Análisis Noticiosos
RD de espalda al universo de los derechos humanos
Por Juan Bolívar Díaz
El tribunal Constitucional dominicano violó una ley y su propio ordenamiento interno para precipitar el absurdo desconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. exponiendo el país a graves daños derivados de la condena internacional.
La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional la adhesión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) deja al país de espalda al universo de los derechos humanos y expuesto a continuas condenas que podrían ocasionar graves daños económicos y a la imagen de la nación.
Las reacciones internacionales muestran el aislamiento de la nación, mientras en el plano interno los expertos constitucionalistas y en derecho internacional se muestran consternados y avergonzados por la inconsistencia del dictamen, que el gobierno podría subsanar pidiendo al Congreso Nacional que ratifique la competencia de esa Corte.
Profunda división
Tal como ocurrió con la sentencia 168-13 que avaló la política de desnacionalización de los descendientes de inmigrantes irregulares, la 256-14 emitida esta semana por el Tribunal Constitucional, declarando inconstitucional la adhesión del país a la CIDH profundiza la división en la sociedad dominicana, predominando el discurso nacionalista que reivindica una soberanía obsoleta por múltiples tratados internacionales, no sólo en derechos humanos, también en comercio, medio ambiente, derecho de autor…
La opinión pública está influida por la posición gubernamental conservadora, que ha arrastrado al partido de gobierno al ultranacionalismo, dejando atrás sus orígenes boschistas, y gran parte de la población parece encontrar en ella una fuente para reafirmarse frente a los nacionales y descendientes del país más pobre y atrasado del continente. La generalidad de los periódicos apoyan la posición nacionalista, los principales programas de televisión la cuestionan y la radio aparece dividida.
Donde ha habido mayor coherencia y profundidad es entre los más reputados expertos en derecho constitucional y relaciones internacionales, que han rechazado o disentido en diversos grados con las sentencias del TC, como Eduardo Jorge Prats, Olivo Rodríguez Huerta, Cristóbal Rodríguez, Flavio Darío Espinal, Carlos Salcedo, Nassef perdomo, o Ariel Gautreaux, y juristas como el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa y el jurista Francisco Alvarez Valdez. Tras una serie de consideraciones jurídicas, en un artículo el viernes en HOY, Jorge Prats concluyó con dos palabras “!Que vergüenza!”.
Total rechazo internacional
Donde la nueva sentencia del TC ha vuelto a tener un rechazo absoluto es en el ámbito internacional, encabezado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el órgano encargado por la carta de la OEA y la Convención Interamericana de Derechos Humanos de velar por la aplicación de los tratados al efecto, la cual dijo que ese dictamen “no encuentra sustento alguno en el derecho internacional, por lo cual no puede tener efectos”. Agregó que tampoco existe base en el mismo para entender que pueda tener efectos en el futuro, porque la Convención “no establece la posibilidad de que un Estado que continúa siendo parte del Tratado se desvincule de la competencia de la Corte”.
Amnistía Internacional y el Centro Kennedy para los Derechos Humanos se sumaron de inmediato a las advertencias de que la nación dominicana se coloca de espaldas al universo de los derechos humanos. Las repercusiones alcanzaron la primera plana del principal periódico español El País y de los noticiarios de televisión del mundo.
La Comisión Interamericana evalúa desde el 2011, con por lo menos tres audiencias públicas, los casos de unas 48 personas afectadas por la desnacionalización, cuyos expedientes podrían pasar en cualquier momento a la Corte y motivar condenas sobre condenas, bajo la jurisprudencia de que los hijos no heredan la condición migratoria de sus padres y por el principio de la no retroactividad.
Ya esta semana la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados colocó a la República Dominicana en un exclusivo club mundial donde se concentra la apatridia, ocupando el quinto lugar, después de Birmania, Costa de Marfil, Tailandia y Lituania, con un estimado de 200 mil personas privadas de nacionalidad.
TC viola ley y su estatuto
No debe pasar desapercibida la denuncia de dos de los tres jueces del TC que rechazaron la sentencia con “votos disidentes” ponderados en el sentido de que en su prisa por emitir su dictamen, que a juicio de Katia Miguelina Jiménez “responde más a un acto de reacción que a un razonamiento jurídico”, el tribunal violentó el artículo 180 de la Constitución, su Ley Orgánica 137-11 y su propio reglamento interno “textos que son categóricos al indicar que los votos deben consignarse en la sentencia”, dice textualmente Hermógenes Acosta.
La jueza Jiménez y el juez Acosta se quejan de que el TC publicó su sentencia 256-14 sin darle oportunidad a explicitar su voto disidente como ordenan esos textos. Con extensión de 39 y 13 páginas, sus argumentos contrarios a la mayoría, fueron incorporados posteriormente a la sentencia en la página de internet del TC. El de la otra magistrada que disintió, Ana Isabel Bonilla, de 6 páginas, fue incluido antes de la emisión.
Acosta cita que el reglamento jurisdiccional del TC establece un plazo de 10 días hábiles a contar de la comunicación de la sentencia para formular el voto particular, y que la práctica en cientos de casos implicaba por lo menos 5 días, pero esta vez se publicó al tercer día. El, como la doctora Jiménez, tuvieron que redactar sus objeciones sin haber recibido el texto aprobado por la mayoría, y en su punto 8 indica que “el proyecto de sentencia que nos ocupa fue aprobado con modificaciones, de las cuales tuve conocimiento en horas de la tarde del día de hoy (4 de noviembre) cuando entré a la página oficial del TC”. Agrega en el punto 9 que “he sido sancionado de manera injusta e injustificada”.
Katia Jiménez dice que se enteró por el periódico El Día de la decisión de publicar la sentencia sin esperar su voto disidente, que reivindica no sólo constitucional, legal y reglamentariamente, sino como “desprendimiento del derecho a la libertad de expresión”. En su argumento 4.1.12 se queja de que la mayoría de los jueces citaron un dictamen de la Suprema Corte del 2055 (No.4 BJ1137.23) para argumentar a favor de acoger el recurso de inconstitucionalidad, pero decidieron “dejar de lado el hecho de que en esa misma sentencia la Suprema Corte reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, y cita el texto específico.
La esencia del rechazo
Los tres jueces disidentes, como la generalidad de los expertos que han analizado la sentencia, basan su rechazo en que el Congreso Nacional reconoció la competencia de la Corte Interamericana al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos que la instituye. Citan su artículo 33 que crea tanto la Comisión como la Corte Interamericanas, que luego dedica todo su capítulo VIII a especificar las competencias y funcionamiento de la CIDH. Coinciden también en que la Convención especifica que no se necesita “convención especial” para reconocer la jurisdicción de la Corte.
Hermógenes Acosta añade que el Congreso también ratificó la competencia de la CIDH al aprobar la Ley Orgánica del TC 137-11, donde establece ”Que dentro de los procedimientos constitucionales a ser regulados se encuentra el control preventivo de los tratados internacionales y la regulación de la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Citan la llamada “doctrina Estoppel”, según la cual no se puede adoptar una conducta jurídica contraria a los actos anteriormente adoptados, refiriéndose a las múltiples ocasiones en que el Estado aceptó la vinculación con la CIDH, como por ejemplo al defenderse en cinco casos o al hacer elegir una dominicana como jueza de la misma. Lo mismo cuenta para el TC que llegó a firmar un Acuerdo Marco de Cooperación con la CIDH (Ver cuadro anexo).
Una salida improbable
Las primeras manifestaciones del gobierno son de estricto apego a las decisiones del TC, citando su ley orgánica y la Constitución, aunque la primera, en su artículo 37.1 también declara la vinculación con los tratados y los tribunales internacionales internacionales, colocados en la última instancia en materia de derechos humanos. La Constitución en su artículo 74.3. La última declaración del canciller dominicano Andrés Navarro, el viernes, no descarta que el país se salga de la jurisdicción de la CIDH, pero indico que un grupo de expertos analiza la situación.
Si el problema es que el Congreso no ha ratificado la competencia de la Corte, como ha dictaminado el TC, una salida podría ser enviar el protocolo al Poder Legislativo para que decida. Sería una forma del gobierno compartir la responsabilidad en una decisión de graves y prolongadas complicaciones para la política exterior y la imagen del país. Hay quienes creen que podrían originarse boicots y hasta sanciones económicas. Por lo menos la Unión Europea condiciona cooperación a la observación de los principios fundamentales de derechos humanos.
Hay quienes citan el caso de Venezuela, que denunció la Convención y la Corte, pero la República Dominicana es mucho más dependiente del comercio, la inversión, el turismo y la cooperación internacional, y no tiene aliados exteriores que la puedan defender ante acusaciones de violación de derechos de decenas de miles de personas.
En última instancia, como sostuvo la jueza Katia Jiménez, el desconocimiento de la competencia de la CIDH es reactiva, una forma de decir que ya no hay que cumplir la condena que restituye los derechos de los desnacionalizados, porque simplemente el reconocimiento de esa corte durante 15 años “era inconstitucional”.-
Calendario de eventos
Septiembre de 1977: RD firma la Convención Americana de los Derechos Humanos
Diciembre de 1977: Resolución 739 del Congreso Nacional ratifica la Convención que instituye la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Marzo de 1999: El presidente Leonel Fernández acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Noviembre del 2003: La Resolución 1920 de la Suprema Corte de RD reconoce como obligatoria de pleno derecho la competencia de la CIDH
Junio del 2006: La dominicana Rhadys Abréu de Polanco es electa jueza de la CIDH por la Asamblea General de la OEA reunida en Sto. Domingo
Enero del 2010: Se promulga la Constitución cuyo artículo 74.3 otorga jerarquía constitucional a los tratados y convenios suscritos por el Estado
Junio del 2011: La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 137-11 reconoce la jerarquía de la CIDH
Noviembre del 2012: El presidente del TC, Milton Ray Guevara firma un Acuerdo Marco de Colaboración con la CIDH
2013: Sentencias 0084-13 y 136-13 del TC reconocen el “carácter vinculante” de las decisiones de la CIDH
Caracas.- Norellys Marrero dejó un ejemplar del libro Vida, de Paulo Coelho, en la mesa de noche de su hija Liz el día antes de abandonar Los Ángeles. Viajaba de vuelta a Venezuela luego de vivir tres años con ella y esperar la respuesta de una solicitud de asilo que le fue negada. “Te lo dejo aquí para que nunca te olvides de que, pase lo que pase, uno nunca puede perder la esperanza de vivir hasta el final”, le dijo. Dos meses después, Norellys murió junto a su otra hija y su nuero en La Guaira, durante el doblete sísmico del 24 de junio en Venezuela.
Pero, a diferencia de otras historias, Liz vivió la tragedia por videollamada. Estaba a punto de ir a dar clases a la academia de baile donde trabaja desde hace 11 años cuando su mejor amigo —que también es artista y vive en Turquía— la llamó para decirle que había habido un terremoto catastrófico y que llamara a su familia. “Aparecieron todos, excepto mi núcleo familiar. Y ahí, cuando yo veo que todo el mundo contesta, que todo el mundo escribe y no escucho a los míos y llamo, llamo, llamo… ahí yo, automáticamente, ya sabía”, dice Liz.
La bailarina contactó desde Los Ángeles a motorizados en La Guaira para que fueran a ver el estado del edificio; también a su canosa tía Maribel, que perdió carro y casa pero se fue a participar en las labores de rescate, e incluso le mostraron las manos del cadáver de su hermana para que las reconociera. “¿Pero para qué iba a reconocer unas manos? Quería ver el cuerpo completo de mi hermana, que apareció debajo de su esposo. Yo creo que ellos quedaron vivos y con la fuerza que les quedaba empujaron a su hijo para que pudiera salir, porque los encontraron impulsando los brazos hacia arriba y Samuel estaba encima de ellos”, describe Liz.
Sus sobrinos sobrevivieron. Sebastián, de 16 años, estaba en la playa de Macuto celebrando la fiesta de San Juan y vio cómo todo se desplomaba a su paso. Samuel, de 11, quedó atrapado junto a su familia, y un turista lo rescató 24 horas después tras ver cómo su cabeza sobresalía entre los escombros. Ahora Samuel tiene cuatro fracturas y una parálisis facial. “Está en el hospital, todavía muy delicado. No habla, no puede mover la cara, tiene que hacer terapia de lenguaje, terapia ocupacional, y lo atienden entre fisioterapeutas, neurocirujanos e intensivistas. Lo acompaña una enfermera las 24 horas, y no se le puede dar de alta porque, cuando lo intentaron, convulsionó”, explica Liz.
Fue ella quien organizó cómo decirle a su otro sobrino que sus padres habían muerto. De nuevo, por videollamada: “Contacté a un psiquiatra y fue mi sobrino con toda la familia a su consultorio. El abuelo le dio a Sebastián la noticia y ese fue el momento más difícil de mi vida: ver a Sebastián tirándose al piso y gritando, a través de la pantalla. Porque ese dolor también lo tengo yo, yo también perdí a mi mamá en el mismo momento que él”, recuerda Liz.
Desde entonces, sus sobrinos están bajo la custodia de su abuelo paterno, mientras Liz ha organizado una campaña en GoFundMe a beneficio de su futuro como beisbolistas profesionales, carrera de la que sueña ser manager. “Gracias a la danza he reunido más de 70 mil dólares en un mes. Ya tengo 13 ciudades confirmadas donde se van a hacer talleres de danza para donar a los niños. También en la ciudad hacen un festival que se llama Next Fest LA y, gracias a las redes, vieron lo que estoy haciendo y me llamaron para patrocinar un escenario a beneficio de mi familia”, explica.
Los vecinos al rescate de supervivientes
El caso de Crismar Chacín es similar. Su vida transcurre en Los Ángeles desde 2021, cuando consiguió una beca para The American Academy of Dramatic Arts. Desde entonces, no ha vuelto a La Guaira. Su papá se suicidó hace cuatro años, cuando ya Crismar vivía en el extranjero, y su hermano Cristian, de 19 años, murió atrapado en uno de los edificios que se derrumbó en Los Corales el día del terremoto.
“Hija, hubo un terremoto”, le dijo su mamá a través de una llamada mientras Crismar estaba en una biblioteca. “La primera persona que me contó fue mi mamá, que estaba en Caribe y me llamó para decirme que todo se había venido abajo. La llamada duró menos de cinco minutos y sentí que se estaba acabando el mundo. La escuché cuando logró llegar al edificio, gritar por Cristian y que no respondiera”, recuerda.
Al edificio no llegaron rescatistas hasta el día siguiente y, en ese momento, estaban priorizando el rescate solamente donde se escuchara vida: “Eran vecinos a mano limpia tratando de salvar gente. Mi tío se lanzó una travesía desde Catia La Mar hacia Los Corales porque la policía había dado la orden de que no se metieran a los edificios, y mi tío dijo que él sí iba a meterse. Así encontraron a Cristian y a otros vecinos el viernes 26 de junio”, explica.
Crismar estaba con su mamá en la llamada cuando identificaron a su hermano. “A pesar de estar en la distancia, algo me dijo que intentara llamarla a ver si entraba la señal, y fue justo en el momento en el que lo identificaron por su tatuaje”, dice. Sin embargo, ahí no lo pudieron extraer y tuvieron que echarle cal al cuerpo para preservarlo. “El piso tres quedó en planta baja y todo el peso del edificio estaba encima de nuestros familiares. Así que no fue posible sacarlos sin la ayuda correcta, que llegó cuatro días después gracias a los topos mexicanos”, explica.
Por eso Liz destaca el sentido de comunidad que ha vivido gracias a este momento: “Pasó lo peor en La Guaira, y la única razón por la que mis sobrinos están vivos es porque en ese momento había comunidad. El único que te puede salvar cuando no hay luz, no hay agua, no hay internet, es el que te quiere”, dice.
Crismar enfrenta una larga espera por la legalización de su estatus en Estados Unidos, lo que le impide salir del país para estar con su mamá, que ahora se quedó sola. “Lo peor ha sido estar pegada al teléfono hablando con mi mamá y sentirme completamente inútil porque no puedo ni ir para allá ni traérmela, porque ya los venezolanos venimos con ciertas limitaciones. No es la primera pérdida que vivo lejos después de haberme ido de Venezuela, y tampoco es la primera vez que no puedo ir y abrazar inmediatamente a mi mamá”, dice.
Liz, en cambio, está esperando una residencia permanente en Estados Unidos y el trámite no le permite salir del país. “Pero olvídate. En el momento en que se resuelva lo de mi green card, que debe ser en un par de meses, estaré volando a Venezuela a ver a mis sobrinos”, dice.
Liz Marrero y Crismar Chacín son ejemplo de los nueve millones de venezolanos que emigraron masivamente entre 2014 y 2024 debido a la crisis humanitaria compleja que vive el país. Ambas están tratando de entender cómo avanzar legalmente para estar más cerca de los suyos. “Tengo que validar ante Estados Unidos y Venezuela que soy una persona trabajadora de bien, que hace impacto en la comunidad, que siempre ha sido generosa, profesional y súper exitosa. Pero es muy difícil, porque uno tiene que lidiar con sus sentimientos y, a la vez, tienes que lidiar con trámites legales y frenar un poco el corazón”, dice Liz.
Ambas se hacen preguntas que las ayuden a aliviar la pena, pero las respuestas no llegan tan fácilmente. Crismar lo resume así: “No sé por qué a los venezolanos nos está tocando esto y es un sentimiento muy específico e indescriptible el que tú estés buscando un mejor futuro y trabajando por tu familia afuera pero no puedes estar ahí cuando estas cosas pasan”. Liz, por su parte, lo deja a la fe: “¿Por qué nos pasan estas cosas? Ya yo me molesté con Dios y lo perdoné. Ahora tengo que seguir”.
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Análisis Noticiosos
La aportación clave de la comunidad marroquí en España: “Las remesas son críticas para Marruecos”
El dinero enviado desde España representa más del 1% del PIB del país magrebí, mientras que el procedente de toda la emigración alcanza el 7,5%
Madrid.-Más de un millón de personas de origen marroquí viven en España, lo que la convierte en la comunidad extranjera más numerosa, por delante de Colombia. Y también en un elemento de considerable importancia para la economía del país magrebí, muchos de cuyos ciudadanos siguen intentando emigrar a Europa como ha mostrado lo sucedido recientemente en Ceuta. Marruecos (y su tejido productivo, y sus hogares) depende en gran medida de las remesas de sus ciudadanos en el extranjero, el dinero que el emigrante envía a los familiares que se han quedado allí. Solo las procedentes de España sumaron casi 1.589 millones de euros en 2025, según datos del Banco de España, lo que equivale a algo más del 1% del PIB del país vecino.“La comunidad marroquí en España es un actor económico de primer orden para Marruecos, comparable a una gran exportación nacional por su capacidad para generar un flujo constante de recursos”, señala Rut Bermejo, investigadora para Migraciones del Real Instituto Elcano. “Su importancia económica se explica tanto por su tamaño como por su elevado nivel de participación laboral”, añade.
España es la segunda mayor fuente de remesas hacia Marruecos y representa en torno al 15% del total de las que recibe el país, según datos coincidentes de las autoridades monetarias marroquíes y europeas. Está por detrás solo de Francia, con unos 3.400 millones de euros, que suponen más del 30% del total. La superioridad francesa se debe al hecho de contar con la mayor comunidad de expatriados marroquíes del mundo con diferencia (más de 1,5 millones). Italia completa el podio de fuentes de ingresos extranjeros a Marruecos, con unos 800 millones de euros, algo menos del 10% del total recibido por el país norteafricano.
Cifras en millones de euros
“Las remesas son críticas para Marruecos. Sin ellas, sería totalmente insostenible mantener el nivel de importaciones actual del país”, señala Íñigo Moré, del centro de investigaciones Remesas.org, en declaraciones a este diario. Como muchos países en desarrollo, Marruecos importa más de la mitad de todo lo que consume (el 53% del PIB, según el Banco Mundial), algo difícil de costear con una divisa débil, el dirham, equivalente a menos de 10 céntimos de euro. La otra ventaja, como apunta Moré, es que se trata de un ingreso sin ninguna contrapartida, a diferencia del generado por un sector productivo como el turismo, con sus exigencias de inversión en infraestructura o pago de empleados. Este es dinero gratis e inmediato.
Las transferencias internacionales también impulsan la actividad local y favorecen al conjunto de la economía tanto a corto como a largo plazo, como precisa Bermejo: “Las remesas se destinan al sostenimiento de padres, hijos o familiares que permanecen en Marruecos, y se emplean en financiar vivienda o la educación y salud de esos hijos. También pueden servir para que familiares pongan en marcha pequeños negocios”.
En 2025 las remesas a Marruecos representaron un 7,5% de la economía del país. Cuánto representan en el PIB de Marruecos las remesas internacionales
Moré atribuye principalmente el avance de las transferencias desde territorio español a que, desde la pandemia, los inmigrantes marroquíes dejaron de viajar tanto y empezaron a hacer los envíos por vía bancaria o de empresas remesadoras. Otro factor citado por el experto es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en España: se ha elevado más de un 60% desde 2018, hasta alcanzar los 1.221 euros mensuales.
Evolución de las remesas desde España destinadas a Marruecos sobre el total
Cifras en millones de euros
“Los marroquíes se ven más afectados por la subida del SMI, porque desempeñan trabajos peor remunerados, con mayor peso en la agricultura o la construcción, debido a la barrera lingüística. Si no hablas español, no puedes trabajar de camarero ni acceder a muchos empleos del sector servicios”, señala Moré. Le da la razón un estudio del Real Instituto Elcano basado en datos del INE a cierre de 2024. En conjunto, los inmigrantes africanos representan el 15,6% de los ocupados en la agricultura y el 14% en la construcción, en los dos casos muy por encima de cualquier otro grupo. En la hostelería, en cambio, su peso se limita al 12%, por detrás de latinoamericanos y asiáticos.
Ganen más o menos que otros inmigrantes, los marroquíes cobran mucho más en España que en su país, y eso es lo que más les importa. Quienes perciben el salario mínimo en la orilla norte del Mediterráneo disfrutan de un poder adquisitivo casi tres veces superior al que tendrían con el salario mínimo en Marruecos, según la Organización Internacional del Trabajo. El sueño de vivir en suelo español se explica también con la razón.
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Por José Cabral
Nadie puede negar que el Tribunal Superior Electoral (TSE) exhibe en sus audiencias a través de sus jueces una alta solemnidad, la cual sirve de poco para mejorar la administración de justicia electoral y la democracia.
El TSE se ha vuelto experto en la aplicación de la figura de la inadmisibilidad, la cual es la vía mas fácil para no tener que conocer una demanda o acción de amparo, cuya decisión no tiene otro destino que recurrir en revisión ante el TC.
Se observa en este tribunal que, así como proyecta una gran solemnidad, opera como una trinchera de los partidos políticos para que mantengan su control sobre todo el sistema, principalmente del electoral.
Podría citar docenas de casos en los que el TSE se comporta como un instrumento de defensa de lo mal hecho de los partidos políticos y de otros órganos del Estado como la Junta Central Electoral (JCE), cuya última resolución ha incurrido en la violación de una serie de derechos fundamentales electorales.
Un ejemplo de los contras sentidos del TSE está la declaratoria de incompetencia de la demanda que busca la nulidad de la resolución de la JCE, que prohíbe las encuestas políticas hasta que no lleguen los tiempos de la pre-campana.
Esa decisión que, ha creado todo un debate nacional en el que participan algunos jueces del TSA que dieron su voto salvado o disidente y que cuestionan el hecho de que el tribunal reniegue de su responsabilidad de emitir sentencias ajustadas al estado de derecho, implica una grave distorsión del respeto del mandato de la ley y la Constitucion.
Evidentemente que el TSE al declararse incompetente para conocer las acciones legales interpuestas en contra de la decisión del JCE representa una forma vulgar de negar justicia, pero igual ocurre con una serie de acciones de amparo y que estos juzgadores se van por la vía de la inadmisibilidad como una forma de huir a su compromiso de impartir justicia en el ámbito electoral.
La frustración que causa este comportamiento de unos jueces que en sus decisiones toman más en cuenta el cuido de sus altos salarios que propiciar una buena administración de justicia, no es exclusivo del TSE, sino de todo el sistema de justicia del país.
Tengo la tesis que hasta que en la República Dominicana no se cambie la configuración del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) difícilmente este cuadro pueda cambiar, porque el quid del asunto consiste en que los cometen los delitos son precisamente los que tienen el control de este órgano que designa a todos los jueces del país.