Santo Domingo, RD.-El alegado golpe del presidente de Venezuela al Parlamento fue condenado por la República Dominicana, el cual incluyó el despliegue de la fuerza pública para impedir el acceso de varios diputados opositores al edificio de la Asamblea Nacional.Nacionales
Alegado golpe de Nicolás Maduro al parlamento venezolano es condenado por RD.
Santo Domingo, RD.-El alegado golpe del presidente de Venezuela al Parlamento fue condenado por la República Dominicana, el cual incluyó el despliegue de la fuerza pública para impedir el acceso de varios diputados opositores al edificio de la Asamblea Nacional.El país se suma con esta posición a una docena de naciones latinoamericanas, a Estados Unidos y a la Unión Europea, que condenan la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional venezolana.
«Rechazamos estas acciones, que obstaculizan el trabajo de representantes legítimamente electos por el pueblo venezolano», expresa un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), enviado a los medios de comunicación.
«Hacemos un llamado a realizar un nuevo proceso que garantice la libre elección del presidente de la Asamblea Legislativa», indica el documento de la Cancillería dominicana.
Países de la región expresaron ayer su descontento sobre el desarrollo de la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional venezolana, durante una sesión en la que resultó electo un diputado separado de la oposición y a la que el presidente Juan Guaidó y otros parlamentarios opositores no tuvieron acceso.
Los países integrantes del Grupo de Lima indicaron que siguen con extrema preocupación los recientes acontecimientos en Venezuela e hicieron un llamado a la comunidad internacional para trabajar de manera conjunta en apoyo a la recuperación de la democracia y el establecimiento del Estado de derecho en ese país.
El grupo además condenó «el uso de la fuerza por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro» que impidió el acceso a varios de los diputados de la Asamblea Nacional durante la sesión en que fue electo Luis Parra presidente de la Asamblea Nacional venezolana, en lugar de Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino de esa nación sudamericana y es reconocido por cerca de 50 países.
El Grupo de Lima lo integran Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Guatemala, Guyana. Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y el gobierno encargado de Venezuela.
El alto representante de la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, denunció irregularidades en las elecciones a la Asamblea Nacional venezolana celebradas el domingo, por lo que los Veintiocho siguen reconociendo a Juan Guaidó como presidente de la institución.
El país suramericano ha visto abrirse un nuevo cisma institucional después de que fuesen elegidos dos presidentes distintos para su Parlamento: los diputados chavistas votaron a Luis Parra, mientras las fuerzas policiales impedían a golpes acceder al hemiciclo a Guaidó, reelegido horas después como líder de la cámara en la sede del diario El Nacional.
A través de un comunicado de su portavoz, el jefe de la diplomacia europea afirmó que las elecciones «estuvieron marcadas por graves irregularidades y actos contra el funcionamiento democrático y constitucional» de la Asamblea que, como resultado, no puedo llevar a cabo su mandato.
«Estas irregularidades no son compatibles con un proceso legítimo de elección del presidente de la Asamblea Nacional (…) Como consecuencia, la UE continúa reconociendo a Juan Guaidó como legítimo presidente de la Asamblea Nacional hasta que puedan garantizarse las condiciones para una votación adecuada», dice el comunicado.
El bloque comunitario consideró que este es «un paso más en el deterioro de la crisis en Venezuela» y reiteró que está dispuesto a apoyar una «solución pacífica y democrática a la crisis, basada en elecciones transparentes y creíbles».
Elliott Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, dijo que en el futuro la política de Washington se centrará cada vez más en apoyar a los grupos prodemocráticos y sancionará a quienes se interpongan en su camino, y planteó que tenía la esperanza de que los aliados de Maduro como Rusia reevaluarían su apoyo “cuando vean que el régimen no tiene nada más que hacer que enviar tropas a la Asamblea Nacional”.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.