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He aquí parte de la red que sustrajo 2,500 millones de pesos de COOP-HERRERA.
Santo Domingo, R.D.-Siete ejecutivos de la cooperativa de ahorros y préstamos COOP-HERRERA fueron apresados a través de la Operación Búho acusados de la comisión de un fraude, falsificación de identidad y asociación de malhechores investigado por el Ministerio Público (MP) desde hace meses.
Las siete personas vinculadas a esta operación fraudulenta son Jorge Eligio Méndez, Gabriel Santana Borsilea, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya, los cuales fueron arrestados y se les estará conociendo medida de coerción.
Jorge Eligio Méndez fue designado como administrador general de la Cooperativa desde 2015 hasta su intervención en 2023 y se dedicaba junto a otros dos ejecutivos a aparentar que en la entidad financiera había ahorros, aportaciones y certificados de personas que ellos ingresaban al sistema, para sustraer los intereses y excedentes que se generaban.
Asimismo, para cubrir esas faltas, simulaban préstamos que aumentaban “en papeles” los activos de Coop-Herrera, estas operaciones fueron identificadas por el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) como “inorgánica”.
De acuerdo con el expediente del MP, tanto Méndez como su cónyuge, Rosanna Almont Diloné, y su hijo, Jorge Eligio Méndez Almont tiene más de 76 millones de pesos en la institución financiera reflejada como certificados, alrededor de doce millones en ahorro retirables y más 765 mil en aportaciones de socios.
Otro de los fraudes realizados por Méndez fue la creación de préstamos ficticios a nombre de terceras personas, para luego moverlos a una o dos cuentas, y apertura de certificados a plazo fijo, que finalmente no tenían respaldo monetario.
GABRIEL SANTANA BORSILEA
Gabriel Santana Borsilea es uno de los asociados de Méndez, propietario de las empresas Comercial Gabriel Santana S.R.L. y Gabriel Santana Auto Import S.R.L y de la Emisora Radial La Máxima Radio Show.
Santana conoció al primer implicado en la institución financiera en 2018, y a partir del mismo año se le facilitaron préstamos mayores a 50 millones de pesos sin este tener garantía suficiente para el pago.
El empresario nunca realizó el pago de los préstamos adquiridos, en su lugar, llevaba personas de confianza a la cooperativa, las cuales no tenían perfil para recibir préstamos millonarios, eran designadas como socios de la entidad y se les emitía un préstamo que luego se desembolsaba en caja para pagar las cuotas de Santana, con el dinero restante abrían certificados a nombre de él.
Santana también está vinculado a lavado de activos a través del fraude realizado a los fondos de la cooperativa por él y otros implicados.
Las operaciones de simulación de préstamos y el pago de los mismos, además de la creación de certificados y aportaciones para el beneficio de los implicados, eran encubiertas por Kenia del Carmen Liriano Pérez, quien presidía el Consejo de Administración de Coop-Herrera.
Además de esto, Liriano realizaba acciones ficticias “con el propósito de mostrar resultados financieros favorables”, según explicó el expediente del MP.
Esta ejecutiva no solo encubría operaciones, también disolvió el comité de crédito de la institución en 2020 para seguir lucrándose a través de los préstamos falsos que quedaron a cargo de Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra.
JACER ELIAZAR MEJÍA PEREYRA
Jacer Eliazar Mejía Pereyra, fue el encargado del departamento de crédito desde 2015 hasta la fecha “sin contar con los conocimientos ni preparación necesaria para este puesto”. Este trabajó de la mano con Méndez para crear los productos que a los que les sacaban provecho en la estafa.
Era quien creaba los perfiles en el sistema y simulaba los préstamos, certificados y autorizabas los desembolsos en caja para cuadrar estas operaciones fraudulentas. Junto con Méndez llevaban a cabo los movimientos a favor de Gabriel Santana, en el que era favorecido con millones de pesos.
También se le transfirieron más de ochocientos mil pesos desde el departamento de contabilidad, al igual que a otros empleados de la entidad.
ANA CECILIA TEJADA SANTOS DE ÁLVAREZ
Ana Cecilia Tejada Santos era la gerente general de la Cooperativa, quien trabajaba de la mano con Mejía bajo las instrucciones de Méndez para aparentar los movimientos de dinero que se daban en la entidad financiera.
Fue quien ayudó a Méndez a crear en el sistema de la entidad 38 certificados a plazo fijo a nombre de este por unos 50 millones aproximadamente. Ella era quien autorizaba todas estas operaciones con el conocimiento de que las mismas no tenían respaldo, según explicó el documento emitido por el MP.
“Jorge Eligio Méndez Pérez, y Ana Cecilia Tejada Santos son las personas que hacen y cierran transacciones en nombre de la cooperativa, avalando a través de la indicada institución que todo está bien con esos ficticios certificados, depósitos a plazos fijos sin la debida provisión de fondos”, reveló el expediente.
JULIO CÉSAR MINAYA
Julio César Minaya fue auditor interno de la entidad financiero desde 2018, y era quien junto con Liriano se encarga de ocultar los movimientos fraudulentos que se daban dentro de la cooperativa.
Él participó en la recepción de cheques sin fondos para pago de productos emitidos. A pesar de tener conocimiento de la devolución de estos cheques, no reversaron esta operación en su sistema contable y lo utilizaron para que Liriano Pérez mostrara buenos resultados favorables ante los delegados en las asambleas de la cooperativa.
SIMONA BORSILEA
Simona Borsilea es pariente de Gabriel Santana Borsilea, y a nombre de quien figuran la mayor cantidad de los bienes adquiridos por este, aunque no presenta ningún tipo de transacciones relevantes en sus cuentas bancarias, y los bienes de los cuales es titular no están acorde con su perfil socioeconómico.
Nacionales
Detectan 40 anomalías financieras por cientos de millones en la Apordom durante la gestión de Víctor Gómez Casanova
Santo Domingo, R.D.-El Pleno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) presentó este martes los resultados de una auditoría especial realizada a la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom). El informe reveló numerosas irregularidades financieras y administrativas que impactaron negativamente en el manejo de miles de millones de pesos en el periodo del 2016 al 2021.
La auditoría efectuada a la gestión de Víctor Gómez Casanova como exdirector ejecutivo de la entidad, quien estuvo al frente de la entidad del 14 de septiembre de 2016 al 16 de agosto de 2020, expuso al menos 40 irregularidades financieras cruciales que comprometieron recursos públicos. La Cámara de Cuentas documentó estas anomalías en un informe pericial de 456 páginas.
Los investigadores habrían identificado que, durante el periodo fiscalizado, se realizaron pagos por un monto total de RD$ 51,047,482 a 42 supuestos asesores en nómina de la entidad. Sin embargo, se determinó que no existía evidencia documental que respaldara los procedimientos de selección correspondientes.
Durante el periodo auditado, los investigadores detectaron que se realizaron pagos por un total de RD$ 51,047,482 a 42 personas registradas como asesores en la nómina de la entidad. No obstante, la auditoría reveló que no se encontró evidencia documental que sustente los procedimientos de selección ni los criterios utilizados para la contratación de dichos asesores.
El informe también destaca la existencia de pagos realizados a trabajadores de jornales durante los meses de marzo, mayo y junio de 2016, por un monto total de RD$ 65,299,000. No obstante, dichos desembolsos no contaron con la documentación justificativa necesaria para respaldar las operaciones, lo que evidencia graves deficiencias en el control interno de la entidad, reza el documento de la CCRD.
El órgano de control externo determinó, además, que la Autoridad Portuaria Dominicana incluyó en sus nóminas a 178 empleados que, a pesar de estar registrados como trabajadores de esta institución, desempeñaban funciones en otras entidades gubernamentales. Según los documentos, entre agosto de 2016 y agosto de 2020, el monto destinado a salarios y beneficios de este personal ascendió a RD$ 50,741,453.
Durante el uso de las tarjetas, pagadas con recursos públicos, se identificaron transacciones relacionadas con gastos en hoteles, restaurantes, combustibles y otros conceptos, como compras en farmacias, hospitales, clubes y diversos comercios, según detalla el informe de la auditoría.
Asimismo, se detectaron consumos adicionales efectuados con tarjetas de crédito en dólares estadounidenses por un monto de US$ 153,806, equivalentes a RD$ 7,475,910. Que, al igual que los gastos en pesos dominicanos, estos pagos carecen de la documentación justificativa necesaria, según la auditoría.
En ese contexto, el informe señala diferencias significativas entre los pagos registrados en los estados bancarios y los reflejados en los estados de cuentas de las tarjetas de crédito, ascendiendo a un monto total de RD$ 2,635,257. Estas discrepancias fueron identificadas durante la fiscalización.
Por otra parte, los peritos detallan en su informe que, entre los años 2016 y 2021, se llevaron a cabo adquisiciones y recepción de bienes, obras y servicios por RD$ 18,137,876. Indican que estas operaciones no fueron incluidas en el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), lo que podría constituir una infracción a las disposiciones vigentes sobre la planificación y ejecución del gasto público.
El órgano superior destaca que no fueron publicadas en el portal institucional las nóminas correspondientes al programa de pensiones, ni los listados detallados de las remuneraciones por servicios prestados durante el periodo 2016-2021. Estas omisiones ascienden a un monto total acumulado de RD$ 389,866,445.
A continuación se presentan las 40 irregularidades identificadas por la Cámara de Cuentas en los estados financieros y contables de las autoridades portuarias de la República Dominicana.
1- Se reporta la desaparición de dos (2) vehículos de motor marca Hyundai, modelo Sonata 2010, adquiridos entre agosto 2016 y agosto 2020, propiedad de la institución, los cuales no fueron localizados ni tienen registros en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
2- Se identificaron nóminas electrónicas correspondientes al periodo 2016-2020 por un monto total de RD$ 291,738,493, las cuales no están registradas en el sistema.
3- Durante el periodo 2016-agosto 2020, se detectó la remuneración de 22 empleados por servicios prestados y fijos sin evidencia de contratos, nombramientos ni información en la base de datos de la entidad.
4 -Pagos realizados por servicios en el periodo 2016-2019, por un monto de RD$ 1,950,000, presentan firmas de recibido que no corresponden al destinatario y carecen de poderes especiales para su retiro. Además, se identificaron pagos por RD$1,267,500 sin copia de cédula de identidad para validarlos, sumando un total de RD$2,651,500.
5- Se emitieron cheques por servicios prestados entre noviembre 2016 y julio 2020 por un monto de RD$17,165,832, así como sueldos fijos por RD$ 7,262,454, que fueron retirados por personas distintas al beneficiario sin evidencia de autorización.
6- Durante el período noviembre 2016-julio 2020, se observaron cheques por un monto de RD$ 14,021,429, endosados por empleados de la entidad y personal externo.
7- Se identificaron debilidades en el control interno respecto a gastos de jornales en los meses de marzo, mayo y junio de 2016, por un monto de RD$ 65,299,000, sin documentos justificativos.
8- El control de asistencia del período 2016-2021 fue suministrado de manera incompleta, impidiendo llevar a cabo un análisis adecuado.
9- Los aportes a la cooperativa descontados a empleados durante el período 2016-2020, por un monto de RD$ 5,466,837, no fueron pagados oportunamente a dicha cooperativa.
10- Se detectó un atraso en el pago a la TSS por un monto de RD$ 42,910,509 correspondiente a los meses de mayo a agosto de 2020, lo que generó recargos e intereses por RD$ 7,674,652, los cuales fueron saldados el 8 de septiembre de 2020.
11- No se transparentaron en el portal institucional las nóminas de prepensión y listados de remuneraciones por servicios prestados entre 2016 y 2021, que suman un monto total de RD$ 389,866,445.
12 -Se realizaron transferencias de fondos al CESEP por un monto de RD$ 99,497,642 durante el período 2016-agosto 2020, sin contar con una reglamentación interna.
13- Se otorgaron compensaciones a empleados por uso de vehículos entre 2017 y agosto 2020, por un monto de RD$34,851,970, y RD$ 771,000 en el período agosto 2020-diciembre 2021, sin reglamentación interna.
14- Durante febrero, marzo, junio, julio, agosto y septiembre de 2016, se otorgaron retribuciones complementarias por un monto de RD$ 6,417,238 sin contar con una reglamentación interna.
15 -Se observó un ajuste no aplicado a los sueldos por pagar, por un monto de RD$ 23,953,291, correspondiente al período 2016-2020.
16- Se identificaron empleados militares nombrados como empleados fijos entre 2016 y 2020, con un costo total de RD$ 7,127,039.
17- Se emitieron sueldos con el código de asalariados, incluyendo uno duplicado, sin que el sistema de nómina contenga los nombres ni fechas de ingreso, por un monto de RD$ 483,620, en los años 2017 y 2018.
18- Se incluyeron 178 empleados en nóminas de otras entidades del Estado, lo que generó un desembolso de RD$ 50,741,453 entre agosto 2016 y agosto 2020.
19- Se detectó falta de gestión en el proceso de pensión de 60 empleados, lo que representa un monto acumulado de RD$ 82,601,247 durante el período auditado.
20- Se identificó que durante el período fiscalizado 2016-2020, se realizaron pagos por un monto total de RD$ 51,047,482 a asesores en nómina de la entidad, sin que existiera evidencia de los procedimientos de selección correspondientes.
21- En el período comprendido entre 2016 y 2021, se retuvo un monto inferior al debido del impuesto sobre la renta (ISR) a los asalariados, ascendiendo la diferencia a RD$ 1,986,293.
22- Durante los años 2018 y 2019, se realizaron retenciones del impuesto sobre la renta que no fueron pagadas, acumulando un monto pendiente de RD$ 6,007,903.
23-En los períodos 2016-2020, se detectaron errores en el cálculo de la Regalía Pascual (sueldo n.° 13), resultando en pagos inferiores por un monto de RD$ 752,029 y pagos superiores por un monto de RD$ 1,115,164, ambos fuera de lo establecido.
24- Se asignaron tarjetas de crédito corporativas para gastos de representación sin contar con una reglamentación interna que estableciera límites de consumo mensual, registrándose montos de RD$ 150,000 y US$ 10,000 durante los años 2016 a agosto de 2020.
25- Consumos realizados con tarjeta de crédito en pesos dominicanos (RD$) que no cuentan con facturas ni vouchers de los gastos de representación, ascendiendo a un monto total de RD$ 10,413,970, correspondientes al período 2016-2020.
26- Consumos efectuados con tarjeta de crédito en dólares estadounidenses (USD) sin facturas ni vouchers de los gastos de representación, por un monto de US$ 153,806, equivalente a RD$ 7,475,910, correspondientes al período 2016-agosto 2020.
27- Diferencias detectadas entre los pagos reflejados en los estados bancarios y los estados de cuentas de las tarjetas de crédito, por un monto de RD$ 2,635,257, dentro del período auditado 2016-2020.
28- Discrepancias en los estados bancarios durante el período 2016-2020, por un monto total de RD$ (107,566).
29- Adquisición y recepción de bienes, obras y servicios por un valor de RD$ 18,137,876, sin estar contemplados en el Plan Anual de Compras (PACC), correspondientes a los años 2016-2021.
30- Adquisiciones de bienes por un total de RD$ 52,906,996 y servicios por RD$28,168,689, registrados sin evidencia de haber seguido los procedimientos requeridos, durante el período 2016-2020.
31- Pagos realizados por facturación superior al monto contratado, por un total de RD$ 1,948,047, sin evidencia de autorización ni adenda para aumentar el arrendamiento de equipos de impresión, correspondientes a los años 2018 y 2019.
Santo Domingo, R.D.-El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró que la ciudadanía puede tener plena confianza en que se realizará una investigación «exhaustiva e inmediata» sobre las ocupaciones ilegales y los posibles fraudes inmobiliarios que afectan el patrimonio natural de la República Dominicana.»
Consideró que este enfoque implica un cambio estructural, ya que los delitos ecológicos serán tratados con la misma rigurosidad que el crimen organizado, debido a su impacto lesivo y, muchas veces, irreversible para el tejido social.
Estas acciones responden a una instrucción directa de la procuradora general adjunta, Yeni Berenice Reynoso, orientada a blindar las reservas ecológicas del país frente a estructuras criminales.
Para garantizar la eficacia de las pesquisas y desarticular posibles redes de corrupción, se ha conformado un equipo de alto nivel integrado por Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y Francisco Contreras, de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren).
También Ramona Nova, de la Procuraduría Especializada Anti-Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Ana Burgos, responsable de la Unidad de Investigación Inmobiliaria y Gedeón Platón Bautista Liriano, abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central.
La instrucción emitida por Reynoso establece que el equipo debe auditar todos los actos jurídicos, administrativos y transacciones que hayan derivado en la emisión de títulos de propiedad privados dentro de terrenos protegidos.
El objetivo central es identificar la existencia de entramados criminales, casos de prevaricación y falsificación de documentos que hayan facilitado que particulares se apoderen del patrimonio público de forma fraudulenta.
Al respecto, la Procuradora General afirmó que la conservación de estos ecosistemas asegura la permanencia de los servicios ambientales y económicos para las presentes y futuras generaciones.
Esta medida forma parte de una estrategia para fortalecer la persecución de delitos ambientales que impactan la seguridad hídrica y las actividades productivas del país.
Santo Domingo, R.D.-Este 18 de febrero se celebra el Miércoles de Ceniza, fecha que marca el inicio de la Cuaresma dentro del calendario cristiano y abre el período de preparación espiritual rumbo a la Semana Santa y la Pascua de Resurrección.
La jornada simboliza un tiempo de reflexión, arrepentimiento y conversión para millones de fieles alrededor del mundo. Durante este día, los creyentes son invitados a reconocer la fragilidad humana y renovar su compromiso espiritual mediante la oración, el ayuno y la penitencia.
¿Por qué se coloca ceniza en la frente?
Una de las tradiciones más representativas del Miércoles de Ceniza es la imposición de una cruz de ceniza en la frente de los fieles durante la eucaristía. El sacerdote pronuncia frases como: “Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás” o “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”, recordando el carácter pasajero de la vida y la importancia de la conversión espiritual.
Ayuno y abstinencia durante la Cuaresma
La Iglesia Católica establece que los fieles entre 18 y 60 años practiquen ayuno durante esta jornada, realizando solo una comida fuerte al día. Además, inicia la abstinencia de carne todos los viernes de Cuaresma para los mayores de 14 años.
Un origen que se remonta a los primeros siglos
El origen del Miércoles de Ceniza se remonta al siglo IV, cuando la Iglesia organizó el período cuaresmal como preparación previa a la Pascua. Con el paso de los siglos, el ayuno y los actos penitenciales se consolidaron como pilares de esta tradición.
La práctica de usar cenizas tiene raíces aún más antiguas, vinculadas a costumbres hebreas en las que las personas se cubrían con ceniza como signo de arrepentimiento y búsqueda espiritual.
De esta manera, el Miércoles de Ceniza marca el inicio de 40 días de reflexión que culminan con una de las celebraciones más importantes del cristianismo: la Semana Santa.