Por Juan Bolívar Díaz
Todos los dominicanos y dominicanas están convocados para elegir las autoridades municipales este domingo 16 de mayo, por primera vez en más de medio siglo separadas de las elecciones presidenciales y congresuales en virtud de la reforma constitucional del 2010, y hay razones de sobra para hacerlo con responsabilidad y entusiasmo.
En primer lugar, porque urge reivindicar el municipio como la puerta que da entrada a la participación democrática, el estamento del Estado más cercano a la población, concebido por los fundadores de la República como uno de los poderes fundamentales.
Acudir a las urnas este domingo es imperativo como rechazo al nefasto presidencialismo y al centralismo que ha caracterizo la aún incipiente y tambaleante democracia dominicana. Es una forma de condenar el desprecio de nuestros gobernantes por la Ley General de Municipios y del Distrito Nacional 176-07, que destina el 10 por ciento de los ingresos nacionales a la administración municipal.
Vale recordar que ya una ley anterior, la 166-03 del 2003, dispuso que a partir del año siguiente se destinaba el 8 por ciento de los ingresos nacionales a los ayuntamientos, y desde el 2005 el 10 por ciento. Quince años después la proporción que se les entrega no llega al 3 por ciento, menos de la tercera parte, viniendo en retroceso desde que el primer año se les diera el el 6 por ciento. Sólo el gobierno del presidente Danilo Medina, entre el 2013 y 2018, despojó a los municipios de 184 mil 622 millones de pesos, que con otros 45 mil el año pasado, sobrepasan los 230 mil millones.
Hay otra poderosa razón para acudir a las urnas el domingo, y es la necesidad de iniciar un cambio político institucional de profundidad, que desmonte el entramado de dominio político impuesto con ventajismo y sin el menor escrúpulo por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. El cambio que se preconiza y adelantan las encuestas, debe comenzar desde abajo.
Por lo menos la Coalición Democrática por el Cambio, que encabeza el Partido Revolucionario Moderno junto a otros 5 partidos políticos y numerosos grupos sociales, el partido Alianza País y otras entidades partidarias emergentes, proponen formas diferentes de hacer política y de gestionar la cosa pública, condenando la corrupción y proscribiendo la nefasta impunidad que la auspicia. También restablecer la independencia de los poderes del Estado, y de sus órganos de control, liberándolos del secuestro en que han devenido.
Nadie puede exhibir un certificado de garantía de que tales promesas serán estrictamente cumplidas, eso sólo será posible con la participación militante de la ciudadanía, con el mismo vigor que exhibió durante dos años en la Marcha Verde.
La responsabilidad es particularmente relevante para las nuevas generaciones, esos jóvenes que casi a la cuarta parte carecen hoy de oportunidades de estudiar y de trabajar, que hasta en 60 por ciento manifiestan deseos de emigrar, algo que cada vez será más difícil, pues las puertas e la inmigración se están cerrando por todas partes del mundo. Y los dominicanos no podremos enviar otros 2 millones fuera como hicimos en las últimas seis décadas, para que ahora se hayan convertido en una de las principales fuentes de ingresos nacionales, con un estimado preliminar de 7 mil 50 millones de dólares en el 2019, es decir más de 373 mil millones de pesos, que superaron el 50 por ciento de los ingresos fiscales.
Acudir a las urnas es un imperativo vistas la irrupción del gobierno en la campaña electoral, y la recurrencia en abusar, sin el menor pudor, del patrimonio público para comprar la conciencia y el voto precisamente de las mayores víctimas de la malversación y la corrupción, que se reproduce en delincuencia e inseguridad.
Las urnas nos ofrecen la oportunidad de sancionar la despampanante corrupción, negando el voto a los que han prostituido los organismos de justicia, de control y fiscalización de la cosa pública. Sobre todo cuando se quieren ratificar con métodos antidemocráticos, que niegan las más elementales condiciones de libertad, equidad, transparencia y objetividad que preconizan la Constitución de la República y numerosas normativas legales.
Ojalá que no perdamos la oportunidad de este domingo, y que esta nación inicie una nueva etapa para exigir transparencia y rendición de cuentas a quienes resulten electos, lo mismo que en los comicios presidenciales y congresuales de mayo próximo. Que abandonemos la pasividad y proclamemos la revolución cultural del imperio de la ley.-
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.