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El MP guarda silencio sobre cooperación con España sobre caso Koldo.

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Santo Domingo. – El Ministerio Público de la República Dominicana ha dicho absolutamente sobre su posible colaboración con las autoridades españolas en la investigación  nada En el marco del escándalo internacional conocido como el caso Koldo, el Ministerio Público (MP) de República Dominicana guarda silencio sobre su posible colaboración con las autoridades españolas en la investigación del caso Koldo

«El Ministerio Público no da información sobre cooperación jurídica por respeto a los Estados requirentes, ni afirma ni niega.»

Esta declaración, aunque ambigua, insinúa que las autoridades españolas podrían haber solicitado apoyo jurídico en relación con este caso, que involucra a República Dominicana.

República Dominicana ha sido señalada en múltiples reportes como un eje para el blanqueo de dinero de los contratos sanitarios durante la pandemia, a través de la creación de empresas fachada y el traslado de grandes sumas de efectivo desde y hacia España. Según investigaciones, parte de los fondos obtenidos por la red liderada por Koldo García y Víctor de Aldama se manejaron desde el país caribeño, donde supuestamente se crearon al menos 14 sociedades vinculadas a sectores como construcción, distribución de material sanitario e inmobiliarias.

Cooperación internacional en investigaciones de alto perfil
Aunque el Ministerio Público dominicano no confirma ni niega su participación en esta pesquisa, el historial de colaboración jurídica entre República Dominicana y España en casos de relevancia internacional sugiere que es probable que las autoridades locales estén trabajando discretamente en el tema.

El caso Koldo pone de relieve la creciente importancia de la colaboración transnacional en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales. Si bien el MP ha optado por mantener la confidencialidad, la relevancia del caso podría forzar mayores detalles a medida que avance la investigación.

El rol dominicano en la investigación
Epicentro de operaciones financieras y empresariales:

República Dominicana fue utilizada como una base clave para la creación de al menos 14 empresas entre marzo de 2021 y agosto de 2022, relacionadas con el presunto blanqueo de dinero de los contratos sanitarios. Estas sociedades abarcaban sectores como distribución de material sanitario, construcción y transacciones inmobiliarias​.
Constitución de empresas fachada:

Según La Gaceta.com, algunas de las empresas identificadas en el país no tienen operaciones reales y están registradas en solares vacíos o edificios en ruinas. Estas compañías fueron utilizadas para ocultar y mover capitales obtenidos ilícitamente​.
Transferencias de dinero en efectivo:

Se trasladaron grandes cantidades de dinero en efectivo a República Dominicana, donde eran manejadas por empleados y colaboradores de la red. Desde la isla, el dinero era «repatriado» a España y utilizado para pagos en efectivo y distribución entre los involucrados.
Pago de comisiones a Koldo García:

Parte de las mordidas obtenidas de los contratos sanitarios fue enviada a República Dominicana y entregada al hermano de Koldo García, Joseba, quien las transportaba de regreso a España. Koldo habría recibido regularmente montos de 10,000 euros desde la isla.
Colaboradores clave en la isla:

De acuerdo con medios españoles, César Moreno e Ignacio Díaz Tapia, estrechos colaboradores de Víctor de Aldama, participaron en la gestión y despatrimonialización de fondos a través de empresas en República Dominicana. Moreno estaba vinculado a Modular HV Corp, mientras que Díaz Tapia figuraba en Reusa, otra constructora vinculada a la trama).
Inversiones en proyectos locales:

La trama realizó inversiones visibles en República Dominicana, como la implementación de pruebas de COVID-19 en hoteles de Punta Cana para reactivar el turismo y la creación de un centro médico en Santo Domingo, financiado por empresas.
Uso de República Dominicana como destino para ocultar capitales:

Según Víctor de Aldama, la fortuna acumulada por el exministro José Luis Ábalos estaría parcialmente oculta en República Dominicana, que también servía como destino para lujosas estadías de los implicados​.
Evidencias obtenidas a través de comunicaciones:

Los datos de los teléfonos móviles de los involucrados revelaron mensajes y audios que documentan el traslado y manejo de dinero en República Dominicana, así como la logística para «repatriarlo» a España.
Impulsor de la red internacional:

El país fue alegadamente utilizada como parte de un entramado internacional que conectaba los beneficios de la trama con otros países como Miami, Brasil y Luxemburgo, dificultando la trazabilidad de los fondos.

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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos

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Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.

De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.

“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.

La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.

Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.

El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.

El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.

Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.

Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.

Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.

Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.

Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.

“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.

El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.

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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa

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Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.

Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.

En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.

«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna

y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.

incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.

Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.

El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.

De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.

Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.

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Aplazan otra vez audiencia de Wander Franco y Vanessa Chevalier

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Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.

La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.

Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual lavado de activos.

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