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El MP guarda silencio sobre cooperación con España sobre caso Koldo.
Santo Domingo. – El Ministerio Público de la República Dominicana ha dicho absolutamente sobre su posible colaboración con las autoridades españolas en la investigación nada En el marco del escándalo internacional conocido como el caso Koldo, el Ministerio Público (MP) de República Dominicana guarda silencio sobre su posible colaboración con las autoridades españolas en la investigación del caso Koldo
«El Ministerio Público no da información sobre cooperación jurídica por respeto a los Estados requirentes, ni afirma ni niega.»
Esta declaración, aunque ambigua, insinúa que las autoridades españolas podrían haber solicitado apoyo jurídico en relación con este caso, que involucra a República Dominicana.
República Dominicana ha sido señalada en múltiples reportes como un eje para el blanqueo de dinero de los contratos sanitarios durante la pandemia, a través de la creación de empresas fachada y el traslado de grandes sumas de efectivo desde y hacia España. Según investigaciones, parte de los fondos obtenidos por la red liderada por Koldo García y Víctor de Aldama se manejaron desde el país caribeño, donde supuestamente se crearon al menos 14 sociedades vinculadas a sectores como construcción, distribución de material sanitario e inmobiliarias.
Cooperación internacional en investigaciones de alto perfil
Aunque el Ministerio Público dominicano no confirma ni niega su participación en esta pesquisa, el historial de colaboración jurídica entre República Dominicana y España en casos de relevancia internacional sugiere que es probable que las autoridades locales estén trabajando discretamente en el tema.
El caso Koldo pone de relieve la creciente importancia de la colaboración transnacional en la lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales. Si bien el MP ha optado por mantener la confidencialidad, la relevancia del caso podría forzar mayores detalles a medida que avance la investigación.
El rol dominicano en la investigación
Epicentro de operaciones financieras y empresariales:
República Dominicana fue utilizada como una base clave para la creación de al menos 14 empresas entre marzo de 2021 y agosto de 2022, relacionadas con el presunto blanqueo de dinero de los contratos sanitarios. Estas sociedades abarcaban sectores como distribución de material sanitario, construcción y transacciones inmobiliarias.
Constitución de empresas fachada:
Según La Gaceta.com, algunas de las empresas identificadas en el país no tienen operaciones reales y están registradas en solares vacíos o edificios en ruinas. Estas compañías fueron utilizadas para ocultar y mover capitales obtenidos ilícitamente.
Transferencias de dinero en efectivo:
Se trasladaron grandes cantidades de dinero en efectivo a República Dominicana, donde eran manejadas por empleados y colaboradores de la red. Desde la isla, el dinero era «repatriado» a España y utilizado para pagos en efectivo y distribución entre los involucrados.
Pago de comisiones a Koldo García:
Parte de las mordidas obtenidas de los contratos sanitarios fue enviada a República Dominicana y entregada al hermano de Koldo García, Joseba, quien las transportaba de regreso a España. Koldo habría recibido regularmente montos de 10,000 euros desde la isla.
Colaboradores clave en la isla:
De acuerdo con medios españoles, César Moreno e Ignacio Díaz Tapia, estrechos colaboradores de Víctor de Aldama, participaron en la gestión y despatrimonialización de fondos a través de empresas en República Dominicana. Moreno estaba vinculado a Modular HV Corp, mientras que Díaz Tapia figuraba en Reusa, otra constructora vinculada a la trama).
Inversiones en proyectos locales:
La trama realizó inversiones visibles en República Dominicana, como la implementación de pruebas de COVID-19 en hoteles de Punta Cana para reactivar el turismo y la creación de un centro médico en Santo Domingo, financiado por empresas.
Uso de República Dominicana como destino para ocultar capitales:
Según Víctor de Aldama, la fortuna acumulada por el exministro José Luis Ábalos estaría parcialmente oculta en República Dominicana, que también servía como destino para lujosas estadías de los implicados.
Evidencias obtenidas a través de comunicaciones:
Los datos de los teléfonos móviles de los involucrados revelaron mensajes y audios que documentan el traslado y manejo de dinero en República Dominicana, así como la logística para «repatriarlo» a España.
Impulsor de la red internacional:
El país fue alegadamente utilizada como parte de un entramado internacional que conectaba los beneficios de la trama con otros países como Miami, Brasil y Luxemburgo, dificultando la trazabilidad de los fondos.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.