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Tras rechazo de JCE Ramfis acudirá al TSE para aprobación de candidatura.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de buscar la certificación de su candidatura, Ramfis Domínguez Trujillo, anunció que acudirá ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).
para agotar el proceso de certificación de su candidatura presidencial para las elecciones de 2024, ante el rechazo mediante resolución de la Junta Central Electoral (JCE).
A través de un comunicado de prensa el Partido Esperanza Democrática (PED), liderado por el nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo, explicó que el proceso “toma velocidad” con el rechazo mediante la resolución 755-23.
“La lucha por la candidatura presidencial de Ramfis Domínguez Trujillo toma velocidad con la resolución de la Junta Central Electoral”, inicia el comunicado.
El escrito especifica que el “pronto rechazo” de parte del órgano electoral acelera el envío de la solicitud ante el TSE quienes, según el escrito, es el órgano que tiene las competencias para disponer la admisión definitiva.
“Depositar los documentos en la JCE, era simplemente parte del proceso, aclarando que la ley electoral obligaba agotar este paso antes de poder proceder jurídicamente”, se lee.
El comunicado informa que el conflicto se da por un choque entre los artículos 20 y 39 de la Constitución dominicana, respecto a la dominicanidad y los derechos, esto debido a que Domínguez Trujillo nació en suelo estadounidense.
A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO ÍNTEGRO:
“La lucha por la candidatura presidencial de Ramfis Domínguez-Trujillo toma velocidad con la resolución de la Junta Central Electoral.
La Junta Central Electoral emitió su resolución número 75-2023, rechazando la candidatura presidencial del candidato certificado por el Partido Esperanza Democrática en el mes de Octubre, agilizando así el proceso jurídico a favor de la certificación definitiva de su candidatura presidencial. “Un paso más agotado y uno menos que cumplir a favor de la certificación definitiva de la candidatura presidencial. Agradezco el pronto despacho de la @juntacentral, agilizando el curso de la acción jurídica. Con tiempo de más, llegaremos hasta el final y lograremos el cometido.” Este fue el mensaje colocado en la cuenta del candidato en la red social X, agradeciéndole a la Junta Central Electoral, el pronto despacho de su caso, cuestión que le permite presentar su caso ante el TSE, la instancia competente, que según el líder político, dispondrá la certificación definitiva de su candidatura a la presidencia de la República Dominicana.
“A pesar de nuestros mayores deseos de acudir directamente al Tribunal Superior Electoral, el órgano deliberativo que certificará definitivamente nuestras aspiraciones, el protocolo procesal jurídico nos obliga a depositar aquí primero, para luego incoar las acciones correspondientes en el TSE,” puntualizó.
Al referirse al tema constitucional, el líder político afirmó la simpleza de la constitucionalidad, ya que el artículo 20 condiciona la Dominicanidad, choca directamente con el artículo 39 que garantiza la igualdad de todos los dominicanos, un derecho fundamental que la Carta Magna y los derechos universales exigen. Ramfis Domínguez-Trujillo asimismo asevera que este choque constitucional lo resuelve el artículo 74, que exige aplicar la favorabilidad de los derechos fundamentales a favor del titular, lo cual viabiliza la certificación definitiva de la candidatura.
El presidente del PED, afirma en su alocución, que este proceso de ponderación jurídica es una atribución del Tribunal Superior Electoral, por lo que esperaba una pronta respuesta de la Junta Central Electoral.
“Este caso no requiere mucha deliberación, simplemente un proceso de ponderación jurídica. Nuestra Carta Magna es clara, y cuando hay dos o más artículos que colidan, se exige aplicar la favorabilidad en auxilio del peticionario. Este es un caso típico dentro de esta contemplación legal, y mucho más allá de otras condiciones que a mí específicamente me favorecen. La realidad es que aquí ha habido una seria discriminación, no en contra de Ramfis Domínguez-Trujillo, sino en contra de todos los dominicanos nacidos en el exterior. Este caso marcará un precedente histórico para estos legítimos hijos e hijas de nuestra Patria”, precisó.
El candidato presidencial del Partido Esperanza Democrática, hizo referencia al proceso del 2020, dejando claro que la conculcación de sus derechos, obedeció a las maquinaciones de una clase política viciada, y afirmando que la decisión de ser el primer candidato en depositar su candidatura ante la Junta Central Electoral, es parte de la estrategia, ya que le garantiza el tiempo necesario para agotar todos los procesos y garantizar la certificación de su candidatura.
“Quiero dejar muy claro que lo acontecido en el proceso pasado, no se va a repetir, donde con un oficialismo altamente cuestionado, una Junta Central Electoral viciada, y un COVID que provocó el estado de excepción que permitió al gobierno cerrar las cortes del país, nos troncharon el camino y me privaron de derechos constitucionales básicos. Es por esto que decidimos iniciar el proceso ahora, entendiendo que el momento es propicio para asegurar la victoria y que hay tiempo de sobra para llevar esto hasta las últimas consecuencias si fuera necesario. El pueblo está esperando con ansias esta candidatura, y nosotros se la vamos a garantizar”, concluyó”.
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.