Santo Domingo, RD.-Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe del Gabinete de la Procuraduría General de la República, busca probar con testimonio por videconferencia desde España 15 puntos clave de la acusación en contra de Jean Alain Rodríguez y los demás encartados en el presunto entramado de corrupción desmantelado durante la operación Medusa.Más Noticias
Principal testigo en Caso Medusa podría dar su testimonio por videoconferencia
Santo Domingo, RD.-Rafael Stefano Canó Sacco, exjefe del Gabinete de la Procuraduría General de la República, busca probar con testimonio por videconferencia desde España 15 puntos clave de la acusación en contra de Jean Alain Rodríguez y los demás encartados en el presunto entramado de corrupción desmantelado durante la operación Medusa.Canó Sacco, quien se encuentra en España, fungirá como testigo clave de la acusación y podría dar su testimonio por videoconferencia ante el juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauris Mariñez, lo cual está permitido por la ley.
En contra de las 41 personas y 22 empresas vinculadas al caso Medusa, figuran además en el expediente acusatorio de más de 12 mil páginas y unos 399 testigos a cargo de la acusación, incluyendo la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos y Rainiery Elizabeth Medina Sánchez, la primera delatora del exprocurador, quien guarda prisión por otro hecho, relacionado al robo de varios televisores.
De acuerdo al Ministerio Público con el testimonio de Canó Sacco, se busca probar la forma en la que, desde el inicio de la gestión de Alain Rodríguez, en función de Procurador operó la estructura criminal dirigida por él, en coalición de funcionarios con los acusados Jonathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Rafael Antonio Mercedes Marte y compartes.
Además, se busca probar la participación de cada uno de los acusados, en el uso de fondos del Estado dentro del movimiento político Renovación, que era el proyecto político usado por Alain Rodríguez para sus aspiraciones presidenciales, empleando la Procuraduría como su trampolín público.
Así también cómo desde la dirección del CEI-RD, Rodríguez formó su estructura política que luego traspasó a la Procuraduría, en el período 2016-2020, con un alcance mucho más amplio y ambicioso dada la naturaleza y la extensión nacional de la Procuraduría General de la República.
También se busca probar en la acusación como el exprocurador para alcanzar el objetivo político, utilizó las fiscalías de los Distritos Judiciales del todo el territorio nacional, e impuso en cada una de ellas dirigentes políticos de su entorno a quienes denominó Enlaces Comunitarios, y que eran pagados con fondos de la institución, que eran fondos del Estado.
Así como como los Enlaces Comunitarios estaban registrados en la nómina de la institución y sus trabajos políticos eran regulados desde la Dirección de Coordinación Institucional (departamento creado por Rodríguez a su llegada a la Procuraduría que operaba en el mismo edificio de la Procuraduría y que era supervisado directamente por el exprocurador.
Igualmente se busca probar con la acusación, la coalición de funcionarios con Jonathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Rafael Antonio Mercedes Marte.
Además de que Alain Rodríguez creó y desarrolló un entramado comunicacional, en el que existían múltiples estructuras de asesores de redes sociales y medios de comunicación para crear tendencias, elaboración de encuestas con fines políticos, y de exaltación de su imagen política, pagada con fondos de la institución.
Probar también que, el pago de los asesores mexicanos, era por la suma de USD$125,000.00 mensuales, y estos pagos los hacía en efectivo de manera personal, el acusado Rodríguez, sin dejar rastros para cubrir su intervención.
También probarán que, el equipo de asesores comunicacionales mexicanos operaba inicialmente desde las instalaciones de la Procuraduría, y que por disposición del acusado, se usaron recursos de la Procuraduría General para crearles un espacio al que denominaron el “War Room” y desde donde siguieron operando dichos asesores, en el manejo de su imagen política.
Probar que, dentro del entramado comunicacional creado por Rodríguez en asociación de malhechores con el acusado Miguel José Moya, se usaron fondos de la institución, a quien se le pagaba la suma RD$2, 000,000.00 mensuales, y que, para lograr esos pagos, se simularon capacitaciones que no fueron realmente impartidos por el acusado Miguel José Moya y la empresa DIO, SRL.
Probar, además que, la estructura que dirigió el acusado Miguel José Moya, transversalmente utilizó los recursos de la institución para pagar a un equipo constituido por varios periodistas y abogados, así como “bots” ecuatorianos, que opinaban a favor de la imagen del acusado Rodríguez, como también la creación de encuestas con fines políticos.
En el mismo orden se busca probar que, Jean Alain Rodríguez autorizó el uso de bienes incautados a favor de sus asesores mexicanos, siendo uno de estos el apartamento ubicado en la calle Rafael Sánchez, casi Avenida Tiradentes, del sector Naco, del Distrito Nacional. Con el testimonio de Canó Sacco, también busca probar que Rodríguez dirigió y eligió las empresas que resultaban adjudicatarias de los procesos de licitación pública, y que en el caso del Plan de Humanización usó la institución y sus fondos como capital para su campaña política, de cara a sus aspiraciones presidenciales.
Por igual probarán que los grandes montos en temas de movimiento de tierras y el equipamiento de las cárceles se hicieron con la intención del acusado Rodríguez, en obtener beneficios económicos a su favor, y es por eso que la elección de las empresas que intervinieron en esas tareas fue elegida por propio acusado antes de realizarse los procesos de Licitación Pública Nacional.
También probarán que, el pago de los sobornos representaba el 20 % del costo de la obra objeto de la licitación pública manipulada Rodríguez en coalición de funcionarios con los demás acusados y que hubo manejo irregular de compras de equipos mediante operaciones de triangulación, dirigidas por el exprocurador.
También probar que se violaban las disposiciones legales de los procesos de compras y contrataciones de bienes y servicios, así como de comparación de precios. La adjudicación de dichos procesos a favor de determinadas empresas, se hacía para beneficiar empresas de las cuales Rodríguez era vinculado y los pagos que por parte de la Procuraduría se les hacían a estas empresas, retornaban a manos del acusado, quien a su vez los autorizaba y firmaba usando la calidad de Procurador General que tenía.
Por igual buscan probar que, bajo el alegato de contar con equipos de vigilancia y bloqueo de señales digitales en las cárceles del país y dentro del Plan de Humanización, Alain Rodríguez ordenó con fondos de la Procuraduría la compra de drones y equipos de desactivación de señal digital, que fueron utilizados para su uso personal en su villa de Casa de Campo y otros para prestarlos al entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez.
También probarán que, por instrucciones precisas de Alain Rodríguez se replicó la práctica llevada a cabo en el CEI-RD a su salida en el año 2016, de destrucción masiva de información almacenada en la base de datos de la institución y sus archivos físicos. Así como cualquier otra información que sea del conocimiento del testigo y que sea relevante para este proceso.
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Exfiscal acusado de recibir US$10,000 en caso SeNaSa conocerá este miércoles si será enviado a juicio
El juez Raymundo Mejía también decidirá si mantiene la prisión preventiva contra Aurelio Valdez Alcántara, investigado por presunto soborno, lavado de activos y otras infracciones
Santo Domingo.— El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional decidirá este miércoles si dicta auto de apertura a juicio contra el exfiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado por el Ministerio Público de solicitar y recibir un presunto soborno de US$10,000 de una persona vinculada a la investigación por el supuesto desfalco al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La decisión estará a cargo del juez Raymundo Mejía, quien se reservó el fallo luego de escuchar los argumentos de las partes y examinar las pruebas aportadas por el órgano acusador.
Además de determinar si existen elementos suficientes para enviar el expediente a juicio de fondo, el magistrado deberá pronunciarse sobre la revisión obligatoria de la medida de coerción que mantiene al imputado en prisión preventiva.
El Ministerio Público solicita que Valdez Alcántara continúe privado de libertad, mientras que su abogado, Valentín Medrano, reclama que la medida sea revocada y sustituida por otra menos gravosa.
Ministerio Público asegura contar con pruebas suficientes
El procurador adjunto Eduardo Velásquez, representante del Ministerio Público, solicitó formalmente que el exfiscal sea enviado a juicio.
Según sostuvo, las pruebas recopiladas son suficientes para sustentar las imputaciones relacionadas con presunto soborno, lavado de activos y otras infracciones.
La acusación vincula a Valdez Alcántara con Roberto Canaán, quien también figura bajo investigación por su presunta relación con el expediente de corrupción administrativa que involucra al SeNaSa.
La defensa, en cambio, mantiene que no existen razones para prolongar la prisión preventiva y espera que el tribunal aplique una medida distinta mientras continúa el proceso.
Así habría ocurrido la entrega del dinero
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el 27 de marzo de 2026, Valdez Alcántara habría contactado telefónicamente a Canaán para coordinar un encuentro en el estacionamiento del cuarto piso de Bella Vista Mall, en el Distrito Nacional.
Las autoridades aseguran que un equipo de seguimiento integrado por miembros de la Policía Nacional y del Ministerio Público se trasladó al lugar.
Durante el operativo, habrían observado una Honda CR-V color crema, placa G428129, presuntamente conducida por el entonces fiscal.
Canaán habría abordado el vehículo y permanecido en su interior durante aproximadamente cinco minutos, período en el que, según la acusación, se produjo la entrega de los US$10,000.
Posteriormente, el vehículo fue interceptado en las inmediaciones de Almacenes Unidos.
Valdez Alcántara fue trasladado a la Procuraduría General de la República, donde se realizó una inspección del vehículo en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte.
Investigación también lo vincula con expediente SeNaSa
El Ministerio Público sostiene que Valdez Alcántara participó en investigaciones relacionadas con la supuesta red de corrupción administrativa que habría provocado pérdidas de miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud.
Según el expediente, el imputado habría ejercido presión sobre una de las personas investigadas y le habría ofrecido supuesta ayuda a cambio de dinero.
La acusación indica que inicialmente habría solicitado US$200,000, cantidad que posteriormente habría reducido a US$150,000.
Las autoridades señalan además que durante las conversaciones habría mostrado interés en recibir otros bienes, entre ellos un reloj Rolex y un vehículo Mercedes-Benz.
Finalmente, se habría acordado una entrega inicial de US$10,000, operación tras la cual las autoridades ejecutaron el arresto.
Permanece recluido en Najayo
Aurelio Valdez Alcántara cumple actualmente prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La decisión que adopte este miércoles el tribunal será determinante para establecer si el expediente avanza hacia un juicio de fondo o si el proceso toma otra dirección en la etapa preliminar.
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Envían a Najayo a inspector de Migración investigado por facilitar salidas irregulares desde el AILA
La DGM asegura que el funcionario era vigilado desde hacía meses y que fue sorprendido cuando presuntamente ayudaba a pasajeros con impedimento de salida
Santo Domingo.— Un inspector de la Dirección General de Migración (DGM) asignado al Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado de facilitar de manera irregular la salida del país de personas sometidas a restricciones migratorias.
El imputado fue identificado como Esteban Nohassis Mogena González, contra quien la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva.
La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Habría facilitado la salida de pasajeros con impedimento
De acuerdo con la Dirección General de Migración, Mogena González fue detenido mientras presuntamente intervenía para permitir la salida del territorio nacional de dos ciudadanos dominicanos que tenían impedimento de salida.
La institución sostiene que el inspector utilizaba su posición dentro de los controles migratorios del aeropuerto para evitar determinados procedimientos obligatorios.
Según la investigación, cuando atendía a determinados pasajeros en el mostrador de Migración, presuntamente omitía el escaneo de las huellas dactilares y la certificación correspondiente en el sistema oficial de salida.
Mediante ese mecanismo, uno de los pasajeros habría logrado abordar un vuelo con destino a Las Bahamas, de acuerdo con la versión ofrecida por las autoridades.
Autoridades investigan supuesto pago de miles de dólares
Migración informó que las evidencias recopiladas incluyen documentación, testimonios y material audiovisual.
La institución sostiene que el funcionario presuntamente recibió miles de dólares a cambio de permitir que determinadas personas evadieran los controles migratorios establecidos en la terminal aérea.
Estas evidencias fueron remitidas al Ministerio Público para sustentar la investigación.
Era vigilado desde hacía meses
La DGM explicó que Mogena González se encontraba bajo seguimiento desde hacía varios meses, luego de que fueran detectadas inconsistencias relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
El proceso de investigación interna derivó posteriormente en un operativo que, según las autoridades, permitió detenerlo en flagrante delito.
La Dirección Jurídica de Migración remitió el expediente al Ministerio Público en coordinación con la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Le atribuyen varios delitos
Al imputado se le atribuye la presunta violación de disposiciones del Código Penal Dominicano y de la Ley General de Migración 285-04.
Entre las infracciones señaladas por las autoridades figuran asociación de malhechores, falsificación de documentos y alteración de registros.
La calificación jurídica definitiva deberá ser determinada durante el desarrollo del proceso penal.
Migración inicia proceso de desvinculación
La Dirección General de Migración informó además que inició los procedimientos administrativos para suspender al funcionario y avanzar hacia su desvinculación definitiva de la institución, de conformidad con las disposiciones que regulan la función pública.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, reiteró la posición institucional de mantener una política de cero tolerancia frente a posibles actos de corrupción.
La DGM aseguró que cualquier servidor que sea detectado incurriendo en prácticas contrarias a la ley será puesto a disposición de los organismos correspondientes.
La Policía informó que recuperó las pertenencias sustraídas a la víctima y recibió además un arma de fuego entregada durante el proceso
Santo Domingo.— Un hombre señalado como presunto autor de un asalto ocurrido en el sector Villa María, del Distrito Nacional, se entregó este martes a la Policía Nacional, luego de que el hecho fuera captado en video y difundido en redes sociales.
El detenido fue identificado como Bryan Ernesto Prensa, alias “Droga”, de 27 años, quien acudió al Palacio de la Policía Nacional para ponerse a disposición de las autoridades.
De acuerdo con la información ofrecida por la institución, durante el proceso también fue entregada un arma de fuego y se logró recuperar parte de los artículos que habían sido sustraídos a la víctima.
El asalto ocurrió luego de un seguimiento
Según la versión ofrecida por la víctima y las imágenes obtenidas del hecho, Prensa habría seguido a Luis Miguel Morillo desde un establecimiento comercial ubicado en la zona.
El asalto se produjo el pasado domingo, cuando Morillo se encontraba en la residencia de una amiga en Villa María.
Las autoridades señalan que el presunto agresor lo habría amenazado con una pistola y despojado de una cadena de oro de 14 quilates, dos guillos, un teléfono celular, dinero en efectivo, documentos personales, tarjetas bancarias y otros objetos.
Policía reporta recuperación de pertenencias
La Policía Nacional informó este martes que los artículos sustraídos fueron recuperados como parte de las diligencias realizadas tras la denuncia.
Morillo explicó que antes del hecho se encontraba en el Colmado La Ruta, donde compró una cerveza, y luego se dirigió junto a una amiga hacia una vivienda cercana.
Según su relato, no se percató del momento en que el hombre entró al lugar, pero reaccionó cuando escuchó que manipulaba un arma de fuego.
La víctima indicó que optó por no resistirse y entregó sus pertenencias.
Testigo afirma que el señalado salió detrás de la víctima
Un empleado del establecimiento, identificado como Yunior Minier, declaró que el hombre señalado permaneció en el negocio aproximadamente 30 minutos antes de que llegara Morillo.
De acuerdo con su testimonio, el sospechoso se encontraba jugando en máquinas recreativas y posteriormente salió detrás de la víctima.
Las autoridades mantienen las investigaciones abiertas para completar el proceso y establecer las responsabilidades correspondientes en torno al asalto.