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Tras rechazo de JCE Ramfis acudirá al TSE para aprobación de candidatura.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de buscar la certificación de su candidatura, Ramfis Domínguez Trujillo, anunció que acudirá ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
para agotar el proceso de certificación de su candidatura presidencial para las elecciones de 2024, ante el rechazo mediante resolución de la Junta Central Electoral (JCE).
A través de un comunicado de prensa el Partido Esperanza Democrática (PED), liderado por el nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo, explicó que el proceso “toma velocidad” con el rechazo mediante la resolución 755-23.
“La lucha por la candidatura presidencial de Ramfis Domínguez Trujillo toma velocidad con la resolución de la Junta Central Electoral”, inicia el comunicado.
El escrito especifica que el “pronto rechazo” de parte del órgano electoral acelera el envío de la solicitud ante el TSE quienes, según el escrito, es el órgano que tiene las competencias para disponer la admisión definitiva.
“Depositar los documentos en la JCE, era simplemente parte del proceso, aclarando que la ley electoral obligaba agotar este paso antes de poder proceder jurídicamente”, se lee.
El comunicado informa que el conflicto se da por un choque entre los artículos 20 y 39 de la Constitución dominicana, respecto a la dominicanidad y los derechos, esto debido a que Domínguez Trujillo nació en suelo estadounidense.
A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO ÍNTEGRO:
“La lucha por la candidatura presidencial de Ramfis Domínguez-Trujillo toma velocidad con la resolución de la Junta Central Electoral.
La Junta Central Electoral emitió su resolución número 75-2023, rechazando la candidatura presidencial del candidato certificado por el Partido Esperanza Democrática en el mes de Octubre, agilizando así el proceso jurídico a favor de la certificación definitiva de su candidatura presidencial. “Un paso más agotado y uno menos que cumplir a favor de la certificación definitiva de la candidatura presidencial. Agradezco el pronto despacho de la @juntacentral, agilizando el curso de la acción jurídica. Con tiempo de más, llegaremos hasta el final y lograremos el cometido.” Este fue el mensaje colocado en la cuenta del candidato en la red social X, agradeciéndole a la Junta Central Electoral, el pronto despacho de su caso, cuestión que le permite presentar su caso ante el TSE, la instancia competente, que según el líder político, dispondrá la certificación definitiva de su candidatura a la presidencia de la República Dominicana.
“A pesar de nuestros mayores deseos de acudir directamente al Tribunal Superior Electoral, el órgano deliberativo que certificará definitivamente nuestras aspiraciones, el protocolo procesal jurídico nos obliga a depositar aquí primero, para luego incoar las acciones correspondientes en el TSE,” puntualizó.
Al referirse al tema constitucional, el líder político afirmó la simpleza de la constitucionalidad, ya que el artículo 20 condiciona la Dominicanidad, choca directamente con el artículo 39 que garantiza la igualdad de todos los dominicanos, un derecho fundamental que la Carta Magna y los derechos universales exigen. Ramfis Domínguez-Trujillo asimismo asevera que este choque constitucional lo resuelve el artículo 74, que exige aplicar la favorabilidad de los derechos fundamentales a favor del titular, lo cual viabiliza la certificación definitiva de la candidatura.
El presidente del PED, afirma en su alocución, que este proceso de ponderación jurídica es una atribución del Tribunal Superior Electoral, por lo que esperaba una pronta respuesta de la Junta Central Electoral.
“Este caso no requiere mucha deliberación, simplemente un proceso de ponderación jurídica. Nuestra Carta Magna es clara, y cuando hay dos o más artículos que colidan, se exige aplicar la favorabilidad en auxilio del peticionario. Este es un caso típico dentro de esta contemplación legal, y mucho más allá de otras condiciones que a mí específicamente me favorecen. La realidad es que aquí ha habido una seria discriminación, no en contra de Ramfis Domínguez-Trujillo, sino en contra de todos los dominicanos nacidos en el exterior. Este caso marcará un precedente histórico para estos legítimos hijos e hijas de nuestra Patria”, precisó.
El candidato presidencial del Partido Esperanza Democrática, hizo referencia al proceso del 2020, dejando claro que la conculcación de sus derechos, obedeció a las maquinaciones de una clase política viciada, y afirmando que la decisión de ser el primer candidato en depositar su candidatura ante la Junta Central Electoral, es parte de la estrategia, ya que le garantiza el tiempo necesario para agotar todos los procesos y garantizar la certificación de su candidatura.
“Quiero dejar muy claro que lo acontecido en el proceso pasado, no se va a repetir, donde con un oficialismo altamente cuestionado, una Junta Central Electoral viciada, y un COVID que provocó el estado de excepción que permitió al gobierno cerrar las cortes del país, nos troncharon el camino y me privaron de derechos constitucionales básicos. Es por esto que decidimos iniciar el proceso ahora, entendiendo que el momento es propicio para asegurar la victoria y que hay tiempo de sobra para llevar esto hasta las últimas consecuencias si fuera necesario. El pueblo está esperando con ansias esta candidatura, y nosotros se la vamos a garantizar”, concluyó”.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.