Análisis Noticiosos
RD bajo generalizada crítica internacional
Por Juan Bolívar Díaz
Las reacciones mundiales a la sentencia del Tribunal Constitucional que justifica el genocidio civil iniciado en el 2007, indican un claro riesgo de condena y aislamiento internacional para la República Dominicana que podría alcanzar dimensiones económicas.
Aunque el Gobierno dominicano inició “una ofensiva” encaminada a justificar el despojo de la nacionalidad a millares de personas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) lo proclamó como un asunto de derechos humanos a ser decidido por la Corte Interamericana y citó un precedente de condena.
Aislada en la OEA. Aunque la generalidad de los diarios dominicanos hizo un esfuerzo por reducir el efecto de la sesión del Consejo Permanente de la OEA celebrada el martes 29, los que la vieron por Internet pudieron advertir que fue devastadora para la República Dominicana, aunque sus representantes trataron de justificar la posición del Gobierno tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que priva de la nacionalidad a los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en el país a partir de 1929, a los que durante más de ochenta años se les reconoció y registró como dominicanos.
La sesión fue convocada a instancias de varios de los 15 países que integran la Comunidad del Caribe (Caricom), la mayoría de los cuales hicieron uso de la palabra para rechazar enérgicamente la sentencia del TC que afectaría a decenas de miles de dominicanos de ascendencia extranjera, en su mayoría de haitianos, incluyendo a los descendientes de inmigrantes del Caribe inglés, conocidos aquí como cocolos.
Varios oradores dominicanos hicieron esfuerzo por explicar la sentencia y su aplicación, encabezados por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, quien dio seguridades de que el Estado “no va a permitir que se vulneren los derechos fundamentales de personas que están amparadas por nuestras leyes”. Pero esta y otras afirmaciones quedaron sin sentido, ya que la sentencia y los que la aplican se basan en que los ciudadanos afectados no estaban amparados por la Constitución ni las leyes, a pesar de que recibieron la nacionalidad.
Un secretario contundente. El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, fue contundente en su discurso al afirmar que “Está clarit nadie puede verse privado de su nacionalidad, y por lo tanto hay un problema de derechos humanos”. Pero precisó que “también tenemos un problema institucional”, porque “esta sentencia ha sido dictada por una Corte Constitucional de un Estado en virtud de su propio ordenamiento jurídico interno”, para afirmar a continuación: “yo creo que eso se enfrenta a través del sistema de derechos humanos, y por tanto, este tema es propiamente competencia de la Comisión y de la Corte” de Derechos Humanos.
Insulza citó el rechazo de la Comisión Interamericana a la sentencia del tribunal y recordó también que la Corte ya dictaminó en un caso similar, refiriéndose al de las niñas Jean y Bosico, descendientes de haitianos, donde sentó jurisprudencia ordenando su inscripción como ciudadanas dominicanas.
La intervención del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, no parece que pueda ayudar la causa del país, pues llegó al extremo de objetar las opiniones de quienes no han leído el texto completo de la sentencia, incluyendo al secretario general y dijo que el país no perdería tiempo respondiendo esas críticas. Solo Nicaragua y El Salvador avalaron la posición dominicana, pero en las intervenciones de los representantes de Estados Unidos, México, Canadá, y aún de Venezuela, predominó la defensa de los derechos humanos. El peso de los 15 países de Caricom en la OEA es muy fuerte, pues son casi la mitad de los miembros, y pocos quieren verse con ese bloque en contra.
Un clamor generalizado. El debate en la OEA-Washington contribuyó a expandir el conflicto por el continente y el mundo, siendo recogido por los principales periódicos y cadenas de televisión y contribuyendo al rechazo generalizado del genocidio civil dominicano.
Esta semana fueron significativas las condenas expresadas en un comunicado firmado por 19 legisladores del Congreso de Estados Unidos, así como por el Black Caucus que integra otros 43 congresistas. En carta al presidente Danilo Medina, los diputados encabezados por Joseph Kennedy III, sostienen que la sentencia “podría resultar en una crisis humanitaria sin precedente que afectaría profundamente la estabilidad de la región”. El influyente Caucus Negro consideró que la apatridia de los dominicanos de ascendencia haitiana “debe ser considerada como una amenaza para el progreso y la estabilidad regionales”.
Desde que se conoció la sentencia a fines de septiembre, decenas de organizaciones, personalidades y medios de comunicación la han rechazado por implicar violación al principio jurídico internacional de no retroactividad de la ley y por considerar “personas en tránsito” a quienes se quedan por décadas en un país.
Se destaca la posición del Centro Robert Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, de Washington, cuyo director, Santiago Cantón, dijo que RD ha ignorado el derecho internacional, y sometió un recurso de “Amigos de la Corte” sobre el caso de Benito Tide Méndez contra RD.
Organismos y periódicos. Entre los organismos internacionales que han rechazado la sentencia se cuentan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que opera como procuraduría general de la Corte, y las agencias de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, para Refugiados y Migrantes (Acnur), y para la Infancia y la Adolescencia (Unicef).
Periódicos como El País de España y BBC-Mundo de Gran Bretaña han dedicado dobles reportajes al conflicto. The New York Times, Le Monde, Página 12 de Argentina, y muchos otros, al igual que cadenas de televisión, se han ocupado del caso enfatizando el rechazo al genocidio civil. El más radical ha sido el diario The Boston Globe, que en un editorial el 15 de octubre planteó que la comunidad internacional debe presionar al Gobierno dominicano para evitar que 200 mil personas queden sin nacionalidad. Agregó que Estados Unidos, como mayor socio comercial de RD “debe examinar las presiones que pueden aplicarse”.
Entre las personalidades que han rechazado el genocidio civil se cuentan el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, junto a las Madres de la Plaza de Mayo, de Buenos Aires y 14 organizaciones argentinas. También las destacadas escritoras y escritores norteamericanos de ascendencia dominicana como Julia Alvarez, Rhina Espaillat, Junot Díaz y Silvio Torres Saillant.
Evitar o reducir los riegos. Aunque la Unión Europea no ha fijado posición, por su delegación en el país se sabe que ha rechazado el genocidio civil desde que la JCE lo inició en el 2007. Lo mismo que el Departamento de Estado de Estados Unidos, y de ambos se esperan pronunciamientos en defensa de los derechos humanos, lo que podría elevar los riesgos a que se expone el país desafiando principios fundamentales de la comunidad internacional, a nombre de una soberanía ya limitada por tratados internacionales.
La relación con Haití, adonde los dominicanos exportan por unos 1,500 millones de dólares anuales, ya está afectada, y los países del Caricom ya están cuestionando la solicitud de ingreso del Gobierno dominicano. Dominan el Cariforo, del que RD es miembro, e influyen sobre la Unión Europea a través del Acuerdo Caribe-Pacífico, por donde podrían generarse problemas al comercio y el turismo dominicanos.
Todos los caminos conducen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y su jurisprudencia, como señaló el secretario general de la OEA, quien planteó que “no hay forma de resolver el conflicto sin reconocer el derecho de los dominicanos de ascendencia haitiana. Pero dejó abierta una puerta a la negociación con el Gobierno dominicano y la oportunidad sería cuando venga al país la comisión investigadora que se anunció en la sesión del Consejo Permanente.
El jurista Francisco Alvarez Valdez, dirigente de Participación Ciudadana, señaló en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio que el Gobierno puede solucionar el problema solicitando una opinión consultiva a la Corte, como forma de evadir una condena. Para eso tendría que asumir que el dictamen le será desfavorable y que la prolongación del escándalo no ayuda a un país con economía dependiente del turismo, del financiamiento externo, de las remesas de millón y medio de emigrantes, y del comercio.
La opinión consultiva, prevista en los artículos 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el 72 en el Reglamento de la Corte, al igual que una sentencia, sería vinculante para el Estado, pero aparecería como iniciativa propia.
Hay quienes creen que la Corte tomará años para decidir a favor de los desnacionalizados, porque ignoran que el artículo 63.2 de la Convención Americana establece que “En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”. Y ya la Comisión ha recibido casos de despojo de la nacionalidad y se pronunció contra la sentencia del TC. El Gobierno de Danilo Medina debe escoger el camino más racional.
Organizaciones contra la desnacionalización
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes
Comunidad Económica del Caribe
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Adolescencia
Amnistía Internacional
Consejo Latinoamericano de Iglesias
Asociación para el Estudio de la Diáspora Mundial Africana (ASWAD)
Centro Robert Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Clínica de Derechos Humanos Universidad de Columbia
Clínica de Derechos Humanos Universidad de Miami
Clínica de Derechos Humanos Universidad de Santa Clara
Black Caucus de 43 miembros del Congreso de los EUA
19 legisladores del Congreso de los EUA
Servicio Jesuita a Refugiados en EUA
14 organizaciones argentinas, encabezadas por Adolfo Pérez Esquivel
Federación Mundial de la Diáspora Haitiana
10 organizaciones sociales de Haití
Por José Cabral
Un fenómeno muy preocupante que se produce en la República Dominicana tiene que ver con la pérdida de la cultura del trabajo.
Aparentemente hay un relativo cumplimiento con las obligaciones laborales cuando se trata de una empresa con altos niveles de organización y supervisión.
La pérdida de la cultura del trabajo puede ser demoledora para la micro, pequeña y mediana empresa, en las que no hay forma de que se respete el contrato laboral entre empleados y empleadores.
La desaparición de la cultura del trabajo en el país representa una crisis muy profunda debido a la precariedad laboral, la informalidad y la pérdida de incentivos para el esfuerzo formal.
La pérdida de la cultura del trabajo está asociada a una serie de factores como los bajos salarios y que un empleo no garantiza la salida de la pobreza, según los estudios económicos al respecto.
Sin embargo, la razón principal, siempre de acuerdo a lo que puedo observar, obedece a la crisis de valores que impacta a la sociedad dominicana.
Hay una tendencia muy acentuada a no cumplir con la responsabilidad asumida, es decir, que se observa una negación de la gente a asumir sus obligaciones.
Inclinarse por la vida fácil es una percepción ciudadana que tiene que ver con la crisis de valores que procura la búsqueda de ingresos sin hacer ningún esfuerzo, cuyo ejemplo más contundente es la famosa “botella” a nivel estatal, la cual es estimulada por el clientelismo que promueven los partidos políticos.
Lo otro que explica el fenómeno es que la gente ha aprendido a reclamar sus derechos sin cumplir con sus deberes.
Es una percepción generalizada, la cual va de lo pequeño a lo grande y lo contrario, pero no parece que haya una respuesta a la vista por tratarse de una realidad en la que el Estado no hace ningún esfuerzo planificado para combatirla.
Asistimos, con el alma acongojada pero erguida en el patriotismo más puro, al espectáculo de unos ministros que celebran como proeza histórica el servilismo diplomático.Por José Cabral
Hace ya muchos años fuí testigo de varios anécdotas que deben servir para algo a cualquier persona, no importa de que país sea.
En un lugar en Nueva York llamado Merchant, donde se vende vinos y cigarros y se toca Jaz, compartía con unos amigos, entre ellos había varias muchachas colombianas y una de ellas me pregunta que si soy dominicano y le responde que sí.
Y de inmediato me narra que su hermana más joven, quien se encontraba también en el lugar, tenía un noviazgo con un joven dominicano, pero que esa relación le había traído muchos problemas a la familia, porque su papá entendía que la misma no debía existir.
Me decía la joven que su papá siempre decía que lo menos que él debía hacer era estrangular a su hija por mantener una relación que podía terminar en procreación con una persona de una baja procedencia.
Pero la historia se repite unos años después en la calle 50 y la quinta avenida de la ciudad de Nueva York cuando me decía otro señor que conoció una muchacha tan hermosa y educada de apellido Trujillo que nadie podía pensar que fuera dominicana.
Evidentemente que ambas narraciones tenían su explicación en que la mayor parte de la inmigración dominicana hacia los Estados Unidos, que es el escenario analizado, procedia en ese momento del campo y cuya formación académica y cultural es muy pobre.
Además, por un asunto cultural, la mayoría de los dominicanos radicados en Nueva York proceden de barrios muy pobres o del campo de la región del Cibao, cuyas características y acento es, podría decirse, la representación de un regionalismo que se expresa a través del uso de la i para hablar.
Naturalmente, las razones que tienen que ver con que mucha de nuestra gente no haya tenido la oportunidad de cursar estudios universitarios y de tener una buena formacion cultural son parte de las deficiencias que se observa en el Estado dominicano.
De cualquier manera, la imagen de cualquier gentilicio se complica o deteriora cuando una buena parte del grupo étnico de que se trate se ve involucrado en actividades que nadie quiere para su familia, aunque, naturalmente, ese no sea el caso de lo planteado en este comentario.
Hay que decir que los propios colombianos se vieron en una situación indeseable cuando la época de Pablo Escobar que un pasaporte de ese país era prácticamente una ofensa a nivel internacional.
La enseñanza que quiero dejar con estas narraciones es que el orgullo de ser dominicano es algo que no se negocia, pero el mismo está determinado por la imagen que se venda en la comunidad internacional.
Y para sentirse orgulloso de la dominicanidad hay que partir, principalmente, de que sea un país en el que la dignidad humana sobresalga sobre la mayoría de los derechos, pero además que quien la representa sea gente con la decencia y un comportamiento acorde con los tiempos de las sociedades civilizadas.
Ciertamente que las democracias han fallado, sobre todo por el comportamiento de los partidos políticos y si bien hay que combatir ese mal y buscar la sustitución ahora y para siempre de esos actores de la vida nacional, pero cualquier solución al respecto no puede ser peor que lo que existe y sobre la base de lesionar el orgullo de ser dominicano.
Con esto quiero decir que en aras de preservar el orgullo nacional, se debe procurar llevar a la direccion del Estado a personas que, no sólo sean éticas y defensoras del interés nacional, sino también que coloquen en la cima, si es posible, la imagen del gentilicio por tener una conducta en el contexto de una sociedad civilizada.
Hay una expresión popular que dice que es muy importante guardar bien las apariencias, lo cual es aplicable en estos momentos en la República Dominicana, pero que ello no sea una causa para dejar de gestionar la salida del poder de los que han dañado gravemente la democracia, aunque, naturalmente, sin apoyarnos en ciudadanos que, aunque tienen el derecho constitucional de elegir y ser elegido, pero que su comportamiento lo descalifica para representar a todos los que tenemos un criterio muy claro del orgullo de ser dominicano y lo que ello implica para la economia y toda la vida nacional.