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Quirino Ernesto Paulino obtiene orden de libertad por pena cumplida en EE.UU.
SD. Revuelos, sorpresas y conjeturas ha originado en estamentos del Ministerio Público y de organismos investigativos del país la orden de libertad por pena cumplida a favor del ex capitán del Ejército Nacional, Quirino Ernesto Paulino Castillo, a quien las autoridades penales de los Estados Unidos le atribuyen haber traficado más de 33 toneladas de cocaína durante ocho años y lavar millones de dólares.
La jueza a cargo del proceso en el Distrito Sur de Nueva York, Kimba Wood, dispuso la libertad a pena cumplida al extraditado desde República Dominicana, preso desde febrero del 2005 en Estados Unidos.
«Se ordenó, finalmente, la puesta en libertad de Quirino, en función de la aceptación del acuerdo que ya se había formulado hace tantísimo tiempo», dijo su abogado en el país, Freddy Castillo, quien comentó que la magistrada aceptó como bueno y válido el convenio, y le otorgó la categoría de pena cumplida a la prisión del capo.
Precisó que en el caso se utilizó el procedimiento normal y cotidiano, evitando el juicio, y aceptando culpabilidad «y probablemente ofreciendo a aquel gobierno información que ellos precisa, le gustan o quieren». Indicó que Quirino está a la espera de que se completen los trámites burocráticos de lugar para regresar a la República Dominicana.
«O lo hará en calidad de deportado, o lo hará como hombre libre, dependiendo de la situación que los Estados Unidos hayan acordado en ese sentido, o lo que sea costumbre entre ellos».
Castillo aseguró que Quirino tiene la intención de venir a su país, porque así lo ha manifestado.
«Siempre ha sido así, él vendrá a la República Dominicana, si se quiere tomar un tiempecito en los Estados Unidos, no lo sé, porque también va a depender, no sólo de sus deseos, sino de lo que los Estados Unidos dispongan en ese sentido». Además de Quirino, guardan prisión Eduardo Rodríguez (El Príncipe), condenado a 14 años de prisión.
Mientras que por el caso decidió que se hiciera su entrega voluntaria a las autoridades penales estadounidense el ex jefe de Operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Francisco Hiraldo Guerrero.
Los restantes 20 imputados que figuran en el expediente, y según se comprueba en los papeles de la Corte, el primero en negociar un acuerdo con la Fiscalía fue el empresario Ramón Pérez Ferreras, y a éste le siguieron Juan Cruz Crisóstomo, Richard Peña Mejía, el ex coronel Lidio Nin Terrero, quien está en el país, el chofer Tirso Cuevas Nin, quienes se encuentran en el país, tras cumplir condenas y ser deportados, y el casacambista José Abel Burdíez.
Además de ellos, aparecen como acusados Faustino Perozo, quien, tras permanecer cinco años prófugo, desde el 2005 al 2010, decidió venir desde España, entregarse a la Fiscalía del Distrito Nacional, a raíz de lo cual la Embajada de los Estados Unidos notificó a la Procuraduría General de la República del retiro de la petición de extradición.
Otros incluidos en la lista de implicados en la red de Quirino, en los Estados Unidos, son Federico Miranda Hernández, José Ortega de León, Marcos Taveras Jiménez, Luis Eduardo Cordero Rodríguez (Eduardito), Bladimir García Jiménez, Fátima Henríquez Díaz, los mellizos Luis David y Jean Paul Ulloa y Juan Samuel Rodríguez Cordero.
En febrero del 2005, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó la extradición de Paulino Castillo, por cargos de conspiración para introducir 1,387 kilos de cocaína decomisados en el país el 18 de diciembre del 2004.
La alta corte también dispuso incautar US$7 millones pertenecientes a las acciones delictivas del capo.
La declaratoria de culpabilidad
Paulino Castillo cedió a Estados Unidos la suma de US$14.5 millones, cifra que acordaron ceder a las autoridades dominicanas, como parte del acuerdo que se hizo con el capo. «Alrededor del 7 de febrero del 2008, Paulino se declaró culpable de los cinco cargos de la acusación S7 04 CR. 1353. Al declararse culpable, Paulino reconoció su participación en conspiraciones, desde alrededor de 1996 hasta alrededor del 2002, relativa a la importación y distribución de 30,000 kilogramos (aproximadamente 33 toneladas) de cocaína, así como el lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico», dice un documento oficial de la justicia penal estadounidense que fue adicionado al expediente dominicano.
Bienes decomisados y familiares de Quirino
Como parte del proceso seguido a Quirino en los Estados Unidos, en diciembre del 2008, el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional acogió el retiro de la acusación de lavado de activos por más de RD$400 millones en contra de la madre, un hermano, un hijo y otros parientes del extraditado.
La decisión fue a favor de Quirilio Paulino Castillo (Danilo), hermano de Quirino; Zaira Castillo Ramírez, sumadre; Luis Marmolejos Féliz; Felicita Consuelo Medrano Mercedes; Elba Féliz Matos de Marmolejos; Ricardo Encarnación Castillo; Anderson Paulino Ubrí, hijo; y Diomaris Marmolejos Féliz, madre de varios hijos de «El Don».
Ordenó el decomiso de una serie de bienes, 21 en total, entre los que se incluyen residencias, apartamentos de lujo, una estación de gasolina, un ganado de más de 200 reses, fincas y dinero en efectivo, contenidos en el acuerdo firmado entre las partes, y los valores de la venta en pública subasta del helicóptero EC-130 depositados en certificados de depósitos abiertos.
La decisión comprendió el visado de los familiares de Quirino, quienes pueden entrar y salir a EE.UU.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.