Nacionales
Acusado de estafa recibe ratificación de prisión preventiva.
Santo Domingo, R.D.-Jairo González, acusado por el Ministerio Público de estafar , juntos a otros imputados, a más de 413 personas con más de 100 millones de dólares, recibió la ratificación de la prisión preventiva por el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
A través de Harvest Trading Cap, empresa registrada en el 2019, el imputado supuestamente captaba fondos en dólares de sus clientes en República Dominicana para inversiones en criptomonedas.
El juez Deiby Timoteo Peguero tomó la decisión, al acoger la solicitud del Ministerio Público, tras considerar que los presupuestos aportados por la defensa no reducen el peligro de fuga existente ni constituyen pruebas suficientes para variar la actual medida coercitiva.
Aplazan audiencia preliminar
Durante el rol previo, el juez Deiby Timoteo Peguero aplazó la audiencia preliminar que se sigue a los imputados en la estafa millonaria y dispuso dar continuidad al proceso judicial el lunes 10 de junio, a las 9:00 de la mañana.
Esto, debido a la ausencia de las sociedades comerciales Harvest Trading Cap. SRL, Harvest Group y Asociados SRL, Harvest Trading Academy, SRL y Moon Capital SRL, imputadas en el caso. El órgano acusador está a la espera de que la Cámara de Comercio responda a la solicitud realizada para conocer la ubicación y convocarse.
El juez, también solicitó reiterar la convocatoria a las defensas técnicas de los imputados Kelvin Santos Rodríguez y Leandro González Espinal, quiénes presentaron excusa y procedió a intimar al abogado del imputado Moisés González Rodríguez, para que, dentro de las próximas 48 horas, notifique vía secretaría las razones de su ausencia. Vencido el plazo, el imputado tendrá otras 24 horas para informar quién será su nuevo abogado y vencido éste se solicitará un defensor público que le asista.
En marzo del año en curso, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Jairo González.
En su dictamen, el juez justificó la medida, destacando que la defensa técnica del imputado no presentó un presupuesto que garantizara una medida que no fuera la prisión preventiva y dispuso que el encartado cumpla la medida de coerción en el centro correccional de San Pedro de Macorís.
Entre las víctimas de la estafa, hay miembros de iglesias, empresarios, artistas, amigos, según informaciones anteriores de Jeremías Nova Fabián, uno de los abogados de los querellantes.
Supuestamente, los afectados fueron atraídos por las vanidades que exhibía González en sus redes sociales.
Dentro de los delitos que el Ministerio Público ha imputado a Jairo González están la violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que se refiere a la asociación de malhechores y estafa, así como violación del artículo 351, numeral IV de la Ley 249-17, sobre el Mercado de Valores, que sanciona las operaciones de puestos de Bolsa de Valores sin autorizacion del organo regulador.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.