Santo Domingo, RD.-Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe del Gabinete de la Procuraduría General de la República, busca probar con testimonio por videconferencia desde España 15 puntos clave de la acusación en contra de Jean Alain Rodríguez y los demás encartados en el presunto entramado de corrupción desmantelado durante la operación Medusa.Más Noticias
Principal testigo en Caso Medusa podría dar su testimonio por videoconferencia
Santo Domingo, RD.-Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe del Gabinete de la Procuraduría General de la República, busca probar con testimonio por videconferencia desde España 15 puntos clave de la acusación en contra de Jean Alain Rodríguez y los demás encartados en el presunto entramado de corrupción desmantelado durante la operación Medusa.Canó Sacco, quien se encuentra en España, fungirá como testigo clave de la acusación y podría dar su testimonio por videoconferencia ante el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauris Mariñez, lo cual está permitido por la ley.
En contra de las 41 personas y 22 empresas vinculadas al caso Medusa, figuran además en el expediente acusatorio de más de 12 mil páginas y unos 399 testigos a cargo de la acusación, incluyendo la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos y Rainiery Elizabeth Medina Sánchez, la primera delatora del exprocurador, quien guarda prisión por otro hecho, relacionado al robo de varios televisores.
De acuerdo al Ministerio Público con el testimonio de Canó Sacco, se busca probar la forma en la que, desde el inicio de la gestión de Alain Rodríguez, en función de Procurador operó la estructura criminal dirigida por él, en coalición de funcionarios con los acusados Jonathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Rafael Antonio Mercedes Marte y compartes.
Además, se busca probar la participación de cada uno de los acusados, en el uso de fondos del Estado dentro del movimiento político Renovación, que era el proyecto político usado por Alain Rodríguez para sus aspiraciones presidenciales, empleando la Procuraduría como su trampolín público.
Así también cómo desde la dirección del CEI-RD, Rodríguez formó su estructura política que luego traspasó a la Procuraduría, en el período 2016-2020, con un alcance mucho más amplio y ambicioso dada la naturaleza y la extensión nacional de la Procuraduría General de la República.
También se busca probar en la acusación como el exprocurador para alcanzar el objetivo político, utilizó las fiscalías de los Distritos Judiciales del todo el territorio nacional, e impuso en cada una de ellas dirigentes políticos de su entorno a quienes denominó Enlaces Comunitarios, y que eran pagados con fondos de la institución, que eran fondos del Estado.
Así como como los Enlaces Comunitarios estaban registrados en la nómina de la institución y sus trabajos políticos eran regulados desde la Dirección de Coordinación Institucional (departamento creado por Rodríguez a su llegada a la Procuraduría que operaba en el mismo edificio de la Procuraduría y que era supervisado directamente por el exprocurador.
Igualmente se busca probar con la acusación, la coalición de funcionarios con Jonathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Rafael Antonio Mercedes Marte.
Además de que Alain Rodríguez creó y desarrolló un entramado comunicacional, en el que existían múltiples estructuras de asesores de redes sociales y medios de comunicación para crear tendencias, elaboración de encuestas con fines políticos, y de exaltación de su imagen política, pagada con fondos de la institución.
Probar también que, el pago de los asesores mexicanos, era por la suma de USD$125,000.00 mensuales, y estos pagos los hacía en efectivo de manera personal, el acusado Rodríguez, sin dejar rastros para cubrir su intervención.
También probarán que, el equipo de asesores comunicacionales mexicanos operaba inicialmente desde las instalaciones de la Procuraduría, y que por disposición del acusado, se usaron recursos de la Procuraduría General para crearles un espacio al que denominaron el “War Room” y desde donde siguieron operando dichos asesores, en el manejo de su imagen política.
Probar que, dentro del entramado comunicacional creado por Rodríguez en asociación de malhechores con el acusado Miguel José Moya, se usaron fondos de la institución, a quien se le pagaba la suma RD$2, 000,000.00 mensuales, y que, para lograr esos pagos, se simularon capacitaciones que no fueron realmente impartidos por el acusado Miguel José Moya y la empresa DIO, SRL.
Probar, además que, la estructura que dirigió el acusado Miguel José Moya, transversalmente utilizó los recursos de la institución para pagar a un equipo constituido por varios periodistas y abogados, así como “bots” ecuatorianos, que opinaban a favor de la imagen del acusado Rodríguez, como también la creación de encuestas con fines políticos.
En el mismo orden se busca probar que, Jean Alain Rodríguez autorizó el uso de bienes incautados a favor de sus asesores mexicanos, siendo uno de estos el apartamento ubicado en la calle Rafael Sánchez, casi Avenida Tiradentes, del sector Naco, del Distrito Nacional. Con el testimonio de Canó Sacco, también busca probar que Rodríguez dirigió y eligió las empresas que resultaban adjudicatarias de los procesos de licitación pública, y que en el caso del Plan de Humanización usó la institución y sus fondos como capital para su campaña política, de cara a sus aspiraciones presidenciales.
Por igual probarán que los grandes montos en temas de movimiento de tierras y el equipamiento de las cárceles se hicieron con la intención del acusado Rodríguez, en obtener beneficios económicos a su favor, y es por eso que la elección de las empresas que intervinieron en esas tareas fue elegida por propio acusado antes de realizarse los procesos de Licitación Pública Nacional.
También probarán que, el pago de los sobornos representaba el 20 % del costo de la obra objeto de la licitación pública manipulada Rodríguez en coalición de funcionarios con los demás acusados y que hubo manejo irregular de compras de equipos mediante operaciones de triangulación, dirigidas por el exprocurador.
También probar que se violaban las disposiciones legales de los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios, así como de comparación de precios. La adjudicación de dichos procesos a favor de determinadas empresas, se hacía para beneficiar empresas de las cuales Rodríguez era vinculado y los pagos que por parte de la Procuraduría se les hacían a estas empresas, retornaban a manos del acusado, quien a su vez los autorizaba y firmaba usando la calidad de Procurador General que tenía.
Por igual buscan probar que, bajo el alegato de contar con equipos de vigilancia y bloqueo de señales digitales en las cárceles del país y dentro del Plan de Humanización, Alain Rodríguez ordenó con fondos de la Procuraduría la compra de drones y equipos de desactivación de señal digital, que fueron utilizados para su uso personal en su villa de Casa de Campo y otros para prestarlos al entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
También probarán que, por instrucciones precisas de Alain Rodríguez se replicó la práctica llevada a cabo en el CEI-RD a su salida en el año 2016, de destrucción masiva de información almacenada en la base de datos de la institución y sus archivos físicos. Así como cualquier otra información que sea del conocimiento del testigo y que sea relevante para este proceso.
Santo Domingo, R.D.-Una medida precautoria solicitada por la Direccion General de Informacion y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) fue acogida este lunes por el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena a la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip) a abstenerse de suspender los servicios de salud mientras se conoce el fondo de la acción de amparo colectivo.
La decisión fue adoptada durante una audiencia virtual celebrada la mañana de este lunes, al amparo del artículo 86 de la Ley 137-11, tras considerar que existía un riesgo de vulneración del derecho fundamental a la salud de los afiliados.
- De acuerdo con el dictamen, con esta disposición queda sin efecto, de manera provisional, la suspensión de servicios que Andeclip había anunciado para este 14 de julio.
El tribunal acogió el argumento central de la DIDA de que ningún conflicto económico entre actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social puede traducirse en la interrupción de los servicios de salud a los afiliados, quienes no forman parte de esa controversia.
Durante la audiencia, el Ministerio Público respaldó la solicitud presentada por la institución.
La acción judicial fue interpuesta por la DIDA luego de que Andeclip anunciara que suspendería los servicios electivos a los afiliados de Primera ARS y ARS Futuro, en reclamo de una revisión de las tarifas que reciben las clínicas privadas por parte de las administradoras de riesgos de salud.
Tras la decisión del tribunal, la DIDA reiteró su llamado a Andeclip y a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a permanecer en la mesa de diálogo coordinada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
- La institución reconoció que el reclamo tarifario de las clínicas es legítimo y debe ser atendido, pero insistió en que las diferencias deben resolverse por las vías institucionales, sin afectar la atención de los afiliados.
El director general de la DIDA, Elías Báez, valoró la decisión como una garantía para las familias dominicanas.
«Lo que se ha protegido hoy no es a una institución, sino el derecho de más de un millón de personas a no ver interrumpida su atención en salud. Reiteramos nuestro llamado al diálogo: el camino para resolver las diferencias tarifarias son los mecanismos que la ley establece, no la interrupción de los servicios», expresó.
El Tribunal Superior Administrativo fijó la continuación de la audiencia para el miércoles 15 de julio, cuando continuará el conocimiento de la acción de amparo colectivo presentada por la DIDA.
Mientras tanto, la institución informó que dará seguimiento al proceso y exhortó a los afiliados que enfrenten una negativa de servicios a comunicarse de inmediato con su centro de atención para recibir orientación y acompañamiento.
Santo Domingo, R.D.-Las autoridades del tránsito intentan mover, encajar y redistribuir cada pieza antes de que la pantalla quede completamente ocupada en el Gran Santo Domingo, las cuales son contraflujos, conos, restricciones de giros, agentes y rutas alternas que cambian según el volumen vehicular.
En el juego, la partida terminaba cuando los bloques se acumulaban hasta llenar la pantalla. En las calles, el equivalente es el colapso de la circulación: avenidas saturadas, vehículos detenidos y conductores atrapados durante largos períodos. Para evitar que el tránsito llegue a ese punto, la Digesett aplica al menos 12 tramos de contraflujo y siete canalizaciones con conos, dentro de una estrategia que se reajusta diariamente según los tapones, accidentes y obstáculos que aparecen en las vías.
Cada día, miles de conductores se enfrentan a largos tapones en las principales avenidas del Gran Santo Domingo, para intentar reducir el congestionamiento vehicular, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) aplica distintas medidas que se modifican de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presentan en las vías.
La principal medida es la habilitación de contraflujos durante las horas pico. Según explicó la institución a Diario Libre, esta estrategia consiste en utilizar uno o dos carriles de la vía opuesta para aumentar temporalmente la cantidad de carriles disponibles en el sentido donde se concentra el mayor flujo de vehículos.
Actualmente existen al menos 12 carriles de contraflujo. Los contraflujos se aplican en la avenida Padre Castellanos (antigua 17), George Washington, Abraham Lincoln, la autopista Duarte —desde el kilómetro 14 hasta el 9 y del kilómetro 32 al 25—, la avenida República de Colombia —desde PriceSmart hasta el Paseo de los Reyes Católicos—, Los Próceres —desde la República de Argentina hasta Erick Leona—, Santo Domingo Norte —desde la estación Hermanas Mirabal hasta la avenida John F. Kennedy por la Máximo Gómez—, el puente Duarte —desde el Farolito hasta la rampa del elevado de la avenida 27 de Febrero—, la avenida 25 de Febrero —desde el puente de la avenida España hasta la José Martí—, el Puente Flotante y la avenida México —desde la calle Altagracia hasta el puente de la avenida España—.
Además de los contraflujos, la Digesett mantiene agentes en puntos estratégicos para dirigir la circulación, identifica obstáculos en las vías públicas y coordina rutas alternas cuando se realizan actividades que puedan afectar la movilidad.
Otra de las estrategias implementadas por la institución es la canalización con conos, utilizada para reorganizar la circulación y mantener la continuidad del flujo vehicular en corredores de alta demanda. Mediante esta medida se redistribuyen los carriles durante las horas de mayor congestión para facilitar el desplazamiento de los vehículos.
La canalización con conos se aplica en al menos siete tramos. En la avenida John F. Kennedy —Lincoln-Ortega y Gasset, Tiradentes-Ortega y Gasset y Ortega y Gasset-Máximo Gómez—; en la avenida 27 de Febrero —Leopoldo Navarro-Máximo Gómez, Máximo Gómez-Tiradentes y Defilló-Churchill—, así como en la avenida Ortega y Gasset, entre Gustavo Mejía Ricart y Fantino Falco.
Durante el último año también se introdujeron nuevas medidas mediante el plan «RD Se Mueve», impulsado por el Gabinete de Transporte y el Instituto Nacional de Transito y Transporte Terrestre (Intrant), que comenzó a implementarse en julio de 2025 con la primera fase de restricciones de giros a la izquierda en la avenida Lope de Vega.
Posteriormente, el programa fue ampliándose a otras intersecciones del Distrito Nacional.
La Digesett explicó que las medidas no son permanentes, sino que se ajustan de acuerdo con el comportamiento del tránsito y las condiciones que se presenten cada día.
Accidentes, vehículos averiados y otras eventualidades pueden provocar cambios en los contraflujos, las canalizaciones con conos o las rutas alternas para mantener la movilidad.
La institución indicó que mantiene un monitoreo continuo para evaluar la efectividad de estas acciones y realizar los ajustes que sean necesarios cuando las condiciones del tránsito así lo requieran.
Aunque la Digesett sostiene que las medidas implementadas han contribuido a agilizar la circulación, reducir obstrucciones y mejorar la continuidad del flujo vehicular, indicó que uno de los principales desafíos continúa siendo lograr que los conductores respeten las disposiciones establecidas.
La institución informó que continuará evaluando nuevas alternativas y trabajando de manera coordinada con otras entidades para realizar estudios de factibilidad que permitan implementar nuevas acciones orientadas a mejorar la movilidad y la seguridad vial.
Santo Domingo.- La meta es aprobar el Codigo Penal antes de que la ley entre en vigor, cuya declaración fue ofrecida por el Presidente Luis Abinader, quien agregó que el Gobierno impulsa correcciones al nuevo Código Penal.
“Se van a aprobar estos cambios antes del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia”, declaró en una entrevista con José Monegro y Edith Febles, del Grupo de Medios Corripio.
Definió el proyecto aprobado como un “punto de partida”. Recordó que el Código fue sancionado tras quince años en el Congreso Nacional y, al promulgarse, se le fijó una «vacatio legis» de un año precisamente para hacer ajustes. “Ese plazo es el que ahora corre”, dijo y sobre esa base el Poder Ejecutivo depositó en las càmaras legislativas un texto consensuado y los legisladores dieron plazo hasta el miércoles para recibir sugerencias de otros sectores.
Entre los puntos a modificar, Abinader destacó los artículos sobre expresión y difusión del pensamiento, los que más ruido generaron. Aclaró que no son los únicos: hay cambios “de forma y algunas también de fondo” que la consultoría jurídica ya había advertido hace meses.
El presidente hizo autocrítica por los tiempos. “En eso hacemos mea culpa”, admitió, y repartió la responsabilidad entre Gobierno y sociedad civil por no revisar la norma apenas fue aprobada. Aun así, defendió que el proceso no fue improvisado: los contactos con sectores llevan dos meses, las discusiones sobre modificaciones unas cinco semanas, y hace dos semanas conversa directo con comunicadores. “En esas modificaciones todos estamos de acuerdo”, aseguró.
Sobre la llamada “ley mordaza”, Abinader rechazó que el Ejecutivo busque limitar la libertad de expresión. Recordó que un proyecto anterior sobre difusión del pensamiento fue entregado a la Sociedad Dominicana de Diarios y a especialistas, y el consenso salió de ellos “sin que yo le pusiera ni una coma”.
“Si hay algo que yo estoy preocupado es por la democracia de mi país”, sostuvo, y citó como prueba la reforma constitucional para impedir reelecciones indefinidas.
Reveló que él y su familia reciben calumnias a diario en redes, pero prefiere “poner una piel de cocodrilo” antes que prohibir. “Lo que más a mí me ayuda son las críticas”, dijo, sobre todo las que exponen problemas o corrupción. La fórmula que se discute busca proteger tanto la libre expresión como el honor de las personas. Afirmó que le interesa poder expresarse libremente cuando salga del gobierno en 2028.
Abinader señaló que la controversia actual no se vio cuando se votó el Código. “Ese código es de hace 15 años, ahí había muchos artículos que nadie los criticó”, recordó. Los “puntos calientes” de entonces eran otros, como las tres causales. Destacó que la pieza aumentó penas contra el crimen organizado y la corrupción, y llenó “muchísimos vacíos” del viejo código, por eso tuvo respaldo amplio.
En lo económico, defendió el plan anticrisis como “progresivo”: elimina el anticipo mensual para pymes desde enero, quitó el impuesto a nuevas empresas, bajó el sucesoral de 27% a 3% y retiró el gravamen a seguros de vida en el exterior. Los aumentos, dijo, recaen en empresas que venden más de mil millones y salarios sobre 400 mil pesos, mientras que los sueldos menores tendrán indexación.
Descartó una reforma fiscal integral: “Aquí no hay condiciones”. Gobernó con pandemia, guerra en Ucrania y la crisis haitiana, y aun así el país crece más de 4%, solo detrás de Guyana.
Sobre combustibles, negó alzas fuertes: se movieron 16% cuando el crudo subió 80%. El subsidio anual “se agotó en mayo” porque el país importa 70% de los líquidos. Anunció que se publicará “la fórmula” para transparentar el cálculo y reiteró que hace dos semanas bajan gasolina, gasoil y GLP.
sp-am