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El MP guarda silencio sobre cooperación con España sobre caso Koldo.
Santo Domingo. – El Ministerio Público de la República Dominicana ha dicho absolutamente sobre su posible colaboración con las autoridades españolas en la investigación nada En el marco del escándalo internacional conocido como el caso Koldo, el Ministerio Público (MP) de República Dominicana guarda silencio sobre su posible colaboración con las autoridades españolas en la investigación del caso Koldo
«El Ministerio Público no da información sobre cooperación jurídica por respeto a los Estados requirentes, ni afirma ni niega.»
Esta declaración, aunque ambigua, insinúa que las autoridades españolas podrían haber solicitado apoyo jurídico en relación con este caso, que involucra a República Dominicana.
República Dominicana ha sido señalada en múltiples reportes como un eje para el blanqueo de dinero de los contratos sanitarios durante la pandemia, a través de la creación de empresas fachada y el traslado de grandes sumas de efectivo desde y hacia España. Según investigaciones, parte de los fondos obtenidos por la red liderada por Koldo García y Víctor de Aldama se manejaron desde el país caribeño, donde supuestamente se crearon al menos 14 sociedades vinculadas a sectores como construcción, distribución de material sanitario e inmobiliarias.
Cooperación internacional en investigaciones de alto perfil
Aunque el Ministerio Público dominicano no confirma ni niega su participación en esta pesquisa, el historial de colaboración jurídica entre República Dominicana y España en casos de relevancia internacional sugiere que es probable que las autoridades locales estén trabajando discretamente en el tema.
El caso Koldo pone de relieve la creciente importancia de la colaboración transnacional en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales. Si bien el MP ha optado por mantener la confidencialidad, la relevancia del caso podría forzar mayores detalles a medida que avance la investigación.
El rol dominicano en la investigación
Epicentro de operaciones financieras y empresariales:
República Dominicana fue utilizada como una base clave para la creación de al menos 14 empresas entre marzo de 2021 y agosto de 2022, relacionadas con el presunto blanqueo de dinero de los contratos sanitarios. Estas sociedades abarcaban sectores como distribución de material sanitario, construcción y transacciones inmobiliarias.
Constitución de empresas fachada:
Según La Gaceta.com, algunas de las empresas identificadas en el país no tienen operaciones reales y están registradas en solares vacíos o edificios en ruinas. Estas compañías fueron utilizadas para ocultar y mover capitales obtenidos ilícitamente.
Transferencias de dinero en efectivo:
Se trasladaron grandes cantidades de dinero en efectivo a República Dominicana, donde eran manejadas por empleados y colaboradores de la red. Desde la isla, el dinero era «repatriado» a España y utilizado para pagos en efectivo y distribución entre los involucrados.
Pago de comisiones a Koldo García:
Parte de las mordidas obtenidas de los contratos sanitarios fue enviada a República Dominicana y entregada al hermano de Koldo García, Joseba, quien las transportaba de regreso a España. Koldo habría recibido regularmente montos de 10,000 euros desde la isla.
Colaboradores clave en la isla:
De acuerdo con medios españoles, César Moreno e Ignacio Díaz Tapia, estrechos colaboradores de Víctor de Aldama, participaron en la gestión y despatrimonialización de fondos a través de empresas en República Dominicana. Moreno estaba vinculado a Modular HV Corp, mientras que Díaz Tapia figuraba en Reusa, otra constructora vinculada a la trama).
Inversiones en proyectos locales:
La trama realizó inversiones visibles en República Dominicana, como la implementación de pruebas de COVID-19 en hoteles de Punta Cana para reactivar el turismo y la creación de un centro médico en Santo Domingo, financiado por empresas.
Uso de República Dominicana como destino para ocultar capitales:
Según Víctor de Aldama, la fortuna acumulada por el exministro José Luis Ábalos estaría parcialmente oculta en República Dominicana, que también servía como destino para lujosas estadías de los implicados.
Evidencias obtenidas a través de comunicaciones:
Los datos de los teléfonos móviles de los involucrados revelaron mensajes y audios que documentan el traslado y manejo de dinero en República Dominicana, así como la logística para «repatriarlo» a España.
Impulsor de la red internacional:
El país fue alegadamente utilizada como parte de un entramado internacional que conectaba los beneficios de la trama con otros países como Miami, Brasil y Luxemburgo, dificultando la trazabilidad de los fondos.
Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.
El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.
Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.
La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó este jueves “con urgencia” al Congreso Nacional aprobar tres piezas legislativas para continuar desarrollando diversos procesos jurídicos del país.
Molina realizó este pedimento mientras visitaba a los presidentes de las dos cámaras del Poder Legislativo para rendir cuentas sobre los avances del Poder Judicial alcanzados desde 2019, hasta el 2024.
El titular del órgano judicial indicó que la transformación del sistema requiere aún de una base legal “sólida y moderna”.
Es por esto que consideró necesario actualizar la Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, para renovar el sistema, “dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad”.
Además, Molina entiende que es fundamental realizar una reforma legislativa a la Ley de Registro Inmobiliario para fortalecer los procesos técnicos y registrales, lo cual beneficiará al sector público y privado.
“Permitirá habilitar un sistema de carrera registral para garantizar la idoneidad, independencia y la profesionalización de los encargados de la calificación registral y técnica”, declaró.
También, le recomendó a los congresistas edificar una nueva ley para la optimización de los procesos que podría simplificar y agilizar los trámites judiciales, reduciendo “la litigiosidad innecesaria”.
Reiteró, por último, adelantar las modificaciones dirigidas al Código Procesal Penal, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera en varias ocasiones una sentencia de inconstitucionalidad sobre el contenido de la actual ley.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, aseveró Molina ante los representantes del órgano constitucional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo estar en disposición de priorizar las reformas requeridas por el Poder Judicial. Junto al senador, también se encontraba Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
“Logros”
El plan Cero Mora de la SCJ “resolvió” 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023; y, al cierre del año 2024; la Segunda Sala de esa alta corte “cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes”.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, afirmó Molina.
Mencionó la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, “reduciendo” en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Un “logro significativo” es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, el cual tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También, recordó la creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.