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Acusado de estafa recibe ratificación de prisión preventiva.
Santo Domingo, R.D.-Jairo González, acusado por el Ministerio Público de estafar , juntos a otros imputados, a más de 413 personas con más de 100 millones de dólares, recibió la ratificación de la prisión preventiva por el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
A través de Harvest Trading Cap, empresa registrada en el 2019, el imputado supuestamente captaba fondos en dólares de sus clientes en República Dominicana para inversiones en criptomonedas.
El juez Deiby Timoteo Peguero tomó la decisión, al acoger la solicitud del Ministerio Público, tras considerar que los presupuestos aportados por la defensa no reducen el peligro de fuga existente ni constituyen pruebas suficientes para variar la actual medida coercitiva.
Aplazan audiencia preliminar
Durante el rol previo, el juez Deiby Timoteo Peguero aplazó la audiencia preliminar que se sigue a los imputados en la estafa millonaria y dispuso dar continuidad al proceso judicial el lunes 10 de junio, a las 9:00 de la mañana.
Esto, debido a la ausencia de las sociedades comerciales Harvest Trading Cap. SRL, Harvest Group y Asociados SRL, Harvest Trading Academy, SRL y Moon Capital SRL, imputadas en el caso. El órgano acusador está a la espera de que la Cámara de Comercio responda a la solicitud realizada para conocer la ubicación y convocarse.
El juez, también solicitó reiterar la convocatoria a las defensas técnicas de los imputados Kelvin Santos Rodríguez y Leandro González Espinal, quiénes presentaron excusa y procedió a intimar al abogado del imputado Moisés González Rodríguez, para que, dentro de las próximas 48 horas, notifique vía secretaría las razones de su ausencia. Vencido el plazo, el imputado tendrá otras 24 horas para informar quién será su nuevo abogado y vencido éste se solicitará un defensor público que le asista.
En marzo del año en curso, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Jairo González.
En su dictamen, el juez justificó la medida, destacando que la defensa técnica del imputado no presentó un presupuesto que garantizara una medida que no fuera la prisión preventiva y dispuso que el encartado cumpla la medida de coerción en el centro correccional de San Pedro de Macorís.
Entre las víctimas de la estafa, hay miembros de iglesias, empresarios, artistas, amigos, según informaciones anteriores de Jeremías Nova Fabián, uno de los abogados de los querellantes.
Supuestamente, los afectados fueron atraídos por las vanidades que exhibía González en sus redes sociales.
Dentro de los delitos que el Ministerio Público ha imputado a Jairo González están la violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que se refiere a la asociación de malhechores y estafa, así como violación del artículo 351, numeral IV de la Ley 249-17, sobre el Mercado de Valores, que sanciona las operaciones de puestos de Bolsa de Valores sin autorizacion del organo regulador.
Nacionales
Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Nacionales
Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.