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Quirino Ernesto Paulino obtiene orden de libertad por pena cumplida en EE.UU.
SD. Revuelos, sorpresas y conjeturas ha originado en estamentos del Ministerio Público y de organismos investigativos del país la orden de libertad por pena cumplida a favor del ex capitán del Ejército Nacional, Quirino Ernesto Paulino Castillo, a quien las autoridades penales de los Estados Unidos le atribuyen haber traficado más de 33 toneladas de cocaína durante ocho años y lavar millones de dólares.
La jueza a cargo del proceso en el Distrito Sur de Nueva York, Kimba Wood, dispuso la libertad a pena cumplida al extraditado desde República Dominicana, preso desde febrero del 2005 en Estados Unidos.
«Se ordenó, finalmente, la puesta en libertad de Quirino, en función de la aceptación del acuerdo que ya se había formulado hace tantísimo tiempo», dijo su abogado en el país, Freddy Castillo, quien comentó que la magistrada aceptó como bueno y válido el convenio, y le otorgó la categoría de pena cumplida a la prisión del capo.
Precisó que en el caso se utilizó el procedimiento normal y cotidiano, evitando el juicio, y aceptando culpabilidad «y probablemente ofreciendo a aquel gobierno información que ellos precisa, le gustan o quieren». Indicó que Quirino está a la espera de que se completen los trámites burocráticos de lugar para regresar a la República Dominicana.
«O lo hará en calidad de deportado, o lo hará como hombre libre, dependiendo de la situación que los Estados Unidos hayan acordado en ese sentido, o lo que sea costumbre entre ellos».
Castillo aseguró que Quirino tiene la intención de venir a su país, porque así lo ha manifestado.
«Siempre ha sido así, él vendrá a la República Dominicana, si se quiere tomar un tiempecito en los Estados Unidos, no lo sé, porque también va a depender, no sólo de sus deseos, sino de lo que los Estados Unidos dispongan en ese sentido». Además de Quirino, guardan prisión Eduardo Rodríguez (El Príncipe), condenado a 14 años de prisión.
Mientras que por el caso decidió que se hiciera su entrega voluntaria a las autoridades penales estadounidense el ex jefe de Operaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Francisco Hiraldo Guerrero.
Los restantes 20 imputados que figuran en el expediente, y según se comprueba en los papeles de la Corte, el primero en negociar un acuerdo con la Fiscalía fue el empresario Ramón Pérez Ferreras, y a éste le siguieron Juan Cruz Crisóstomo, Richard Peña Mejía, el ex coronel Lidio Nin Terrero, quien está en el país, el chofer Tirso Cuevas Nin, quienes se encuentran en el país, tras cumplir condenas y ser deportados, y el casacambista José Abel Burdíez.
Además de ellos, aparecen como acusados Faustino Perozo, quien, tras permanecer cinco años prófugo, desde el 2005 al 2010, decidió venir desde España, entregarse a la Fiscalía del Distrito Nacional, a raíz de lo cual la Embajada de los Estados Unidos notificó a la Procuraduría General de la República del retiro de la petición de extradición.
Otros incluidos en la lista de implicados en la red de Quirino, en los Estados Unidos, son Federico Miranda Hernández, José Ortega de León, Marcos Taveras Jiménez, Luis Eduardo Cordero Rodríguez (Eduardito), Bladimir García Jiménez, Fátima Henríquez Díaz, los mellizos Luis David y Jean Paul Ulloa y Juan Samuel Rodríguez Cordero.
En febrero del 2005, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ordenó la extradición de Paulino Castillo, por cargos de conspiración para introducir 1,387 kilos de cocaína decomisados en el país el 18 de diciembre del 2004.
La alta corte también dispuso incautar US$7 millones pertenecientes a las acciones delictivas del capo.
La declaratoria de culpabilidad
Paulino Castillo cedió a Estados Unidos la suma de US$14.5 millones, cifra que acordaron ceder a las autoridades dominicanas, como parte del acuerdo que se hizo con el capo. «Alrededor del 7 de febrero del 2008, Paulino se declaró culpable de los cinco cargos de la acusación S7 04 CR. 1353. Al declararse culpable, Paulino reconoció su participación en conspiraciones, desde alrededor de 1996 hasta alrededor del 2002, relativa a la importación y distribución de 30,000 kilogramos (aproximadamente 33 toneladas) de cocaína, así como el lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico», dice un documento oficial de la justicia penal estadounidense que fue adicionado al expediente dominicano.
Bienes decomisados y familiares de Quirino
Como parte del proceso seguido a Quirino en los Estados Unidos, en diciembre del 2008, el Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional acogió el retiro de la acusación de lavado de activos por más de RD$400 millones en contra de la madre, un hermano, un hijo y otros parientes del extraditado.
La decisión fue a favor de Quirilio Paulino Castillo (Danilo), hermano de Quirino; Zaira Castillo Ramírez, sumadre; Luis Marmolejos Féliz; Felicita Consuelo Medrano Mercedes; Elba Féliz Matos de Marmolejos; Ricardo Encarnación Castillo; Anderson Paulino Ubrí, hijo; y Diomaris Marmolejos Féliz, madre de varios hijos de «El Don».
Ordenó el decomiso de una serie de bienes, 21 en total, entre los que se incluyen residencias, apartamentos de lujo, una estación de gasolina, un ganado de más de 200 reses, fincas y dinero en efectivo, contenidos en el acuerdo firmado entre las partes, y los valores de la venta en pública subasta del helicóptero EC-130 depositados en certificados de depósitos abiertos.
La decisión comprendió el visado de los familiares de Quirino, quienes pueden entrar y salir a EE.UU.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.