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RD bajo el radar del caso Koldo: el MP guarda silencio sobre cooperación con España
Santo Domingo. – En el marco del escándalo internacional conocido como el caso Koldo, el Ministerio Público (MP) de República Dominicana guarda silencio sobre su posible colaboración con las autoridades españolas en esta investigación. Ante una consulta de Noticias SIN, el MP respondió de manera tajante:
«El Ministerio Público no da información sobre cooperación jurídica por respeto a los Estados requirentes, ni afirma ni niega.»
Esta declaración, aunque ambigua, insinúa que las autoridades españolas podrían haber solicitado apoyo jurídico en relación con este caso, que involucra a República Dominicana.
República Dominicana ha sido señalada en múltiples reportes como un eje para el blanqueo de dinero de los contratos sanitarios durante la pandemia, a través de la creación de empresas fachada y el traslado de grandes sumas de efectivo desde y hacia España. Según investigaciones, parte de los fondos obtenidos por la red liderada por Koldo García y Víctor de Aldama se manejaron desde el país caribeño, donde supuestamente se crearon al menos 14 sociedades vinculadas a sectores como construcción, distribución de material sanitario e inmobiliarias.
Cooperación internacional en investigaciones de alto perfil
Aunque el Ministerio Público dominicano no confirma ni niega su participación en esta pesquisa, el historial de colaboración jurídica entre República Dominicana y España en casos de relevancia internacional sugiere que es probable que las autoridades locales estén trabajando discretamente en el tema.
El caso Koldo pone de relieve la creciente importancia de la colaboración transnacional en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales. Si bien el MP ha optado por mantener la confidencialidad, la relevancia del caso podría forzar mayores detalles a medida que avance la investigación.
El rol dominicano en la investigación
Epicentro de operaciones financieras y empresariales:
República Dominicana fue utilizada como una base clave para la creación de al menos 14 empresas entre marzo de 2021 y agosto de 2022, relacionadas con el presunto blanqueo de dinero de los contratos sanitarios. Estas sociedades abarcaban sectores como distribución de material sanitario, construcción y transacciones inmobiliarias.
Constitución de empresas fachada:
Según La Gaceta.com, algunas de las empresas identificadas en el país no tienen operaciones reales y están registradas en solares vacíos o edificios en ruinas. Estas compañías fueron utilizadas para ocultar y mover capitales obtenidos ilícitamente.
Transferencias de dinero en efectivo:
Se trasladaron grandes cantidades de dinero en efectivo a República Dominicana, donde eran manejadas por empleados y colaboradores de la red. Desde la isla, el dinero era «repatriado» a España y utilizado para pagos en efectivo y distribución entre los involucrados.
Pago de comisiones a Koldo García:
Parte de las mordidas obtenidas de los contratos sanitarios fue enviada a República Dominicana y entregada al hermano de Koldo García, Joseba, quien las transportaba de regreso a España. Koldo habría recibido regularmente montos de 10,000 euros desde la isla.
Colaboradores clave en la isla:
De acuerdo con medios españoles, César Moreno e Ignacio Díaz Tapia, estrechos colaboradores de Víctor de Aldama, participaron en la gestión y despatrimonialización de fondos a través de empresas en República Dominicana. Moreno estaba vinculado a Modular HV Corp, mientras que Díaz Tapia figuraba en Reusa, otra constructora vinculada a la trama).
Inversiones en proyectos locales:
La trama realizó inversiones visibles en República Dominicana, como la implementación de pruebas de COVID-19 en hoteles de Punta Cana para reactivar el turismo y la creación de un centro médico en Santo Domingo, financiado por empresas.
Uso de República Dominicana como destino para ocultar capitales:
Según Víctor de Aldama, la fortuna acumulada por el exministro José Luis Ábalos estaría parcialmente oculta en República Dominicana, que también servía como destino para lujosas estadías de los implicados.
Evidencias obtenidas a través de comunicaciones:
Los datos de los teléfonos móviles de los involucrados revelaron mensajes y audios que documentan el traslado y manejo de dinero en República Dominicana, así como la logística para «repatriarlo» a España.
Impulsor de la red internacional:
El país fue alegadamente utilizada como parte de un entramado internacional que conectaba los beneficios de la trama con otros países como Miami, Brasil y Luxemburgo, dificultando la trazabilidad de los fondos.
SANTO DOMINGO.- Las autoridades dominicanas iniciaron una investigación para determinar cómo dos mujeres lograron el pasado jueves sacar del país dos millones 100 mil dólares en un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) con destino a Ecuador.
María Verónica y Martha Alejandra Montenegro Vacas fueron detenidas a su llegada al aeropuerto de Quito.
El dinero, transportado en fajos de billetes de 100 dólares dentro de una bolsa sellada, fue retirado de una entidad bancaria en República Dominicana dos días antes de que las mujeres abordaran el avión con destino a Ecuador.
Víctor Hugo Zárate, comandante general de la Policía Nacional de Ecuador, informó que la detención coincidió con un operativo de inteligencia en el que fue desarticulada una red de lavado de activos, de la cual las detenidas formarían parte.
Explicó que la red estaba supuestamente integrada por ciudadanos ecuatorianos, incluidos funcionarios públicos que alteraban los controles y protocolos aduaneros para facilitar estas actividades ilícitas.
jt/am
Nacionales
El MP imputa a 13 personas de formar parte de una red de falsificación de documentos en Santiago
Santiago de los Caballeros, R.D.-El Ministerio Público depositó la acusación formal, ante el juez coordinador de los Juzgados de Instrucción de Santiago, contra 13 personas vinculadas a una supuesta estructura que se dedicaba a falsificar documentos.
Los imputados son Julio César Almonte Espinal (César), William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Ysidra Tavárez Soto, Luis Manuel Rodríguez Rodríguez, Arsenio Rafael Reyes, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán (Capital) y José Rosario Marte (Cheo).
Además, están acusados de conformar la estructura criminal, Yanuel Morales Rodríguez (Google), José Miguel Cruz Hiraldo (Sandy) y José Carlos Montero Troncoso, este último exempleado de la JCE.
En más de 600 páginas, el Ministerio Público describe el modo en que la estructura desmantelada, mediante la Operación Colibrí, alegadamente tramitó miles de documentos falsos públicos y privados, los cuales pusieron en riesgo la seguridad jurídica del país.
El dispositivo señala que la red falsificaba cédulas de identidad, licencias de conducir, carnet de distintos tipos, licencias para el porte de armas de fuego, títulos de propiedad, entre otros.
Pruebas
La fiscalía de Santiago, en diligencias que realizó junto a un equipo de expertos y oficiales encubiertos de la Junta Central Electoral, aportó más de 800 elementos de pruebas, incluyendo los plásticos que incautó mediante allanamientos judicialmente avalados, que eran utilizados para imprimir los distintos tipos de documentos oficiales.
La investigación del Ministerio Público arrojó, además, que los trabajos captados por los denominados «buscones» o tributarios eran tramitados a quienes los ejecutaban, dependiendo de su especialidad, incluyendo a quienes tramitaron de manera irregular las actas del Registro Civil Dominicano.
La calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público al proceso es por la violación a los artículos 265, 266, 147, 150, del Código Penal Dominicano; artículo 13, de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; que tipifican la asociación de malhechores, falsificación de escritura autentica o pública y falsedad en escritura privada.
PUNTA CANA. – Luis Abinader reiteró este sábado su apoyo a los gobiernos municipales para seguir elevando las condiciones de vida de todos los dominicanos.
Al intervenir en la vigésimo tercera Asamblea General de Municipios 2024, dijo que mantiene las puertas abiertas para trabajar de manera conjunta con todos las alcaldías para que las políticas y servicios públicos lleguen con calidad.
Para este segundo mandato, dijo: “vamos a superar los cuatro años pasados y vamos a tener más obras, más resultados y más satisfacción de la gente en cada uno de los municipios”.
El Jefe de Estado adelantó que para finales de este 2024 o principios de 2025 se presentarán propuestas para el aumento de los ingresos municipales y aportes especiales para la ejecución de obras demandadas en sus territorios.
Asimismo, indicó que antes del próximo 27 de febrero espera se apruebe en el Congreso Nacional la creación del Instituto de Previsión Social de las Autoridades Municipales como un acto de justicia social para el sustento de quienes dedican su vida al servicio de sus comunidades.
Otra disposición es la instrucción al Ministerio Administrativo de la Presidencia para crear una estructura de contacto, supervisión y coordinación junto a la Liga Municipal Dominicana que permita reforzar el apoyo para que estas instituciones puedan realizar cada día una labor más eficiente.
SEIS MIL MILLONES EN INFRAESTRUCTURAS EN 4 AÑOS
De su lado, el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D´Aza, presentó un recuento de las ejecutorias logradas en favor de los ciudadanos y empleados municipales, destacando la eliminación de vertederos de cielo abierto y el destino de RD$ 6 mil millones en estos cuatro años en infraestructuras básicas como aceras, contenes, vías asfaltadas, cementerios, funerarias, mercados y mataderos.
Asimismo, dijo que presentó una reforma al artículo 21 de la ley 176-07 respecto a los porcentajes para el destino de los fondos; se elaboró el proyecto para la creación del Instituto de Previsión Social de las Autoridades Municipales.
Señaló también que se pondrá en marcha el cobro de la tasa por servicio de manejo de residuos sólidos a través de la factura eléctrica; la integración al SIGEF, avanzado así en la transparencia de sus procesos y el pago de incentivos al buen desempeño municipal.
an/am