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He aquí parte de la red que sustrajo 2,500 millones de pesos de COOP-HERRERA.
Santo Domingo, R.D.-Siete ejecutivos de la cooperativa de ahorros y préstamos COOP-HERRERA fueron apresados a través de la Operación Búho acusados de la comisión de un fraude, falsificación de identidad y asociación de malhechores investigado por el Ministerio Público (MP) desde hace meses.
Las siete personas vinculadas a esta operación fraudulenta son Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya, los cuales fueron arrestados y se les estará conociendo medida de coerción.
Jorge Eligio Méndez fue designado como administrador general de la Cooperativa desde 2015 hasta su intervención en 2023 y se dedicaba junto a otros dos ejecutivos a aparentar que en la entidad financiera había ahorros, aportaciones y certificados de personas que ellos ingresaban al sistema, para sustraer los intereses y excedentes que se generaban.
Asimismo, para cubrir esas faltas, simulaban préstamos que aumentaban “en papeles” los activos de Coop-Herrera, estas operaciones fueron identificadas por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) como “inorgánica”.
De acuerdo con el expediente del MP, tanto Méndez como su cónyuge, Rosanna Almont Diloné, y su hijo, Jorge Eligio Méndez Almont tiene más de 76 millones de pesos en la institución financiera reflejada como certificados, alrededor de doce millones en ahorro retirables y más 765 mil en aportaciones de socios.
Otro de los fraudes realizados por Méndez fue la creación de préstamos ficticios a nombre de terceras personas, para luego moverlos a una o dos cuentas, y apertura de certificados a plazo fijo, que finalmente no tenían respaldo monetario.
GABRIEL SANTANA BORSILEA
Gabriel Santana Borsilea es uno de los asociados de Méndez, propietario de las empresas Comercial Gabriel Santana S.R.L. y Gabriel Santana Auto Import S.R.L y de la Emisora Radial La Máxima Radio Show.
Santana conoció al primer implicado en la institución financiera en 2018, y a partir del mismo año se le facilitaron préstamos mayores a 50 millones de pesos sin este tener garantía suficiente para el pago.
El empresario nunca realizó el pago de los préstamos adquiridos, en su lugar, llevaba personas de confianza a la cooperativa, las cuales no tenían perfil para recibir préstamos millonarios, eran designadas como socios de la entidad y se les emitía un préstamo que luego se desembolsaba en caja para pagar las cuotas de Santana, con el dinero restante abrían certificados a nombre de él.
Santana también está vinculado a lavado de activos a través del fraude realizado a los fondos de la cooperativa por él y otros implicados.
Las operaciones de simulación de préstamos y el pago de los mismos, además de la creación de certificados y aportaciones para el beneficio de los implicados, eran encubiertas por Kenia del Carmen Liriano Pérez, quien presidía el Consejo de Administración de Coop-Herrera.
Además de esto, Liriano realizaba acciones ficticias “con el propósito de mostrar resultados financieros favorables”, según explicó el expediente del MP.
Esta ejecutiva no solo encubría operaciones, también disolvió el comité de crédito de la institución en 2020 para seguir lucrándose a través de los préstamos falsos que quedaron a cargo de Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra.
JACER ELIAZAR MEJÍA PEREYRA
Jacer Eliazar Mejía Pereyra, fue el encargado del departamento de crédito desde 2015 hasta la fecha “sin contar con los conocimientos ni preparación necesaria para este puesto”. Este trabajó de la mano con Méndez para crear los productos que a los que les sacaban provecho en la estafa.
Era quien creaba los perfiles en el sistema y simulaba los préstamos, certificados y autorizabas los desembolsos en caja para cuadrar estas operaciones fraudulentas. Junto con Méndez llevaban a cabo los movimientos a favor de Gabriel Santana, en el que era favorecido con millones de pesos.
También se le transfirieron más de ochocientos mil pesos desde el departamento de contabilidad, al igual que a otros empleados de la entidad.
ANA CECILIA TEJADA SANTOS DE ÁLVAREZ
Ana Cecilia Tejada Santos era la gerente general de la Cooperativa, quien trabajaba de la mano con Mejía bajo las instrucciones de Méndez para aparentar los movimientos de dinero que se daban en la entidad financiera.
Fue quien ayudó a Méndez a crear en el sistema de la entidad 38 certificados a plazo fijo a nombre de este por unos 50 millones aproximadamente. Ella era quien autorizaba todas estas operaciones con el conocimiento de que las mismas no tenían respaldo, según explicó el documento emitido por el MP.
“Jorge Eligio Méndez Pérez, y Ana Cecilia Tejada Santos son las personas que hacen y cierran transacciones en nombre de la cooperativa, avalando a través de la indicada institución que todo está bien con esos ficticios certificados, depósitos a plazos fijos sin la debida provisión de fondos”, reveló el expediente.
JULIO CÉSAR MINAYA
Julio César Minaya fue auditor interno de la entidad financiero desde 2018, y era quien junto con Liriano se encarga de ocultar los movimientos fraudulentos que se daban dentro de la cooperativa.
Él participó en la recepción de cheques sin fondos para pago de productos emitidos. A pesar de tener conocimiento de la devolución de estos cheques, no reversaron esta operación en su sistema contable y lo utilizaron para que Liriano Pérez mostrara buenos resultados favorables ante los delegados en las asambleas de la cooperativa.
SIMONA BORSILEA
Simona Borsilea es pariente de Gabriel Santana Borsilea, y a nombre de quien figuran la mayor cantidad de los bienes adquiridos por este, aunque no presenta ningún tipo de transacciones relevantes en sus cuentas bancarias, y los bienes de los cuales es titular no están acorde con su perfil socioeconómico.
SANTO DOMINGO.- La Novena Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por la jueza Milagros Ramírez, aplazó este lunes para el próximo 16 de marzo la continuación del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio (neurocientífica), directora del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en el país.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal escuchara a varios testigos presentados por el Ministerio Público, entre ellos madres y padres de las presuntas víctimas del caso. Los testigos relataron las situaciones que vivieron y pidieron justicia por los perjuicios que, según denunciaron, sufrieron sus hijos.
Durante la audiencia también ofreció su testimonio el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, como parte de las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
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Previo al inicio del proceso, Elizabeth Silverio aseguró que demostrará su inocencia frente a los hechos que se le imputan.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio ejercía la medicina sin contar con el exequátur correspondiente, en violación de la ley, lo que presuntamente afectó la salud de decenas de menores con condiciones especiales.
Asimismo, se le atribuye el uso de títulos falsos, con los cuales hacía creer que era psicóloga con especialidad en neurociencia.
Se recuerda que el 10 de octubre de 2025, los jueces de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anularon la sentencia que condenaba a Silverio a siete años de prisión, dictada el 21 de octubre de 2024 por las magistradas del Tercer Tribunal Colegiado.
Tras esa decisión, la corte ordenó la celebración de un nuevo juicio.
Centro Kogland fue clausurado
El Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, ubicado en el sector Gascue, fue creado en diciembre de 2021. Su directora, Elizabeth Silverio, de 30 años, afirmaba poseer cinco maestrías.
La situación provocó que Silverio fuera intimada a presentar su exequátur ante el Ministerio de Salud Pública y, ante la inexistencia de la documentación correspondiente, se procedió al cese de las operaciones del centro Kogland.
Santo Domingo, R.D.-Un aplazamiento de la audiencia incial en el Tribunal del Distrito Columbia de Estados Unidos fue concedido en el caso por presunta corrupción contra el dominicano Melitón Cordero, acusado de gestionar más de 100 solicitudes de visado en abuso del programa para informantes confidenciales mientras se desempeñaba como supervisor de la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.
La audiencia inicial, prevista para el 6 de marzo, fue pospuesta por un plazo de 30 días para permitir que la defensa se reorganice y el gobierno prepare la evidencia, con la posibilidad de que el caso se resuelva antes de llegar a un juicio formal, según establecen documentos judiciales a los que este medio tuvo acceso.
En ese sentido, la audiencia preliminar quedó programada para el próximo 6 de abril a las 12:30 de la tarde.
La decisión del juez también incluye detener temporalmente el conteo del plazo legal que permite la celebración de un juicio rápido. Esto significa que los días entre el 6 de marzo y el 6 de abril no contarán para el cálculo de ese plazo.
Esto se debe a que, normalmente, el gobierno estadounidense dispone de 30 días desde el arresto para presentar cargos ante un gran jurado.
La decisión de posponer la audiencia preliminar fue tomada por el tribunal el 26 de febrero de 2026, un día después de que la defensa presentara la solicitud.
Los documentos judiciales explican varias razones por las que se concedió el aplazamiento en el caso penal federal contra Cordero. La primera de ellas es la contratación de una nueva abogada por parte del dominicano, quien pasa de ser representado por un defensor público federal a la abogada Mary Carpenito, que aún se encuentra en proceso de incorporarse formalmente al caso.
Otro de los motivos es que el gobierno entregará evidencia previa a la acusación formal, así como la intención de ambas partes de contar con más tiempo para prepararse.
Además, existe la posibilidad de resolver el caso antes de una acusación formal, lo que podría evitar un juicio, según se desprende de los documentos.
El pasado 12 de febrero, la embajadora estadounidense en República Dominicana, Leah Francis Campos, informó el cierre de la oficina de la DEA en el país «hasta nuevo aviso», mediante un comunicado difundido en redes sociales en el que calificó la corrupción como «una violación repugnante y deshonrosa de la confianza pública».
La acusación sostiene que Cordero, de 47 años, habría utilizado su posición en la DEA para tramitar al menos 119 solicitudes de visa bajo un esquema fraudulento, presentando a los solicitantes como supuestas «fuentes confidenciales» de la agencia antidrogas. A cambio, se habrían pagado hasta 10,000 dólares por cada trámite.
Santo Domingo, R.D.-La medida de coercion en contra varias ejecutivas del colegio Loenardo Da Vinci fue ratificada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo por la muerte de la estudiante haitiana Stephonrra Mircie Jopseph, de 11 años de edad, quien se ahogó durante una excursioon escolar.
El tribunal confirmó la decisión dictada en primera instancia, que establece como medida de coerción una garantía económica de 500 mil pesos mediante compañía aseguradora, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del país contra las cuatro imputadas.
Las imputadas en el caso son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Acudieron a la audiencia, y gozan de libertad, ya que cumplen medida poco gravosa.
A la salida de la audiencia, el abogado de la familia de la niña, Miguel Valdez Mar Díaz, cuestionó que en el proceso no se haya incluido a otros posibles responsables vinculados al centro educativo y al lugar donde ocurrió la tragedia.
El jurista indicó que durante la audiencia se discutió que las personas señaladas no serían las únicas responsables del descuido que provocó la muerte de la menor.
Valdez Mar Díaz también criticó el accionar del Ministerio Público, al señalar que el proceso ha sido complejo para la familia y que, hasta el momento, la madre de la niña no ha recibido las pertenencias que la menor llevó el día de la excursión, pese a los requerimientos realizados.
Asimismo, informó que el tribunal fijó para el 26 de marzo una audiencia en la que se conocerá el proceso contra representantes del colegio y los propietarios de la Hacienda Los Caballos.
La mujer estuvo acompañada por varios familiares, quienes intentaban consolarla mientras reiteraba su llamado para que las autoridades establezcan responsabilidades en el caso.
De su lado, la abogada de parte de las imputadas, María del Pilar Zuleta, manifestó su satisfacción con la decisión adoptada por el tribunal.
“La corte conoció el caso, tomó su tiempo y decidió ratificar la medida. Entendemos que fue una decisión ajustada a derecho y que no existe ninguna presunción de culpa contra nuestras representadas”, expresó.
Indicó además que el Ministerio Público había solicitado un aumento de la garantía económica impuesta como medida de coerción, solicitud que finalmente no fue acogida por el tribunal.