Santo Domingo, RD.-El alegado golpe del presidente de Venezuela al Parlamento fue condenado por la República Dominicana, el cual incluyó el despliegue de la fuerza pública para impedir el acceso de varios diputados opositores al edificio de la Asamblea Nacional.Nacionales
Alegado golpe de Nicolás Maduro al parlamento venezolano es condenado por RD.
Santo Domingo, RD.-El alegado golpe del presidente de Venezuela al Parlamento fue condenado por la República Dominicana, el cual incluyó el despliegue de la fuerza pública para impedir el acceso de varios diputados opositores al edificio de la Asamblea Nacional.El país se suma con esta posición a una docena de naciones latinoamericanas, a Estados Unidos y a la Unión Europea, que condenan la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional venezolana.
«Rechazamos estas acciones, que obstaculizan el trabajo de representantes legítimamente electos por el pueblo venezolano», expresa un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), enviado a los medios de comunicación.
«Hacemos un llamado a realizar un nuevo proceso que garantice la libre elección del presidente de la Asamblea Legislativa», indica el documento de la Cancillería dominicana.
Países de la región expresaron ayer su descontento sobre el desarrollo de la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional venezolana, durante una sesión en la que resultó electo un diputado separado de la oposición y a la que el presidente Juan Guaidó y otros parlamentarios opositores no tuvieron acceso.
Los países integrantes del Grupo de Lima indicaron que siguen con extrema preocupación los recientes acontecimientos en Venezuela e hicieron un llamado a la comunidad internacional para trabajar de manera conjunta en apoyo a la recuperación de la democracia y el establecimiento del Estado de derecho en ese país.
El grupo además condenó «el uso de la fuerza por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro» que impidió el acceso a varios de los diputados de la Asamblea Nacional durante la sesión en que fue electo Luis Parra presidente de la Asamblea Nacional venezolana, en lugar de Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino de esa nación sudamericana y es reconocido por cerca de 50 países.
El Grupo de Lima lo integran Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Guatemala, Guyana. Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y el gobierno encargado de Venezuela.
El alto representante de la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, denunció irregularidades en las elecciones a la Asamblea Nacional venezolana celebradas el domingo, por lo que los Veintiocho siguen reconociendo a Juan Guaidó como presidente de la institución.
El país suramericano ha visto abrirse un nuevo cisma institucional después de que fuesen elegidos dos presidentes distintos para su Parlamento: los diputados chavistas votaron a Luis Parra, mientras las fuerzas policiales impedían a golpes acceder al hemiciclo a Guaidó, reelegido horas después como líder de la cámara en la sede del diario El Nacional.
A través de un comunicado de su portavoz, el jefe de la diplomacia europea afirmó que las elecciones «estuvieron marcadas por graves irregularidades y actos contra el funcionamiento democrático y constitucional» de la Asamblea que, como resultado, no puedo llevar a cabo su mandato.
«Estas irregularidades no son compatibles con un proceso legítimo de elección del presidente de la Asamblea Nacional (…) Como consecuencia, la UE continúa reconociendo a Juan Guaidó como legítimo presidente de la Asamblea Nacional hasta que puedan garantizarse las condiciones para una votación adecuada», dice el comunicado.
El bloque comunitario consideró que este es «un paso más en el deterioro de la crisis en Venezuela» y reiteró que está dispuesto a apoyar una «solución pacífica y democrática a la crisis, basada en elecciones transparentes y creíbles».
Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, dijo que en el futuro la política de Washington se centrará cada vez más en apoyar a los grupos prodemocráticos y sancionará a quienes se interpongan en su camino, y planteó que tenía la esperanza de que los aliados de Maduro como Rusia reevaluarían su apoyo “cuando vean que el régimen no tiene nada más que hacer que enviar tropas a la Asamblea Nacional”.
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
En la audiencia, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) habían solicitado al tribunal que se mantuviera la medida de coerción por riesgo de fuga y posible interferencia en la investigación, destacando la gravedad de los hechos.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La lectura íntegra de la decisión fue fijada para el 9 de abril de 2026.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.