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Acusado de estafa recibe ratificación de prisión preventiva.

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Santo Domingo, R.D.-Jairo González, acusado por el Ministerio Público de estafar , juntos a otros imputados, a más de 413 personas con más de 100 millones de dólares, recibió la ratificación de la prisión preventiva por el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.

A través de Harvest Trading Cap, empresa registrada en el 2019, el imputado supuestamente captaba fondos en dólares de sus clientes en República Dominicana para inversiones en criptomonedas.

El juez Deiby Timoteo Peguero tomó la decisión, al acoger la solicitud del Ministerio Público, tras considerar que los presupuestos aportados por la defensa no reducen el peligro de fuga existente ni constituyen pruebas suficientes para variar la actual medida coercitiva.

El 17 de junio, el tribunal leerá, de manera íntegra, la sentencia que ratifica la medida cautelar y, además, pautaron para el 27 de agosto la próxima revisión obligatoria.

Aplazan audiencia preliminar

Durante el rol previo, el juez Deiby Timoteo Peguero aplazó la audiencia preliminar que se sigue a los imputados en la estafa millonaria y dispuso dar continuidad al proceso judicial el lunes 10 de junio, a las 9:00 de la mañana.

Esto, debido a la ausencia de las sociedades comerciales Harvest Trading Cap. SRL, Harvest Group y Asociados SRL, Harvest Trading Academy, SRL y Moon Capital SRL, imputadas en el caso. El órgano acusador está a la espera de que la Cámara de Comercio responda a la solicitud realizada para conocer la ubicación y convocarse.

El juez, también solicitó reiterar la convocatoria a las defensas técnicas de los imputados Kelvin Santos Rodríguez y Leandro González Espinal, quiénes presentaron excusa y  procedió a intimar al abogado del imputado Moisés González Rodríguez, para que, dentro de las próximas 48 horas, notifique vía secretaría las razones de su ausencia. Vencido el plazo, el imputado tendrá otras 24 horas para informar quién será su nuevo abogado y vencido éste se solicitará un defensor público que le asista.

En marzo del año en curso, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Jairo González.

En su dictamen, el juez justificó la medida, destacando que la defensa técnica del imputado no presentó un presupuesto que garantizara una medida que no fuera la prisión preventiva y dispuso que el encartado cumpla la medida de coerción en el centro correccional de San Pedro de Macorís.

Entre las víctimas de la estafa, hay miembros de iglesiasempresarios, artistas, amigos, según informaciones anteriores de Jeremías Nova Fabián, uno de los abogados de los querellantes.

Supuestamente, los afectados fueron atraídos por las vanidades que exhibía González en sus redes sociales.

Dentro de los delitos que el Ministerio Público ha imputado a Jairo González  están la violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que se refiere a la asociación de malhechores y estafa, así como violación del artículo 351, numeral IV de la Ley 249-17, sobre el Mercado de Valores, que sanciona las operaciones de puestos de Bolsa de Valores sin autorizacion del organo regulador.

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Sigue todavia el debate y los intentos por acabar con la cesantia laboral.

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Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.

El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.

Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.

Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.

Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.

El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.

Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.

Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.

“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.

Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.

Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.

Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.

Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.

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Autoridades Identifican piloto y copiloto fallecidos en accidente de avión en La Romana

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Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.

De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.

Mientras, un equipo técnico de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), encabezada por su presidente Pedro Alberto Piña se trasladó hacia el lugar del incidente para realizar las investigaciones de lugar

La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.

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Imputados en Operacion XL526 en espera de medida de coerción.

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Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes  alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.

Las autoridades señalan como cabecillas a Carlos José Parra Languar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.
Otros detenidos son: Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Laguar, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.

El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal. 

El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.

Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.

La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.

El Tribunal de Atención Permanente de Santiago deberá fijar en las próximas horas la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción.

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