Análisis Noticiosos
RD bajo generalizada crítica internacional
Por Juan Bolívar Díaz
Las reacciones mundiales a la sentencia del Tribunal Constitucional que justifica el genocidio civil iniciado en el 2007, indican un claro riesgo de condena y aislamiento internacional para la República Dominicana que podría alcanzar dimensiones económicas.
Aunque el Gobierno dominicano inició “una ofensiva” encaminada a justificar el despojo de la nacionalidad a millares de personas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) lo proclamó como un asunto de derechos humanos a ser decidido por la Corte Interamericana y citó un precedente de condena.
Aislada en la OEA. Aunque la generalidad de los diarios dominicanos hizo un esfuerzo por reducir el efecto de la sesión del Consejo Permanente de la OEA celebrada el martes 29, los que la vieron por Internet pudieron advertir que fue devastadora para la República Dominicana, aunque sus representantes trataron de justificar la posición del Gobierno tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que priva de la nacionalidad a los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en el país a partir de 1929, a los que durante más de ochenta años se les reconoció y registró como dominicanos.
La sesión fue convocada a instancias de varios de los 15 países que integran la Comunidad del Caribe (Caricom), la mayoría de los cuales hicieron uso de la palabra para rechazar enérgicamente la sentencia del TC que afectaría a decenas de miles de dominicanos de ascendencia extranjera, en su mayoría de haitianos, incluyendo a los descendientes de inmigrantes del Caribe inglés, conocidos aquí como cocolos.
Varios oradores dominicanos hicieron esfuerzo por explicar la sentencia y su aplicación, encabezados por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, quien dio seguridades de que el Estado “no va a permitir que se vulneren los derechos fundamentales de personas que están amparadas por nuestras leyes”. Pero esta y otras afirmaciones quedaron sin sentido, ya que la sentencia y los que la aplican se basan en que los ciudadanos afectados no estaban amparados por la Constitución ni las leyes, a pesar de que recibieron la nacionalidad.
Un secretario contundente. El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, fue contundente en su discurso al afirmar que “Está clarit nadie puede verse privado de su nacionalidad, y por lo tanto hay un problema de derechos humanos”. Pero precisó que “también tenemos un problema institucional”, porque “esta sentencia ha sido dictada por una Corte Constitucional de un Estado en virtud de su propio ordenamiento jurídico interno”, para afirmar a continuación: “yo creo que eso se enfrenta a través del sistema de derechos humanos, y por tanto, este tema es propiamente competencia de la Comisión y de la Corte” de Derechos Humanos.
Insulza citó el rechazo de la Comisión Interamericana a la sentencia del tribunal y recordó también que la Corte ya dictaminó en un caso similar, refiriéndose al de las niñas Jean y Bosico, descendientes de haitianos, donde sentó jurisprudencia ordenando su inscripción como ciudadanas dominicanas.
La intervención del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, no parece que pueda ayudar la causa del país, pues llegó al extremo de objetar las opiniones de quienes no han leído el texto completo de la sentencia, incluyendo al secretario general y dijo que el país no perdería tiempo respondiendo esas críticas. Solo Nicaragua y El Salvador avalaron la posición dominicana, pero en las intervenciones de los representantes de Estados Unidos, México, Canadá, y aún de Venezuela, predominó la defensa de los derechos humanos. El peso de los 15 países de Caricom en la OEA es muy fuerte, pues son casi la mitad de los miembros, y pocos quieren verse con ese bloque en contra.
Un clamor generalizado. El debate en la OEA-Washington contribuyó a expandir el conflicto por el continente y el mundo, siendo recogido por los principales periódicos y cadenas de televisión y contribuyendo al rechazo generalizado del genocidio civil dominicano.
Esta semana fueron significativas las condenas expresadas en un comunicado firmado por 19 legisladores del Congreso de Estados Unidos, así como por el Black Caucus que integra otros 43 congresistas. En carta al presidente Danilo Medina, los diputados encabezados por Joseph Kennedy III, sostienen que la sentencia “podría resultar en una crisis humanitaria sin precedente que afectaría profundamente la estabilidad de la región”. El influyente Caucus Negro consideró que la apatridia de los dominicanos de ascendencia haitiana “debe ser considerada como una amenaza para el progreso y la estabilidad regionales”.
Desde que se conoció la sentencia a fines de septiembre, decenas de organizaciones, personalidades y medios de comunicación la han rechazado por implicar violación al principio jurídico internacional de no retroactividad de la ley y por considerar “personas en tránsito” a quienes se quedan por décadas en un país.
Se destaca la posición del Centro Robert Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, de Washington, cuyo director, Santiago Cantón, dijo que RD ha ignorado el derecho internacional, y sometió un recurso de “Amigos de la Corte” sobre el caso de Benito Tide Méndez contra RD.
Organismos y periódicos. Entre los organismos internacionales que han rechazado la sentencia se cuentan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que opera como procuraduría general de la Corte, y las agencias de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, para Refugiados y Migrantes (Acnur), y para la Infancia y la Adolescencia (Unicef).
Periódicos como El País de España y BBC-Mundo de Gran Bretaña han dedicado dobles reportajes al conflicto. The New York Times, Le Monde, Página 12 de Argentina, y muchos otros, al igual que cadenas de televisión, se han ocupado del caso enfatizando el rechazo al genocidio civil. El más radical ha sido el diario The Boston Globe, que en un editorial el 15 de octubre planteó que la comunidad internacional debe presionar al Gobierno dominicano para evitar que 200 mil personas queden sin nacionalidad. Agregó que Estados Unidos, como mayor socio comercial de RD “debe examinar las presiones que pueden aplicarse”.
Entre las personalidades que han rechazado el genocidio civil se cuentan el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, junto a las Madres de la Plaza de Mayo, de Buenos Aires y 14 organizaciones argentinas. También las destacadas escritoras y escritores norteamericanos de ascendencia dominicana como Julia Alvarez, Rhina Espaillat, Junot Díaz y Silvio Torres Saillant.
Evitar o reducir los riegos. Aunque la Unión Europea no ha fijado posición, por su delegación en el país se sabe que ha rechazado el genocidio civil desde que la JCE lo inició en el 2007. Lo mismo que el Departamento de Estado de Estados Unidos, y de ambos se esperan pronunciamientos en defensa de los derechos humanos, lo que podría elevar los riesgos a que se expone el país desafiando principios fundamentales de la comunidad internacional, a nombre de una soberanía ya limitada por tratados internacionales.
La relación con Haití, adonde los dominicanos exportan por unos 1,500 millones de dólares anuales, ya está afectada, y los países del Caricom ya están cuestionando la solicitud de ingreso del Gobierno dominicano. Dominan el Cariforo, del que RD es miembro, e influyen sobre la Unión Europea a través del Acuerdo Caribe-Pacífico, por donde podrían generarse problemas al comercio y el turismo dominicanos.
Todos los caminos conducen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y su jurisprudencia, como señaló el secretario general de la OEA, quien planteó que “no hay forma de resolver el conflicto sin reconocer el derecho de los dominicanos de ascendencia haitiana. Pero dejó abierta una puerta a la negociación con el Gobierno dominicano y la oportunidad sería cuando venga al país la comisión investigadora que se anunció en la sesión del Consejo Permanente.
El jurista Francisco Alvarez Valdez, dirigente de Participación Ciudadana, señaló en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio que el Gobierno puede solucionar el problema solicitando una opinión consultiva a la Corte, como forma de evadir una condena. Para eso tendría que asumir que el dictamen le será desfavorable y que la prolongación del escándalo no ayuda a un país con economía dependiente del turismo, del financiamiento externo, de las remesas de millón y medio de emigrantes, y del comercio.
La opinión consultiva, prevista en los artículos 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el 72 en el Reglamento de la Corte, al igual que una sentencia, sería vinculante para el Estado, pero aparecería como iniciativa propia.
Hay quienes creen que la Corte tomará años para decidir a favor de los desnacionalizados, porque ignoran que el artículo 63.2 de la Convención Americana establece que “En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”. Y ya la Comisión ha recibido casos de despojo de la nacionalidad y se pronunció contra la sentencia del TC. El Gobierno de Danilo Medina debe escoger el camino más racional.
Organizaciones contra la desnacionalización
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes
Comunidad Económica del Caribe
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Adolescencia
Amnistía Internacional
Consejo Latinoamericano de Iglesias
Asociación para el Estudio de la Diáspora Mundial Africana (ASWAD)
Centro Robert Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Clínica de Derechos Humanos Universidad de Columbia
Clínica de Derechos Humanos Universidad de Miami
Clínica de Derechos Humanos Universidad de Santa Clara
Black Caucus de 43 miembros del Congreso de los EUA
19 legisladores del Congreso de los EUA
Servicio Jesuita a Refugiados en EUA
14 organizaciones argentinas, encabezadas por Adolfo Pérez Esquivel
Federación Mundial de la Diáspora Haitiana
10 organizaciones sociales de Haití
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.