de salida de la República Dominicana sin autorización judicial.
Tribunal fija garantías millonarias en el Distrito Nacional
La jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció una garantía económica de RD$4 millones contra Braulio Veras Rodríguez, mientras que a Henry Leónidas Tejeda Peralta le fue impuesta una garantía de RD$3.5 millones.
En el caso de Alexis Díaz Rodríguez, la garantía fue fijada en RD$3 millones.
Asimismo, Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena deberán prestar garantías económicas de RD$2 millones cada uno.
A Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada les fueron impuestas garantías de RD$1 millón, mediante contratos de fianza con compañías aseguradoras.
La investigación también alcanza a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.
Otros tres investigados en Santo Domingo Este
En la jurisdicción de Santo Domingo Este, el tribunal dispuso una garantía económica de RD$500,000, acompañada de presentación periódica e impedimento de salida, contra María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez.
En esa demarcación también figura bajo investigación la armería Los Héctor y Joso Eirl.
Ministerio Público investiga presuntas violaciones a la Ley 631-16
El órgano persecutor atribuye a los investigados presuntas infracciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, particularmente por hechos vinculados con tenencia ilícita, almacenamiento irregular e intermediación ilegal de armas y municiones.
De acuerdo con la imputación presentada por el Ministerio Público, los hechos investigados podrían estar sujetos a penas de entre 10 y 20 años de prisión, dependiendo de las infracciones que finalmente puedan ser establecidas durante el proceso.
La decisión correspondiente a los investigados del Distrito Nacional fue remitida al Sexto Juzgado de la Instrucción, tribunal que tendrá a su cargo el control de la investigación.
Unas 200 armas y 40,000 municiones ocupadas
La Operación Armum fue ejecutada el pasado 1 de septiembre mediante 18 allanamientos realizados simultáneamente en diferentes puntos del Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este.
Durante esas intervenciones, las autoridades ocuparon aproximadamente 200 armas de fuego y unas 40,000 municiones, además de cargadores, miras telescópicas, equipos modificados y armas que presuntamente carecían de la documentación correspondiente.
Según la investigación del Ministerio Público, algunos de los establecimientos intervenidos supuestamente funcionaban sin licencia, con permisos vencidos o realizando actividades para las cuales no estaban autorizados.
Las autoridades investigan igualmente la alegada retención de armas pertenecientes a terceros y la comercialización irregular de municiones.
Las medidas de coerción impuestas constituyen decisiones cautelares dentro de un proceso todavía en investigación y no equivalen a una declaración de culpabilidad. Corresponderá al Ministerio Público continuar reuniendo los elementos probatorios y a los tribunales determinar posteriormente las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos imputados.
Abinader defiende el nivel de inversión y asegura que, en términos absolutos, los recursos destinados a obras prácticamente duplican los de 2019
SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader proyectó que la inversión pública de la República Dominicana concluirá 2026 en aproximadamente 2.7 % del producto interno bruto (PIB), mientras defendió el manejo de los recursos destinados a obras y cuestionó la manera en que sectores de la oposición comparan los indicadores económicos de su administración.
El mandatario sostuvo que las comparaciones deben tomar en consideración tanto el tamaño actual de la economía como la diferencia entre valores absolutos y relativos.
Durante LA Semanal, dedicada en esta ocasión a analizar la economía, la estabilidad macroeconómica, el empleo, los indicadores sociales y el sector externo, Abinader señaló que sectores opositores utilizan indistintamente cifras porcentuales o absolutas dependiendo del indicador que pretenden evaluar.
“A veces los amigos de la oposición te hablan en términos relativos y otras veces te hablan en términos absolutos”, manifestó el gobernante.
Inversión superaría proporción registrada en 2019
Abinader utilizó como referencia el año 2019, previo a las crisis internacionales que posteriormente impactaron la economía dominicana.
Explicó que en ese período la inversión pública representó alrededor de 2.3 % del PIB, mientras que para finales de 2026 las autoridades esperan colocarla cerca del 2.7 %.
El presidente agregó que la comparación debe considerar que la economía dominicana es actualmente de mayor tamaño.
“Nosotros este año vamos a terminar con 2.7 aproximadamente, pero estamos hablando de una economía mucho mayor”, expresó.
Según su planteamiento, cuando la comparación se realiza en valores absolutos, los recursos destinados actualmente a la inversión pública son casi el doble de los correspondientes a 2019.
El mandatario atribuyó parte de ese incremento a las obras ejecutadas en diferentes provincias y aseguró que el Gobierno también ha procurado mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos.
Magín Díaz reporta crecimiento de 34 % en inversión
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, respaldó los argumentos del mandatario y aseguró que la inversión pública acumula un incremento de aproximadamente 34 % con relación al año pasado, mientras el gasto corriente habría aumentado alrededor de un 7 %.
Díaz explicó que el Gobierno busca aumentar la inversión de capital pese a las restricciones fiscales que enfrenta el país.
“El objetivo es no reducirlo”, indicó el funcionario, quien afirmó que desde su llegada al Ministerio de Hacienda procura ejecutar más recursos, mejorar la calidad del gasto y, cuando las condiciones lo permitan, incrementar la inversión.
El ministro advirtió que mantener durante varios años una inversión pública cercana al 2.5 % del PIB no sería conveniente para las necesidades de crecimiento de la economía.
Déficit fiscal y deuda pública
Durante su exposición, Díaz abordó también el comportamiento de las cuentas fiscales.
Indicó que desde 2021 el déficit fiscal promedio se ha mantenido alrededor del 3 % del PIB, proporción que consideró razonable tomando en cuenta las diferentes crisis enfrentadas durante los últimos años.
Asimismo, sostuvo que la deuda pública se ha reducido en cerca de 10 puntos porcentuales respecto del nivel máximo registrado en 2020.
No obstante, reconoció que República Dominicana continúa enfrentando desafíos estructurales relacionados con la capacidad de generación de ingresos fiscales y con el nivel de inversión pública requerido para responder a las necesidades nacionales.
Restricciones fiscales condicionan capacidad de inversión
Díaz explicó que incrementar considerablemente la inversión pública sin disponer de nuevas fuentes de ingresos podría traducirse en un aumento del déficit fiscal.
Señaló que las autoridades han tenido que administrar esas limitaciones mediante redistribuciones presupuestarias y reducciones de determinadas partidas durante algunos períodos.
El funcionario recordó que las distintas crisis ocurridas desde 2020 dificultaron la realización de una reforma tributaria, situación que obligó al Gobierno a manejar el gasto dentro de un espacio fiscal restringido.
Gobierno explica origen de recursos para combustibles
El ministro también se refirió a los RD$30,000 millones destinados a amortiguar el impacto del incremento internacional de los combustibles.
Precisó que solo una parte reducida de esos recursos procede del denominado plan anticrisis, debido a que su implementación comenzó recientemente.
Según explicó, la mayor cantidad fue obtenida mediante ahorros y redistribuciones de partidas del gasto corriente, sin modificar el déficit establecido en el presupuesto reformulado.
Díaz adelantó que los ingresos adicionales asociados a las medidas contempladas en el plan anticrisis comenzarán a incorporarse gradualmente a las finanzas públicas.
Inversión pública vuelve al centro del debate económico
Las declaraciones colocan nuevamente en discusión el nivel de inversión que necesita República Dominicana frente a las restricciones fiscales del Estado.
Mientras el Gobierno sostiene que los recursos destinados a inversión han aumentado y proyecta cerrar 2026 con un nivel equivalente al 2.7 % del PIB, las propias autoridades reconocen la necesidad de elevar de manera sostenible la inversión pública sin comprometer la estabilidad de las finanzas nacionales.
El debate, por tanto, no se limita al porcentaje del PIB destinado a obras, sino también a la capacidad del Estado para generar ingresos, controlar el déficit y convertir la inversión pública en infraestructura y servicios que tengan impacto directo en la población.
El país avanza en la exploración de minerales estratégicos en Pedernales, aunque todavía no existe explotación comercial y se esperan estudios más precisos sobre el volumen real de los recursos
SANTO DOMINGO.– El potencial de República Dominicana en tierras raras comienza a adquirir una creciente dimensión económica y geopolítica, despertando el interés de Estados Unidos y la Unión Europea en momentos en que las grandes potencias buscan asegurar el suministro de minerales considerados esenciales para las nuevas tecnologías.
El país, sin embargo, todavía se encuentra en una etapa de exploración, investigación y evaluación, por lo que las estimaciones existentes no significan que actualmente haya una explotación comercial de estos recursos.
Las tierras raras comprenden un grupo de 17 elementos químicos utilizados en industrias de alto valor tecnológico. Son fundamentales para la fabricación de teléfonos móviles, vehículos eléctricos, imanes permanentes, turbinas eólicas y numerosos equipos vinculados a las telecomunicaciones y otras tecnologías avanzadas.
Gobierno estima potencial superior a 150 millones de toneladas
El presidente Luis Abinader afirmó durante su rendición de cuentas del 27 de febrero de 2026 que República Dominicana tendría recursos superiores a 150 millones de toneladas, aunque el Gobierno espera disponer hacia finales de este año de estimaciones más precisas.
El principal foco de atención se encuentra en Pedernales, particularmente en la Reserva Fiscal Minera Ávila, creada mediante el Decreto 430-18 en 2018.
La reserva comprende una superficie de 14,876.045 hectáreas y abarca diferentes zonas de la provincia fronteriza.
Las investigaciones científicas realizadas hasta ahora relacionan los depósitos dominicanos de tierras raras principalmente con las bauxitas kársticas de la Sierra de Bahoruco.
Un estudio encabezado por el investigador Joaquín A. Proenza, de la Universidad de Barcelona, determinó que estos recursos se concentran principalmente en las unidades litoestratigráficas de Aceitillar y Pedernales.
Estados Unidos pone atención en los recursos dominicanos
El potencial minero dominicano ha trascendido el ámbito estrictamente económico.
Estados Unidos ha acompañado parte de los trabajos de exploración y evaluación realizados en Pedernales, incluyendo asistencia del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la Reserva Fiscal Minera Ávila.
Durante una visita al presidente Abinader en febrero de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, manifestó el interés de Washington en trabajar conjuntamente con República Dominicana en el desarrollo de estos recursos.
El funcionario destacó la relevancia de estos minerales para tecnologías estratégicas, entre ellas las telecomunicaciones y los avances médicos, además de señalar la importancia que tiene para Estados Unidos que su desarrollo se produzca en países aliados.
Unión Europea entra en la carrera
A este interés se ha sumado la Unión Europea, que alcanzó recientemente un acuerdo con el Gobierno dominicano para impulsar investigaciones sobre tierras raras, galio y escandio presentes en los depósitos de bauxitas kársticas de la Reserva Fiscal Minera Ávila.
El convenio contempla un financiamiento de 538,000 euros y establece que las investigaciones deberán realizarse bajo criterios de sostenibilidad, protección ambiental y transparencia.
El objetivo inmediato no es iniciar operaciones mineras, sino ampliar el conocimiento científico de los depósitos y fortalecer las capacidades técnicas nacionales antes de determinar la viabilidad de futuros proyectos de aprovechamiento.
Emidom tendría participación estatal
Como parte de la estrategia minera, en agosto de 2024 el Poder Ejecutivo creó mediante el Decreto 453-24 la Empresa Minera Dominicana (Emidom), una entidad de capital totalmente estatal.
El Gobierno ha planteado que esta empresa tendría participación en una eventual explotación y procesamiento de minerales estratégicos, en caso de que las investigaciones determinen su viabilidad económica.
De la expectativa a la comprobación
El creciente interés de Washington y Bruselas coloca a República Dominicana ante una oportunidad que podría adquirir relevancia estratégica en los próximos años.
Pero entre poseer indicios geológicos y disponer de una industria minera comercial existe una distancia considerable.
Por ahora, el proyecto dominicano permanece en fase de exploración y evaluación, sin avances concretos hacia una explotación comercial.
La confirmación de las reservas, su concentración, los costos de extracción y procesamiento, la rentabilidad económica y las consecuencias ambientales serán factores determinantes antes de que el país pueda hablar de una verdadera industria de tierras raras.
La República Dominicana tiene ante sí un recurso potencialmente estratégico; el desafío será determinar cuánto existe realmente, cuánto puede recuperarse de manera económicamente viable y bajo qué condiciones debe aprovecharse para que sus beneficios permanezcan en el país.