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El segunda lugar mundial en transparencia con 82 puntos ocupa la RD.
República Dominicana-. Los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto 2025 (Open Budget Survery, OBS) fueron recibidos por La Dirección General de Presupuesto (Digepres), en la cual la República Dominicana alcanzó 82 puntos sobre 100 en transparencia presupuestaria, ubicándose en el segundo lugar global, detrás de Brasil, y en el primer lugar de toda Hispanoamérica, incluyendo Centroamérica y el Caribe.
Los resultados país del informe de OBS 2025 fueron entregados por el director ejecutivo de la Fundación Solidaridad, Juan Castillo, al director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, junto al ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García; Iván Ramírez, subdirector de Presupuesto, y Rafael Jovine, director de Estudios Económicos.
La entrega se realizó en presencia de autoridades del Poder Ejecutivo, representantes del Congreso Nacional, órganos de control, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y equipos técnicos vinculados al ciclo presupuestario.
La OBS es el único instrumento internacional de investigación independiente, comparativo y basado en evidencia que evalúa el acceso público a información presupuestaria del Gobierno Central, las oportunidades formales de participación ciudadana y la supervisión ejercida por Congreso Nacional y Cámara de Cuentas.
Su décima edición abarcó 82 países y consideró documentos, actividades y evidencias disponibles hasta el 31 de diciembre de 2024.
El informe global de la International Budget Partnership (IBP) reconoce a la República Dominicana como el caso más claro de progreso sostenido a nivel global en transparencia presupuestaria.
Entre 2008 y 2025, el país pasó de aproximadamente 12 a 82 puntos en transparencia, para una mejora acumulada de 70 puntos; el mayor incremento registrado entre los países comparables durante ese período.
Este avance se relaciona con la publicación continua de los ocho documentos presupuestarios fundamentales, el fortalecimiento de las capacidades técnicas dentro de Digepres, la institucionalización de mecanismos de participación y la colaboración sostenida con organizaciones de la sociedad civil.
Estos resultados representan un reconocimiento al trabajo realizado por el país, pero también una responsabilidad. La transparencia presupuestaria no consiste únicamente en publicar información, sino en ponerla al servicio de la ciudadanía, fortalecer la confianza pública y mejorar la calidad del debate sobre el uso de los recursos del Estado”, expresó Rijo Presbot.
El director de Presupuesto agregó que este esfuerzo responde a la visión del Programa de Gobierno del presidente Luis Abinader de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, ampliar la participación ciudadana y asegurar que el gasto público genere resultados y valor para la gente.
Rijo destacó que el presupuesto abierto constituye una agenda país que requiere la participación del Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, los órganos rectores, la sociedad civil y la ciudadanía.
Los resultados país de la OBS 2025 fueron presentados por Juan Castillo, director ejecutivo de Fundación Solidaridad, organización responsable de la investigación nacional, quien entregó formalmente el informe al director general de Presupuesto.
Por esta razón, IBP identifica a la República Dominicana como el caso más claro de progreso sostenido a escala global en transparencia presupuestaria”, dijo Juan Castillo durante su intervención.
De su lado, Rafael Jovine, director de Estudios Económicos, indicó que iniciativas como el Presupuesto Ciudadano, Presupuesto en las Aulas, los Encuentros Ciudadanos y las plataformas digitales son una apuesta clave para que los ciudadanos accedan a información y supervisen los fondos públicos.
Durante el acto se proyectó, además, un mensaje institucional de Ana Patricia Muñoz, directora ejecutiva de IBP.
Por Digepres participaron Iván Ramírez, subdirector de Presupuesto; Odilys Hidalgo, directora de Servicios Presupuestarios; Rafael Jovine, director de Estudios Económicos y Seguimiento Financiero, a cargo de las palabras iniciales; y Paola Chaljub, encargada del Departamento de Comunicaciones y maestra de ceremonia.
La actividad fue realizada en el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivhed) y reunió a representantes de instituciones públicas, órganos de control, Congreso Nacional, organismos internacionales, sociedad civil y equipos técnicos del sistema presupuestario nacional.
Nacionales
Procuradora general advierte que no entrada en vigencia del Código Penal favorece criminalidad
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, aseguró este domingo que si el nuevo Código Penal no entra en vigencia, esto sólo beneficiará a los criminales.
Reynoso realizó esta declaración a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, donde también afirmó que el Código Penal actual es «obsoleto» al momento de tipificar crímenes cometidos en la actualidad.
«Que el Código Penal no entre en vigencia solo favorece a la criminalidad. Es importante recordar que el que tenemos, desde el año 1884, está obsoleto para tipificar crímenes del 2026. Les pido a todos los sectores de la sociedad que pensemos en el bien del país», leía la publicación.
El nuevo Código Penal está pautado a entrar en vigencia el próximo 3 de agosto. Sin embargo, este ha sido objeto de rechazo y cuestionamiento por varios sectores de la sociedad por términos ambiguos, definiciones poco precisas, artículos que limitarían la libertad de expresión, entre otros.
Las modificaciones propuestas por el Ejecutivo impactarán los artículos: 121, 122, 123, 141, 142, 144, 170, 176, 192, 207, 208, 211, 214, 215, 248, 303, 310 y 354.
El rechazo provocado por este nuevo Código Penal, y otras situaciones socioeconómicas que atraviesa el país, ha provocado varios tipos de manifestaciones.
Los «cacerolazos» han vuelto a retumbar por las calles del Gran Santo Domingo durante la última semana.
Asimismo, varias protestas se han registrado en la capital dominicana, siendo la Plaza de la Bandera protagonista de una de las más recientes.
Santo Domingo, R.D.-Pese a que en 22 días entrará en vigencia un nuevo Código Penal en Republica Dominicana que ha sido cuestionado y rechazado por distintos sectores de la sociedad por términos ambiguos, definiciones poco precisas, artículos que limitarían la libertad de expresión, entre otros.
El Poder Ejecutivo que promulgó Ley 74-25 del Código Penal en agosto de 2025, sometió una serie de modificaciones al Senado de la República cuando falta menos de un mes para que esta ley comience a regir.
Las modificaciones propuestas por el Ejecutivo impactarán los artículos: 121, 122, 123, 141, 142, 144, 170, 176, 192, 207, 208, 211, 214, 215, 248, 303, 310 y 354.
El artículo 207 establece sanciones por perjurio a las personas que afirmen un hecho falso bajo juramento o promesa de decir la verdad ante un juez, árbitro, funcionario u otra persona competente para recibir el juramento o la promesa, mediante un documento suscrito por la persona que haga la declaración.
En primera instancia, el marco penal apunta que la persona que cometa perjurio económico o patrimonial será sancionada con penas de cinco a diez años de prisión mayor y multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público.
De igual forma pasó con el artículo 208 que sanciona la difamación. El Poder Ejecutivo propone que en vez de ser penada con dos a cinco años de prisión, las personas encontradas culpables de difamar enfrenten uno o dos años tras las rejas.
Previamente, la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) había solicitado eliminar las penas de cárcel para estos delitos.
Bautista señaló que en países como Argentina, Panamá, Perú y hasta Nicaragua no se establece la prisión para el delito de difamación.
Uno de los artículos más polémicos ha sido el 310 sobre el ultraje, el cual sancionaba con 15 días o un año de prisión a quienes hicieran gestos, amenazaran o enviaran escritos a un funcionario o servidor público.
El ultraje en el ámbito jurisdiccional será sancionado con pena de quince días a un año de prisión menor y multa de uno a tres salarios mínimos del sector público.
En el artículo 211 sobre actos considerados no difamatorios o injuriosos fue modificado para que no se considere difamación ni injuria las opiniones y críticas vinculadas a actos de corrupción, políticas públicas, la función pública o de interés público, siempre que estén sustentadas en pruebas o en una verificación razonable de la información.
El Colegio Médico Dominicano (CMD) ha mostrado su rechazo ante los artículos 354, 8, 9 y 12, del Código Penal. El gremio considera son inconstitucionales porque “discriminan” a los profesionales de la salud al duplicar las penas de prisión por el solo hecho de ejercer la medicina en el sector público.
No obstante, en las reformas hechas por el Ejecutivo solo se propone al artículo 354 el cual sancionaba con dos o tres años de prisión al médico forense u otro profesional de la medicina que preste servicios en el sector público y expidiera un certificado falso.
La propuesta de modificación establece le prisión para los médicos forenses en general y no se limita solo al sector público.
Otro artículo que también fue denunciado por el CMD y otros sectores es el número 8, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este establece que las empresas, asociaciones y otras entidades serán penalmente responsables cuando uno de sus empleados o representantes cometa un delito en beneficio o representación de la entidad.
En el párrafo uno señala que la responsabilidad de la empresa no desaparece aunque se conozca quién fue la persona física que cometió el delito o esa persona haya fallecido o esté desaparecida.
Asimismo, señala que la responsabilidad penal de las empresas puede atenuarse o resolverse mediante soluciones alternas, si la organización demuestra que cuenta con programas eficaces de cumplimiento normativo y de prevención a las infracciones por las que sean imputadas.
Santo Domingo, R.D.-El proceso de integración tecnológica culminó con la habilitacion del pago único de 35 pesos para el uso combiado del Metro, el Teleferico y los autobuses de los corredores de la Nuez de Caceres, Winston Cherchill, Charles de Gaulle e Independencia por disposicion de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), en coordinación con el Fideicomiso de Movilidad y Transporte (Fimovit).
El pasado sábado 11 de julio, los usuarios empezaron a utilizar la tarjeta Metro recargable para acceder de manera integrada a estos sistemas de transporte, con un cobro único de RD$35 por viaje, que permitirá realizar hasta dos transbordos dentro de un período máximo de 90 minutos.
Los productos especiales del Metro, Multi10 y Multi20 y la Tarifa de RD$20 pesos, continuarán siendo de uso exclusivo para ese sistema y no aplicarán para los transbordos. Por lo cual esto no constituye un aumento de la tarifa del Metro, sino una adición de una opción de la Tarifa Integrada.
Con la implementación de la tarifa integrada, el costo se reduce a RD$35.00 por trayecto, lo que representa una disminución aproximada del 40 % en el costo promedio de viaje para más de 400 mil usuarios que utilizan diariamente el Metro y el Teleférico de Santo Domingo.
Según un comunicado enviado a los medios de comunicación, las acciones forman parte del Plan de Movilidad Urbana Sostenible impulsado por el Gobierno de Luis Abinader, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos mediante la reducción del gasto en transporte y la disminución del impacto ambiental.