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Oficiales de la Policía que están llamados a rendir cuentas sobre su patrimonio.
Santo Domingo, R.D.-El mayor general Ernesto Rafael Rodriguez García, nuevo director general de la Policía, dio un plazo de 30 días a los oficiales alcanzados por la ley para presentar su declaración jurada de patrimonio, bajo advertencia de destitución para quienes incumplan.
La medida pone bajo la lupa a los mandos policiales que, por las funciones que desempeñan, deben transparentar sus bienes e ingresos ante la Cámara de Cuentas.
No todos los miembros de la Policía Nacional están sujetos a este requisito. La Ley 311-14 dispone al jefe y subjefe de la institución, así como a los encargados departamentales y regionales, así como oficiales que ocupen posiciones de mando operativo o de administración.
El actual director general presentó su última declaración el 27 de febrero de 2026, cuando era inspector general.
En ese momento reportó un apartamento adquirido en el 2018 por 4 millones de pesos. También, dos cuentas de ahorros, una con 3,008,773.04 pesos y otra con 76,153.73 pesos, y un saldo pendiente de 1,392,191.87 pesos por un préstamo.
Para entonces declaró ingresos mensuales de 78,717.29 pesos por salario de rango y 200,000 pesos por el cargo. Ahora, su situación constituye uno de los puntos que deberá seguirse dentro del plazo otorgado por la institución.
El coronel Pedro Radhamés Marte Báez, designado director central de recursos humanos en los recientes cambios de Rodríguez García, reportó el 28 de febrero su último documento patrimonial que lo identificó entonces como subinspector general, adscrito a la Inspectoría General.
Entre sus bienes registró un vehículo Honda CR-V EX-L 4×4, año 2016, valorado en 1.26 millones de pesos, además de muebles y electrodomésticos por otros 165,000 pesos. También cuatro depósitos a plazo fijo por un total de 1.54 millones de pesos y 100,000 pesos en efectivo.
Otro de los oficiales que figura entre los recientes movimientos es el general Ángel María García Jaime, quien dejó la Dirección Central de Inteligencia (Dintel) para asumir la Policía Comunitaria.
Con su salida del departamento, el general Edgar Ramón Arnaud Volquez asumió esa dirección. Hasta el cierre de esta edición, no fue localizada una declaración patrimonial a su nombre en el portal de la Cámara de Cuentas.
Los movimientos también alcanzaron las direcciones regionales, cuyos titulares están expresamente incluidos entre los funcionarios mencionados por la Ley 311-14.
El general Julio César Acosta Félix dejó la Regional Noreste para asumir la Regional Nordeste, con asiento en María Trinidad Sánchez, mientras el general Orison L. Olivence Minaya fue designado en su lugar.
La declaración de Acosta Félix, presentada el 2 de marzo del 2026, lo identifica como director Regional Noreste y fue registrada como actualización por cambio de jurisdicción. En ella reportó un apartamento de 2,599,999.58 pesos, un vehículo Mitsubishi Montero IO de 830,000 pesos y una cuenta de ahorros con 2,472,975.40 pesos y otras con montos menores.
Olivence Minaya, quien ahora ocupará esa regional, tiene un registro patrimonial que lo identifica como director de Antipandilla, con fecha del 8 de junio del 2022. En ese documento reportó dos fincas por 2.1 millones y 6.8 millones de pesos, una camioneta Toyota de 1.7 millones de pesos y 55 cabezas de ganado valoradas en 3.9 millones de pesos.
Los cambios de mando permiten observar la información patrimonial presentada por quien llegó a la jefatura y la de quienes dejaron esa posición.
Modesto Cruz Cruz estuvo seis meses al frente de la Policía antes de ser colocado en honrosa situación de retiro. Al asumir el cargo, presentó un documento en el que reportó tres inmuebles valorados en 47.1 millones de pesos, una cuenta con 3.6 millones de pesos y otras con montos menores, y una deuda hipotecaria cercana a 4 millones de pesos.
Su antecesor, el mayor general retirado Ramón Antonio Guzmán Peralta, también pasó a retiro por disposición del presidente Luis Abinader y posteriormente fue designado asesor presidencial en materia policial.
En su declaración de cese, Guzmán Peralta registró un apartamento adquirido en el 2018 por 6,596,603.37 pesos; una finca valorada en 54,829,183.56 pesos; un solar de 1,688,830 pesos; una residencia de propiedad compartida valorada en 8,718,020.23 pesos y dos residencias adquiridas en el 2020 por 15,443,299.39 y 15,163,700.61 pesos.
Solo esos seis inmuebles suman más de 102.4 millones de pesos en los valores declarados, sin que esto signifique que ese monto represente necesariamente el patrimonio neto del exdirector, pues el propio documento también registra deudas y otros pasivos.
Entre sus bienes muebles aparece además una maquinaria pesada John Deere, del año 2021, valorada en 4,001,666.07 pesos.
Así también incluye actividad agropecuaria con cuatro caballos valorados en 30,000 pesos, 30 gallinas de guinea por 10,000 pesos, 14 chivos por 125,000 pesos y 32 ovejos por 480,000 pesos. Además, reportó una plantación de plátanos valorada en 3.7 millones de pesos y una producción de coco de agua valorada en 10.3 millones de pesos.
También reportó la participación en dos empresas: una del sector inmobiliario e inversiones, con 820 acciones,con un valor de 82,000 pesos, y otra tipificada como una distribuidora, con 40 acciones valoradas en 40,000 pesos.
Ángel Gabriel Capellán deberá cumplir tres meses en Najayo-Hombres, mientras un segundo imputado recibió garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida; la defensa anunció que recurrirá la decisión
SAN CRISTÓBAL, República Dominicana.– Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal impuso tres meses de prisión preventiva a Ángel Gabriel Capellán, conocido como “El Pastor”, investigado por presunta trata de personas con fines de explotación laboral y maltratos físicos y psicológicos contra 14 menores de edad.
El tribunal dispuso que Capellán cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo-Hombres, en San Cristóbal.
En el mismo proceso figura Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, a quien el magistrado impuso una garantía económica de RD$20,000, presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del territorio nacional.
El juez acogió parcialmente la solicitud presentada por el Ministerio Público, que había solicitado tres meses de prisión preventiva contra los dos imputados.
Ministerio Público presentó 40 elementos de prueba
Para sustentar su petición, el órgano acusador presentó ante el tribunal 40 elementos de prueba que, según sostiene, relacionan a los investigados con hechos de trata de personas con fines de explotación laboral, trabajo forzoso y presuntos maltratos físicos y psicológicos.
Entre los elementos incorporados al expediente se encuentran declaraciones ofrecidas por menores que fueron rescatados de la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), localizada en Bajos de Haina.
Debido a la condición de menores de edad de las presuntas víctimas, sus testimonios fueron obtenidos mediante Cámara Gesell, mecanismo utilizado para reducir su exposición durante el proceso judicial y preservar sus declaraciones como anticipo de prueba.
Fundación habría operado sin autorización para recibir menores
Capellán dirigía la Fundación Restaurando Vida, entidad que, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público, no disponía de la autorización correspondiente para funcionar como hogar de acogida de niños y adolescentes.
El órgano persecutor sostiene que en las instalaciones convivían menores junto a otras personas en situación de vulnerabilidad.
Las autoridades investigan además las circunstancias en que la organización recibía niños y adolescentes, así como la captación de fondos y donaciones vinculadas con sus actividades.
Estos señalamientos forman parte de la investigación del Ministerio Público y deberán ser examinados durante el proceso judicial.
Denuncia de un menor originó la investigación
El caso comenzó a ser investigado después de que uno de los menores presuntamente escapara de las instalaciones y acudiera a un destacamento policial para denunciar las condiciones en que se encontraba.
La denuncia motivó actuaciones de las autoridades que posteriormente condujeron a allanamientos, al rescate de los menores que permanecían en la fundación y a las detenciones de Capellán y Muñoz Rodríguez.
Como parte de las diligencias, una de las presuntas víctimas fue sometida a una evaluación médico-legal.
Según el expediente presentado por el Ministerio Público, el examen documentó lesiones en distintas partes del cuerpo y quemaduras de segundo grado en proceso de cicatrización en ambas manos.
Una evaluación psicológica forense también habría determinado que el menor no asistía a la escuela y que presuntamente realizaba trabajos de carpintería relacionados con la construcción de una vivienda.
El Ministerio Público sostiene además que el adolescente habría sido sometido reiteradamente a castigos físicos.
Defensa anuncia apelación
Tras concluir la audiencia, Manuel Soto, abogado de Ángel Gabriel Capellán, anunció que recurrirá la decisión que envió a su representado a prisión preventiva.
El jurista sostuvo que Capellán es inocente de las imputaciones formuladas y explicó que espera recibir formalmente la resolución judicial para presentar el recurso de apelación.
El proceso continuará ahora con las investigaciones del Ministerio Público mientras se cumplen las medidas de coerción impuestas.
La prisión preventiva constituye una medida cautelar y no una condena. La responsabilidad penal de los imputados deberá ser determinada posteriormente por los tribunales a partir de las pruebas y argumentos presentados por las partes.
Mientras avanza el expediente, las autoridades mantienen bajo protección a los menores involucrados, cuyas identidades deben permanecer reservadas conforme a las normas destinadas a proteger a niños, niñas y adolescentes.
Gustavo Mejía-Ricart Risk, de 23 años, continúa hospitalizado luego de ser sometido a una cirugía de emergencia por varias heridas de arma blanca; la Policía informó del arresto de un hombre señalado como presunto agresor
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– El joven Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk, de 23 años, muestra una evolución favorable luego de haber sido intervenido quirúrgicamente de emergencia tras resultar gravemente herido durante un intento de asalto ocurrido en el sector Serrallés, en el Distrito Nacional.
Mejía-Ricart Risk recibió varias heridas de arma blanca en el abdomen que comprometieron algunos órganos, situación que obligó al personal médico a practicarle una cirugía de emergencia.
Su madre, Katherine Risk, informó que, pese a la gravedad que inicialmente presentó, el joven ha respondido favorablemente al tratamiento y continúa bajo vigilancia médica mientras avanza su proceso de recuperación.
La familia ha recibido numerosas expresiones de solidaridad desde que se conoció públicamente el ataque, incluyendo mensajes de personas que no mantienen vínculos personales con el joven.
Risk agradeció las oraciones y muestras de apoyo recibidas y destacó la fortaleza mostrada por su hijo durante las horas posteriores a la intervención quirúrgica.
Ataque ocurrió próximo a la residencia del joven
El hecho se produjo cuando Mejía-Ricart Risk se dirigía hacia el lobby de la torre donde reside, después de estacionar su vehículo en las inmediaciones.
De acuerdo con las informaciones preliminares de las autoridades, el agresor presuntamente siguió al joven a bordo de una motocicleta y posteriormente intentó despojarlo de sus pertenencias.
Durante el incidente, la víctima habría ofrecido resistencia y recibió varias heridas de arma blanca.
El atacante posteriormente escapó del lugar sin lograr concretar el robo, según la versión ofrecida sobre el caso.
Policía arresta a un sospechoso
La Policía Nacional informó este martes que, mediante un operativo realizado conjuntamente con el Ministerio Público, fue detenido Johnny González, de 41 años, señalado por las autoridades como presunto responsable de la agresión.
Durante las actuaciones relacionadas con el arresto fueron ocupados un cuchillo, una motocicleta, prendas de vestir y otros objetos que las autoridades investigan para determinar su posible vinculación con el hecho.
González fue puesto a disposición del Ministerio Público para los procedimientos correspondientes, mientras las investigaciones continúan.
Su arresto y señalamiento como sospechoso no constituyen una declaración de culpabilidad, responsabilidad que deberá ser determinada por los tribunales conforme a las pruebas que sean presentadas durante el proceso.
Estudiante de Derecho
Gustavo Mejía-Ricart Risk es estudiante de Derecho en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y también desarrolla actividades laborales junto a su familia.
Su madre consideró que el episodio sufrido por su hijo debe trascender el caso particular y servir para llamar la atención sobre la violencia y la inseguridad que pueden enfrentar los ciudadanos.
La familia expresó además su confianza en que las autoridades desarrollen las investigaciones correspondientes y que el proceso judicial permita esclarecer completamente las circunstancias del ataque y establecer las responsabilidades conforme a la ley.
Mientras avanzan las investigaciones, la principal atención de sus familiares permanece concentrada en la recuperación de Gustavo, quien continúa bajo cuidado médico y presenta una evolución favorable después de la cirugía de emergencia.
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Restablecen servicio de la Línea 2 del Metro y pasajeros viajarán gratis por el resto del día
La Empresa Metropolitana de Transporte informó que sus técnicos corrigieron la avería registrada en la Subestación de Tracción García Saleta y ofreció disculpas a los usuarios afectados
SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Línea 2 del Metro de Santo Domingo retomó sus operaciones habituales la noche de este martes, luego de que los equipos técnicos solucionaran la falla eléctrica que había obligado a interrumpir temporalmente el servicio en varias estaciones.
La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) comunicó que la avería fue corregida en la Subestación de Tracción García Saleta, instalación donde se había producido el inconveniente que afectó el suministro de energía necesario para la circulación de los trenes.
Concluidos los trabajos técnicos y realizadas las verificaciones correspondientes, la institución autorizó la normalización de las operaciones en toda la Línea 2.
Servicio será gratuito por el resto de la jornada
Como compensación por los inconvenientes ocasionados a los pasajeros durante la interrupción, la EMT anunció que los usuarios podrán utilizar gratuitamente el Metro durante el resto de la jornada de este martes 15 de septiembre.
La medida fue presentada por la institución como un gesto de agradecimiento a los ciudadanos por la paciencia y comprensión mostradas mientras los técnicos trabajaban para solucionar la avería.
Falla había obligado a dividir las operaciones
El incidente se produjo alrededor de las 6:47 de la tarde, cuando una falla en la Subestación García Saleta provocó una pérdida de energía en la catenaria.
Por razones de seguridad, el servicio quedó temporalmente suspendido entre las estaciones Pedro Bonó y Ramón Cáceres.
Mientras se desarrollaban las labores de reparación, la Línea 2 operó mediante dos servicios parciales: uno entre Pablo Adón y Pedro Bonó, y otro desde Ramón Cáceres hasta Concepción Bona.
La situación afectó a pasajeros que utilizaban el sistema durante las primeras horas de la noche, coincidiendo con el desplazamiento de numerosos ciudadanos al concluir sus jornadas laborales.
EMT ofrece disculpas a los pasajeros
Tras solucionar la avería, la Empresa Metropolitana de Transporte ofreció disculpas por las dificultades generadas y agradeció la comprensión de los usuarios.
Con la recuperación del suministro eléctrico en la subestación afectada, los trenes volvieron a circular normalmente por toda la Línea 2, quedando sin efecto el esquema provisional que había sido implementado durante la emergencia.
La institución indicó que sus equipos técnicos completaron los trabajos necesarios para garantizar la operación segura del sistema.