Nacionales
Acusado de estafa recibe ratificación de prisión preventiva.
Santo Domingo, R.D.-Jairo González, acusado por el Ministerio Público de estafar , juntos a otros imputados, a más de 413 personas con más de 100 millones de dólares, recibió la ratificación de la prisión preventiva por el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
A través de Harvest Trading Cap, empresa registrada en el 2019, el imputado supuestamente captaba fondos en dólares de sus clientes en República Dominicana para inversiones en criptomonedas.
El juez Deiby Timoteo Peguero tomó la decisión, al acoger la solicitud del Ministerio Público, tras considerar que los presupuestos aportados por la defensa no reducen el peligro de fuga existente ni constituyen pruebas suficientes para variar la actual medida coercitiva.
Aplazan audiencia preliminar
Durante el rol previo, el juez Deiby Timoteo Peguero aplazó la audiencia preliminar que se sigue a los imputados en la estafa millonaria y dispuso dar continuidad al proceso judicial el lunes 10 de junio, a las 9:00 de la mañana.
Esto, debido a la ausencia de las sociedades comerciales Harvest Trading Cap. SRL, Harvest Group y Asociados SRL, Harvest Trading Academy, SRL y Moon Capital SRL, imputadas en el caso. El órgano acusador está a la espera de que la Cámara de Comercio responda a la solicitud realizada para conocer la ubicación y convocarse.
El juez, también solicitó reiterar la convocatoria a las defensas técnicas de los imputados Kelvin Santos Rodríguez y Leandro González Espinal, quiénes presentaron excusa y procedió a intimar al abogado del imputado Moisés González Rodríguez, para que, dentro de las próximas 48 horas, notifique vía secretaría las razones de su ausencia. Vencido el plazo, el imputado tendrá otras 24 horas para informar quién será su nuevo abogado y vencido éste se solicitará un defensor público que le asista.
En marzo del año en curso, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Jairo González.
En su dictamen, el juez justificó la medida, destacando que la defensa técnica del imputado no presentó un presupuesto que garantizara una medida que no fuera la prisión preventiva y dispuso que el encartado cumpla la medida de coerción en el centro correccional de San Pedro de Macorís.
Entre las víctimas de la estafa, hay miembros de iglesias, empresarios, artistas, amigos, según informaciones anteriores de Jeremías Nova Fabián, uno de los abogados de los querellantes.
Supuestamente, los afectados fueron atraídos por las vanidades que exhibía González en sus redes sociales.
Dentro de los delitos que el Ministerio Público ha imputado a Jairo González están la violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que se refiere a la asociación de malhechores y estafa, así como violación del artículo 351, numeral IV de la Ley 249-17, sobre el Mercado de Valores, que sanciona las operaciones de puestos de Bolsa de Valores sin autorizacion del organo regulador.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.