Canó Sacco, quien se encuentra en España, fungirá como testigo clave de la acusación y podría dar su testimonio por videoconferencia ante el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauris Mariñez, lo cual está permitido por la ley.

En contra de las 41 personas y 22 empresas  vinculadas al caso Medusa, figuran además en el expediente acusatorio de más de 12 mil páginas y unos 399 testigos a cargo de la acusación, incluyendo la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos y Rainiery Elizabeth Medina Sánchez, la primera delatora del exprocurador, quien guarda prisión por otro hecho, relacionado al robo de varios televisores.

De acuerdo al Ministerio Público con el testimonio de Canó Sacco, se busca probar la forma en la que, desde el inicio de la gestión de Alain Rodríguez, en función de Procurador operó la estructura criminal dirigida por él, en coalición de funcionarios con los acusados Jonathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Rafael Antonio Mercedes Marte y compartes.

Además, se busca probar la participación de cada uno de los acusados, en el uso de fondos del Estado dentro del movimiento político Renovación, que era el proyecto político usado por Alain Rodríguez para sus aspiraciones presidenciales, empleando la Procuraduría como su trampolín público.

Así también cómo desde la dirección del CEI-RD, Rodríguez formó su estructura política que luego traspasó a la Procuraduría, en el período 2016-2020, con un alcance mucho más amplio y ambicioso dada la naturaleza y la extensión nacional de la Procuraduría General de la República.

También se busca probar en la acusación como el exprocurador para alcanzar el objetivo político, utilizó las fiscalías de los Distritos Judiciales del todo el territorio nacional, e impuso en cada una de ellas dirigentes políticos de su entorno a quienes denominó Enlaces Comunitarios, y que eran pagados con fondos de la institución, que eran fondos del Estado.

Así como como los Enlaces Comunitarios estaban registrados en la nómina de la institución y sus trabajos políticos eran regulados desde la Dirección de Coordinación Institucional (departamento creado por Rodríguez a su llegada a la Procuraduría que operaba en el mismo edificio de la Procuraduría y que era supervisado directamente por el exprocurador.

Igualmente se busca probar con la acusación, la coalición de funcionarios con Jonathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Rafael Antonio Mercedes Marte.

Además de que Alain Rodríguez creó y desarrolló un entramado comunicacional, en el que existían múltiples estructuras de asesores de redes sociales y medios de comunicación para crear tendencias, elaboración de encuestas con fines políticos, y de exaltación de su imagen política, pagada con fondos de la institución.

Probar también que, el pago de los asesores mexicanos, era por la suma de USD$125,000.00 mensuales, y estos pagos los hacía en efectivo de manera personal, el acusado Rodríguez, sin dejar rastros para cubrir su intervención.

También probarán que, el equipo de asesores comunicacionales mexicanos operaba inicialmente desde las instalaciones de la Procuraduría, y que por disposición del acusado, se usaron recursos de la Procuraduría General  para crearles un espacio al que denominaron el “War Room” y desde donde siguieron operando dichos asesores, en el manejo de su imagen política.

Probar que, dentro del entramado comunicacional creado por Rodríguez en asociación de malhechores con el acusado Miguel José Moya, se usaron fondos de la institución, a quien se le pagaba la suma RD$2, 000,000.00 mensuales, y que, para lograr esos pagos, se simularon capacitaciones que no fueron realmente impartidos por el acusado Miguel José Moya y la empresa DIO, SRL.

Probar, además que, la estructura que dirigió el acusado Miguel José Moya, transversalmente utilizó los recursos de la institución para pagar a un equipo constituido por varios periodistas y abogados, así como “bots” ecuatorianos, que opinaban a favor de la imagen del acusado Rodríguez, como también la creación de encuestas con fines políticos.

En el mismo orden se busca probar que, Jean Alain Rodríguez  autorizó el uso de bienes incautados a favor de sus asesores mexicanos, siendo uno de estos el apartamento ubicado en la calle Rafael Sánchez, casi Avenida Tiradentes, del sector Naco, del Distrito Nacional. Con el testimonio de Canó Sacco, también busca probar que Rodríguez dirigió y eligió las empresas que resultaban adjudicatarias de los procesos de licitación pública, y que en el caso del Plan de Humanización usó la institución y sus fondos como capital para su campaña política, de cara a sus aspiraciones presidenciales.

Por igual probarán que los grandes montos en temas de movimiento de tierras y el equipamiento de las cárceles se hicieron con la intención del acusado Rodríguez, en obtener beneficios económicos a su favor, y es por eso que la elección de las empresas que intervinieron en esas tareas fue elegida por propio acusado antes de realizarse los procesos de Licitación Pública Nacional.

También probarán que, el pago de los sobornos representaba el 20 % del costo de la obra objeto de la licitación pública manipulada Rodríguez en coalición de funcionarios con los demás acusados y que hubo manejo irregular de compras de equipos mediante operaciones de triangulación, dirigidas por el exprocurador.

También probar que se violaban las disposiciones legales de los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios, así como de comparación de precios. La adjudicación de dichos procesos a favor de determinadas empresas, se hacía para beneficiar empresas de las cuales Rodríguez era vinculado y los pagos que por parte de la Procuraduría se les hacían a estas empresas, retornaban a manos del acusado, quien a su vez los autorizaba y firmaba usando la calidad de Procurador General que tenía.

Por igual buscan probar que, bajo el alegato de contar con equipos de vigilancia y bloqueo de señales digitales en las cárceles del país y dentro del Plan de Humanización, Alain Rodríguez ordenó con fondos de la Procuraduría  la compra de drones y equipos de desactivación de señal digital, que fueron utilizados para su uso personal en su villa de Casa de Campo y otros para prestarlos al entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.

También probarán que, por instrucciones precisas de Alain Rodríguez se replicó la práctica llevada a cabo en el CEI-RD a su salida en el año 2016, de destrucción masiva de información almacenada en la base de datos de la institución y sus archivos físicos. Así como cualquier otra información que sea del conocimiento del testigo y que sea relevante para este proceso.