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Quirino Ernesto Paulino obtiene orden de libertad por pena cumplida en EE.UU.
SD. Revuelos, sorpresas y conjeturas ha originado en estamentos del Ministerio Público y de organismos investigativos del país la orden de libertad por pena cumplida a favor del ex capitán del Ejército Nacional, Quirino Ernesto Paulino Castillo, a quien las autoridades penales de los Estados Unidos le atribuyen haber traficado más de 33 toneladas de cocaína durante ocho años y lavar millones de dólares.
La jueza a cargo del proceso en el Distrito Sur de Nueva York, Kimba Wood, dispuso la libertad a pena cumplida al extraditado desde República Dominicana, preso desde febrero del 2005 en Estados Unidos.
«Se ordenó, finalmente, la puesta en libertad de Quirino, en función de la aceptación del acuerdo que ya se había formulado hace tantísimo tiempo», dijo su abogado en el país, Freddy Castillo, quien comentó que la magistrada aceptó como bueno y válido el convenio, y le otorgó la categoría de pena cumplida a la prisión del capo.
Precisó que en el caso se utilizó el procedimiento normal y cotidiano, evitando el juicio, y aceptando culpabilidad «y probablemente ofreciendo a aquel gobierno información que ellos precisa, le gustan o quieren». Indicó que Quirino está a la espera de que se completen los trámites burocráticos de lugar para regresar a la República Dominicana.
«O lo hará en calidad de deportado, o lo hará como hombre libre, dependiendo de la situación que los Estados Unidos hayan acordado en ese sentido, o lo que sea costumbre entre ellos».
Castillo aseguró que Quirino tiene la intención de venir a su país, porque así lo ha manifestado.
«Siempre ha sido así, él vendrá a la República Dominicana, si se quiere tomar un tiempecito en los Estados Unidos, no lo sé, porque también va a depender, no sólo de sus deseos, sino de lo que los Estados Unidos dispongan en ese sentido». Además de Quirino, guardan prisión Eduardo Rodríguez (El Príncipe), condenado a 14 años de prisión.
Mientras que por el caso decidió que se hiciera su entrega voluntaria a las autoridades penales estadounidense el ex jefe de Operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Francisco Hiraldo Guerrero.
Los restantes 20 imputados que figuran en el expediente, y según se comprueba en los papeles de la Corte, el primero en negociar un acuerdo con la Fiscalía fue el empresario Ramón Pérez Ferreras, y a éste le siguieron Juan Cruz Crisóstomo, Richard Peña Mejía, el ex coronel Lidio Nin Terrero, quien está en el país, el chofer Tirso Cuevas Nin, quienes se encuentran en el país, tras cumplir condenas y ser deportados, y el casacambista José Abel Burdíez.
Además de ellos, aparecen como acusados Faustino Perozo, quien, tras permanecer cinco años prófugo, desde el 2005 al 2010, decidió venir desde España, entregarse a la Fiscalía del Distrito Nacional, a raíz de lo cual la Embajada de los Estados Unidos notificó a la Procuraduría General de la República del retiro de la petición de extradición.
Otros incluidos en la lista de implicados en la red de Quirino, en los Estados Unidos, son Federico Miranda Hernández, José Ortega de León, Marcos Taveras Jiménez, Luis Eduardo Cordero Rodríguez (Eduardito), Bladimir García Jiménez, Fátima Henríquez Díaz, los mellizos Luis David y Jean Paul Ulloa y Juan Samuel Rodríguez Cordero.
En febrero del 2005, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó la extradición de Paulino Castillo, por cargos de conspiración para introducir 1,387 kilos de cocaína decomisados en el país el 18 de diciembre del 2004.
La alta corte también dispuso incautar US$7 millones pertenecientes a las acciones delictivas del capo.
La declaratoria de culpabilidad
Paulino Castillo cedió a Estados Unidos la suma de US$14.5 millones, cifra que acordaron ceder a las autoridades dominicanas, como parte del acuerdo que se hizo con el capo. «Alrededor del 7 de febrero del 2008, Paulino se declaró culpable de los cinco cargos de la acusación S7 04 CR. 1353. Al declararse culpable, Paulino reconoció su participación en conspiraciones, desde alrededor de 1996 hasta alrededor del 2002, relativa a la importación y distribución de 30,000 kilogramos (aproximadamente 33 toneladas) de cocaína, así como el lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico», dice un documento oficial de la justicia penal estadounidense que fue adicionado al expediente dominicano.
Bienes decomisados y familiares de Quirino
Como parte del proceso seguido a Quirino en los Estados Unidos, en diciembre del 2008, el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional acogió el retiro de la acusación de lavado de activos por más de RD$400 millones en contra de la madre, un hermano, un hijo y otros parientes del extraditado.
La decisión fue a favor de Quirilio Paulino Castillo (Danilo), hermano de Quirino; Zaira Castillo Ramírez, sumadre; Luis Marmolejos Féliz; Felicita Consuelo Medrano Mercedes; Elba Féliz Matos de Marmolejos; Ricardo Encarnación Castillo; Anderson Paulino Ubrí, hijo; y Diomaris Marmolejos Féliz, madre de varios hijos de «El Don».
Ordenó el decomiso de una serie de bienes, 21 en total, entre los que se incluyen residencias, apartamentos de lujo, una estación de gasolina, un ganado de más de 200 reses, fincas y dinero en efectivo, contenidos en el acuerdo firmado entre las partes, y los valores de la venta en pública subasta del helicóptero EC-130 depositados en certificados de depósitos abiertos.
La decisión comprendió el visado de los familiares de Quirino, quienes pueden entrar y salir a EE.UU.
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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM
Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.
Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.
También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.
El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.
En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.
“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.
La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.
En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.
El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.
47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.
Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.
Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.
“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.
¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?
La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.
A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.
Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza, presidente del PRM, reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.
Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.
«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.
Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.
«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.
Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.
Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.
«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.
Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).
La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.
Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.
La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.
Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.
También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.
Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.